Empresas multiservicios: los hijos bastardos de la reforma laboral

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha prometido negociar con sindicatos y patronal la derogación de los “aspectos más perniciosos” de la reforma laboral de 2012. Entre ellas, la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el sectorial: las condiciones laborales, incluyendo los salarios, establecidas en el primero prevalecen sobre las fijadas en el de su sector, aunque sean inferiores.

Al calor de esa novedad legal, ha crecido con brío un nuevo grupo de empresas, las llamadas multiservicios. No forman un sector ni cuentan con su propia asociación patronal, pero su número se ha más que triplicado desde 2012, según destaca el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino. El sindicato cuenta hasta 283 de estas empresas, o al menos son las que ha encontrado en el registro de convenios del Ministerio de Trabajo. Emplean a casi 70.000 personas. A 52 de estas firmas la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo les han anulado sus convenios tras ser impugnados por UGT y CCOO. También se encuentran bajo especial vigilancia de la Inspección de Trabajo, como aseguró su Dirección General a los responsables de UGT que le pidieron que comprobara si las empresas regularizaban las condiciones de sus trabajadores una vez declarados nulos los convenios.

Las multiservicios se dieron a conocer a la opinión pública cuando las denuncias de las camareras de piso, las kellys, revelaron las abusivas condicionesabusivas condiciones a las que eran sometidas. Los hoteles habían prescindido de sus propias camareras, limpiadoras, cocineros, incluso recepcionistas, y recurrían a las empresas multiservicios para surtirse de trabajadores. Pero a precios muy inferiores. Los salarios de las kellys y el resto de sus compañeros ya no eran los del convenio de hostelería, sino los fijados en el convenio de la empresa multiservicios que los contrataba y los cedía luego al hotel. En muchos casos, esos sueldos son el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 735,9 euros al mes, o incluso menos. Por ejemplo, Externa Team pagaba 600 euros al mes a 275 camareras de piso de hoteles de Sevilla y Córdoba a las que había ofrecido contratos de formación en fraude de ley. Muchas de ellas llevaban hasta dos años de “aprendices”. El convenio de hostelería establece un salario de 1.200 euros mensuales. Externa Team fue sancionada por la Inspección de Trabajo a pagar 2,6 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social y a proporcionar a las camareras de piso las mismas condiciones del convenio sectorial.

También suele ocurrir que el sueldo base asignado a todas las categorías profesionales de estas empresas, que son cientos, no sólo sea mínimo sino, además, el mismo, independiente del puesto: las multiservicios ofrecen desde peones y vigilantes de seguridad hasta limpiadoras pero también administrativos, contables, jefes de ventas, de proyectos, ejecutivos de cuentas…

Bordeando la ley

Las jornadas de trabajo, por el contrario, suelen ser las máximas que permite la ley. Aunque a estos trabajadores no siempre se les aplica un convenio colectivo –sólo la legislación básica del Estatuto de los Trabajadores, incluido el SMI–, o el que se les aplica es uno distinto del que procedería por el sector donde se encuadra su labor. También se estira al máximo el porcentaje de la jornada que el empresario, de forma unilateral, somete a distribución irregular, desde el 30% hasta el 80%, cuando el límite legal es del 10%. O los grupos profesionales son tan amplios y polivalentes que un empleado puede terminar realizando tareas de cualquier categoría, aunque éstas requieran distinta cualificación profesional. Además, los trabajadores están sometidos “sistemáticamente” a movilidad tanto geográfica –traslados– como funcional –cambio de puesto–. La mayoría de ellos tienen contratos temporales, por regla general de obra y servicio, que se utilizan “incluso para cubrir necesidades permanentes de las empresas clientes”. En algunos casos, tienen que pasar por un periodo de prueba cada vez que los vuelven a contratar para el mismo puesto.

Es la lista de algunas de las anomalías que ha descubierto un estudio elaborado para CCOO por un grupo de profesores y catedráticos de 11 universidades españolas. Analizaron una muestra de 100 convenios colectivos de empresas multiservicios firmados desde 2012. A su juicio, estos convenios se convierten en “una suerte de carta comercial que facilita que las empresas multiservicios aumenten el número de clientes ofreciendo una amplia gama de servicios a unos costes relativamente bajos, incluidos los costes laborales”. Y lo hacen en muchas ocasiones tras negociarlos en fraude de ley: utilizando para firmarlos a los representantes sindicales de un único centro de trabajo que luego extienden a los demás.

Sólo el 23% de la muestra de convenios analizada por el sindicato incluye cláusulas de empleo, aquellas que limitan la contratación temporal, regulan las necesidades de formación y las condiciones de jubilación o establecen fórmulas para garantizar el mantenimiento y la estabilidad de los puestos de trabajo. “Esta situación empeora cuanto menor es el tamaño de la empresa”, destaca el estudio. Según los datos suministrados por CCOO, de las casi 200 empresas multiservicios cuyos convenios tiene localizados en el registro de Trabajo, casi la mitad no posee más de 50 trabajadores. Sólo 11 cuentan con más de 1.000. Y es en esa “selva” de pequeñas empresas, dice Gonzalo Pino, donde el descontrol laboral es mayor.

