A Antonio le encanta su casa. Son las 11 de la mañana del primer jueves de marzo y hace 4 grados en Alcorcón (Madrid, 169.000 habitantes). Pero por la ventana cerrada de su salón, orientada al sureste, entra el sol y no hace falta poner calefacción. De sus 84 años lleva 22 viviendo de alquiler en este piso, al que entró por un mecanismo de protección oficial. Pero su casero ya no es la Comunidad de Madrid. Es más, lo fue durante muy poco tiempo. “A los pocos meses, vendieron el edificio el Banco Santander. Yo me preocupé, pero me dijeron, Antonio, ¿qué más te da que los recibos le vengan de aquí o de allí? Y yo pensé, es verdad, qué más me dará... ¡Joder, si me dio!”, exclama.
Al poco tiempo, el inquilino relata que el edificio pasó a la constructora Sacyr y luego, a Testa, filial inmobiliaria de la gestora de activos financieros de la estadounidense Blackstone. En el camino, su cuota protegida de alquiler ha pasado de 200 euros a 625. “Primero me subieron un 100% de golpe, de 200 a 400 euros. Luego han ido subiendo poco a poco”, relata.
Aún no han transcurrido 25 años, por lo que la vivienda de Antonio aún goza de especial protección. Por eso, el fondo, que con la legislación actual no le puede subir más el alquiler, le pide que se marche a otra vivienda de su propiedad, más pequeña. “Oiga, no me desarraigue usted de mi pueblo. Tengo a mi hijo a 500 metros. Mis amigos, mi vida, mi biblioteca, mi gimnasio. ¡Que no me voy yo de aquí! Ya somos muy mayores, déjame morirme aquí, ten un poquito de paciencia”, ironiza.
Antonio es vecino de uno de los bloques de la calle Estocolmo. Ahí vive con su esposa, con la que lleva 60 años casado. “Felizmente, nos llevamos muy bien”, apunta. El octogenario cuenta que ella sufrió un infarto y sufre de vértigos: “Testa me pide que me vaya a otra casa, que tiene una sola habitación. Mi mujer está enferma, dormimos en habitaciones separadas. Cuando uno es mayor, y cuando ya ha pasado la edad del divertimento, donde uno está mejor es cada uno en su habitación. Los mayores tosemos más, orinamos más... ¡Roncamos! Una vez pusimos una grabadora, ¡parecía un aserradero! Yo elegí este piso de dos habitaciones sabiendo que todo llega. Que necesitaríamos dos lugares para descansar”, lamenta.
Cuando una gestora de activos gestiona viviendas protegidas
En los últimos 22 años, el IPC, al que van indexados normalmente los contratos de alquiler, ha subido en torno a un 60%. La cuota de Antonio ha subido más de un 200% por parte de las diversas empresas que han sido sus caseras. Por esto, Antonio es muy crítico con el concepto VPO: Vivienda de Protección Oficial.
“La sensación que uno tiene cuando viene a una Vivienda de Protección Oficial es que está protegido. Y aquí no te protege ni Dios. Ahora dicen que si pagas más del 30% de tus ingresos en alquiler eres vulnerable. Entonces… ¡todo Madrid es vulnerable!”, exclama Antonio, que añade: “No se entiende que pague más de 600 euros. Puedo pagarlo, porque tengo dos hijos que me ayudan, pero el alquiler en mi caso rebasa el 50% de mi pensión, que es el único ingreso que entra en esta casa”, lamenta.
En 1999, la Comunidad de Madrid otorgó la calificación definitiva de viviendas de protección oficial a las parcelas que hoy ocupa este bloque. Fue una promoción de 159 viviendas sin opción a compra. Había dos regímenes: general, que disfrutaron de 10 años de protección, y especial, de 25. Es por este motivo que Antonio aún goza hoy de un mayor amparo que sus vecinos, cuya protección ya expiró y que se enfrentan a demandas de desahucio. Testa pide cantidades que superan entre un 35% o 40% su cuota de alquiler, exigencia que no aceptan.
