Los datos son un torrente. Más de 820.000 niños, niñas y adolescentes viven en situación de carencia material severa en España, de acuerdo al informe de Save the Children Ser pobre en España. El retrato de 1.000 familias. Se trata de menores que sufren limitaciones en el acceso a ropa o a material escolar, que no pueden permitirse actividades extraescolares y que no tienen garantizadas tres comidas diarias completas en hogares con despensas a menudo vacías. Tras consultar a 1.170 familias, la mencionada organización ha constatado que, a pesar de que el 51% tiene empleo, los padres y las madres de esos niños y niñas no consiguen salir de la pobreza. Se esfuerzan, sin recompensa.
Save the Children recoge en su estudio referencias de 2.440 niños y niñas de las seis comunidades autónomas donde tienen programas destinados a la reducción de la pobreza: Andalucía, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana y Euskadi. De su análisis se concluye que algo más de la mitad de los padres –el 53%– y de las madres –55%– tienen estudios secundarios, aunque uno de cada tres no cuenta con conocimientos primarios. Uno de cada diez –un 9% de hombres y un 11% de mujeres– sí posee estudios universitarios. En relación a ese punto avisan de que si antes “la educación era la base para que los hijos e hijas de familias con pocos ingresos pudieran salir de la pobreza” y era “la clave” para activar el llamado ascensor social, desde hace unos años han comprobado que “no funciona como debería”.
En otro informe, en este caso de Eapn (European Anti Poverty Network, Red Europea contra la Pobreza), una coalición independiente de ONG y otros grupos involucrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los estados miembro de la Unión Europea, y rotulado El Estado de la Pobreza, se asevera que en las últimas décadas, “las tasas de pobreza y exclusión se han mantenido altas y constantes”, lo que evidencia, a juicio de esta entidad, “un problema de carácter estructural, resultado del sistema de organización de la sociedad, sujeto, a su vez, al marco de referencia político, económico y cultural vigente”. “Las consecuencias de este problema –se apunta en el citado trabajo– se agravan en contextos de crisis, como los que se han vivido en los últimos años, y exponen, aún más si cabe, las deficiencias y vulnerabilidades del modelo social”.
En España “para prácticamente todas las variables de pobreza, exclusión y desigualdad”, los parámetros “están por encima del valor medio que corresponde al conjunto de la Unión Europea, tanto en lo que se refiere a los valores del año 2022 como a la variación acumulada desde el año 2015 y ocupan, también, posiciones elevadas”. Por una parte, la tasa Arope –at risk of poverty and exclusion, en inglés–, indicador que mide el riesgo de pobreza o exclusión social, “es 4,4 puntos porcentuales superior a la media UE y la quinta más alta de todos los países miembros”. Por encima sólo se encuentran Rumanía, Bulgaria, Grecia y Letonia. Con todo, respecto a su evolución desde el año 2015, la tasa Arope ha descendido y ha mejorado posición con respecto a años anteriores. Para 2022, la bajada de la tasa es muy similar al de la media de la UE, a la luz de lo reflejado en ese informe.
Hay grupos poblacionales diana de la pobreza, entre los que incluyen al colectivo menor de 18 años que vive en hogares en riesgo de ésta. Aunque en el último año se ha avanzado, “los datos siguen siendo extraordinariamente elevados”, subrayan. En ese sentido, ponen el acento, de un lado, en que “un tercio de los niños, niñas y adolescentes está en situación de riesgo de pobreza y o exclusión social –32,2% de tasa Arope–, esto es, casi 2,6 millones de menores”. Y de otro, destacan que “más de una cuarta parte reside en hogares con ingresos inferiores al umbral de pobreza –27,8 % de tasa de pobreza–, lo que se traduce en más de 2,2 millones de menores en riesgo de pobreza. Más de un millón de niños, niñas y adolescentes malviven en medio de la pobreza severa, lo que supone el 13,5% del total de población menor de 18 años”. Unos números que “apenas varían con los años y siempre son notablemente superiores a los del resto de población, lo que evidencia un problema estructural de calado”, advierten igualmente.
Y hay más. La oficina de investigación de Unicef, Innocenti, ha hecho pública información sobre el dibujo de la pobreza infantil entre 2014 y 2021 según la cual la tasa de España se mantiene estable, pero es del 28%. Este porcentaje deja al país en el puesto 36 de 39, tan sólo por encima de Reino Unido, Turquía y Colombia, en la tabla clasificatoria general de países de alto ingreso –Unión Europea (UE) y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)– que valora de forma conjunta la situación actual de pobreza infantil y su evolución en los últimos años. En la tabla de situación actual de pobreza infantil entre 2019 y 2021, el Estado español se ubica de nuevo en el puesto 36, sólo por delante de Rumanía dentro de la UE. Si se tuviera en cuenta en exclusiva el dato más reciente de ingresos de 2021, España sería el país de la eurozona con la tasa de pobreza infantil más alta.
