Báñez propone que el Estado cubra el déficit de la Seguridad Social

“La garantía del sistema público de pensiones, al final, es el Estado mismo”. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, propone devolver la salud financiera a la Seguridad Social mediante transferencias del Estado, tal y como se hizo en los años 90 cuando las cuentas del organismo público también acabaron teñidas de rojo. En su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo, Báñez dejó sobre la mesa de los diputados cuatro posibles medidas para su debate en los próximos meses, en los que deberán consensuar sus recomendaciones para una nueva reforma de las pensiones.

La principal, que las pensiones de viudedad y orfandad, por un lado, y las tarifas planas de contratos, por otro, se sufraguen con cargo a los Presupuestos Generales del Estado –que las financiarán gracias a los impuestos–, y no con las cotizaciones a la Seguridad Social como hasta ahora. Además, planteó que los autónomos coticen por bases más altas –el 86,2% cotiza por la base mínima–. Finalmente, quiere potenciar la lucha contra el fraude.

En el caso de las pensiones de viudedad y orfandad, la ministra aseguró que los 23.000 millones de euros que cuestan cada año pueden pagarse con transferencias del Estado sin que por ello dejen de ser contributivas; es decir, sin que su cuantía deje de depender de las cotizaciones del cónyuge o progenitor. El PSOE propuso en su día crear un impuesto específico para sufragar estas pensiones, imitando el modelo vigente en Francia. El PP, Ciudadanos y Partit Demòcrata Europeu Català se oponen. Eliminar esa cantidad de los presupuestos de la Seguridad Social significaría acabar con el déficit del sistema de un plumazo: este año el desfase entre ingresos y gastos alcanzará los 18.000 millones de euros, el mayor de su historia.

Más tarifas planas, pero pagadas por el SEPE

También pueden financiarse con cargo a los impuestos de los contribuyentes las subvenciones que Empleo concede a las empresas para que firmen contratos indefinidos, sugiere la ministra. Éstas son de dos tipos: bonificaciones y reducciones. Las primeras son exenciones de cuotas que el empresario no paga pero son cubiertas por transferencias del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo Inem. Las reducciones, en cambio, son cuotas que el empresario no ingresa y nadie cubre en su lugar. También son las responsables de un agujero en las cuentas de la Seguridad Social que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) cifra en 3.700 millones de euros en 2015 y 2016. A esa cantidad habría que añadir la correspondiente a las bonificaciones: otros 3.000 millones de euros en 2015 y 2016. En 2014 la tarifa plana de 100 euros supuso para la Seguridad Social un recorte de ingresos de 2.338 millones.

Las subvenciones a la contratación han recibido múltiples críticas, políticas y académicas, por su ineficacia. Sólo funcionan, coinciden los expertos en el mercado laboral, cuando se aplican sobre colectivos muy delimitados. De hecho, hasta el PP estaba de acuerdo y decidió suprimirlas en su primer año en el Gobierno. El decreto de 13 de julio de 2012 que los suprimió situaba estos incentivos entre los gastos con “efectos más débiles” sobre los agentes económicos.

Sin embargo, el Ejecutivo los fue recuperando poco a poco, hasta convertirlos en una de sus medidas más publicitadas: las llamadas tarifas planas, primero de 100 euros y, desde 2015, de 500 euros en las cotizaciones por contingencias comunes. Finalmente, ha quintuplicado la cuantía de las reducciones de cuota –las que no cubre el SEPE– desde 2012. Entonces ascendieron a 441,7 millones de euros; para este año la Seguridad Social ha presupuestado 2.100,79 millones. Pues bien, el Gobierno quiere seguir manteniendo este incentivo a la contratación indefinida, pero transformando las reducciones que le agujerean las cuentas en bonificaciones, pagadas mediante transferencias del SEPE.

Por último, Fátima Báñez plantea “reforzar la distribución equitativa del esfuerzo contributivo entre regímenes” para aumentar la recaudación de cuotas. Básicamente, intentar que los autónomos dejen de cotizar por la base mínima. De forma voluntaria, “haciendo pedagogía”, explicando a los trabajadores por cuenta propia que, si cotizan más, también tendrán pensiones más altas. La ministra cifró en 7.000 millones la parte del déficit de la Seguridad Social que corresponde a la infracotización de los autónomos. “Tres veces mayor por cotizante que la de un asalariado del Régimen General”, detalló.

El secretario de Estado de Seguridad Social precisó a infoLibre que en ningún caso pretende el Gobierno subir los tipos de cotización, aunque sí se podrían “tocar las bases”, subiendo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) –una decisión que deberá tomar el Ejecutivo antes de acabar el año– para aumentar al tiempo la base mínima, o subir, que no destopar, la base máxima.

La culpa del déficit no es del Gobierno

Báñez inauguró este martes la ronda de comparecencias en la Comisión del Pacto de Toledo que continuarán con los representantes de los sindicatos y la patronal el próximo día 28. Dedicó la mayor parte de su exposición a glosar los logros de su departamento durante la legislatura. Los diputados de la oposición tacharon su discurso de “triunfalista”: aseguró que las pensiones actuales son “más justas que nunca”, que han ganado poder adquisitivo, al igual que los salarios, durante los últimos cuatro años, negó que el empleo creado no fuera de calidad y repitió que España es el país de la UE donde más puestos de trabajo se crean.

También culpó a la destrucción de empleo producto de la crisis, 3,3 millones de empleos, del déficit de la Seguridad Social. “El 70% del deterioro neto de la salud financiera del sistema entre 2008 y 2013”, destacó, “se debe al profundo descenso de los ingresos que produjo la masiva pérdida de afiliación a la Seguridad Social”. Se perdieron 15.000 millones de euros en cuotas. Pero como el SEPE paga las cuotas de los parados que cobran prestaciones y se aumentaron las transferencias del Estado para pagar los complementos a mínimos –que cobran quienes no han cotizado lo suficiente para tener la pensión mínima–, se demoró el efecto de esa caída de ingresos sobre las cuentas de la Seguridad. “Fue la suma de estas causas, y no las decisiones adoptadas por el Gobierno, lo que provocó la aparición brusca del déficit”, concluyó la ministra.

No estuvo de acuerdo la oposición. El diputado de Unidos Podemos Alberto Montero rechazó que la crisis del sistema sea “el resultado de un proceso natural o demográfico” sino, por el contrario, de “decisiones políticas concretas”, como aplicar las tarifas planas de cuotas, y de “decisiones políticas no tomadas, una especie de patada hacia delante esperando que la creación de empleo redunde en el saneamiento financiero del sistema”.

A lo largo de su exposición, Báñez había insistido varias veces en que la “única garantía del sistema de pensiones es el crecimiento económico y el empleo”. Pero Montero le afeó que esperara ese resultado al tiempo que la reforma laboral “erosionaba el mercado de trabajo, con caídas en las bases de cotización, el aumento del desempleo, menores prestaciones para los parados y el alza de las cuantías de las pensiones de los nuevos pensionistas”. Tachó de “contradictorio” que el Gobierno haya “erosionado la base contributiva del sistema y espere al mismo tiempo que “el sistema se recupere por la vía contributiva”.

Transferencias del Estado en lugar del Fondo de Reserva

Los diputados le reprocharon igualmente a Báñez los “globos sonda” que sobre la futura reforma de las pensiones se han lanzado en las últimas semanas. Todos los grupos le pidieron mayor concreción en sus propuestas, pero no la obtuvieron.

Por ejemplo, el representante de Ciudadanos, Sergio del Campo, le preguntó qué tiene previsto el Gobierno para cuando la inflación alcance niveles normales, después de años de índices negativos, y las pensiones pierdan poder adquisitivo. Mientras la Seguridad Social siga en déficit, las pensiones se revalorizarán sólo un 0,25% anual. Y este año ya se prevé que el IPC alcance hasta el 1,3%.

Carles Campuzano, de Partit Demòcrata Europeu Català, pidió a la titular de Empleo alternativas de financiación para el Fondo de Reserva, y a hacerlo ya el próximo diciembre, cuando el Gobierno tenga que echar de nuevo mano a la hucha de las pensiones para pagar la extra.

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No lo mencionó expresamente, pero Báñez volvió a apoyarse en la financiación a cargo de los Presupuestos del Estado para solventar el vaciamiento del Fondo de Reserva. “[La hucha de las pensiones] se llena con empleo”, recalcó, para después preguntarse también si “alguien piensa que no se van a pagar las pensiones porque haya una situación de déficit temporal”. “Sería lo mismo”, comparó, “que decir que en enero no vamos a pagar los salarios públicos porque España tiene hoy un déficit del 4,6%”. “Entre 1982 y 1998 el Estado concedió préstamos a la Seguridad Social, por más de 17.000 millones de euros, para financiar las diferentes obligaciones del sistema”, recordó la ministra.

La diputada del PSC-PSOE Mercè Perea, que criticó el “discurso de autocomplacencia” de Fátima Báñez, la acusó de ofrecer diálogo “porque no tiene más remedio, por necesidad más que por convicción”. También le afeó la reforma “sin consenso” de las pensiones en 2013 y que Rajoy ya haya advertido de que no derogará la reforma laboral, responsable a su juicio de la precarización de las condiciones de trabajo y de la devaluación salarial que situó detrás de la caída de ingresos de la Seguridad Social.

Todos los grupos coincidieron en instar al destierro de los mensajes “alarmistas” sobre el futuro de las pensiones y en defender las bondades del sistema público. Sólo los diputados de Partit Demòcrata Europeu Català y del PNV abogaron por fomentar sistema de “ahorro complementario”, los planes privados de pensiones.