Antonio, consciente de su especial protección, rechaza negociar individualmente con el fondo inmobiliario: “Quieren dividirnos. Somos 12 familias que hemos pedido negociar a Testa. La negociación colectiva no les gusta. Pues hacemos negociación colectiva individualizada. Pero es que lo que quieren es vaciar el piso. Estoy convencido de que si yo me voy, esto lo alquilan por casi el doble. ¡Es un disparate! A mí me piden que me vaya, si no acepto, me pasará lo que a él”, critica, señalando a uno de sus vecinos, demandado.
La vida entre el taxi y el riesgo de desahucio
El vecino al que señalaba Antonio se llama Jesús. Tiene 57 años y lleva 12 en el edificio. Es taxista y paga religiosamente 675 euros de alquiler, aunque el fondo, desde hace cuatro años, quiere más. “Empecé pagando alrededor de 500 euros y me piden que pague 875 euros”.
Jesús está divorciado y, además del alquiler, paga la pensión por manutención de sus hijas. Actualmente vive con su madre, de 85 años, que está enferma. “Para poder sacar todos los gastos tengo que facturar 2.000 euros mensuales con el taxi. No consigo hacer jornadas por debajo de 12 horas”, lamenta.
Tras la negativa de Jesús a aceptar la subida de la cuota, Testa le demandó para que abandonara la vivienda. “He pasado dos juicios por desahucio. En el primero lo pasé fatal. A mi abogada de oficio no la llegué a ver en persona. Yo ni sabía que el juicio era porque Testa me acusaba de no haber pagado la cuota. La abogada me llamó 5 minutos antes de que expirara el plazo de irme de mi casa decirme que se aplazaba el juicio”, lamenta Jesús, que reconoce que sufrió un gran nerviosismo.
El taxista especifica que nunca ha dejado de pagar el alquiler, y cuando Testa ha devuelto los pagos, ha vuelto a ingresarlos, para evitar que le acusen de impago. El segundo juicio, programado para el pasado martes, lo ha afrontado mejor. Jesús, como el resto de familias afectadas de su edificio, había contactado con el Sindicato de Inquilinos, una asociación que reúne a inquilinos organizados y que incluye a juristas que ayudan a los arrendatarios que entran en conflicto con los grandes fondos de inversión.
“Me da mucha tranquilidad que alguien te asesore y que esté ayudándote. En este caso, me dijeron con bastante antelación que el juicio se volvía a aplazar. En seis meses volverán al ataque para ver si me echan del piso... Llega un momento que esto te afecta. Yo no estoy acostumbrado a esto. Esto te desborda, no duermes tranquilo, ni trabajas tranquilo, ni vives tranquilo. Ellos tienen la sartén por el mango y tú estás ahí, friéndote, hasta que te canses y te vayas, porque no aguantas la presión y la incertidumbre", lamenta.
Cláusulas abusivas: ¿debe un inquilino pagar el IBI?
Blackstone es considerado el mayor casero de España, con un parque estimado de 40.000 viviendas que gestiona a través de sociedades mercantiles como la mencionada Testa, la casera de Antonio y de Jesús. Ante la evidencia de que la situación de la vivienda se está convirtiendo en un clamor social y que las administraciones públicas cada vez prestan más atención, está empezando a desprenderse de este patrimonio, ante las complicaciones que la Ley de Vivienda supondría para su negocio inmobiliario. Según contó el diario económico Cinco Días, la gestora de activos tiene Testa a la venta.
“Este caso no ocurre solo en Alcorcón. Pasa en Getafe, en Torrejón de Ardoz, en Carabanchel, en Vallecas…”, lamenta Víctor Palomo, abogado del Sindicato de Inquilinos. “Blackstone, a través de sus sociedades mercantiles Testa y Fidere, compraron viviendas protegidas que estaban de alquiler. La Comunidad de Madrid cedió el terreno a una empresa que explotaba los arrendamientos en régimen de protección pública. Ahora los últimos contratos calculamos que tienen, al menos, 12 cláusulas abusivas”, critica Palomo.
