La contribución del mutualismo administrativo a la sanidad privada y a las aseguradoras
La Revista Mutua Judicial, editada por la Mutualidad General Judicial, (Mugeju) opinó en su número de diciembre de 2021 que “ acabar con el sistema actual de mutualidades supondría la quiebra económica en algunos sectores de la sanidad privada…”.
La afirmación citada es parte de un artículo de la revista titulado “Razones para Defender el Mutualismo Administrativo”. Mugeju, junto con la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado(Muface) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), componen el Mutualismo Administrativo. Creadas en 1975 y 1978, se han incumplido las previsiones de la disposición final segunda de la Ley general de sanidad de 1986, dejando un sistema de protección diferenciado para los colectivos afectados, que les permite ejercer como derecho la opción de recibir la atención a través de la sanidad pública, o bien obtener la atención sanitaria a través de compañías de seguro privado concertadas al efecto.
Se da así la contradicción de que los gobiernos de la democracia han dedicado una gran cantidad de recursos para conseguir un sistema público sanitario eficiente y universal, mientras que han permitido y refrendado la existencia de mecanismos privados para sus principales servidores. Como señala el informe “Una nueva ley de orientación federal para la sanidad española tras la pandemia”, elaborado por el médico y experto en gestión pública Javier Rey del Castillo y otros once catedráticos, médicos y juristas, “mantener esta situación, sin incluir la gestión de las Mutualidades en la gestión común del Servicio Nacional de Salud, ha sido un criterio legal sostenido de manera expresa por los dos partidos que han ejercido desde 1986 el gobierno de la nación”. Se ha consagrado así, según el informe citado, un ejercicio desigual de un derecho constitucional ciudadano que como tal debería ejercerse en condiciones de igualdad.
El mutualismo administrativo en datos
Volvamos a la afirmación de la revista de la Mutualidad General Judicial sobre la posible quiebra de algunos sectores sanitarios si desaparece el mutualismo administrativo. Veamos algunos datos: las tres mutualidades han firmado convenios de colaboración con aseguradoras, para el periodo 2022-2024 con un incremento final de las primas de un 10 % al final del periodo.
Muface, con un colectivo de 1.081.052 personas, ha concertado la asistencia sanitaria con Asisa, SegurCaixaAdeslas y DKV por un total de 3.521 millones en tres años, es decir 1.173,66 millones por año, según datos de la propia mutualidad. Hay que aclarar que 405.880 personas incluidas en el ámbito de Muface han optado por la sanidad pública, lo que representa el 27,2% del colectivo. Es esta mutualidad la que conoce un mayor descenso de personas que siguen en el sistema de conciertos por aseguradora. En 2006, dicho porcentaje era del 14%. Según la publicación El Economista, el mutualismo administrativo ha perdido 60.000 personas desde 2018 a 2021.
Si los conciertos, las concesiones y las diversas formas de colaboración público-privada son formas de privatización, la pervivencia del mutualismo administrativo lo ha sido y lo es
En opinión del informe de la Fundación Idis Sanidad privada, aportando valor 2023, el cambio de adscripción hacia el sector publico se produce sobre todo cuando los mutualistas padecen enfermedades graves o se acerca la jubilación.
Isfas, con un colectivo de 572.583 personas, ha firmado un concierto con Asisa y SegurCaixaAdeslas por 1.620 millones de euros en tres años, lo que supone 540 millones por año. El colectivo más numeroso de los que constituyen Isfas es la Guardia Civil, tanto en titulares como beneficiarios, por encima ligeramente del Ejército de Tierra. Desde 2016, Isfas ha perdido 34.144 miembros.
Mugecu, con 92.648 titulares y beneficiarios, que en 2023 pueden llegar a 99.000 según publicaciones de la mutualidad, ha firmado un concierto con cinco aseguradoras por un total de 234.780.731 euros.
Es decir, la aportación de las tres mutualidades a las aseguradoras en el periodo será de 5.375 millones de euros, o sea 1.791 millones por año. Con esa cuantía de primas, las aseguradoras pagan a los centros sanitarios los gastos por la atención sanitaria prestada a los mutualistas.
