Lesmes habla de parte del Partido Popular

Si los discursos de Carlos Lesmes no se desgranan desde la primera palabra, es posible que se quede uno en la cáscara y acabe pareciendo que un juez muy conservador es el mayor defensor de la democracia, del orden constitucional y de la separación de poderes, de uno de los cuales él es la cabeza visible hace ya nueve años.

Comienza por el, según el lenguaje popular, jabón que ofrece al rey agradeciendo su presencia y el vínculo que une a la Corona con el Poder Judicial desde la Constitución de Cádiz de 1812, saltándose ya unos breves y otros mayores periodos de nuestra historia, muy conocidos, que no responden a ese vínculo, al carecer de monarquía. Primera conclusión: argumento cojo, Sr. Lesmes.

De inmediato, en el párrafo segundo, sin nombrarlo, se refiere al art. 117 de la Constitución: “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey”. Segunda conclusión que no saca Lesmes: es imposible que el Consejo General del Poder Judicial sea elegido algún día por los jueces únicamente, a pesar de que esta propuesta haya ganado algún entero entre el votante conservador y, sobre todo, entre los propios jueces, por esa falsa neutralidad. Resultaría el mayor ataque a la democracia y a la Constitución, encarnadas en las mayorías del Parlamento, por una vuelta al "gremialismo". Nunca ocurrirá. Los jueces ya han elegido a 35 jueces. Si acaso, tendrían que haber sido llevados al Congreso y al Senado para elegir los 8 que les corresponden, aunque hubieran resultado fallidas las votaciones. Pero así Arrimadas y Bal no podrían "piarlas".

 El párrafo tercero lo dedica a hacer una loa sin parangón de la actuación de los jueces: “Un año más también, Señor, para poder reivindicar en este noveno discurso (sin más, como si le perteneciera darlo, fuera ordinario y dentro de su mandato constitucional) de apertura de Tribunales la labor de los jueces españoles y, muy especialmente, de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo en defensa del orden constitucional, de nuestra democracia, garantizando la supremacía de las leyes y su cumplimiento”.

 A continuación el señor Lesmes pone dos ejemplos paradigmáticos en defensa de la independencia de los magistrados del Tribunal Supremo (la lucha contra la corrupción y la sentencia del procés por la unidad de España). Para ello se apoya en datos demoscópicos y en una columna de Víctor Lapuente (del que para dar valor a las palabras propias y ajenas, dice que es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford y catedrático y fue escrita en El País). Reafirma que la valoración de la realidad de la justicia entre los españoles ha crecido en un porcentaje alto frente a la percepción que la ciudadanía pueda tener de ella. Y vincula el poder judicial, que también es político, al Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano netamente político.

“Este Consejo asumió ya entonces el compromiso de que el Poder Judicial se implicara activamente en la lucha contra esa lacra social, que minaba en esos momentos la credibilidad de las instituciones y socavaba la propia democracia, y de que los jueces harían todo lo posible para revertir esa situación, agilizando la tramitación y resolución de las causas en materia de corrupción”. Efectivamente se investigó a Juan Carlos y su hija se sentó en el banquillo con el resultado de que Juan Carlos I está fuera de España y libre y que se absolvió a su hija. Más ejemplos.

A la sentencia nº 1505/2018 dictada por la sección segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que resolvía que los actos jurídicos documentados debían pagarse por el prestatario de los préstamos hipotecarios, se opuso el Presidente de la Sala Tercera, que convocó el Pleno de la Sala y en una deliberación que se prolongó por dos días, en la que hubo mucha tensión e insultos entre los magistrados, en la votación, por 14 votos a 13, se revocó dicha sentencia. “Nosotros solitos nos hemos metido en este lío”, dijeron unos, y de “arbitrismo jurídico” tacharon otros la revocación.

Si examináramos detenidamente las demandas en las que no se concede amparo judicial a peticionarios por denegación de pruebas, documentales o testificales, o por investigaciones someras, que llevan al archivo o que absuelven en juicios de bulling, acoso o de familia, puede que el Sr. Lapuente cambiara de opinión. Miles de demandas no se presentan o si se presentan no se continúan por los impedimentos y las exigencias de las normas de procedimiento, con lo que las libertades y derechos individuales quedan lesionados. El Tribunal Constitucional no admite en un altísimo porcentaje los recursos de amparo individuales que se presentan ante el mismo. Todos estos datos no los recogen los estudios demoscópicos.

Ese abuso de los vínculos que tanto le gusta hacer al Sr. Lesmes entre Estado de Derecho, principio de legalidad y principio democrático en las decisiones de los jueces y el Consejo General del Poder Judicial, es muy interesado, de tal forma que deja un margen muy pequeño al Ejecutivo o Ejecutivos para la autonomía de su acción política. Y así concluye: ”Lamentablemente, el escenario político de estos últimos años está debilitando y erosionando las principales instituciones de la justicia española. Me refiero lógicamente al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Supremo”. Con esa visión acrítica y partidista de la justicia, es imposible que el bloqueo de los órganos constitucionales y el nombramiento de sus miembros se haya producido.

