Ha sido publicar el Gobierno en el BOE la orden sobre “Procedimiento de actuación contra la desinformación” y desatarse la bronca. La variopinta derecha y —como dicen los estupendos— sus terminales periodísticas y mediáticas, le llaman “El Ministerio de la Verdad” a la Comisión que esa orden propone, en recuerdo, tan ilustrados que son cuando quieren, de George Orwell.
Es un tanto paradójico que quienes salieron en tromba a aplaudir la actitud de las cadenas de televisión estadounidenses, que cortaron la emisión del discurso levantisco de Trump tras los primeros resultados desfavorables, sean prácticamente los mismos que hablan de “monopolio de la mentira” y atentado a la libertad de expresión. En no pocos casos, me consta, que sin haber leído siquiera la orden gubernamental; ir a la fuente siempre es más cansado que dejar que te lo expliquen los predicadores habituales. La CNN prefirió dar la diatriba entera y poner luego a caldo a su autor, en una lectura en mi opinión más ajustada al derecho a la información que no arroja sombra alguna de censura y que está en coherencia con la conducta crítica que esa cadena viene manteniendo de siempre frente al rey de las fake newsfake news.
Para que no haya duda, les diré que aunque la orden menciona —si pinchan en el enlace de arriba pueden comprobarlo— a los medios de comunicación y plataformas digitales privadas en tanto que agentes del procedimiento a aplicar, no precisa de qué modo podrían intervenir y, ciertamente, parece que todo quede al albur del Gobierno de turno, dado que tampoco se ha pensado en la fórmula de una agencia independiente. Está mal desde luego si esa es la intención, pero quizás sería apropiado que en lugar de enredarse en esta algarabía de doncellas ofendidas, esa gente de la que usted me habla propusiera algo constructivo, no vaya a ser que creamos que confunden la libertad de expresión y opinión con la facultad de mentir y manipular a su libérrimo albedrío. Aunque usted, lector no iniciado seguramente lo ignora, hay unas entidades llamadas Asociaciones de la Prensa que debieran servir para “[...] la defensa de las libertades de información y expresión, la promoción del buen ejercicio profesional del periodismo, de la reputación de los periodistas y la preocupación por el bienestar de los socios” (eso dicen los Estatutos de la madrileña) y en realidad solo son un reducto para el más cutre de los gremialismos. Quizás estas entidades, hoy dinosaurios sin reflejos, podrían redimirse tomando la iniciativa en este asunto, porque el problema de la desinformación (como en todo, también hay negacionistas, claro) existe, vaya si existe.
En el verano de 2018 se impartió en la Universidad de Verano de la Complutense un curso titulado “La amenaza híbrida”. Los ponentes fueron militares de alta graduación participantes en misiones internacionales, expertos en ciberseguridad, analistas del Centro Superior de Estudios de la Defensa y del Instituto Español de Estudios Estratégicos. También dictó una ponencia Iñaki Gabilondo y participó en una mesa redonda otro periodista, Alfonso Merlos. Entre los asistentes al curso, sobre todo militares de todas las Armas y guardias civiles, de comandante para arriba. ¿Periodistas o profesionales de la comunicación entre el público? Sí, uno, yo. La amenaza híbrida es un término que engloba todo tipo de actuaciones coordinadas para influir en la toma de decisiones de los Estados, haciendo uso de medios políticos, económicos, militares, civiles y de la información. Estas acciones pueden ser realizadas tanto por actores estatales como por actores extranjeros. El concepto comenzó a utilizarse entre los especialistas, sobre todo de la Defensa, tras el choque entre Israel y Hezbolá en 2006, según explica el profesor Colom Piella en su ensayo “El conflicto en el siglo XXI. La amenaza híbrida: mitos, leyendas y realidades” para designar “la integración de tácticas, técnicas y procedimientos no convencionales e irregulares, mezclados con actos terroristas, propaganda y conexiones con el crimen organizado”
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Durante los tres días en San Lorenzo de El Escorial, se habló de ciberataques y de estrategia militar, pero también de ética de los medios de comunicación, de postverdad, de disrupción y desinformación, de redes sociales, de intromisión en procesos electorales, bien violentando el voto electrónico o tratando de hacerlo con la voluntad de los electores mediante la difusión de bulos, etc.
En la pausa de la mañana del primer día, paseando por el esplendido jardín del Colegio María Cristina, pregunté al director del curso, el general de brigada Miguel Ángel Ballesteros, la razón de que el asunto suscitara tan poco interés entre los comunicadores y, tan sorprendido como yo, no supo responderme. Yo me lo sigo preguntando a veces, aunque me iluminan bastante las reacciones de una parte de mis compañeros de profesión cuando pasan cosas como la que refiero al principio. Menos mal que hay gente que sí se preocupa en serio de estas cosas.
Juan Cabrera Padilla es socio de infoLibre
Ha sido publicar el Gobierno en el BOE la orden sobre “Procedimiento de actuación contra la desinformación” y desatarse la bronca. La variopinta derecha y —como dicen los estupendos— sus terminales periodísticas y mediáticas, le llaman “El Ministerio de la Verdad” a la Comisión que esa orden propone, en recuerdo, tan ilustrados que son cuando quieren, de George Orwell.