El pluriempleo de sus señorías

La ley española establece, de forma general, que el mandato de los diputados sea incompatible con el desempeño de actividades privadas, sin embargo actualmente el 53% de sus señorías realiza actividades privadas, a través de un mecanismo que ha hecho que las excepciones sean mayoría sobre la norma, basado en autorizaciones gestionadas, caso a caso, por la propia Cámara a través de la “Comisión del Estatuto del Diputado”, habiéndose concedido, hasta ahora, todas las autorizaciones solicitadas, salvo una planteada por un representante de Amaiur. El porcentaje de “pluriempleados” en el PP es mayor que la media, ya que 108, de sus 186 diputados, cuentan con autorización para realizar otras actividades.

El señor Rajoy comentó que no le parecía que ello fuera ningún problema ya que era bueno que los diputados, mientras lo son, siguieran pegados “a la calle”, atendiendo sus ocupaciones principales y ese argumento podría parecer razonable. Nada habría que objetar para que un diputado que, por ejemplo, fuera médico siguiera ejerciendo como tal mientras ejerce la actividad de representación política; el problema real son las actividades privadas que se generan a partir de ser político y estar cerca del poder, que es lo se ha puesto de manifiesto en casos como en el de un profesor asociado de la Universidad de Valencia que pasa a convertirse en asesor de una constructora, a razón e 5.000 euros al mes, “por compartir dos cafés y su visión privilegiada de la economía”, con mucho interés por intermediar ante la Sareb en nombres de determinadas inmobiliarias; o en el caso de un exmiembro del Gobierno de España que reconoce haber ingresado 354.560 euros por ejercer como consejero de una constructora especializada en licitación de obra pública, la cual, curiosamente, obtuvo dos licencias de titularidad de parques eólicos en el periodo en que su hermano fue secretario general de Economía de determinada comunidad autónoma afectada.

Las informaciones conocidas estos pasados días, son solo la “punta del iceberg” de los intereses privados que se ejercen desde dentro de la propia sede donde reside la “representación de la soberanía nacional”. Y la realidad puede ser exponencialmente superior, ya que también hemos conocido estos días el caso de otro diputado que, contando con autorización para ejercer la abogacía en un bufete en su ciudad de residencia, cambió la actividad de ese despacho, ubicando en él una empresa de “energías alternativas” y, además, fue contratado por el banco nacional de mayor tamaño para las gestiones de sus impagos por hipotecas, sin comunicar dichas variaciones en su actividad al Congreso.

Los posibles casos de los señores Pujalte, Trillo o Conde son solo indicios de la situación real. Mientras en nuestros representantes públicos abunda un “pluriempleo” demasiado endogámico, en exceso vinculado a su actividad pública, los desempleados en España son 5.444.600, con una tasa de paro del 23,78%. Lo que sucede en los pasillos de nuestro Parlamento no está alineado con lo que los españoles necesitan en la calle, y ese es el reto que se debe superar en esta crisis social, y ética, que está tras sus reales consecuencias económicas.

Mario Martín Lucas es socio de infoLibre