El nuevo Gobierno que salga de las nuevas correlaciones de fuerzas en el Congreso tendrá que trabajar mucho, en poco tiempo. El techo de gasto para los Presupuestos de 2023 fue aprobado el 26 de julio del año pasado. Este año, por motivos evidentes, no va a ser posible repetir el ritmo: las elecciones lo han paralizado todo. Este ejercicio tiene más relevancia porque debe incluir las directrices de la Comisión Europea para cumplir con los objetivos de déficit, que volverán tras la suspensión por la pandemia.
Estas reglas hasta 2020 pedían a los países un déficit por debajo del 3% del PIB y un ritmo de reducción de deuda que permita a esta volver a unos niveles por debajo del 60% del PIB en 20 años. La nueva propuesta de la Comisión, aún pendiente de ser validada, contempla sendas individualizadas que atienden a las situaciones concretas de cada país, ante la evidencia de que algunos Estados miembros no conseguían cumplirlas.
El techo de gasto deberá tener en cuenta esto. Debe ser aprobado unos seis meses antes de que empiece el nuevo año y es una manera de poner límite a las exigencias presupuestarias que todas las administraciones públicas, como ayuntamientos y autonomías, hacen al Estado en la elaboración de los Presupuestos Generales. Excluye los gastos financieros, como el pago de la deuda.
“El procedimiento empieza en julio para que los Presupuestos puedan entrar en el Congreso antes del 30 de septiembre, que es lo que manda la Constitución”, explica el analista financiero Javier Santacruz. “Aunque es cierto que en los últimos años se ha ido haciendo una interpretación de aquella manera y ha habido ejercicios en que los Presupuestos han entrado en vigor el 1 de enero pese a que entraron en el Congreso antes del 30 de septiembre. No da tiempo para que el nuevo equipo, el que sea, tome posesión de sus cargos. Aunque se conserve color político las personas cambian, tanto técnicos como responsables”, añade. En medio de este cambio, el nuevo Gobierno que resulte deberá diseñarlo en tiempo récord y se comprometen los plazos de los nuevos Presupuestos. No es la única incertidumbre.
El desmontaje de las medidas antiinflación que quedan
El Gobierno debe abordar si algunas de las medidas para combatir la inflación deben ser prorrogadas o las dejará caer el 30 de junio. Una de las que tendrán más impacto para los ciudadanos es la reducción del IVA para la alimentación. El acuerdo al que llegó el Consejo de Ministros declara que estará en vigor hasta el 30 de junio o hasta que la inflación subyacente [el IPC sin contar las materias primas más volátiles: alimentos y energía] esté por debajo del 5,5%.
Según el dato preliminar de mayo difundido este martes por el INE, la inflación subyacente se encuentra en el 6,1%, continuando la senda decreciente desde que alcanzó su máximo en enero, del 7,6%. Parece improbable que el índice, aunque continúe moderándose, caiga por debajo del 5,5% en junio, por lo que dependerá de este Gobierno prolongar la rebaja del IVA sobre los alimentos y, en caso de que lo haga, será decisión del nuevo Ejecutivo decidir cuándo decae. La medida será impopular, ya que se notará inmediatamente en el supermercado.
También debe decidir el Gobierno qué hacer con el descuento en carburantes que se aplica a los transportistas, que pierde vigencia el 30 de junio. La medida, que desapareció el 31 de diciembre para los particulares, se extendió para los profesionales. Se trataba de 20 céntimos, que a partir del 1 de abril pasaron a ser 10. El Ejecutivo tendrá que decidir si extender o no la medida. Otra medida que termina tras el 23J son los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia. Expira el 31 de agosto.
El plan para evitar que las elecciones retrasen los fondos
Que el 23J no viene bien para el plan de ejecución y fiscalización de los fondos europeos no es ningún secreto. El Gobierno, no obstante, mantiene un discurso optimista. La semana que viene el Consejo de Ministros aprobará in extremis la adenda al Plan de Recuperación. Lo anunció la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, este miércoles durante una entrevista en TV3: el objetivo es, según la ministra, “que no se frene ese proceso para movilizar los recursos porque la fecha límite es el 2026".
