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Balance de la reforma laboral: caída de contratos fijos, fin de los convenios, colapso judicial... y más paro

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La ministra de Empleo, Fátima Báñez, presentará en el Consejo de Ministros del próximo viernes el informe que evaluará el primer año de funcionamiento de la reforma laboral refrendada por el Congreso en julio de 2012. Una reforma que Báñez prometió “completa, equilibrada y útil” nada más ser aprobada por el Gobierno, cuatro meses antes. Pero que los sindicatos tachan de “fracaso estrepitoso” y el FMI y la Unión Europea critican por insuficiente. La OCDE, el organismo que, a su vez, revisará la evaluación del Gobierno sobre su propia reforma, tampoco parece creer mucho en las bondades de los últimos cambios laborales en España, ya que prevé que el paro alcance nada menos que el 28% en 2014. El cálculo del Ejecutivo es “sólo” del 26,7%.

“Ni con la mejor legislación laboral del mundo se podría crear empleo ahora”. Jesús Terciado, presidente de Cepyme, la patronal de las pequeñas empresas, lo reconoció en RNE el pasado mes de mayo. El último año se han destruido 673.000 empleos; dos de cada tres eran indefinidos. Para CCOO y UGT, aunque también para economistas tan alejados de la perspectiva sindical como Fedea, la reforma del PP está lejos de ser la “mejor legislación laboral del mundo”. “No le han funcionado sus mejores joyas: la prioridad del convenio de empresa, el fin de la ultraactividad…”, explica el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz. “En los últimos cinco años España sólo ha hecho lo más fácil, a través del BOE, pero en renovación de las instituciones y en políticas activas de empleo, que son fundamentales, no ha hecho absolutamente nada”, se queja el economista de Fedea Marcel Jansen. “La reforma no ha cumplido ninguno de sus objetivos”, resume el número dos de UGT, Toni Ferrer.

“Fomentar la contratación indefinida”, “reducir la dualidad laboral”, son dos de los objetivos declarados de la Ley 3/2012, de acuerdo con el texto de su memoria económica. Sin embargo, en el último trimestre, según la Encuesta de Población Activa (EPA), los contratos indefinidos han caído un 4% en el último año, 439.000, de los que 50.400 se rescindieron en el último trimestre. Si se atiende a los datos del paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo, la contratación indefinida se ha desplomado un 18,5% hasta junio respecto al año anterior.

Precarización

El contrato estrella de la reforma, de apoyo a los emprendedores, no consigue estimular las relaciones laborales indefinidas, ni siquiera con el reclamo de las bonificaciones que le acompañan y al año de prueba sin derecho a indemnización en caso de despido. El pasado junio sólo se firmaron 6.866 contratos de este tipo, de un total de 87.349 indefinidos que, a su vez, representan un escaso 6,84% de los contratos firmados en España ese mes. Porque el resto, hasta completar los 1,27 millones de contratos registrados en junio, fueron temporales. Un vicio del mercado de trabajo español que la reforma no ha conseguido enmendar ni un ápice y que la llegada del verano, por tanto de la temporada alta del turismo y la hostelería, ha reafirmado. Lo demuestra la última EPA: entre abril y junio sólo ha creado empleo el sector servicios. Más contundente aún: Baleares es la comunidad responsable del 45% de los puestos de trabajo creados en el segundo trimestre del año.

Además, al contrario de lo que pretendía la reforma –“poner las bases para la creación de empleo estable”– se está precarizando el trabajo, destacan los sindicatos. Así, la contratación a tiempo completo ha disminuido un 5,3% en un año, según la EPA, mientras el empleo a tiempo parcial ha crecido un 5,9%. Y con esta jornada, sólo aumentan los contratos temporales: los indefinidos a tiempo parcial registrados en los Servicios Públicos han caído un 18,78% hasta junio. De hecho, los inspectores de Trabajo ya han denunciado que se está desplazando el trabajo en negro, sobre todo en la hostelería, a los contratos a tiempo parcial, completados con horas extraordinarias no declaradas, o incluso no pagadas, y que ellos carecen de instrumentos para combatir estas prácticas.

