La agricultura española del siglo XXI dibuja un paisaje marcado por la paradoja: mientras el abandono de las explotaciones familiares despuebla las zonas rurales, cada vez más fondos de inversión se lanzan a comprar las tierras más rentables para extraerles el máximo beneficio en el menor tiempo. Pequeños y medianos agricultores luchando por sobrevivir, explotaciones industriales que copan la producción y el valor añadido, y grandes terratenientes regados con las millonarias ayudas europeas componen un sector primario de 914.871 explotaciones y 24 millones de hectáreas, responsables del 2,3% del PIB.
Además, ese contraste crece cada día. Según los datos de la Farm Accountancy Data Network (FADN Data) de la Unión Europea, la brecha de ingresos entre las explotaciones más pequeñas y las más grandes no ha dejado de aumentar en los últimos años. En Europa y en España. La base de datos mide los ingresos de una explotación como valor añadido neto por cada unidad de trabajo anual (UTA: el trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad agraria), o bien por unidad de trabajo familiar (que sólo incluyen a las explotaciones sin mano de obra remunerada), y los desglosa según el tamaño económico de granjas y cultivos.
Así, en 2010, el valor añadido neto por UTA de las explotaciones más grandes era cinco veces –38.565 euros– el de las más pequeñas –8.162 euros–. En 2022, la distancia se había multiplicado por 22: 3.484 euros las de menor tamaño y 74.959 euros las de mayor. Es decir, la brecha se había más que cuatriplicado.
Pero si se consideran los ingresos por unidad de trabajo familiar, la grieta es aún más profunda. En 2010, las explotaciones de mayor tamaño económico ingresaban 13 veces más –94.707 euros– que las más pequeñas –7.297 euros–. Doce años después, ingresaban 60 veces más –182.219 euros–. La distancia, por tanto, se había quintuplicado. Aunque hubo años, como 2019, en que llegó a ser 95 veces más e incluso 101 veces más en 2020, el año de la pandemia, cuando los ingresos de las más grandes alcanzaron los 262.435 euros. Es decir, la brecha se convirtió casi en abismo, al multiplicarse por ocho.
No obstante, estas cifras sólo incluyen las explotaciones que la UE etiqueta como “comerciales”, aquellas con una producción por encima de los 2.000 euros, en teoría el umbral de ingresos suficientes para que los agricultores y ganaderos mantengan a sus familias. Por tanto, quedan fuera de la lupa de la FADN un total de 161.943 explotaciones españolas que producen por debajo de esos 2.000 euros y que son el grupo más numeroso del censo agrario de 2020. Las de mayor tamaño económico, con una producción anual superior a los 500.000 euros, sólo ascienden a 13.774. En conjunto, las microexplotaciones suman una producción estándar total (PET) de 164,43 millones de euros, mientras que las más grandes producen por valor de 17.635,77 millones de euros. En efecto, un abismo.
En la Europa de los Veintisiete, el panorama es similar: de 2015 a 2022, la brecha de ingresos netos por UTA entre grandes y pequeñas ha pasado de ser de 98 veces a 159 veces; casi se ha duplicado.
España ha perdido 56.731 explotaciones
Una tendencia que parece imparable. El número de explotaciones agrarias en Europa se ha reducido en un 37% en los últimos 15 años, tras perderse 5,3 millones desde 2005. En su inmensa mayoría se trataba de pequeñas granjas y cultivos. En España, comparando los dos últimos censos agrarios, publicados en 2009 y 2020, han desaparecido 56.731 explotaciones.
En cualquier caso, España está lejos de países del Este como Bulgaria, Hungría o Polonia, donde más del 75% de las granjas y cultivos son explotaciones no comerciales o de subsistencia, siguiendo el criterio de la FADN. Otro tanto ocurre también en Portugal o Grecia. Si se elige como criterio de selección la superficie agraria útil (SAU), la media española es de 26,1 hectáreas, de acuerdo con las cifras de Eurostat recogidas por el Ministerio de Agricultura en su último Informe anual de indicadores. Por tanto, España está por encima de la media comunitaria –17,1 hectáreas–, pero muy por debajo de las 63,1 hectáreas de Alemania y las 69,6 de Francia. De ahí que, con una producción por explotación agraria de 49.569 euros, también quede a años luz de los 163.665 euros de Francia, los 472.527 euros de Países Bajos y por supuesto de los 1,37 millones de euros de Alemania.
Es en estos países, junto con Bélgica, Dinamarca y Eslovaquia, donde se concentran las grandes explotaciones agrarias. En 2009, había en España sólo 8.505 explotaciones que produjeran por encima de los 500.000 euros. Once años después, su número ha crecido un 62%. Por el contrario, en 2009, las granjas y cultivos españoles con una producción estándar total inferior a los 2.000 euros alcanzaban los 228.636, un 29% más de los que recogió el censo agrario en 2020.
Inviable cultivar menos de 100 hectáreas
Lo que no quiere decir que todas estas explotaciones fueran liquidadas. “La superficie no desaparece, desaparecen los titulares [de las explotaciones]”, resume José Manuel Delgado, del gabinete técnico de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). Un informe de Cocampo, una empresa especializada en venta de suelo rústico, revela que los fondos de inversión y las grandes industrias agroalimentarias están comprando tierras a agricultores pequeños y medianos. Muchos de ellos, la mayoría, abandonan por falta de rentabilidad. “Antes, en Castilla y León, un agricultor podía vivir del cereal con 70 u 80 hectáreas; ahora es inviable tener menos de 100”, advierte Delgado. Pero también tiran la toalla por falta de relevo generacional. El 41% de los actuales dueños de explotaciones agrarias tienen más de 65 años. Y el despoblamiento es acuciante en zonas de montaña y de secano. “Es muy difícil que regresen los jóvenes que se han ido”, lamenta Delgado, “y no es sólo porque las explotaciones no sean rentables, sino porque en las áreas rurales faltan dotaciones y servicios, sanidad, transporte público… que deberían facilitarse si no a nivel municipal, sí al menos comarcal”.
