“No se ha firmado ningún cupo vasco ni la cesión de todos los tributos a Cataluña”. Así de rotundos se muestran desde el Ministerio de Hacienda, a raíz de la polvareda financiera levantada tras el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts. Es más, lo reflejado en el documento del pacto deja claro que es Junts el que propone “de entrada" modificar la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) para introducir "una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña".
El partido de Carles Puigdemont pretende aproximarse al modelo del País Vasco y de Navarra –tienen Régimen Foral y potestad para mantener, establecer y regular su régimen tributario–, alejando a Cataluña del resto de comunidades de régimen común al que pertenece. Si bien, los socialistas apuestan por explorar “medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña". Palabras que apuntan a lo ya acordado con ERC: la condonación del 20% de la deuda de la Generalitat con el Estado, en concreto con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), unos 15.000 millones de euros. Ni siquiera se hace mención en los párrafos polémicos a la recaudación de los tributos, sino a la cesión, y en Hacienda, por el momento, no se plantean elevar el porcentaje que de los impuestos recaudados se transfiere a los territorios del régimen común, aunque Junts aspire a manejar el global.
“Efectivamente no es un acuerdo de que se va a ceder el 100% de los impuestos”, asevera el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, pero “hay una disposición a hablar del tema que antes no figuraba en ningún sitio y habrá algún tipo de movimiento en la dirección de reducir la aportación de Cataluña a la caja común. Habrá que ver cuánto y los detalles, pero no es una buena señal”, agrega. A su juicio, lo acordado estos días “abre la posibilidad de una deriva hacia un Estado confederal en el que cada uno se quede con lo suyo o se acerque a eso”. “No sé exactamente qué forma tomará y hasta dónde llegará, pero lo que hay es la decidida voluntad de Cataluña de reducir su aportación a la caja común y eso puede servir de precedente para que otros vayan en la misma dirección”, avisa. “Imagino que el PSOE se resistirá a ir muy lejos en esa línea, pero han abierto la puerta a discutirlo”, recalca.
En el trasfondo de la actualidad late entre el resto de las comunidades de régimen común el temor a que su suerte en materia financiera se juegue en el tablero en el que se decide hoy sólo con los independentistas. Y ello, con un modelo de financiación caduco desde 2014 y con una deuda disparada que al cierre de 2022 alcanzó un máximo histórico de más de 316.800 millones de euros, lo que representa un 23,9% del PIB, según se recoge en informes como el rotulado Endeudamiento de las comunidades autónomas, de BBVA Research. Unos estudios que también muestran que el FLA, mecanismo que se puso en marcha tras la quiebra de Lehman Brothers en 2008 para socorrer a las autonomías con problemas de liquidez, se había convertido en el principal instrumento de financiación de los gobiernos regionales, a pesar de que a priori era temporal, representando casi el 59% del total de la deuda.
El esquema consistía en que el Estado central prestaba dinero a las comunidades para hacer frente al vencimiento de sus deudas financieras o para pagar a sus proveedores, cuando no podían financiarse en los mercados. No todas las regiones recurrieron a ese engranaje, ya que implicaba ajustarse a un plan con control del gasto y del déficit y territorios como Madrid lo descartaron.
De hecho, según los últimos datos disponibles del Banco de España, Cataluña es la comunidad que más debe al FLA, con 73.110 millones de euros, seguida de la Comunidad Valenciana, con 48.344; Andalucía, con 25.409 millones y Castilla La Mancha, con 11.363. En el extremo opuesto, el Principado de Asturias y La Rioja estarían a la cola, con un débito por debajo de los 1.000 millones de euros.
No todas las comunidades se abonaron al mismo combustible de riesgo, aunque sí se aferraron en conjunto a las arenas movedizas de la deuda y ahora ninguna está dispuesta a quedarse fuera de la opción del "perdón" de débito abierta por Cataluña. Este, la quita de los 15.000 millones, es el punto más sólido de lo pactado entre los independentistas catalanes y el PSOE. El Ejecutivo ha aseverado que la fórmula se hará extensiva a las otras comunidades de régimen común, incluidas las que no hayan recurrido al FLA, pero el Ministerio de Hacienda no ha dado a conocer aún cuál es la fórmula matemática que se va a aplicar ni la cifra global que supondría hacerlo para el resto de regiones. Varios expertos consultados sitúan esa cuantía entre los 38.000 y los 38.500 millones de euros.
Se desconoce también si el porcentaje del 20% será el que se aplique a cada comunidad necesariamente. En ese sentido, las fuentes sondeadas apuntan el que podría ser otro lastre en la condonación genérica de deuda: supondría la modificación de una ley orgánica. Hay quien señala a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y luego a otras leyes anexas, pero no sería la única vía.
El profesor de Economía en la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea, Diego Martínez López, explica que en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera “hay una disposición transitoria que permite excepcionar el artículo 8, que fija que no se puede rescatar a ninguna comunidad ni a ningún ayuntamiento y, por ahí, si se trata del FLA, pues sí, quizás se podría hacer”.
“Ahora bien –suma–, si de lo que se habla es de trasladar una serie de transferencias a las comunidades que no tienen FLA, eso ya no entraría dentro del paraguas de la disposición transitoria, sino que habría que reformular el artículo 8 para permitir ese tipo de rescates más o menos encubiertos” a los territorios que no optaron por ese fondo de liquidez estatal.