¿Evitar despidos?

Otro de los objetivos declarados de la reforma, y uno de los más publicitados por el Gobierno, es situar las medidas de flexibilidad interna en las empresas como alternativa a los despidos. De ahí que Empleo celebre las cifras crecientes de descuelgues –dejar en suspenso las condiciones salariales o de jornada u otras de los convenios colectivos– o de empresas que bajan sueldos o aumentan las horas de trabajo, por ejemplo, como un éxito de la reforma. Los sindicatos sólo las ven como reflejo de una precarización generalizada de las condiciones de trabajo. Que, además, no evitan siempre los despidos. Lo más habitual es que se simultaneen o complementen ambos tipos de medidas. Según el Primer Observatorio de Seguimiento de la Reforma Laboral, elaborado por la Fundación Sagardoy, el 35% de las empresas ha combinado despidos y flexibilidad interna.

Sin convenio colectivo

El recurso a la bajada salarial o a la suspensión de los derechos recogidos en el convenio ha sido posible gracias a lo que el Gobierno considera medidas para “modernizar la negociación colectiva”, pero UGT y CCOO tildan directamente de ataque a la autonomía de empresarios y comités. “No sólo se ha intentado una desregulación de las relaciones laborales, sino que también se ha roto el equilibrio entre las partes, y se ha roto a favor del empresario”, asegura Ramón Górriz. La reducción de la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios caducados mientras se negocia su renovación– a un año mantuvo paralizada la negociación colectiva durante los primeros meses de este ejercicio, ante la amenaza de que el pasado día 8 casi tres millones de trabajadores pudieran quedarse sin convenio.

Tras el acuerdo alcanzado por patronal y sindicatos para evitar una desregulación laboral que se temía masiva, UGT y CCOO reconocen que se ha acelerado la renovación de convenios, aunque todavía quedan focos de conflicto en el País Vasco y en algunos sectores, como el transporte, las ETT y el sector público. Los sindicatos están promoviendo tanto demandas individuales como conflictos colectivos en aquellos casos en que los empresarios han preferido quedarse sin convenio propio o incluso acudir al Estatuto de los Trabajadores y el Salario Mínimo Interprofesional como únicas referencias.

También los tribunales han enmendado el fin de la ultraactividad tal y como la diseñó la reforma laboral. En una sentencia del pasado día 23, la Audiencia Nacional considera válidas las cláusulas de vigencia contenidas en los convenios anteriores a la reforma, aunque haya transcurrido el año fijado por ésta.

Políticas activas de empleo

El siguiente objetivo de la reforma laboral es “favorecer la empleabilidad de los trabajadores”. Sin embargo, los recursos destinados a las políticas activas de empleo –cursos de formación y recualificación profesional– acumulan desde 2010 una reducción del 51%, destaca Toni Ferrer. Y el acuerdo marco que establece las bases de la colaboración entre agencias privadas de colocación y Servicios Públicos de Empleo, aún no ha pasado de la fase de redacción, aunque debería haber estado listo antes del verano.

Así no es de extrañar que cunda el llamado “efecto desánimo”, los parados que dejan de buscar trabajo y han hecho caer la población activa en 349.100 personas en los que va de año. Desanimados nacionales y también emigrantes, que vuelven a sus países ante la falta de oportunidades –su tasa de actividad se ha desplomado un 6%–. Tampoco con el paro juvenil ha acertado la Ley 3/2012. “Lo único que ha hecho el Gobierno para estimular el empleo de los jóvenes es descausalizar el contrato temporal [creando uno para menores de 30 años] y bonificar el trabajo a tiempo parcial y los temporales sin formación”, reprocha Marcel Jansen, quien considera inútiles estos incentivos.

