Del Protocolo de la Vergüenza a la dana: la gestión que acorrala al PP
Cinco años. Es el tiempo que han tenido que esperar los familiares de las víctimas de las residencias de la Comunidad de Madrid para comenzar a ver alguna luz al final del túnel. Este lunes, la Fiscalía ha pedido que declaren como investigados Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo. Son los altos cargos del gobierno de Isabel Diaz Ayuso que elaboraron y firmaron el ‘Protocolo de la Vergüenza’, desvelado en exclusiva por este periódico. Un documento que supuso la prohibición de derivar a hospitales a los residentes que estuvieran en peores condiciones físicas o cognitivas. La decisión es un impulso a su lucha y reconoce algo que puede sentar un importante precedente: se les denegó el derecho a ser hospitalizados. Es decir, no se les dio el tratamiento que necesitaban y por eso murieron. Solos, con agonía, asfixiados, como relataron los y las profesionales sanitarias en la Comisión de Investigación. El ministerio público señala, además, de manera inequívoca a Madrid: fue el lugar donde se aplicaron de manera más restrictiva estos protocolos.
Dijo Ayuso hace unos días que la cifra que la persigue —a ella y a su Gobierno—, las 7291 víctimas en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, era un invento del exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Es un mantra de la propaganda que conviene desmontar de vez en cuando: una mentira mil veces repetida no se convierte en verdad. Esa cifra la proporcionó su propio Ejecutivo, a través del portal de Transparencia, al entonces jefe de investigación de infoLibre, Manuel Rico. Por increíble que parezca estos días, en algunas tertulias de la derecha mediática se ha llegado a difundir la teoría conspiranoica —sin que ninguna voz desmintiese el bulo— de que fue Pedro Sánchez el que le dio el número a Rico para tumbar al gobierno de Ayuso. No hay límites cuando se trata de desprestigiar al gobierno, a los periodistas que consideran enemigos cuando hacen su trabajo o el dolor de las víctimas. Es un juego sucio al que la derecha se ha abonado en los últimos tiempos. Recuerden, si no, cómo atacaron a Silvia Intxaurrondo tras su entrevista con Feijóo o cómo convirtieron en un eslógan político el despreciable ‘Que te vote Txapote’.
Cinco años después, el ministerio público señala de manera inequívoca a Madrid: fue el lugar donde se aplicaron de manera más restrictiva estos protocolos de la vergüenza,
Alberto Reyero denunció valientemente lo que estaba ocurriendo en plena pandemia, cuando todavía formaba parte del ejecutivo de Díaz Ayuso. Lo hizo en tres cartas enviadas al entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en las que ya advertía de que si se negaba la ayuda a personas con discapacidad de cualquier edad (como se indicaba en el documento sellado por la Comunidad de Madrid y enviado a los hospitales de la región) estarían incurriendo “en una discriminación de graves consecuencias legales”. El ahora expolítico de Ciudadanos volvió a repetirlo en la Asamblea de Madrid, no de forma improvisada, sino en un discurso leído. “No es ético, ni probablemente legal”, dijo ante el resto de parlamentarios. Contó que en los peores meses de la pandemia pidió ayuda, pero nadie en su propio gobierno le hizo caso. Dimitió unos meses después tras una decisión meditada. Desafiando a la verdad —y a la hemeroteca—, Ayuso argumentó, hace tan sólo unos días, que lo echaron por “ineficaz”.
Cinco años han pasado. Y a punto están de cumplirse cinco meses de la dana. Desastrosa fue la gestión de Ayuso, desastrosa está siendo la de Mazón. Aún no sabemos qué hizo el president de la Generalitat la tarde del 29 de octubre en la que perdieron la vida 227 personas en la peor catástrofe climática reciente de España. La investigación judicial ha tirado por tierra su versión: el mando correspondía a la Generalitat —y no al Gobierno central como trató de hacer creer el PP— y el envío tardío del mensaje de alerta costó literalmente vidas.
En un claro desafío a Génova, este lunes Mazón se ha mimetizado con Vox para blindar su permanencia, y su sueldo, en el Consell. En una comparecencia ante los medios y sin ningún pudor, ha comprado las tesis xenófobas de los ultras y sus argumentos negacionistas del cambio climático. De hecho, ha culpado al Pacto Verde de la dana. Un acuerdo, hay que recordar, que fue promovido por Ursula Von der Leyen, de la misma familia conservadora europea. Resulta indefendible este giro, a pesar de que Borja Sémper haya dado el visto bueno a lo acordado. “Estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros”, como diría Groucho Marx. Y ahora bien, ¿quién sale ganando tras el acuerdo en la Comunidad Valenciana? Sin duda, la ultraderecha de Abascal. Son ellos los que marcarán a partir de ahora la agenda popular para negociar los presupuestos en otras autonomías.
Al PP lo acorralan tanto las muertes en las residencias por la gestión de Ayuso en la pandemia como la inoperancia de Mazón durante la dana. No deberían los populares comprar la trampeada realidad de la Comunidad de Madrid que, tras cinco años, aseguró recientemente que en las residencias no murieron 7291 personas, sino 4100. Solo una persona muerta en condiciones indignas sería suficiente para alzar la voz, pero es que la cifra era falsa y no "una campaña de la izquierda y ultraizquierda". Tampoco deberían apoyar a un president cuya permanencia al frente de la Generalitat resulta más insostenible cada día que pasa. ¿Cuál es el papel de Feijóo? Parece el de un líder cada vez más desdibujado al que son sus dirigentes autonómicos los que le marcan el paso.
