Carta a Pedro Sánchez por la Cañada Real

Sr. Presidente:

Quiero decirle primero que si hubo una persona que abogó por la formación de un gobierno de coalición, como el que se formó hace ya un año, esa fue el que suscribe. No entraba en mis planes escribirle, pero son tiempos de insistencia, al haberlo hecho a su vicepresidenta, Carmen Calvo. Si Vd., en este año de la pandemia, como tantos otros epidemiólogos y virólogos, no hubieran insistido en la recomendación de lavarnos las manos, usar mascarillas y guardar las distancias, esas medidas no se hubieran hecho normales. Por eso me da todo el derecho a criticarle sobre la actuación de su Gobierno en el problema urgentísimo de resolver la falta de electricidad en la Cañada Real, y otro urgente, un plan a medio plazo también para la Cañada.

La torpeza, cortedad, desidia e ineficacia que tiene su Gobierno con la Cañada Real son inexplicables. Lo son porque, a la situación que padecemos en España de crisis social y económica debida a la pandemia, se añade el abandono de manera tan cruel de los residentes de un poblado como La Cañada, y singularmente de sus 1.800 niños y niñas, que llevan cinco meses sin luz eléctrica. (¡Hay niños en la calle y no le importa a nadie! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Que hace frío en casa! ¡Tener un techo es un derecho!, gritaban en una concentración el domingo pasado). Este es un problema de urgentísima solución. Que a un poblado cercano al centro de Madrid, la capital de España, se le haya cortado el suministro eléctrico y no se intervenga “por la guerra política entre las administraciones públicas”, como dice la ONU, no se entiende. Que esto suceda en España, después de 42 años de democracia en los que se ha progresado tanto, aunque por medio anden las plantaciones de marihuana, la gran excusa, se entiende menos, aun siendo inexplicable que las plantaciones y recolección de la marihuana se han convertido en una industria próspera desde hace 15 años que han creado intereses a muchos niveles e impedido su desmantelamiento. Esta responsabilidad es de varios Gobiernos. ¿ Y en qué consiste esta guerra de la que siempre salen perjudicados los más vulnerables los más pobres, los más indefensos, los niños y las niñas de la Cañada como en las crisis y en las guerras siempre les ocurre? En las dichosas competencias, en la distribución de las mismas. Todas las administraciones se escudan en su incompetencia por acción o inacción bajo el paraguas de la trampa de la marihuana.

Su Gobierno achaca su escasa actividad para abordar este problema en que la competencia no es suya. Su Gobierno ha mantenido, a través del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, Ernesto Gasco, dependiente de Vd. y ratificado por la portavoz María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del día 15 de febrero, que las competencias para resolverlo corresponden al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no solo ha dado muestras de su inacción hasta el punto de negarse a una reunión con el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, sino que mantiene una posición beligerante contra los residentes de la Cañada. Pero como esa inacción y beligerancia de la presidenta de la Comunidad de Madrid son palpables ("Ayuso, Ayuso, esto es un abuso", gritaban en esa concentración los vecinos) no me voy a detener en ello. Esta carta va dirigida a Vd, Presidente.

Desechada, pues, como excusa la escasa actividad por la insuficiencia de competencia del Gobierno en este asunto, es preciso acudir a su responsabilidad por la ineludible competencia que le exige la ONU a través del Comité de los derechos humanos y del relator especial contra la pobreza extrema, Olivier de Schutter, exigiéndole el restablecimiento de la normalidad ¡cuánto se habla ahora de normalidad!, basándose en la vulneración de varios tratados internacionales ratificados por el Estado español (la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y otros). Y los tratados internacionales son normas de ius cogens, de derecho imperativo, de obligado cumplimiento. “El verdadero problema de Francia es el racismo", dice la hispanista Houda Louassini. “El racismo es el defecto mortal de EEUU", dice a su vez Paul Auster. ¿Cargará el Estado español con ese sambenito por el abandono en que tiene a la Cañada Real ?