Para ese segundo supuesto, sí habría que cambiar la ley y, como en el caso de la norma de financiación de las comunidades, el Gobierno progresista necesitaría mayoría absoluta en el Congreso, es decir, todos los votos de los partidos que apoyen una hipotética investidura, frente a las bancadas de la derecha de PP y Vox. Si el PNV, por ejemplo, se desmarcara –dado que por su Régimen Foral este debate podría no interesarles–, ya no sería posible.
Movimiento político inteligente
Con todo, la quita de Cataluña saldría adelante sin necesidad de esa reforma, según la senda marcada por el investigador de Fedea, por lo que “es una estrategia política inteligente en el sentido de que el PP”, que por ahora se ha opuesto frontalmente a la medida, “tendrá difícil explicar por qué se baja de un barco que supone más dinero para que algunas de sus comunidades que están muy endeudadas puedan gastar más en áreas como la sanidad o la educación; y el PSOE podrá cumplir su compromiso con los partidos catalanes”, aseguran otras fuentes del ámbito económico.
Para De la Fuente el cómo no será un obstáculo: "Habrá que buscar un encaje legal, tendrán que ver si hay que modificar una ley existente o si se hace una nueva, pero, en cualquier caso, eso podrá ser una complicación, pero no será un impedimento. Hay formas de hacerlo y se encontrará", sentencia.
Mientras todo se rumia, Martínez López, quien fue secretario general de Financiación Autonómica y Local en el Ministerio de Hacienda entre 2018 y 2020, llama la atención sobre lo que tilda de “cambio de perspectiva”. Lo condensa: “Hasta hace unos días la condonación de deuda autonómica sobrevolaba por la discusión política y académica que sobre esto había desde hace muchos años, pero estaba ligada a la infrafinanciación relativa de las comunidades autónomas. Se vino a decir que se podría pensar en condonar deuda a las comunidades que han estado infrafinanciadas y aquí entraba Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla la Mancha básicamente”. Si bien, “ese criterio se ha cambiado para condonar deuda a las comunidades que salieron perjudicadas en la crisis de 2008”. Según el primer criterio, “no entraba Cataluña”, de acuerdo al segundo, “virtualmente entran todas”, cierra.
Cree además que “hay un cierto desorden en la discusión, por decirlo de forma suave”, al haberse anunciado “primero la cifra, los 15.000 millones para Cataluña, luego el criterio, el 20%. Por otro lado, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) está negociando unas transferencias que pueden ser sustitutivas de esa condonación porque Galicia apenas tiene deuda con el FLA y se han acordado "medidas compensatorias análogas" a las de Cataluña”. A su entender, “es un tema importante, muchos miles de millones de euros, y estas cosas hay que hacerlas con claridad, con nitidez, no con este desorden”.
El PP no ha disimulado ni un ápice su oposición a la alianza bilateral con Cataluña. Los presidentes de Castilla y León, Galicia, Castilla La Mancha o Región de Murcia han calificado de “estafa” el acuerdo del PSOE y ERC, y antes otros como el de Andalucía o la de Madrid habían mostrado ya su rechazo. En general sostienen que se trata de la pretensión de que “se asuma deuda de una administración por parte del resto”, según condensan fuentes del partido. Censuran que el líder socialista vaya a otorgar “privilegios” a los independentistas catalanes y al resto los convierta en "ciudadanos de segunda". Desde esa óptica, exigen que se encare el asunto en Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que “se aborde de forma multilateral, no bilateral” y que “lo expliquen allí”.
Más allá de los deseos del PP, lo pactado entre los socialistas y ERC se puede materializar al margen del CPFF. “Legalmente este no tiene que intervenir, no es preceptivo”, confirma el profesor de la Olavide. Aunque matiza: “En rigor, formalmente, no es necesario, pero estéticamente, políticamente, convendría pasarlo por el consejo”.
El PSOE aplicará la condonación de la deuda a todas las comunidades con la misma fórmula de cálculo
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Otras fuentes consultadas indican que al PP “le queda poco margen de maniobra política, más allá de intentar retrasar el cambio de la ley, si se hace, oponiéndose en el Senado donde tienen mayoría, pero poco más”, lanzan. Esto no significa que no busquen resquicios legales para intentar frenar lo que estiman una "subasta" en los tribunales e incluso en Europa.
Montoro abrió la puerta a las quitas
Si se echa la vista atrás, los populares no siempre se han mostrados tan reacios a las quitas de deuda. Es más, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro abrió la puerta a habilitarlas ya en 2014, año en el que caducó el actual sistema de financiación autonómica. En la Comisión de Hacienda del Congreso planteó que habría que ver qué se hacía con el débito de las regiones y en particular con el que éstas tenían contraído con el Estado, que vinculó a una financiación insuficiente.
Más adelante, en marzo de 2017, año en el que subieron los decibelios en Cataluña que desembocaron en el traumático 1-O que el independentismo concibió como momento fundacional de la “república", el Grupo Parlamentario Popular presentó en el Congreso una proposición no de ley para impulsar la reforma de la financiación autonómica, que salió adelante con el respaldo del PSOE y de Ciudadanos y en la que se pedía al grupo de expertos encargado de la financiación autonómica que analizara "los déficits de financiación que han soportado las comunidades autónomas y el efecto que han tenido sobre la deuda autonómica, proponiendo el uso de los mecanismos de compensación tal y como aparece en la Lofca (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas)".