En 2021 y 2022, según datos del informe sobre sanidad privada 2023 de la Fundación IDIS, la siniestralidad del sector mutualista ha sido mayor que la de los otros asegurados. En 2022 las aseguradoras recibieron 1.733 millones de euros en primas de los conciertos del mutualismo administrativo y debieron pagar a los centros sanitarios un total de 1.747 millones, lo que puede indicar que el mutualismo puede dejar de ser atractivo para las aseguradoras.
Un 17% del ingreso de las aseguradoras proviene del mutualismo
De acuerdo a datos facilitados por un informe de Icea (servicios de estudios de las aseguradoras), publicado por El Economista, en 2021 el número total de personas con póliza en las empresas aseguradoras era de 10.779.121 de las cuales 1.769.289, es decir el 16,4%, son mutualistas administrativos. En el capítulo de ingresos, las aseguradoras obtuvieron 8.684 millones de euros, de los cuales 1.625 millones, es decir el 18,7%, se debió al mutualismo administrativo.
En 2023, el negocio de las aseguradoras está en 10.500 millones de euros; la contribución del mutualismo será de 1.791 millones, de acuerdo a los conciertos firmados, por lo que la contribución del mutualismo administrativo a ese volumen será del 17%.
No olvidemos que esa contribución del mutualismo administrativo es dinero público, por lo que hay que resaltar que los fondos públicos están sosteniendo también de forma muy notable a las aseguradoras privadas, y así ha sido desde 1975.
La aportación del mutualismo a la sanidad privada es de mucha mayor importancia. Recordemos lo que señalaba la revista judicial sobre la quiebra de algunos sectores de la sanidad privada si desaparecía dicho mutualismo. El dinero que aporta el Estado por los conciertos que se han explicado va a las aseguradoras, ingresos que utilizan éstas para abonar la asistencia prestada por los centros sanitarios.
Al menos el 50% de la facturación de los hospitales privados proviene de fondos públicos
De acuerdo al informe IDIS antes citado, los ingresos de los hospitales privados provienen en un 10% de la actividad privada pura; en un 35% de los conciertos con la sanidad pública y en un 55% de las aseguradoras, pero no olvidemos que esos pagos de las aseguradoras incluyen los pagos de la asistencia sanitaria de los mutualistas administrativos.
Según el mismo informe, ese 55% de ingresos de los hospitales provenientes de las aseguradoras fue de 6.340 millones de euros en 2022. Se puede hacer una estimación aproximada de la cantidad que corresponde al mutualismo en esos ingresos de los hospitales.
Los gastos pagados por las aseguradoras por asistencia sanitaria fueron 1.747 millones de euros. Si estimamos que el gasto hospitalario supone el 61,6% del gasto sanitario total (según la Estadística de Gasto Sanitario Público) y aplicamos ese criterio a la situación que se está describiendo, resulta que el mutualismo aportó 1.076 millones a la facturación de los hospitales privados, o el 16,9 % del total facturado.
Es decir, la sanidad privada hospitalaria se financia en su mitad con ingresos provenientes del sector público, con fondos públicos. El 35 % por los conciertos y el 16 % por las aportaciones del mutualismo administrativo. No es descabellado decir que si despareciera el mutualismo administrativo, algunos sectores privados quebrarían, pero es que todo el sector sanitario privado no podría subsistir sin las aportaciones de fondos públicos.
La privatización también es lo que acabamos de describir. Si los conciertos, las concesiones y las diversas formas de colaboración público-privada son formas de privatización, la pervivencia del mutualismo administrativo lo ha sido y lo es.
Si queremos una sanidad pública eficiente y universal se tendrán que abordar todos los aspectos de la privatización de forma conjunta. No se trata de suprimir el mutualismo administrativo de forma repentina, pero se pueden encontrar formas de transición, que ya contemplaba la ley general de sanidad, en beneficio de todos. Y desde luego, los funcionarios acogidos al mutualismo no van a sufrir pérdidas en su atención sanitaria con una sanidad pública verdaderamente universal.
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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.
