Diésel un 28% más caro, luz barata y peajes urbanos: las claves de la propuesta fiscal 'verde' de los expertos
El grupo de expertos, presidido por Jesús Ruiz-Huerta Carbonell, que recibió el encargo del Ministerio de Hacienda para hacer una propuesta de reforma fiscal ya ha publicado sus conclusiones, plasmadas en el denominado Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria y disponible aquí. De las casi 800 páginas, más de 100 son dedicadas a la modificación de los impuestos ambientales: se trata de una de las grandes prioridades, puesto que España está en los puestos de cola de la recaudación verde en el país. De aplicarse, y en línea con lo exigido por la Unión Europea, se mandarán señales muy importantes al mercado: nos costarán más ciertos hábitos de consumo y será más barato y fácil apostar por alternativas más sostenibles.
En cifras: de aplicarse las sugerencias, la electricidad de los consumidores residenciales se abarataría un 5%, pero por otro lado la calefacción por gas natural subiría un 21%. un 15% los billetes de avión a destinos nacionales, otro 15% la gasolina 95 y un 27,76% el diésel. No son números definitivos, son estimaciones en base a múltiples variables, y los autores advierten: ni se puede hacer de golpe, ni se puede ignorar la delicada crisis energética actual, con el barril de Brent y el gas natural en máximos históricos.
"La conveniencia de adoptar las medidas fiscales enumeradas que se sugieren no ha de entenderse como prescripción de aplicación generalizada e inmediata pues debe tenerse en cuenta la coyuntura energética y económica. El Comité recomienda una actuación gradual que minimice los impactos socioeconómicos de cada una de las propuestas y garantice el cumplimiento de los compromisos medioambientales a medio plazo", dejan claro.
El comité de expertos entiende que la reforma fiscal en clave medioambiental es clave para hacer cumplir en el país el principio de "quien contamina, paga", la máxima de la política europea de los últimos años. No tenemos tiempo para revertir los peores efectos del cambio climático, recuerdan; por lo que es necesaria una actuación decidida que mande señales de mercado, incentivando ciertos consumos y desincentivando otros sin necesidad de la prohibición, y que genere arcas al Estado para afrontar la transición. Partimos en los últimos puestos de la parrilla de salida. "La deficiente tributación medioambiental española de las últimas décadas llevará a mayores costes de los necesarios para afrontar los numerosos problemas medioambientales", advierten los especialistas en fiscalidad.
Subir los impuestos a los carburantes, como proponen, es carne de polémica en el país. Insisten: no es para aplicar a corto plazo, ignorando la coyuntura actual y sin compensaciones que ayuden a aliviar el impacto a las clases bajas y las poblaciones más vulnerables. Pero debe ser más caro pasar por la gasolinera, argumentan, por los evidentes efectos del tráfico rodado movido por combustibles fósiles y, en especial, del gasóleo, tratado con deferencia en España durante las últimas décadas por una supuesta reducción en las emisiones del CO2 a cambio de un impacto en la salud pública de las ciudades. "España cuenta con un parque automovilístico envejecido y dieselizado, origen de importantes daños medioambientales y de otros costes externos", advierten, y consideran que es necesario "generar reducciones significativas de emisiones contaminantes y de un importante aumento de la recaudación".
El cálculo del 27,76% de aumento de precio para el diésel y un 15% para la gasolina proviene, en primer lugar, de la equiparación de los impuestos que se abonan por la adquisición de cada carburante, una medida propuesta por Hacienda y descartada en la negociación de los Presupuestos de 2021 por la presión del PNV. En segundo lugar, de una subida que se defiende para todos los combustibles fósiles. También para el gas natural que se usa en la calefacción, que aumentaría su coste un 15%. Y, en tercer lugar, por la probable entrada en funcionamiento del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, en tramitación en el Congreso, que gravará a las empresas energéticas, también las petroleras, para sufragar los gastos de más de 60.000 instalaciones de renovables.
Los expertos son conscientes de que son necesarias compensaciones porque, como analizó hace unos meses Ecodes, subir los impuestos al diésel puede tener un efecto regresivo: que paguen más los que menos tienen. Sin embargo, el Libro Blanco no se moja en la solución concreta. Una bajada de la electricidad vía impuestos, por un lado, podría ayudar a las rentas más bajas; pero también se barajan inyecciones directas de renta; de 52 euros al año por hogar, teniendo en cuenta los aumentos de todos los combustibles, o de 17 euros por hogar rural si se tiene en cuenta que estas zonas, más dependientes del coche, son las que podrían sufrir con mayor intensidad.
