El Tribunal Constitucional da la puntilla a la plusvalía municipal

Mi primera publicación en infoLibre fue un artículo sobre la plusvalía municipal. Tuve un motivo para estudiar a fondo el recorrido de la plusvalía (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Inmuebles de Naturaleza Urbana) al fallecer mi padre hace nueve años, que dejó a sus cuatro hijos en herencia su vivienda habitual y un local comercial con el que mantuvo a la familia. Al estudiar la plusvalía municipal, me referí, y ahora también lo haré, al Ayuntamiento de Madrid, como ejemplo singular, pero no único, sobre los vaivenes de este impuesto que los Ayuntamientos tienen como imprescindible, cuando no fue ni es así.

Sin referirse nunca a la causa los alcaldes, el “responsable” fue el boom inmobiliario boompor el que los Ayuntamientos comenzaron a revisar los valores catastrales y amparados en esa revisión al alza, comenzaron a incrementarse de forma significativa los dos impuestos que tienen como referencia esos valores: el IBI y la plusvalía. Durante este periodo de enormes recursos que los Ayuntamientos creían infinitos y duraderos, gastaron con alegría y con frecuencia derrocharon esos recursos que ingresaban por el tráfico mercantil de la plusvalía de las compraventas y por las liquidaciones de la plusvalía de las herencias a las que muchos Ayuntamientos (no todos) aplicaron este impuesto.

En esta ola de boom inmobiliario, se aprobó el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo de las Haciendas Locales (en el gobierno de Aznar) que introdujo la fórmula de cálculo “objetiva” de las plusvalías que tenía como perspectiva la de que los inmuebles urbanos se revalorizarían permanentemente. No hay en matemáticas una fórmula más sencilla como la aprobada para este impuesto y que se ofreció a los Ayuntamientos para recaudar la plusvalía y que han venido utilizando hasta hoy sin vacilación, cuando llevamos 12 años de crisis inmobiliaria y el Tribunal Constitucional ha dado tres avisos anteriores, hacendistas y economistas de reconocido prestigio y la Comisión de expertos sobre la revisión del modelo de financiación local creada por Rajoy han dicho por activa y pasiva que por lo injusto de este impuesto, su carácter pluriimpositivo, y también potestativo, debía desaparecer. Así, el Colegio General de Economistas (CGE) en un informe de hace años, “Por un sistema fiscal transparente”, asegura que este tributo potestativo para los Ayuntamientos “debía desaparecer” por ser un impuesto que grava el incremento del valor del suelo que ya tributa como ganancial patrimonial en del IRPF y con mayor perfección, procedería, si acaso, un recargo nada más”.

Con todos estos avisos, recomendaciones y advertencias, los Ayuntamientos han seguido liquidando la plusvalía, como si no fuera con ellos, no han atendido las reclamaciones y los miles de recursos que les han planteado los ciudadanos y vecinos, han dilatado resoluciones que han resuelto los Tribunales a su favor (fue famosa la sentencia 85/2012 del TSJ de Castilla la Mancha) hasta que el Tribunal Supremo dio por zanjado el asunto a favor de la permanencia de la fórmula de cálculo que ahora definitivamente anula el TC.

Pero sigamos haciendo un poco de historia por si el Tribunal Constitucional en su sentencia, que será extensa, recoge algunos de los puntos que expongo, lo que reforzaría mi criterio. De todas formas, el Constitucional ha levantado la liebre, sin que haya redactado la sentencia y en dos días hay informaciones muy contradictorias y haciendo lobby, por lo que su sentencia definitiva puede variar y tantos recurrentes pendientes de resoluciones pueden quedarse decepcionados.

Lo primero, un dato inmediato por vivido; al fallecer nuestro padre en septiembre de 2012, por la vivienda habitual del Ayuntamiento de Madrid se nos hizo una liquidación de 26.000 euros por la vivienda habitual y de 31.000 por el local. Mi padre falleció en septiembre de 2012 pero, si hubiera fallecido en 2011, hubiéramos pagado al Ayuntamiento de Madrid, 6.000 euros por la vivienda y 7.500 por el local, todas las cifras en números redondos.