¿Qué falla en las ayudas?
El trabajo de Unicef incorpora un gráfico en el que se evidencia el efecto de las ayudas monetarias en la reducción de la pobreza infantil y se aprecia que en el caso de España no es muy elevado.
El especialista en políticas de infancia de Unicef España, Gabriel González-Bueno anota además que si se ve el impacto, “España es el segundo país que menos reducción de la pobreza infantil a través de las prestaciones es capaz de realizar, después de Turquía. Sólo lo hace en un 21%, mientras hay países que, incluso partiendo de niveles de pobreza mayor antes de la intervención de las prestaciones", la acotan "muchísimo más, algunos por encima del 60%”, detalla.
¿Por qué? Lo explica. “En España las prestaciones en cash –efectivo– son muy limitadas, incluso con la aportación, que bienvenida sea, del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y su complemento de infancia. Y lo son en cuanto a cobertura, lo que en parte es un problema de diseño del IMV. La AIReF dijo hace poco en su segunda revisión que esos complementos de infancia están llegando al 18% de los niños y niñas que, en teoría, podrían tener acceso a ellos; y luego que ese ingreso está enfocado a niveles de renta muy bajos. Si no superas el umbral del 60% de ingresos de la mediana, el IMV no tiene un efecto en la medida estándar de pobreza ni de pobreza infantil. A pesar de la ayuda, que es importante, si no pasas por encima del umbral, no sales de ese riesgo de pobreza infantil”, sostiene. Puntualiza que “quizás el IMV haya tenido impacto en las rentas muy bajas, pero eso no permite que se refleje en las estadísticas con las medidas estándar de pobreza que son las que utilizan gran parte de la OCDE y de la UE”.
En definitiva, González-Bueno cree que hay un déficit "de cobertura y de tamaño de las políticas de ayudas a la infancia”. “Si las comparamos con las de Alemania –ejemplifica–, que ha decidido ampliar a través de una prestación universal de 250 euros mensuales por hijo para todos, y que puede funcionar también como deducción fiscal, dependiendo del formato que elijas; nuestras políticas son pequeñitas. Es más, lo son comparadas con otras políticas españolas de protección social como las pensiones o las de desempleo”, mantiene.
Echa la vista a atrás para señalar que “siempre las políticas de protección social a la infancia han sido menores”. "Venimos de una tradición política en este país –encadena– que se ha basado en que son las familias las que la protegen, incluso la familia extensa, pero después de una crisis muy grave en 2008 y las posteriores, las familias muchas veces están ya agotadas. Las ayudas monetarias a los hogares en España son muy bajas en comparación con el resto de países y partimos de niveles muy altos de pobreza infantil, con un sistema de protección social que, en general, no se focaliza en la infancia ni en las familias con niños, que tiene otras prioridades".
El experto de Unicef hace reparar de igual modo en que, "cuando se actúa, se hace con un grupo de niños que están" en contextos de "pobreza de alta intensidad, muy por debajo de incluso el 60% de la mediana, con lo que no se plasma en las estadísticas”, recalca. ¿Qué hace Irlanda, por ejemplo, que sí acorta la pobreza tras aplicar las ayudas públicas? “Tiene un sistema parecido al de Alemania, de prestaciones universales, llegan a todos los hogares. Son en torno a los 140 euros mensuales por niña o niño y tienen un efecto importante en la familia”, responde. Quiere dejar claro que desde Unicef son “defensores de las prestaciones universales”. “Puede parecer que se le da el mismo dinero a todo el mundo, pero lo que hemos visto en nuestra experiencia, en países desarrollados y en otros, es que son la manera de alcanzar curiosamente a quienes no llegan”, matiza.
Para terminar manifiesta que “gran parte de las prestaciones de lo que se llama protección social de la infancia en este país llega a través de los impuestos, con lo cual, quien no hace la declaración, que normalmente son las personas que tienen las rentas más bajas, no se beneficia de muchas deducciones fiscales ligadas algunas de ellas a la situación familiar. No sólo llegamos a pocos niños, sino que muchas veces no llegamos a los que son”, abrocha.
No sólo Unicef, otras organizaciones que trabajan con menores han pedido que se pongan en marcha medidas específicas, más allá de una ayuda genérica, como la universalización de la educación de 0-3 años, garantizar el acceso al comedor escolar, o que se avance en la implementación completa de la Garantía Infantil Europea en busca de "un progreso más equitativo en la protección" de este colectivo.