Lo que sí ha conseguido la Ley 3/2012, aunque no era uno de sus objetivos declarados, es la devaluación salarial que muchos economistas consideran necesaria para aumentar la competitividad de la economía española. La Encuesta Anual de Coste Laboral revela que el coste neto por trabajador cayó en 2012 una media del 0,7% –en 2011 había subido un 1,1%– y se situó en 30.667,43 euros. Desde 2010, los costes laborales en términos reales, un vez descontada la inflación, se han reducido un 6,3% desde 2010, según UGT. CCOO resalta que, descontada la inflación y los costes laborales, los sueldos se situaron en 2012 por debajo de los de 2008. Lo atribuye no sólo a las reducciones salariales, sino también a que ese año se destruyeron más empleos cualificados –que rebajan el sueldo medio–. Al principio de la crisis ocurrió lo contrario: la mayor destrucción de puestos de trabajo precarios aumentó los costes laborales medios. 

A la caída de los costes laborales también ha contribuido la rebaja de las indemnizaciones por despido consagrada en la reforma del PP. Éstas han descendido un 12% –466 euros por trabajador de media–. Despedir es ahora más barato, tras eliminarse los 45 días por año trabajado del cese improcedente y  generalizarse los 20 días de la rescisión de contrato por causas objetivas, la mayoría de tipo económico.

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¿Otra reforma laboral?

La evaluación de la reforma, ha anunciado Empleo, conducirá a una serie de “modificaciones” que no ha precisado. Toni Ferrer cree que el informe del Gobierno no se basará en hechos ni en datos, sino en “futuribles del tipo 'sin reforma, se habrían destruido más puestos de trabajo”. El dirigente de UGT teme que se dé una nueva vuelta de tuerca a la reforma para relajar el control judicial de los despidos colectivos. Precisamente, después de que la Ley 3/2012 haya propiciado un aumento de los litigios que ha colapsado los juzgados de los Social de toda España. Algunos de ellos están fijando vistas para dentro de un año. A los de Madrid, por ejemplo, ha sido necesario reforzarlos con cinco jueces recién salidos de la Escuela Judicial. 

El pasado jueves, el Gobierno se apresuró a felicitarse por el “cambio de ciclo incipiente” que adivina en las últimas cifras de la EPA: una disminución del paro en 225.000 personas y la creación de 149.000 puestos de trabajo. También la CEOE saludó que el desempleo haya “frenado su caída interanual hasta el -3%, frente al -3,8% del trimestre anterior”, para pedir a continuación "más flexibilidad". El problema es que las cifras vuelven a la tónica desgraciadamente habitual de la crisis si se elimina el efecto estacional: el empleo cayó un 0,29% en el segundo trimestre. Sólo el tirón del turismo, y del empleo temporal y parcial en la hostelería y el comercio que le acompañan, explica los datos favorables de este verano, una vez más. Cuando llegue el otoño, será el momento de comprobar si ha cambiado verdaderamente el ciclo o, por el contrario, el mercado de trabajo sigue circulando por los mismos raíles de temporalidad y precariedad vigentes antes de la reforma laboral.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, presentará en el Consejo de Ministros del próximo viernes el informe que evaluará el primer año de funcionamiento de la reforma laboral refrendada por el Congreso en julio de 2012. Una reforma que Báñez prometió “completa, equilibrada y útil” nada más ser aprobada por el Gobierno, cuatro meses antes. Pero que los sindicatos tachan de “fracaso estrepitoso” y el FMI y la Unión Europea critican por insuficiente. La OCDE, el organismo que, a su vez, revisará la evaluación del Gobierno sobre su propia reforma, tampoco parece creer mucho en las bondades de los últimos cambios laborales en España, ya que prevé que el paro alcance nada menos que el 28% en 2014. El cálculo del Ejecutivo es “sólo” del 26,7%.

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