La adenda es una actualización del plan que se presentó en 2021. El objetivo es asignar 7.700 millones en transferencias, así como los préstamos el Mecanismo de Recuperación, que pueden ascender hasta 84.000 millones de euros, así como los fondos extra del Plan RePowerEU, 2.586 millones de euros, cuyos fines son el ahorro energético y aumentar la producción de energías limpias y diversificadas.
“Tienen que pedirlo ya mismo”, explica el analista Javier Santacruz. “La ampliación del memorando con la Comisión Europea se tendría que haber enviado a principios de este año y no se ha hecho”, añade el analista. Hasta ahora España ha ido recibiendo los fondos, que no deben ser devueltos, asociados al cumplimiento de una serie de objetivos. Esta adenda abriría la puerta también a los préstamos: “Los créditos va a ser la manera en que se va a acelerar rápidamente la circulación de los fondos. Porque cuando se da el dinero vía subvención se requiere una serie de exigencias que vía crédito no se solicitan. Es un trámite más sencillo. Es algo absolutamente prioritario”, remacha Santacruz.
Este proceso va en paralelo de otro: el cumplimiento de objetivos para recibir las transferencias a fondo perdido. España recibió la tercera remesa en primavera y está a la expectativa de hacer la solicitud del cuarto envío, aunque para ello tiene que acreditar el cumplimiento de una larga lista de objetivos primero. El más conocido, y probablemente el más exigente, es la segunda reforma de las pensiones, que ya está cumplido. Sin embargo, aún quedan algunos pendientes. Uno de los incumplimientos, por ejemplo, es la Ley de Defensa del Cliente Financiero, que supone la creación de una autoridad independiente que asista a los clientes de los bancos en caso de tener conflictos con estos, sin necesidad de llevarlos a juicio.
Este miércoles, la vicepresidenta sugirió que, pese a esto, es posible que la cuarta solicitud sea presentada antes del 23J: “Tengamos que adaptar algunos de los elementos, vamos a presentar la solicitud del cuarto pago lo antes posible, teniendo en cuenta la posibilidad de ajuste que se pueden producir en algunos hitos pendientes de ese pago”. Es decir, que existe la posibilidad de que el Gobierno pacte con Bruselas presentar la solicitud pese a no tener todos los objetivos cumplidos. Este periódico ha preguntado al Ministerio de Asuntos Económicos, pero no ha obtenido respuesta al cierre de la edición.
¿Cambiar la reforma de las pensiones?
La reforma de las pensiones “sobrevivirá”, aunque el PP gane las elecciones. Es la afirmación que ha hecho este jueves el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá. Una de las claves en el aire es la posible modificación de esta ley, cuyo diseño costó sudor y lágrimas al Gobierno. Fue aprobada por real decreto para dar cumplimiento a los mencionado objetivos asociados al cuarto envío de fondos europeos. Por ejemplo, la adecuación del período de cómputo para el cálculo de la prestación, la sustitución del factor de sostenibilidad por el mecanismo de equidad intergeneracional o la adecuación de la base máxima de la cotización.
El decreto fue convalidado por el Congreso con el voto en contra del Partido Popular y Ciudadanos, lo que, según fuentes gubernamentales, ya es suficiente para cumplir con Bruselas. No obstante, paralelamente se acordó tramitarlo como proyecto de ley para permitir a los grupos parlamentarios incluir modificaciones al texto, que es un proceso que ahora ha decaído con la disolución de las Cortes. El PP no fue especialmente beligerante ante esta iniciativa pero, al haber votado en contra, cabe la posibilidad de que reinicie el proceso en el Congreso para su modificación. “Habría que hacer otro nuevo proyecto... Y es un compromiso con la Comisión Europea”, remacha el analista Javier Santacruz. De ganar las elecciones y tomar esta decisión, el tiempo para el nuevo Gobierno sería prácticamente nulo.
El nuevo Gobierno que salga de las nuevas correlaciones de fuerzas en el Congreso tendrá que trabajar mucho, en poco tiempo. El techo de gasto para los Presupuestos de 2023 fue aprobado el 26 de julio del año pasado. Este año, por motivos evidentes, no va a ser posible repetir el ritmo: las elecciones lo han paralizado todo. Este ejercicio tiene más relevancia porque debe incluir las directrices de la Comisión Europea para cumplir con los objetivos de déficit, que volverán tras la suspensión por la pandemia.