Francisco González se embolsó 32 millones de euros como presidente del BBVA desde 2012

El consejo de administración del BBVA ha cobrado 89,47 millones de euros desde 2012. De esa cantidad, 32 millones se los ha llevado su presidente, Francisco González. Además, los 12 consejeros del banco –excluido González– tienen derechos acumulados en materia de pensiones por importe de 18,34 millones, según consta en el informe anual de retribuciones que el BBVA ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La entidad financiera suma unos beneficios de 16.158 millones en los últimos seis años.

Las retribuciones, tanto del consejo de administración como de su cúpula directiva, se componen de una parte fija y otra variableotra variable. Esta última depende de los resultados de la entidad en cada ejercicio. Además, el banco realiza aportaciones a planes de previsión para sus consejeros y altos directivos, para cubrir su jubilación, o las contingencias de fallecimiento e invalidez. Finalmente, les contrata seguros médicos y de accidentes.

Los mayores emolumentos corresponden a los consejeros ejecutivos de la entidad: el presidente, Francisco González; su consejero delegado, Carlos Torres, y el director de Economía Global, Regulación y Relaciones Públicas, José Manuel González-Páramo. Los dos primeros cobran un 45% de retribución fija y un 55% de retribución variable, vinculada al cumplimiento de objetivos. González Páramo, un 70% de remuneración fija y un 30% de variable.

Así, Francisco González ganó el año pasado 2,47 millones de euros de sueldo fijo, 1,45 millones de retribución variable y 1,84 millones más en acciones. El banco también le pagó 16.000 euros por un seguro médico y de accidentes.

Carlos Torres fue nombrado consejero delegado en mayo de 2015. Desde entonces, se ha embolsado un total de 13,13 millones de euros, una cantidad a la que se suman los 17,5 millones de euros que tiene acumulados en su plan de pensiones. En el cargo sustituyó a Ángel Cano, que recibió una pensión de 45,2 millones de euros después de que el BBVA aportara 19 millones adicionales tras su cese, tal y como tenía pactado en el contrato en caso de jubilación anticipada. Desde 2012 hasta su destitución, Cano –que fue nombrado consejero delegado en 2009– ingresó 12,62 millones de euros en retribuciones.

Finalmente, González-Páramo, que fue fichado como consejero ejecutivo en mayo de 2013, ha percibido desde entonces retribuciones por valor de 5,65 millones de euros, mientras que acumula derechos para su pensión por importe de otros 1,35 millones.

En conjunto, y sólo este último ejercicio, los 13 consejeros del BBVA ingresaron un total de 16,5 millones de euros, de los que 12,33 millones corresponden a retribuciones en efectivo y 4,17 millones fueron repartidos en forma de acciones. En la primera cantidad se incluyen 343.000 euros en seguros médicos y de accidentes. Además, en 2017 el banco hizo aportaciones a los planes de pensiones de sus consejeros por importe de 2,24 millones de euros.

Blindajes, pactos de competencia, 'clawback'

Mención aparte merecen los estipendios de la alta dirección del banco, que integran 15 grandes ejecutivos, desde el director de Auditoría Interna hasta los responsables de Finanzas, Gestión Global de Riesgos, Banca Corporativa y de Inversiones o los directores de BBVA España y BBVA México. En conjunto, han percibido 116,18 millones de euros desde 2012, de los que 684.000 euros corresponden a las primas de sus seguros médicos. Además, acumulan 55,68 millones en planes de previsión social –jubilación, fallecimiento e invalidez–.

La cúpula directiva del BBVA cuenta también con un fuerte dispositivo de blindaje. Los 15 máximos ejecutivos, así como otros 45 técnicos y especialistas, incluyen en sus contratos el pago de una indemnización en caso de ser despedidos, por una cuantía que no se precisa pero que depende de su retribución y antigüedad, siempre que el cese no se deba a un incumplimiento grave de sus funciones o por motivos disciplinarios.

En el caso de Torres y González-Páramo, ambos disfrutan además de una cláusula de no competencia: no podrán fichar por otra entidad financiera durante los dos años posteriores a su marcha del BBVA, lo que les hace acreedores de una remuneración por importe equivalente a su sueldo fijo anual multiplicado por dos.

En contrapartida, el BBVA impone dos cláusulas de recorte–malus– y devolución –clawback– de las remuneraciones variables malusclawbackde sus máximos responsables, incluidos los tres consejeros ejecutivos. Es decir, si el banco o una de sus divisiones, obtiene malos resultados por “conductas irregulares, fallos en la gestión o reformulación de las cuentas anuales”, los gestores deberán reducir o incluso devolver las cantidades que cobraron. Además, para evitar comportamientos de riesgo entre sus ejecutivos, el 40% de la retribución variable se paga en el primer trimestre del año siguiente y el 60% se difiere durante cinco años. Finalmente, ni González ni Torres ni González-Páramo pueden vender sus acciones hasta un año después de haberlas recibido.

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Tres mujeres en el consejo de administración

En el consejo de administración del BBVA se sientan sólo tres mujeres. Belén Garijo López, que preside la comisión de retribuciones del banco y es la responsable de la división salud de la farmacéutica Merck; Lourdes Máiz Carro, directora de la asesoría jurídica de Iberia, y Susana Rodríguez Vidarte, exdecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Deusto. Las dos primeras son consejeras independientes y la última, consejera externa. Por tanto, no tienen derecho a plan de pensiones, pero sí a un seguro médico. Belén Garijo cobró 292.000 euros en 2017, Lourdes Máiz se llevó 279.000 y Susana Rodríguez Vidarte, que es la consejera más antigua sin contar a Francisco González y a José Maldonado Ramos, ganó 456.000 euros.

En su informe anual de gobierno corporativo, el BBVA anuncia que en la junta general de accionistas de este año someterá a votación el nombramiento de una consejera más. Se trata de Ana Peralta, consejera de Deutsche Bank. Como también propondrá otros dos nuevos consejeros, el exgobernador del Banco de España Jaime Caruana y Jan Verplancke, responsable tecnológico del británico Standard Chartered Bank, la entidad pasará de 13 a 15 miembros en su máximo órgano de control. Así, aumentará del 23% al 26,6% su porcentaje de consejeras, y se acercará, destaca, al 30% en que debe situarse la participación femenina en 2020 según las normas de buen gobierno en España. La media de mujeres en las empresas del ÍBEX 35 es aún de sólo el 19,7%.