España es el país de la OCDE que tiene más trabajadores con ingresos mínimos

España es el país de la OCDE con el mayor porcentaje de trabajadores en pobreza relativa; es decir, cuyos ingresos equivalen a menos de la mitad de la renta mediana. Un 16,5% de la población activa española tenía en 2013 –año que utiliza la OCDE en la comparación– una renta inferior a 6.762 euros anuales. Son seis puntos porcentuales por encima de la media del club que reúne a los 35 países más desarrollados del mundo, el 10,6%. A España la acompañan en la cola del ranking Grecia, con un 16,1%, y Estados Unidos, con un 15,7%. Por el contrario, Islandia es el país más inclusivo, con sólo un 4,6% de trabajadores con ingresos mínimos. Francia tiene en esas condiciones al 7,9% de sus activos y Alemania, al 9,1%.

El porcentaje de trabajadores con rentas bajas es sólo uno de los indicadores que la OCDE utiliza para analizar el mercado laboral de los países miembros en su informe sobre Perspectivas de Empleo 2017. En este caso estudia no sólo las cifras de empleo y paro –en los que España figura a la cabeza–, sino también la calidad del trabajo y la inclusión social. España se sitúa por debajo del promedio de la OCDE en todos los indicadores, excepto en el que mide los ingresos brutos por hora: 16,6 dólares, tan sólo un céntimo por encima de los 16,5 dólares de la media de la organización.

Es más, en el conjunto de los 10 indicadores España se encuentra entre los cuatro países con peores marcas, al lado de Grecia, Turquía e Italia. Es el segundo, tras Grecia, donde mayor es la pérdida de ingresos cuando el trabajador se queda en el paro, un 26,6%, cuando la media en la OCDE es de sólo el 6,5%. En Italia se pierde un 11,8%, mientras en Francia la merma de ingresos se queda en un 4,6%, y en Alemania en un 2,7%.

Otro dato que apunta a la escasa calidad del mercado laboral en España es el porcentaje de trabajadores que padecen tensión laboral: el nivel de exigencia de su puesto es muy alto pero los recursos disponibles para alcanzarlo son insuficientes. En esa situación dicen encontrarse el 52,6% de los españoles, sólo superados por el 53,7% de los coreanos, el 64,4% de los griegos y el 76,2% de los turcos.

Grecia y España lideran igualmente la estadística de parados de larga duración, 2,31 millones de personas que llevan más de un año sin trabajar y representan el 54,37% de los desempleados. España incluso adelanta a Grecia si se mide la tasa de infrautilización del trabajo, que suma a los desempleados, los subempleados –trabajo a tiempo parcial indeseado–, los desanimados y quienes no buscan empleo pero desean trabajar: son el 34,5% de la población activa.

Finalmente, España también se sitúa por encima de la media de la OCDE en cuanto a los problemas de acceso al empleo de determinados grupos: mujeres, discapacitados, jóvenes, inmigrantes y trabajadores mayores. La brecha española es del 27,6%, dos puntos por encima de la media de la organización. Turquía –47,6%– y Grecia –38,1%– son los que más obstáculos ponen a estos grupos de trabajadores. En España, quienes más dificultades afrontan para encontrar trabajo son los jóvenes –con la mayor tasa de paro juvenil de la UE, un 43%– y los inmigrantes, cuya tasa de empleo cayó más de medio punto porcentual al año desde 2006 hasta 2015.

Protección social y negociación colectiva

El informe de la OCDE analiza además el papel que han desempeñado tanto las políticas fiscales como las reformas laborales en la lucha contra las consecuencias de la Gran Recesión en el mercado de trabajo.

Según sus cálculos, el impacto que sobre el empleo tuvo la caída del PIB durante la crisis fue amortiguado principalmente por el descenso de la productividad, en un 40%; por la reducción del tiempo de trabajo en un 25%, y por la disminución de la población activa en otro 10%. A su vez, la caída de la productividad se tradujo en un recorte de los salarios reales, que fue mucho mayor que la bajada de los beneficios empresariales. “El esfuerzo del ajuste negativo sufrido por la productividad fue soportado por los trabajadores en la forma de salarios reales más bajos”, admite el informe, “en otras palabras, la cara B de la alta elasticidad del desempleo [en los países de la OCDE] fue la pérdida de la calidad del empleo”.

Para combatir estos perjuicios, la OCDE considera eficaz el aumento del gasto público. También cree que es “particularmente efectivo” un sistema de protección social que incluya políticas para activar a los trabajadores. Se trata, explica el informe, de proporcionar ingresos a quienes han perdido sus empleos al tiempo que se les facilita su regreso al trabajo. Además, la organización recomienda planes de choque de empleo y estímulos a la negociación colectiva, de forma que ésta lleve a cabo los ajustes necesarios en el tiempo de trabajo y en los salarios.

De hecho, el informe dedica un capítulo completo a los convenios colectivos. Y termina alertando ante las negativas consecuencias de la “pérdida de relevancia de la negociación colectiva” en términos de aumento de las desigualdades y de costes. “La alternativa a la negociación colectiva no es la negociación individual, tampoco la regulación estatal o la ausencia total de convenios colectivos”, aseguran rotundos los autores.

De ahí que también la OCDE muestre su preocupación por las nuevas formas de la economía digital, que se están traduciendo en “una individualización cada vez mayor de las relaciones laborales”. Así, advierte de los intentos de impedir que los trabajadores de estas nuevas plataformas digitales negocien colectivamente sus condiciones laborales. Por eso pide adaptaciones legales, que se permita a estos trabajadores asociarse o bien integrarse en los sindicatos “tradicionales”, e incluso que puedan usar “las redes sociales para organizarse y hacer reivindicaciones colectivas”.

Más reforma laboral

En el caso concreto de España, las recomendaciones de la OCDE van más allá. Pese a reconocer la pésima posición española en el ránking de la organización, el informe alaba la “mejora” experimentada por el mercado de trabajo nacional y la atribuye a la reforma laboral de 2012reforma laboral de 2012. A su juicio, para avanzar en esa mejora la receta es “proseguir el esfuerzo de la reforma”, así como desarrollar políticas activas en las comunidades autónomas. En general, no sólo en España, la OCDE aconseja igualar las indemnizaciones de los contratos temporales y de los indefinidos para reducir la dualidad del mercado de trabajo, recortando el abuso que las empresas hacen de los primeros.

“No basta con simplemente regresar a los niveles de empleo previos a la crisis ya que, incluso en países donde se han recuperado los niveles de ocupación, el incremento de los salarios sigue siendo débil y la estructura ocupacional del mercado ha cambiado significativamente, dificultando que algunos trabajadores encuentren oportunidades de empleo satisfactorias”, lamentó el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, durante la presentación del informe en Berlín. Según destacó, en países como Grecia, España, Irlanda e Italia, van a seguir persistiendo grandes déficit de puestos de trabajo, informa Europa Press.

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Gurría también destacó la creciente “polarización del empleo”: los trabajadores peor pagados tienen estancados sus salarios, mientras aquéllos con ingresos más altos obtienen una parte “desproporcionada” de los beneficios del crecimiento económico.

Aun así, no dudó en elogiar la “decisiones duras” adoptadas por el Gobierno del PP “hace cuatro o cinco años”, puesto que en su opinión “ahora están funcionando”. Por el contrario, UGT le replicó que sus recomendaciones son “totalmente incongruentes y están equivocadas”. “No se puede alabar la reforma laboral de 2012 y, a la vez, demandar calidad en el empleo y más negociación colectiva, ya que ha sido la propia reforma la que ha deteriorado la calidad del trabajo en España hasta el extremo”, protesta el sindicato.

De hecho, UGT atribuye a la reforma del PP el “empeoramiento de la salud y la seguridad de los trabajadores, de los salarios, la desigualdad y la pobreza” que desvela la OCDE en su informe. Pero también la culpa del debilitamiento de la capacidad negociadora de los trabajadores frente a las empresas, pese a los elogios que los beneficios de la negociación colectiva reciben en el estudio de la OCDE.