¿Qué ocurrió entonces? Varias cosas. Una, que Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid (como la mayoría de los Ayuntamientos antes o después) revisó los valores catastrales al alza (en plena crisis financiera) de los inmuebles madrileños en 2011, con efectos desde el 1 de enero de 2012. Con esta revisión se incrementaron los impuestos tanto del IBI como de la plusvalía, como he dicho. Dos, que el Gobierno de Rajoy recién constituido, después de las elecciones de 2011, y como ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aprobó el Real Decreto-Ley 12/2012 de 30 de marzo que introdujo unas modificaciones sustanciales en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que ya he referido, cuyo Real Decreto, si no fue un decreto ad hoc para el Ayuntamiento de Madrid, lo parece.

Ruiz Gallardón había dejado el Ayuntamiento tres meses antes con una deuda de cerca de 7.000 millones (en números redondos) y para rebajarla liberalizó las trabas que se imponían a los Ayuntamientos para no incrementar excesivamente y no fueran gravosos para los vecinos estos impuestos, cuando se revisaban los valores catastrales. Tres, fue Ana Botella, ya alcaldesa, la que con gran diligencia modificó, en el mes de mayo de 2012, la Ordenanza Fiscal reguladora de la plusvalía y elimina la reducción del 40% que se aplicaba en ese momento y otras bonificaciones lo que explica la experiencia que he dicho que viví. De ahí que Luis Caramés, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Santiago, recientemente fallecido, dijera, “desaparecidas las bonificaciones y aplicando tipos máximos, han convertido a este impuesto en injusto por exagerado”. Cuán exagerado sería el incremento de la plusvalía “mortis causa” que ante las quejas de la CEIM, pues el Ayuntamiento cobraba la plusvalía a los inmuebles cuando fallecía el titular y seguía el hijo o la hija regentándolo, que Ana Botella modificó el Plan de ajuste que había aprobado para el periodo 2012-2022, el 25 de septiembre de 2013, en estos términos: “Con el objetivo de gravar en menor medida las transmisiones mortis causa, en un periodo de crisis económica a la que se ha añadido la actualización de los valores catastrales tras la nueva ponencia, resulta aconsejable establecer los beneficios fiscales aplicables a éste. Con esa revisión se suprimió la plusvalía a los negocios que continuaba el heredero directo y el requisito de la convivencia, pero los herederos de 2012, 13 y 14 fueron discriminados. Cuatro, es importantísimo conocer (y los alcaldes lo ocultan) que el impuesto de plusvalía no era (hablo ya en pasado) un impuesto obligatorio, sino, potestativo, o sea, voluntario y de hecho más de la mitad de los 8.131 Municipios no lo cobran, y, además, por el mismo se paga más que por el IVA. Un ejemplo: por una vivienda que tenga un valor catastral de 150.000, cuyo propietario la haya habitado durante veinte años, lo más habitual, la venda, o unos hijos la hereden, el Ayuntamiento de Madrid liquida la plusvalía por el 60% de ese valor catastral a un porcentaje del 29%, es decir, 90.000 euros X 29%: 26.100 de cuota. Fórmula matemática simple, pero injusta. Si esa misma vivienda se vende a precio de mercado por 300.000 euros ( el valor catastral se estima en el 50%), por el IVA, al 6%, se paga solo 18.000. Y quinto, el impuesto de plusvalía era un impuesto real, ya cobrado, pluriimpositivo, de gravamen no periódico y anual, como el IRPF y, por tanto, desconocido para los contribuyentes, en los casos de mortis causa, momento en el que se llevaban el gran disgusto, unido a la pérdida familiar.