Pero otras explotaciones, las menos, consiguen ganar tamaño. Con muchas dificultades. Tienen más problemas para acceder a los créditos, con los que aumentar inversiones o modernizarse, que las grandes granjas y cultivos, más beneficiados en la distribución de ayudas de la Política Agraria Común (PAC), que se reparten según el número de hectáreas. El 8% de los ingresos de las explotaciones españolas procede de esas subvenciones europeas, el mismo porcentaje que en Alemania e Italia. Los que más ayudas reciben son los agricultores de Estonia y Lituana, con un 15%.
“La cuestión fundamental estriba en quién es empresario: quien asume un riesgo y tiene capacidad para invertir. Ahí es hacia dónde debe ir la UE”, apunta José María Castilla, director en Bruselas de Asaja, la patronal de los grandes productores agrícolas. A su juicio, que las explotaciones ganen en tamaño “beneficia a la UE”: “La forma natural de crecer es ser más profesional, tener más hectáreas y ser más eficiente, lo que no es incompatible con el modelo familiar”.
Greenpeace no está tan de acuerdo. En un informe publicado el pasado octubre y titulado Go big or go bust (Crecer o quebrar), denuncia que el actual sistema agrario, “impulsado por las subvenciones públicas, la financiación privada y la presión política, obliga a los agricultores a aumentar de tamaño para sobrevivir”. Además, esa presión por crecer y crecer, y por maximizar la producción, tiene consecuencias no deseadas: aumenta el desempleo en los pueblos, agranda la brecha económica y social con las ciudades, se relaja el bienestar animal en las polémicas macrogranjas y se destruye la naturaleza, advierte la organización ecologista.
¿Protección a la agricultura familiar?
José María Delgado destaca la mayor vulnerabilidad de las pequeñas explotaciones al cambio climático o al aumento de los precios de los fertilizantes o los combustibles, que a veces no se cubren con los precios que les pagan la industria agroalimentaria y la distribución. Por eso, UPA pide una PAC “más social, que haga lo que no hace el mercado”. Delgado precisa que las ayudas públicas deberían diferenciar y priorizar por territorio, apoyando a las zonas despobladas, por edad del titular, para ayudar a los jóvenes o, si el titular de la explotación es una mujer, para frenar la masculinización del sector primario. Los requisitos medioambientales, añade, también deberían fijarse en función del tamaño y el modelo empresarial de la explotación. Por eso, UPA pide que se apruebe una Ley de la Agricultura Familiar, tal y como prometió el Gobierno.
El coste para el agricultor de bajar el listón ambiental: “Se ve como una carga, pero ayuda al campo”
Por el contrario, Asaja no quiere ni oír hablar de una PAC “redistributiva”. “Tiene el mismo problema la primera vaca que la 101, la primera hectárea que la hectárea 101”, explica José María Castilla, quien hace suyo un lema de sus colegas de la patronal agraria andaluza: “No puede existir una PAC verde en números rojos”, en referencia a los cada vez mayores requisitos medioambientales de las ayudas públicas europeas.
Mientras tanto, los rebaños de ovejas, el ovino extensivo, por ejemplo, está desapareciendo por la falta de consumo y de rentabilidad; los grandes empresarios agrícolas españoles han empezado a cultivar tomates, más baratos, en Marruecos y Turquía, y fondos de inversión nacionales y extranjeros han visto oportunidades de gran negocio en los cultivos leñosos, como los frutales, el olivar y los viñedos. Por citar sólo algunos: Beka Finance –que tiene como presidente de honor de su comité de inversión y asesor al exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete– ha comprado 400 hectáreas de almendros en Talavera de la Reina, Atitlan tiene 3.200 hectáreas de pistacho a través de Agnbro Capital, Azora compró el 33% de Isfa, empresa propietaria de 10.000 hectáreas de almendros, Miura Partners gestiona 30.000 hectáreas de cítricos gracias a Citri&Co, Portobello Capital tiene sede en Luxemburgo y el 38% de Eurocebollas, que explota 700.000 hectáreas de cebolla y ajo…
La producción agrícola europea ha crecido un 6,7% desde 2010 hasta 2023, según cifras oficiales del pasado octubre, y ha dejado atrás los dos años anteriores de problemas y sequía. Es un buen negocio, con una productividad que no ha dejado de crecer desde hace 13 años, un 9,1%. Esa productividad creciente procede de las explotaciones más grandes, asegura la Comisión Europea, y del cada vez menor número de trabajadores agrícolas. En España, el sector primario empleaba en 2023 a 675.300 personas, un 3,5% menos que un año antes. Pero desde 2021 el trabajo asalariado en la agricultura española ha caído casi un 14%, más del doble que el no asalariado. Y es que en España el 55% del empleo en el sector primario aún es familiar.
La agricultura española del siglo XXI dibuja un paisaje marcado por la paradoja: mientras el abandono de las explotaciones familiares despuebla las zonas rurales, cada vez más fondos de inversión se lanzan a comprar las tierras más rentables para extraerles el máximo beneficio en el menor tiempo. Pequeños y medianos agricultores luchando por sobrevivir, explotaciones industriales que copan la producción y el valor añadido, y grandes terratenientes regados con las millonarias ayudas europeas componen un sector primario de 914.871 explotaciones y 24 millones de hectáreas, responsables del 2,3% del PIB.