Antonio, el inquilino octogenario, pese a que no es propietario de su casa, paga el IBI. “¿Yo soy propietario de algo? ¡No hay por donde cogerlo!”, critica. También paga la Tasa de Residuos Urbanos, un impuesto que habitualmente paga el propietario de la vivienda. “Es polémico que el inquilino pague el IBI. No hay jurisprudencia, pero por lógica, es obligación del propietario”, explica Víctor Palomo.
“Son muy radicales”, añade el abogado. “Si lees un contrato, te obligan a que todo lo tienes que arreglar tú. Les pide a los inquilinos hasta un seguro de responsabilidad civil sobre la vivienda y su contenido, que debería ser una cosa voluntaria. Hay cláusulas penales, con sanciones de 150 euros por, por ejemplo, no entregar un documento.
infoLibre ha accedido a alguno de los contratos, en los que se refleja que el inquilino debe hacerse cargo de los suministros básicos (agua, electricidad, calefacción, teléfono), así como de la mencionada tasa de basuras, la instalación, conservación y reparación de los contadores, el mantenimiento y conservación de la caldera y el coste de sus inspecciones obligatorias.
Además, el inquilino no solo debe hacerse cargo de reponer los objetos que se desgastan por el uso normal, como las bombillas. También debe hacerse cargo de las reparaciones de persianas, enchufes, cisterna del váter, griferías, desagües, instalaciones como encimera, campana extractora, electrodomésticos, como el frigorífico, la lavadora o el microondas, así como la bañera o el plato de ducha. En resumen: todo lo que hay en la vivienda. "Pedimos una negociación con todos los vecinos, para que no se les expulse y no se vean afectados por cláusulas abusivas", defiende el abogado.
Un árbitro para un conflicto entre David y Goliat
El caso llegó a la televisión. Antonio participó en el programa La Sexta Xplica, que se emite los sábado por la noche en La Sexta, algo que no gustó a Testa. "Me llamaron porque dije en la tele que estábamos todos demandados. Una empleada de Testa me dijo: 'Usted va diciendo que le hemos denunciado'. Es cierto, yo no estoy demandado, pero todos mis vecinos sí y yo hablo en plural", señala el inquilino.
El PSOE y la candidatura vecinal Ganar Alcorcón, que gobiernan el municipio, llevaron este caso al Pleno del Ayuntamiento. El órgano aprobó una moción por la que el Consistorio se comprometió a mediar. Algunos de los vecinos, tras tantos años de pelea, son escépticos, y atribuyen esta iniciativa a la cercanía de las elecciones municipales. No obstante, se alegran de que haya por fin una reacción, tras varios años: “La esperanza es lo último que se pierde”, lamenta el taxista Jesús.
Fuentes municipales, en conversación con infoLibre, declaran que usarán “todos los recursos a su alcance” para defender a los vecinos: “Pedimos a todas las partes implicadas que pongan de su parte para encontrar una solución razonable. No pueden pagar siempre los mismos", defiende Jesús Santos, segundo teniente de la alcaldesa y coordinador del área de servicios de la ciudad. Santos es también coordinador general de Podemos en la Comunidad de Madrid.
Así, a finales de noviembre, el Ayuntamiento se comprometió a cumplir varios puntos, de los que destacan tres. En primer lugar, mediar entre Testa y los vecinos para evitar subidas desorbitadas de alquileres y cláusulas abusivas. Para ello, se convocaría una mesa de negociación con el Ayuntamiento, los vecinos afectados, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Sindicato de Inquilinos, la Comunidad de Madrid y Testa. Sobre este punto, el Ayuntamiento indica que el Gobierno regional no ha contestado y que la empresa no ha aclarado su respuesta.
En segundo lugar, solicitar a Testa que retire las demandas interpuestas a los vecinos por el vencimiento de sus contratos, al no aceptar estos las subidas de alquiler de más del 30%. El Consistorio indica que en este caso la gestora de activos tampoco se ha pronunciado sobre esto. infoLibre, tras reiterados intentos por correo electrónico y teléfono, no ha conseguido hablar con un portavoz de Testa para conocer su posicionamiento.