Mariano Rajoy creó en 2017 una comisión de expertos sobre la revisión de la financiación local y en su informe dice: "El peso relativo de los impuestos en su financiación de los Ayuntamientos supone el 52,9% de sus ingresos frente al 38,1% de la media europea" y sigue: "Durante esta época de crisis, mientras los ingresos han aumentado a un ritmo muy elevado en comparación con los países europeos se ha producido un fuerte descenso del gasto local (-7,7%)". Y continúa: " Los recursos tributarios locales representativos(impuestos tradicionales tasas, y otros recursos tributarios) han crecido en el periodo 2004-2015 un 64,6% y destaca la evolución del IBI que aumenta en este periodo un 136,1% pasando de recaudar 5.425 millones en 2004 a 12.807 millones en 2015. En cuanto al impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana( la plusvalia) al liquidarse por los valores catastrales, dice el informe, ha aumentado un 125,4%, principalmente en las grandes ciudades en este mismo periodo". Por eso los Alcaldes de las mayores ciudades se rebelan y acuden al Estado en su ayuda.

Recordarán los lectores la zapatiesta que se montó en el Ayuntamiento de Madrid por la regla de gasto que estableció Montoro a los Ayuntamientos y que Manuela Carmena aceptó sin rechistar, con lo que entre otras cosas, se dedicó a disminuir la deuda que tenía el Ayuntamiento de lo que se vanaglorió, mientras los barrios más deficitarios no tuvieron los recursos que necesitaban. Y recordarán que los alcaldes torcieron el brazo de María Jesús Montero para que pudieran gastar los 5.000 millones de superávit y mayor autonomía (los remanentes de tesorería) que tenían los Ayuntamientos, superávit detraído de los impuestos que se comentan a los ciudadanos

Me gusta recordar una anécdota muy curiosa que pocos conocen; el 14 de febrero de 2015 se reunían por separado, por una parte, los alcaldes de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Zaragoza y Valladolid y por otra, los magistrados del Tribunal Constitucional; mientras los primeros pedían al Gobierno que pudieran gastar esos 5.000 millones de superávit, los magistrados deliberaban sobre la supresión del impuesto de plusvalía, en la primera sentencia.

La propuesta más novedosa de la comisión de expertos es la necesaria creación de un tributo al turismo. Dice el informe: “Se propone la creación de un nuevo tributo ligado a las estancias turísticas”, que yo propongo que sea tributo o tasa al viajero y que los alcaldes han rechazado sistemáticamente. En otro tiempo fue una fuente de recursos, hoy en día, con la crisis pandémica, no soluciona mucho a los Ayuntamientos, pero pronto tendrá su importancia. Es un tributo personal y no real y ayudará a financiar parte del transporte y a reparar las malas huellas que dejen en el medio ambiente. La curiosidad o curiosité, que dijo Custeau es lo que impulsa a descubrir el mundo, como para él, los fueron los mares.

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La revisión de la financiación local está por hacerse y no fijarlo todo a los catastrazos y a la plusvalía que no tiene arreglo. Este impuesto estaba herido de muerte hace muchos años y el Tribunal Constitucional le ha dado con acierto la puntilla a la tercera. Lo que hace falta es que la sentencia no decepcione.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la Federación de Municipios y Provincias; Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y otros alcaldes y algún portavoz del PP están urgiendo al Ministerio de Hacienda a que solucione rápidamente la disminución de ingresos. El alcalde de Madrid, un alcalde bisoño, debía aprender de lo que hicieron sus antecesores, de lo que hizo Aznar y Rajoy y aplicarse el cuento: “medicus cura te ipsum” y no reclamar menos impuestos al Gobierno, cuando ellos los subieron sin control, actuar como alcalde de Madrid sirviendo a sus vecinos y no como portavoz del PP; Abel Caballero debe necesitar los ingresos de la plusvalía para hacer de la ciudad de Vigo la ciudad más y mejor iluminada en estas Navidades, envidia de New York; Ada Colau tiene que pensar lo que dice y María Jesús Montero se apresta a dar satisfacción a los alcaldes. Son malos tiempos para la lírica.

Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre