'Los abogados de Atocha'

infoLibre publica un extracto de Los abogados de Atocha, del historiador Manuel Gallego López, editado por Catarata (en librerías el 2 de diciembre). En este trabajo, el autor trata de contextualizar la masacre del 24 de enero de 1977 en un escenario de violencia política, causada en parte por una ultraderecha que ve cómo su impunidad y su poder disminuyen. Así, aquel tiroteo que se saldó con cinco muertos y cuatro heridos graves está lejos de ser un hecho aislado en una Transición inmaculada, o un acto de violencia sin sentido, sino que constituye una pieza clave para entender las tensiones políticas en torno al demantelamiento del régimen y la lucha por la democracia. 

En este fragmento, Gallego López analiza de qué manera el ataque a los abogados laboralistas se imbricaba dentro de la infiltración de Comisiones Obreras en el Sindicato Vertical, y la reacción de los sectores de la ultraderecha que hasta entonces controlaban la organización. Entre los condenados por los asesinatos, recordemos, se encontraba Francisco Albadalejo, secretario del Sindicato Provincial de Transporte y Comunicaciones de Madrid, miembro de FE de las JONS e impulsor de la masacre. 

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La huelga como causa de la matanza de Atocha

 

El paro [del transporte de enero de 1977, organizada por CCOO] atacó de manera directa a la principal institución que quedaba del legado franquista, la OSE [Organización Sindical Española], que en su rama de transporte y comunicaciones ostentaba una gran influencia política y económica a nivel nacional, debido a la importancia de las empresas que formaban parte de ella, entre las que podemos destacar a Renfe, Metro, Telefónica o Iberia, entre otras muchas. Sin embargo, los cambios producidos en la economía y en la estructura social durante los años cincuenta y sesenta fueron acompañados por un aumento de las protestas, que tuvieron un carácter cada vez más político, lo que imposibilitaba una convivencia pacífica entre la modernización de la sociedad y el inmovilismo político.

Paralelamente al enfrentamiento entre la sociedad y el régimen, se produjo una lucha interna entre las distintas familias políticas que formaban el Gobierno. Tradicionalmente, estas habían apoyado al dictador, pero progresivamente fueron cambiando en su composición y objetivos. Durante los años sesenta el debate se articuló en torno a quién sustituiría a Franco, en el funcionamiento de las distintas instituciones y en el Movimiento Nacional; mientras que, en la década siguiente, la lucha se centró en la toma de posiciones de cara a su cada vez más cercana muerte.

Durante estas confrontaciones, el Sindicato Vertical se convirtió en un refugio para diversas personas que no querían que Juan Carlos fuera nombrado sucesor. Para cumplir este objetivo, trataron de reforzar el Movimiento Nacional, en un intento de asegurar un continuismo militante, incluso tras la muerte del dictador, y, desde ahí, impulsar una serie de reformas, presionando al Gobierno para que las pusiera en marcha.

(...)

Sería tras las elecciones sindicales celebradas entre mayo y septiembre de 1975, en las cuales más de siete millones y medio de trabajadores fueron convocados a votar en las que serían las últimas del franquismo, cuando se produjo el gran asalto al Sindicato Vertical. CC OO impulsó las Candidaturas Unitarias y Democráticas, a través de las cuales fueron capaces de lograr numerosos representantes sindicales y jurados de empresas, y se obtuvieron diversas victorias en las elecciones indirectas a las UTT.

En la rama de transporte y comunicaciones lograron introducir tres representantes sindicales a nivel nacional, además de numerosos enlaces dentro de las empresas, quienes se convertirían en el germen del proceso de luchas constantes en el interior del Sindicato Vertical que darían lugar a las grandes huelgas de finales de 1975 y, especialmente, 1976. Algunos ejemplos de estas son el paro del Metro entre el 5 y el 9 de enero de 1976, que obligó a intervenir al Ejército; los paros en Telefónica durante los meses de marzo y abril, que se saldaron con 51 despidos, 74 traslados y 124 sanciones, o la huelga de celo128 del personal de tierra de Iberia en octubre.

Durante este periodo de expansión, la dirección de Comisiones Obreras de Transporte y Comunicaciones (FSC-CC OO), de la que formaban parte Virgilio Heras, máximo responsable durante la huelga, Laureano Cuerda, Alfredo García, Fernando Clavo o Felipe Aranda, entre otros, decidió instalar su sede en el despacho laboralista de Atocha 55, donde se reunía con los representantes de los trabajadores de las empresas en huelga casi continuamente, llegando a pernoctar en el mismo, pues, en ocasiones, las reuniones finalizaban de madrugada.

Sin embargo, al tiempo que crecía la influencia de CC OO, también lo hicieron las amenazas contra dirigentes sindicales ajenos al Sindicato Vertical o simples trabajadores en huelga, con la intención de poner fin a los conflictos que se habían generalizado tras el éxito en las elecciones sindicales de 1975, llegando a agredirlos físicamente o amenazarlos con armas de fuego.

(...)

Tras la eliminación del TOP [Tribunal de Orden Público], el Sindicato Vertical se convirtió en la principal institución de origen franquista que había sobrevivido a las reformas democráticas. Por lo tanto, el paro fue considerado un ataque al mismo régimen. Además, la victoria de los sindicalistas, asesorados por abogados de origen comunista, supuso una dura ofensa para los empresarios, ya que tuvieron que aumentar los salarios y readmitir a los trabajadores despedidos, y para los dirigentes de la organización, pues se cuestionó su funcionamiento.

Expuesto esto, solo nos quedaría resolver la pregunta más importante: si la huelga del transporte fue el detonante de la masacre, ¿por qué asesinaron a estos abogados que nada tenían que ver con el paro si el asesoramiento jurídico estaba en manos de Pablo Aramendi y Antonio Doblas y, además, cuando entraron en el despacho, antes de iniciar el tiroteo, preguntaron por el paradero de Joaquín Navarro?

Saber con certeza qué pasó por la cabeza del instigador, si ordenó matar a Navarro o a quien estuviera en el despacho, así como por la de los asesinos al organizar y ejecutar la masacre sería algo a lo que solo ellos podrían responder.

Sin embargo, una vez descartada la teoría del asesinato de los letrados como un suceso más de una estrategia de la tensión, la hipótesis que cobra mayor sentido es la de una represalia ejecutada por personas afines al Sindicato Vertical de Transporte contra los sujetos que pensaron que asesoraban a los huelguistas, con el objetivo de poner fin a la huelga que estaba haciendo perder mucho dinero a los empresarios y poniendo en entredicho el funcionamiento del sindicato.

Si bien, en opinión de Virgilio Heras, los asesinos acudieron al despacho

 

[...] con la intención de asesinar a la dirección de las Comisiones Obreras y no como una venganza personal hacia Joaquín Navarro. La masacre fue un instrumento político organizado por un sector en declive, de lo más reaccionario, que veía cómo se estaba hundiendo y dijo “tenemos que ir a por las CC OO y a por el transporte en particular”, pues en esas reuniones se hallaban representantes de Iberia, Telefónica, Renfe, Aviaco, EMT, etc. Era la estructura del sindicato y de haber atentado contra nosotros hubiera tenido una mayor envergadura política. Venían a por nosotros, sin embargo, nuestros compañeros abogados pusieron los muertos.

Una acción violenta como respuesta a una huelga en la rama de transporte puede parecer algo desproporcionado, pero enmarcada en la situación política y social del país y de la ultraderecha en particular, con el progresivo desmantelamiento del régimen y los secuestros de Oriol y Villaescusa, no parece tan inconcebible.

Los asesinos acudieron al despacho de Atocha preguntando por Joaquín Navarro a petición de Francisco Albadalejo, aunque, a mi juicio, hubo más miembros del sindicato que conocieron o, incluso, ordenaron la acción, principalmente Vicente García Ribes y José María Cabildo Guerrero, debido al carácter personalista con el que habían dirigido la organización desde sus orígenes, con la intención de poner fin a la huelga, que estaba haciendo perder mucho dinero a los empresarios y dirigentes de la organización.

Carlos García Juliá, José Fernández Cerrá y Fernando Lerdo de Tejada, quien se quedó haciendo labores de vigilancia, fueron las personas elegidas para poner fin a la huelga de transporte. Los dos primeros tenían un carácter agresivo y habían participado en distintas acciones violentas antes de la masacre. Tras su detención, los dos admitieron haber acudido a manifestaciones para agredir a los participantes y a huelgas en las que amenazaban y atacaban a los dirigentes sindicales con la intención de poner fin a los conflictos. Asimismo, asistían a los mítines organizados por los partidos de ultraderecha, en los que se lanzaban discursos incendiarios que comparaban la situación actual con la de 1936 y denunciaban la reconciliación nacional con los comunistas.

24 de enero de 1977

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Envalentonados por los discursos beligerantes y con el sentimiento de que debían hacer algo para evitar la desaparición del franquismo, los asesinos acudieron al despacho con la intención de salvar a España de la subversión. Sin embargo, cuando llegaron, Navarro no estaba y en su lugar, se hallaban nueve abogados comunistas contra los que abrieron fuego “avasalladoramente”.

La masacre de Atocha parece una manifestación desesperada, espontánea y autónoma ordenada por un Sindicato Vertical agonizante, con la percepción de que su desaparición ponía fin al régimen, más allá del cuestionamiento de su funcionamiento y de las pérdidas económicas, siendo ejecutada por un comando que sentía que el franquismo se estaba desmoronando y nadie hacía nada por evitarlo.