En tercer lugar, solicitar una reunión de urgencia con el Defensor del Pueblo. “Desde el Ayuntamiento se ha enviado esta petición al Defensor del Pueblo, pero todavía no ha respondido”, indica el organismo. Fuentes de la oficina del Defensor confirman que han recibido la petición, pero que aún no han conseguido agendarla, debido a la ingente cantidad de citas que tienen en espera.
La otra esperanza de los vecinos: la Ley de Vivienda
“Tengo que lavar la imagen por una cosa que dije en la tele”, dice Antonio, con gesto incómodo, recordando su participación en el programa de La Sexta. “Critiqué al señor Sánchez, porque aún no tenemos una Ley de Vivienda. Y me han criticado mucho. ‘Ah, que este señor estaría mejor con Rajoy’, me han dicho. Creen que a mí me emociona la derecha. Con la premura de la tele, olvidé decir que hago esta acusación desde la extrañeza, sería injusto no reconocer lo que ha hecho este Gobierno. ¡No entiendo que no aprueben la Ley de la Vivienda!”, lamenta.
La legislatura se agota y a la Ley de Vivienda le queda aún un largo recorrido. En febrero de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de la Ley de Vivienda, que es una norma que no entrará en vigor hasta que no supere un largo proceso en el Parlamento. Al estar aprobada por el Consejo de Ministros, una vez que el Gobierno la lleve al Congreso, iría directamente a la comisión competente, que trabajará el texto, con su correspondientes plazos para que los partidos presenten enmiendas parciales o totales.
Luego debe aprobarse en el Pleno del Congreso, desde donde se enviará al Senado, que también puede introducir enmiendas. Si es así, volvería al Congreso, que decidirá si acepta las posibles enmiendas. Pese al largo recorrido que le queda y al poco tiempo que queda de legislatura, fuentes gubernamentales insisten a infoLibre de su voluntad de aprobar la ley antes de las elecciones.
La turistificación del alquiler: de 800 euros por 79 metros cuadrados a 2.700 por la mitad de espacio
El proyecto de ley recoge algunos instrumentos que serían útiles para estos vecinos. Incorporaría a la Ley de Enjuiciamiento Civil un nuevo procedimiento de mediación y arbitraje ante los grandes tenedores de vivienda cuando hay inquilinos económicamente vulnerables. Es un sistema que tratará de evitar demandas de desahucio.
Por otro lado, prevendría futuros casos, al impedir la venta de parque público de vivienda a fondos buitres. Para la vivienda protegida, como la de Antonio, no podrían darse los incrementos de precios de alquiler que este inquilino ha sufrido en los últimos años: las empresas propietarias tendrán que limitarse a un índice de referencia para áreas tensionadas, como lo es la Comunidad de Madrid.
“Tuve mejores vidas, pero la vida viene como viene”, lamenta Antonio, un poco exasperado por lo que supone negociar con la filial de una gestora de fondos que gestiona activos valorados en 110.000 millones de euros. “Si no acepto cambiarme con mi mujer a una casa de una habitación, me pasará como a ellos [en referencia a sus vecinos, con denuncias de desahucio]. Al final la vida no es la que uno se cree que se hace, es la vida la que hace con uno lo que ella quiere”, lamenta el octogenario.
A Antonio le encanta su casa. Son las 11 de la mañana del primer jueves de marzo y hace 4 grados en Alcorcón (Madrid, 169.000 habitantes). Pero por la ventana cerrada de su salón, orientada al sureste, entra el sol y no hace falta poner calefacción. De sus 84 años lleva 22 viviendo de alquiler en este piso, al que entró por un mecanismo de protección oficial. Pero su casero ya no es la Comunidad de Madrid. Es más, lo fue durante muy poco tiempo. “A los pocos meses, vendieron el edificio el Banco Santander. Yo me preocupé, pero me dijeron, Antonio, ¿qué más te da que los recibos le vengan de aquí o de allí? Y yo pensé, es verdad, qué más me dará... ¡Joder, si me dio!”, exclama.