Es el quid de la cuestión que todavía no ha entendido su Gobierno. Se nos llena la boca hablando de Europa, de la noble Europa, aunque en otro tiempo no lo fue tanto ( Europa contra Europa de Julián Casanova ) y resulta que cuando interesa se antepone nuestro derecho interno, a veces contradictorio con el europeo o no se aplica, como ha hecho el Juez de instrucción nº 42 de Madrid archivando la denuncia de los vecinos.

Sr. Presidente, lo que más le debe preocupar es la insistencia de Olivier de Schutter criticando a su Gobierno: “España incumple el derecho internacional en la Cañada Real” [...]. “El Gobierno no puede excusar su inactividad de cara a la protección de los derechos humanos de los habitantes de la Cañada Real invocando disposiciones de derecho interno”. Esos compromisos los ha olvidado su Gobierno, enmarañado en la distribución de competencias, pensando que la Cañada Real es un territorio regional de la Comunidad de Madrid, y desconociendo las obligaciones derivadas de la ratificación de los tratados internacionales que firman los Gobiernos de turno en nombre del Estado. Sin desdeñar también el desprecio que pueda sentir su Gobierno porque unos relatores de la ONU nos quieran gobernar e inmiscuirse en nuestro asuntos internos, como mostró el Alto Comisionado español cuando expresó su “sorpresa”por las palabras de Schutter al calificar de “irresponsable al Gobierno por dejar a los niños sin luz eléctrica en medio del invierno”.

Con actuaciones así es imposible presentarse en Europa con una cartera social progresista y mucho menos influir para que Europa avance en un modelo político comprometido con el bienestar de sus ciudadanos, de extensión de una mayor plenitud de la democracia y de integración de los pueblos que la conforman y de los emigrantes que llegan a ella.

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Sr. Presidente, este es el momento de resolver la problemática del asentamiento de la Cañada Real con 40 años de existencia, todos en democracia. El mayor asentamiento de Europa. Hacer realidad un plan urgente para la Cañada con los fondos europeos venideros. Ese plan lo tiene casi elaborado la propia Cañada que debe elevarlo al Gobierno para su aplicación y dotación de recursos económicos. Es el Pacto Regional por la Cañada firmado con la unanimidad de todas las administraciones y agentes sociales y que lleva prácticamente en el cajón hace más de tres años. Los fondos europeos tienen como principales objetivos lograr una recuperación verde, digital, inclusiva y social. Para su cumplimiento se deben poner en marcha inversiones que transformen una realidad urbanística, habitacional tan duradera y compleja como la de la Cañada.

El Pacto Regional por la Cañada es un proyecto de país que debe asumir su Gobierno. Ahora que la Cañada Real ha sido visibilizada en Europa, Europa verá con buenos ojos el compromiso de su Gobierno con este poblado marginal. El Pacto Regional por la Cañada es un plan elegible para llevarlo a cabo y desarrollarlo. Un plan de extraordinaria urgencia, más que muchos planes que han presentado la compañía Naturgy y otros compañías eléctricas de cuyos fondos europeos solicitan ya miles de millones. Después de la venta por Naturgy de su filial chilena a una compañía china por 2.570 millones, su presidente el señor Reynés ha manifestado que “ahora comienza un proceso de transformación para adaptar el negocio a la transición energética”, aunque la Cañada sigue sin luz. En la Cañada se concentran todos los aspectos discriminatorios que el racismo conlleva en el empleo, la educación, la salud y la vivienda. En definitiva, la desigualdad. “Es el momento de pensar y trabajar más integralmente en el mejor modo de reparar costuras socioeconómicas y sanitarias rotas desde hace mucho tiempo y construirnos como una sociedad saludable, inclusiva y avanzada, capaz de forjar su futuro con sabiduría, autenticidad y optimismo”, dice María Angeles Sallé y otras autoras (Nueva crisis, viejas desigualdades, El País). De la elección de este plan dependerá en España y en Europa el prestigio, la confianza y el respaldo de muchos ciudadanos en su Gobierno.

Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre