Los habitantes de Canarias exigen un cambio de modelo. Las manifestaciones de este fin de semana para limitar el turismo de masas se reprodujeron en las ocho islas del archipiélago, incluso en La Graciosa, donde no viven más de mil personas. El mensaje de las protestas giró sobre la necesidad de diversificar la economía de las islas y reducir su dependencia del turismo, que ha generado un grave problema de vivienda, de protección de la naturaleza y de especulación hotelera. "Récord de turistas, récord de pobreza", fue uno de los eslóganes de las manifestaciones, puesto que el año pasado el archipiélago superó por primera vez los 16 millones de viajeros, mientras el porcentaje de la población en riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa ya en el 33,8%.
Los datos que avalan la situación precaria de Canarias son incontestables, y se resumen en que 2,2 millones de canarios sostienen a un número de turistas siete veces superior, por lo que la economía de las islas se ha construido sobre la llegada de extranjeros. El peso del sector turístico representó en 2022 el 37,8% del PIB de la comunidad, diez puntos más que la media de España, según CaixaBank Research, y 1 de cada 5 euros que gastaron los viajeros ese año en España, fueron a parar a Canarias. Al mismo tiempo, el sector terciario ha desplazado al resto, hasta el punto de que la industria es prácticamente inexistente, con el 3% del PIB, frente al 12,5% de media en España.
A las movilizaciones acudieron unas 50.000 personas, que equivalen al 2,5% de la población canaria, recuerda Juan Agustín Santana, profesor de Sociología en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. "Desde hace mucho tiempo no veía una movilización tan multitudinaria. Y ha sido porque se ha producido una tormenta perfecta, con multitud de problemas", añade. En resumen, las islas no solo registran récords de visitantes año tras año —en 2024 se esperan 17 millones— sino que ahora se hospedan en zonas que antes estaban reservadas para los canarios. "Hasta antes de la pandemia el turismo estaba concentrado en núcleos turísticos, pero ahora no quedan barrios sin apartamentos vacacionales", afirma Santana.
Los expertos aportan infinidad de cifras que apoyan la necesidad de un cambio de modelo, como que el año pasado el 36% de la compra de vivienda y de suelo fue por parte de extranjeros, o que el 35% de la oferta actual de vivienda en el archipiélago es para uso vacacional. Esta situación ha provocado que independizarse en Canarias sea prácticamente imposible y ha derivado en el enfado de los vecinos de las grandes ciudades. Un ejemplo es el de La Laguna, una urbe interior de 150.000 habitantes de la isla de Tenerife, donde ahora mismo se ofertan menos de una decena de pisos de una habitación por menos de 1.000 euros al mes en el portal Idealista, y solo hay dos apartamentos por menos de 800 euros.
No es solo la vivienda. El PIB per capita de los canarios es el tercero más bajo del país y en la última década se ha alejado del resto de comunidades autónomas, por mucho que el número de viajeros no haya parado de crecer. Eso ha llevado a la gente a preguntarse quién se está enriqueciendo a costa de los locales. Esta tormenta perfecta, como decía el profesor Santara, ha llevado a que las protestas del sábado fuesen transversales y aunasen por primera vez a todas las islas del archipiélago.
Especulación, precariedad y destrucción ambiental: Canarias se rebela contra el turismo salvaje
Pablo Díaz, uno de los portavoces de Ben Magec, la federación de Ecologistas en Acción en Canarias, afirma que las manifestaciones fueron históricas. "Unieron a colectivos que nunca antes se habían movilizado porque la población cada vez tiene más claro que este modelo significa el colapso de las islas. Los barrios están cambiando, las familias tienen que desplazarse y todo ese dinero no se traduce en una riqueza local", afirma. Como ecologista, recuerda también que el agua es cada vez más escasas en las islas a medida que el clima se vuelve más desértico por el calentamiento global.
Díaz acudió el sábado a una pequeña concentración en Puntagorda, en el norte de La Palma, una isla a la que llegaron una ola de curiosos durante el estallido del volcán en 2021, mientras los locales veían cómo la lava enterraba sus casas o cortaba la carretera por la que iban a trabajar. Según explica, en La Palma no sufren tanto el turismo de masas y hoteles, sino la compra masiva de terrenos donde alemanes, italianos o belgas se construyen casas que luego alquilan a otros extranjeros. El activista cuenta el caso de Tijarafe, un municipio de apenas 2.500 habitantes de La Palma donde ya hay 1.000 camas para visitantes y el propio ayuntamiento publicita en su web las viviendas turísticas.
Aunque las protestas del fin de semana son la respuesta a problemas que llevan años fraguándose, el estallido ha llegado por dos proyectos turísticos en Tenerife que amenazan sus recursos naturales. Uno es el de Cuna del Alma, que consiste en un complejo paradisiaco con villas y un hotel en primera línea de playa en el municipio de Adeje, y donde crece la viborina triste, una planta protegida. El segundo es la construcción de un hotel en la playa salvaje de La Tejita, en Granadilla de Abona, donde siguen trabajando las excavadoras, pese a que la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ordenó paralizar la obra en 2021. Por su parte, en la isla de La Palma, los vecinos también se han levado contra un campo de golf y un complejo con 1.400 camas, un segundo campo de golf y un balneario de lujo con más de 500 camas.
Los habitantes de Canarias exigen un cambio de modelo. Las manifestaciones de este fin de semana para limitar el turismo de masas se reprodujeron en las ocho islas del archipiélago, incluso en La Graciosa, donde no viven más de mil personas. El mensaje de las protestas giró sobre la necesidad de diversificar la economía de las islas y reducir su dependencia del turismo, que ha generado un grave problema de vivienda, de protección de la naturaleza y de especulación hotelera. "Récord de turistas, récord de pobreza", fue uno de los eslóganes de las manifestaciones, puesto que el año pasado el archipiélago superó por primera vez los 16 millones de viajeros, mientras el porcentaje de la población en riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa ya en el 33,8%.