Los altos magistrados nos enseñan, dictaminan y sentencian que la ley es dura, pero es la ley, y que si nos rebelamos contra sus decisiones civiles o penales o de cualquier otro orden, nos cae la marimorena. Y la mayoría calla ahora

Si contáramos las veces que Pedro Sánchez ha expresado en público un requerimiento para que el PP acordara la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, no contaríamos menos de cuarenta. De la mitad, el PP no se ha sentido aludido y no ha contestado, y de la otra mitad, ha dado la excusas que le parecía o le convenía. Y así han pasado cuatro años, incumpliendo la ley y la Constitución, que mandata la renovación del Consejo General del Poder Judicial cada cinco años.

Esto es tan simple como la expresión: “Dura lex, sed Lex”. Y de esta simpleza los actores implicados y concernidos por activa o pasiva han hecho en este asunto algo complejo y enmarañado. Los altos magistrados nos enseñan, dictaminan y sentencian que la ley es dura, pero es la ley, y que si nos rebelamos contra sus decisiones civiles o penales o de cualquier otro orden, nos cae la marimorena. Y la mayoría calla ahora.

Entonces, ¿cuál es el problema, Sr. Lesmes? ¿Por qué no acota las responsabilidades? ¿Por qué quiere hacernos ver a los españoles, preocupados por la situación, que Vd. mantiene la equidistancia? ¿Por qué hace un llamamiento al presidente del Gobierno para que se ponga de acuerdo con el líder de la oposición cuando ha sido su principal interés? Si Vd. manifiesta que ha hecho múltiples llamamientos durante estos cuatro años, ¿por qué ahora ha explotado y no antes, como muchos le propusimos? Sus insólitas declaraciones, a las puertas del Supremo, adelantando y curándose en salud de lo que iba a decir en su novena apertura del año judicial, son el mejor ejemplo, por ser el último, de que ha querido preparar el ambiente para que su figura sea considerada ahora y posteriormente como una persona imparcial y libre de responsabilidad.

Y aquí me voy a referir a un artículo de autoridad, de la autoridad de Tomás de la Cuadra Salcedo, también escrito en El País (6/9). “El PP, tan pronto como pasó a la oposición, bloquea hasta hoy –durante tres años y nueve meses ya– el nombramiento del nuevo CGPJ. Altera así el normal funcionamiento de las instituciones, logrando que el actual Consejo caducado haya continuado hasta abril de 2021, haciendo los nombramientos para órganos judiciales que hubieran correspondido al futuro CGPJ. Repite lo mismo que hizo, tras perder las elecciones de 2004, permitiendo al anterior Consejo –designado bajo la mayoría absoluta del PP– continuar haciendo nombramientos que no le tocaban”. ¿Ha pensado alguna vez, Sr. Lesmes, que algún magistrado/a esté de uñas con Vds, por un no nombramiento al que tenía más derecho?

 A continuación, Tomás de la Cuadra Salcedo expresa la crítica y afirmación más dura que se puede hacer del actual bloqueo: “Esta alteración del normal funcionamiento de uno de los poderes del Estado a través del bloqueo del CGPJ puede calificarse con toda propiedad como una especie de golpe de Estado. Un golpe de Estado institucional, al realizarse de forma consciente y deliberada con la concreta finalidad de impedir que el nuevo CGPJ con la nueva composición que corresponda realice los nombramientos y funciones que le competen”. “Un golpe de Estado no tiene que ver solo con el uso de la violencia o el armamento del Estado por parte del ejército o de las fuerzas de seguridad para fines distintos de los que motivaron que se les confiaran tales armas; ni tiene que estar tipificado con tal nombre como tal delito en el Código Penal. Un golpe de Estado se produce cuando para alterar el normal funcionamiento de alguno de los tres poderes del Estado o cambiarlos, se emplean por alguien atribuciones y competencias reconocidas por el ordenamiento para dirigirlas (deliberada y fraudulentamente, por activa o pasiva) a tal alteración contrariando su finalidad original”.

Puede que Vd., Sr. Lesmes, se vanaglorie y muchos lo aplaudan, pero si Vd. no hubiera sido cargo político del Partido Popular y aupado a la Presidencia del Consejo y del Supremo bajo su mandato, no recelaríamos ni dudaríamos de sus buenas intenciones. Pero ahora, no. Prueba de ello, es que “ha explotado”, y la dimisión que muchos le pedimos hace tiempo y que Vd., para fortalecimiento de la democracia y de las instituciones debía haber hecho, lo tenga que realizar “en pocas semanas” u otra vez ¿ad calendas graecas?. He oído que, en caso de su dimisión, el cargo lo ocuparía Francisco Marín, actual Presidente de la Sala Primera del TS., segoviano, como yo, el cual gateaba por la vivienda del Gobierno Civil de Segovia cuando su padre, Pascual Marín Pérez, era el gobernador y yo comenzaba mis estudios en un colegio de al lado (1953). Tengo experiencias de todo tipo con la judicatura, alguna sentencia muy razonada y acorde a mi petición, pero Francisco Marín y la sección desestimaron un recurso de queja en un asunto familiar siguiendo los erróneos criterios, primero de la jueza y después de los jueces de la Audiencia.

Para terminar, Sr. Lesmes, hablemos claro. No haga de equilibrista. A Vd le ha venido de perlas que el PP bloquee el Consejo. Todos somos humanos y Vd. vive en una Arcadia feliz, con poquísimo trabajo y gran sueldo, como los consejeros, y a nadie le amarga un dulce. 

________________

Felipe Domingo es socio de infoLibre