Los autores del Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria son más contundentes con las medidas a tomar en el sector eléctrico, abogando por la supresión o modificación de dos de los impuestos ya paralizados o rebajados temporalmente por la crisis energética: el Impuesto sobre el Valor de la Producción Eléctrica, del 7%, que se aplica a las compañías: y el Impuesto Especial de Electricidad, del 5%.
Con respecto al gravamen a los generadores, el Libro Blanco defiende eliminarlo; y que el IEE, que sí abonan a los consumidores, pase a gravar la parte de energía consumida, y no el total de la factura, para que los que más consumen paguen más. "El intenso impacto de ambas propuestas tributarias sobre los precios de la electricidad será suficiente, desde el punto de vista de este Comité, para lograr los objetivos deseados de electrificación", concluyen.
Los expertos aseguran que la iniciativa podría incluso aumentar las emisiones, porque una luz más barata desincentiva el ahorro y la eficiencia, y una bajada de la recaudación; pero ambos efectos negativos son compensados por otras propuestas. No se puede apretar en todo y la electrificación de la economía es esencial para la transición. Además, la electricidad se usará, en base a los planes climáticos, para calentar la casa si se descarta el gas, para moverse en vehículo privado si el diésel sube: entienden que es necesario fomentar en vez de castigar.
El análisis realizado por los expertos convocados por el Ministerio de Hacienda añade que la actual configuración de los tributos ambientales no es suficiente para atajar el grave problema de calidad del aire en las ciudades españolas, aunque se castigue al gasóleo o se implanten zonas de bajas emisiones en los núcleos urbanos. Defienden el pago por el uso de las autovías, que mediante el uso de dispositivos que calculen las distancias recorridas y cobren 0,01 euros por kilómetro en caso de los vehículos pesados. Además, proponen un peaje urbano que grave a quien quiera entrar con su coche al centro, variable según el nivel de congestión. Si hay más atascos, se paga más.
"Un tributo de estas características reduciría, mediante incentivos económicos, los viajes innecesarios y generaría importantes beneficios a los usuarios que realmente necesitan acceder a las zonas congestionadas". La medida podría ser regresiva, pero lo recaudado podría destinarse a mejorar el transporte público, aseguran. Londres y Singapur han tomado medidas similares con un descenso abrumador de la contaminación, defienden.
La subida de los impuestos al diésel afectará más al rural y a la clase media sin medidas compensatorias
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La aviación no se salva. Los especialistas proponen incluir tasas tanto para los billetes de avión, que subirían un 15% los precios en caso de los vuelos nacionales y un 7% en los internacionales, como para el combustible que utilizan la inmensa mayoría de aparatos: el queroseno, altamente emisor, actualmente sin tasar en la Unión Europea y uno de los principales objetivos de la Comisión en su particular revisión de la fiscalidad verde. Proponen empezar con una tasa del 1%, que añadiría un 7% de encarecimiento, y terminar el proceso con un impuesto de 10 euros por cada gigajulio consumido, que casi duplicaría el coste del pasaje. Pero es improbable que el Gobierno español aborde este impuesto sin ir de la mano del club comunitario.
El tratamiento de residuos también necesita una revisión, así como la gestión hídrica: no solo por el posible impacto ambiental de la contaminación del agua, sino para incentivar el ahorro en tiempos de escasez que irán a más por el efecto del cambio climático. Los expertos proponen tasar el consumo de agua subterránea para el regadío, lo que puede tensar aún más las relaciones entre un Ministerio para la Transición Ecológica que insiste en que la contención es necesaria ante la sequía y unos regantes que piden consumir más, jaleados por una derecha que niega las dificultades estructurales para proveerles del recurso.
Los expertos son conscientes de que "los impactos distributivos evaluados suelen ser regresivos", pero recuerdan que "las simulaciones apuntan que la introducción de compensaciones dirigidas a los grupos de menores rentas puede revertir esta situación con un empleo reducido de la recaudación obtenida". Con ayudas directas o con las ventajas indirectas que el grueso de la población, pero sobre todo los más vulnerables, podrían obtener de un aire más limpio, de un impacto climático más suave, de un transporte público rápido y eficiente o de una casa rehabilitada con fondos públicos que no necesita tanto gas, porque se aísla sola del frío. La comunicación y la insistencia en esas correcciones será clave para evitar a los temidos chalecos amarillos.