Precariedad laboral y competencia desleal

“Las empresas multiservicios no sólo crean una precariedad absoluta de condiciones de trabajo, sino un dumping socialdumping con empresas sometidas a los convenios sectoriales, que no pueden competir y desaparecen”, resume el informe de CCOO. Aunque no existe una patronal que agrupe a estas empresas, en 2016 se creó la Asociación de Empresas de Externalización de Servicios Auxiliares a la Producción (ESAP), integrada por 11 grandes firmas, desde Adecco, Eulen e Ilunion hasta las filiales de outsourcing de Acciona y Ferrovial. Su presidente, Santiago Soler –a su vez secretario general de Adecco–, hace mucho hincapié en aclarar que no son empresas multiservicios y que no se dedican a proporcionar camareras de piso, empleados de limpieza o vigilantes de seguridad. “Quedan fuera de nuestro ámbito”. Lo suyo, explica, son toda una serie de actividades, algunas ya reguladas en convenios colectivos sectoriales y otras “transversales”, entre las que cita la gestión de inventarios, la recepción de mercancías, el control de calidad, la comprobación de pedidos, la gestión de documentación… “Creemos que son actividades huérfanas de negociación colectiva, por eso buscamos crear un espacio sectorial con los sindicatos para evitar que algunas empresas aprovechen vericuetos legales, pero cuestionables, para devaluar las condiciones de los trabajadores y hacer competencia desleal a otras compañías”.

Pero, de momento, no hay abierta ninguna mesa de negociación. “Estamos buscando una interlocución adecuada”, asegura Soler. Gonzalo Pino, por su parte, advierte de que no están dispuestos a sentarse con ESAP: “No hay un sector multiservicios”, justifica. Los sindicatos, además, replican que esas actividades “transversales” ya cuentan con sus correspondientes convenios sectoriales.

Curiosamente, los miembros de ESAP coinciden con los sindicatos en el rechazo a la prioridad aplicativa del convenio de empresa consagrado en la reforma laboral. “No estamos de acuerdo con las condiciones laborales que generen dumping”, apunta Santiago Soler, “porque una cosa es que, en una situación de crisis, una empresa se descuelgue del convenio sectorial, y otra, sortear los convenios sectoriales a través de un convenio de empresa que permite salarios a la baja aduciendo condiciones de crisis; ese momento ha pasado y las reglas de juego ahora son otras”. ESAP, sostiene, pide “salarios justos para los trabajadores y reglas de juego homogéneas para las empresas”.

La CEOE, en contra

En este punto, la asociación choca con la posición de la patronal española. El pasado martes, el presidente de Cepyme y muy probable sucesor de Juan Rosell al frente de CEOE, Antonio Garamendi, rechazó en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander la supresión de la prevalencia del convenio de empresa. “La empresa debe tener libertad para elegir su modelo de relaciones laborales”, defendió. Soler avanza que ESAP hará valer su “voz” en el seno de la CEOE, donde no es la única asociación, resalta, que defiende los convenios sectoriales.

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También ve con buenos ojos el presidente de ESAP los cambios introducidos en la Ley de Contratos del Sector Público, que desde el pasado mes de marzo obliga a los adjudicatarios de concursos a respetar las condiciones laborales de los convenios del sector. La norma pretende acabar así con la precariedad que se ha instalado, sobre todo, en las empresas de seguridad privada de bajo coste, que han copado los concursos públicos desde la reforma laboral ofertando con sus convenios de empresa salarios hasta un 40% inferiores a los del convenio sectorial. En su momento, esa ley también dividió a las asociaciones integradas en la CEOE.

Sin embargo, ESAP rechaza que se cambie el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la subcontratación. En enero de 2017, el PSOE presentó una proposición de ley para garantizar la equiparación salarial y de condiciones laborales de los trabajadores de las subcontratas con los de las empresas contratadoras, que quedó bloqueada en el Congreso por el rechazo de PP y Ciudadanos. El nuevo Gobierno ya ha anunciado que la subcontratación es una de las cuestiones que está dispuesto a modificar. Los sindicatos lo apoyan. En cambio, Santiago Soler cree que “se está demonizando el artículo 42”, cuando a su juicio el problema está en el artículo 84.2, que establece la prioridad del convenio de empresa y ha servido para rebajar los salarios de los trabajadores y permitir el dumping empresarial.

Mientras se preparan los cambios en la reforma laboral, que puede dar al traste con una forma de hacer negocio basada en el capital humano de muy bajo coste, Adecco Outsourcing ya ha firmado con UGT y CCOO un convenio en el que la empresa se obliga a respetar las condiciones de los convenios sectoriales de los trabajadores que suministre a sus clientes.