Un "fenómeno multifacético"
Para Javier Soria, doctorando en la Paris School of Economics y fellow en Future Policy Lab, entender por qué las ayudas monetarias y, abriendo la mirada, la política pública, no están ganando la batalla a la tasa de pobreza infantil, supone "recordar que ésta es básicamente niños de hogares que son pobres, cuyos padres o titulares lo son, y esto está definido por vivir con unos ingresos que los sitúan por debajo del umbral de pobreza a nivel estatal o autonómico", por lo que, para acabar con la tasa ligada a los menores, "hay que atacar la de pobreza en general, aunque pueda haber ciertas políticas más encaminadas sólo a familias pobres con hijos". Aporta más cifras para la reflexión: "El número de hogares sin ingresos, según el Alto comisionado para la pobreza infantil, apenas ha cambiado desde el inicio de la crisis de 2008 hasta hoy, ha pasado de 121.000 familias con al menos un niño, niña o adolescente; a 108.000 en el tercer trimestre de 2023, con lo que, efectivamente, las ayudas no han sido efectivas", comparte con el experto de Unicef.
A su entender, "la pobreza es un fenómeno multifacético", por lo que para luchar contra ella habrá que "desarrollar políticas públicas que lleguen a los hogares sin ingresos a lo largo de una o dos legislaturas" en varios ámbitos como la educación, la sanidad o la vivienda. "Tanto en el ámbito rural como en el urbano", afirma, "hay dificultades de acceso a la educación o la salud. En el primero, a lo mejor porque se tienen muy lejos, y en el segundo por problemas en la atención primaria, en colegios saturados o segregados, como puede ser el caso de Madrid o de otras comunidades con alta densidad de población, donde esos servicios primarios no llegan". Aboga por "abrir el melón de la vivienda" en una doble vertiente: engrosar las edificaciones "sociales", favorecer "la VPO" o "regulaciones de precios en mercados tensionados"; y evitar la creación de "guetos" o "la segregación por tipos de vivienda". Teme que, si se construyen "sistemáticamente viviendas sociales aisladas de las ciudades principales" y sus moradores "no tienen un contacto real con el mundo educativo, laboral, social…", la pobreza infantil "se perpetuará" y los hogares sin ingresos no podrán salir del ciclo marginal.
La tasa de riesgo de pobreza entre los autónomos se dispara un 40% durante la pandemia
Hasta aquí, Soria ha desgranado posibles soluciones estructurales a largo plazo. A corto, el socio en Future Policy Lab, apuesta por "continuar con la subida del salario mínimo", como refuerzo a otras ayudas sociales que no siempre son suficientes. "Hay que impulsar políticas que ayuden a estas personas desfavorecidas a entrar en el mercado laboral, pero, una vez en él, han de tener unas condiciones mínimas dignas" porque “el problema no es simplemente conseguir un empleo, sino que, cuando se hace, a lo mejor hay familias a las que no les da para llevar a casa un sueldo mínimo, dependiendo de la composición del hogar. Nos enfrentamos a que hay trabajadores pobres y, por tanto, niños pobres, pese a que sus padres trabajen", lamenta.
Un posible cambio en el IMV y otro en el IRPF
A ello suma la reforma del IMV, ya que, pese a que su concepción y filosofía le parecen “muy buenas”, ha fallado en la "implementación". Para hacerlo ganar en efectividad demanda un cambio: en vez de que "tenga que ser solicitado por estas familias más pobres, que a veces no tienen la información, los medios o el tiempo para hacerlo," que "les llegue a través del ministerio competente directamente la notificación de que son elegibles". Hila más fino y sugiere que se usen los datos fiscales acumulados y que el ministerio "facilite en un clic" su tramitación para hacerla más rápida. Esto permitiría, asimismo, "ajustarse año a año o trimestre a trimestre a las variaciones de ingresos y, si una familia sale del umbral de pobreza, automáticamente dejaría de percibir el IMV o reduciría su cuantía".
Por último, Soria esboza otra idea: que "todos los españoles estén obligados a hacer una declaración fiscal, aunque hayan tenido rentas muy bajas". Lo argumenta: "En otros países como Suecia o Francia lo están y eso da el universo de población y es mucho más fácil identificar quién es en realidad pobre. Sería una declaración de carácter informativo casi, porque no se le cobrarían impuestos a quienes declarasen cero euros, pero serían perceptores netos de estas ayudas sociales". En su opinión, esta alteración podría modificar "la dinámica de la pobreza infantil en España, al hacer que muchas más familias sin ingresos se beneficiasen y que muchos más niños, por tanto, tuvieran más recursos".
Los datos son un torrente. Más de 820.000 niños, niñas y adolescentes viven en situación de carencia material severa en España, de acuerdo al informe de Save the Children Ser pobre en España. El retrato de 1.000 familias. Se trata de menores que sufren limitaciones en el acceso a ropa o a material escolar, que no pueden permitirse actividades extraescolares y que no tienen garantizadas tres comidas diarias completas en hogares con despensas a menudo vacías. Tras consultar a 1.170 familias, la mencionada organización ha constatado que, a pesar de que el 51% tiene empleo, los padres y las madres de esos niños y niñas no consiguen salir de la pobreza. Se esfuerzan, sin recompensa.