El Gobierno ampliará los beneficios del Sistema Nacional de Garantía juvenil a todos los parados menores de 30 años

Este miércoles se reunirá la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, encargada de preparar lo asuntos que aprueba el Consejo de Ministros. El jueves lo hará la Comisión Delegada del Gobierno. Y el viernes quizá vea la luz otro de los decretos sociales del Ejecutivo, uno que incluya la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, así como incentivos a la contratación indefinida de parados de larga duración y trabajadores agrarios fijos-discontinuos, también cambios en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Todo depende de esas dos reuniones y de que el Gobierno considere que sus iniciativas no quedan eclipsadas por la jornada de reivindicación feminista del 8Mla jornada de reivindicación feminista del 8M.

Mientras, el decreto que derogará parte de la reforma laboral de 2012 seguirá haciéndose esperarreforma laboralseguirá haciéndose esperar, pendiente aún de las negociaciones que el PSOE mantiene con el resto de los grupos parlamentarios a fin de conseguir su convalidación en la Diputación Permanente del Congreso.

Respecto al subsidio para parados mayores de 52 años, el último borrador de decreto que maneja el Ejecutivo devuelve esta ayuda no contributiva a la edad exigida antes de la reforma de 2012, cuando se retrasó hasta los 55 años. También recupera la base de cotización del 125%, que paga el SEPE por el desempleado y que la reforma del PP bajó hasta el 100%. Igualmente se elimina la restricción que incluía a cónyuges e hijos en el cálculo de la renta mínima permitidala renta mínima permitida para acceder al subsidio. A partir de ahora, volverá a considerarse sólo la renta del desempleado, que no puede superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional.

Otra limitación que desaparecerá se refiere a que los beneficiarios del subsidio podrán seguir cobrándolo hasta los 63 años, si es que cumplen los requisitos de cotización para jubilarse de forma anticipada, cuando antes dejaban de hacerlo a los 61 años.

Incentivos a la contratación

Además, el Gobierno quiere incentivar la contratación indefinida de los parados de larga duración, aquellos que llevan sin trabajo más de un año, bonificando las cuotas a la Seguridad Social que pagan las empresas por ellos: tendrán descuentos de 1.300 euros anuales durante los tres primeros años del contrato, 1.500 euros si emplean a una mujer. A cambio, deberán mantenerlos en el puesto al menos cinco años y no recortar plantilla durante al menos dos años.

También se estimulará con descuentos en las cuotas la conversión de contratos temporales en fijos o fijos-discontinuos para trabajadores agrarios. La medida tiene una fecha tope, el 1 de enero de 2020. Para ingenieros y licenciados, las bonificaciones serán de 480 euros al año durante dos años, 640 euros si el beneficiado es una mujer, siempre que trabajen durante todo el mes y su base de cotización mensual sea inferior a 1.800 euros. En caso de que coticen por jornadas reales trabajadas y su base de cotización diaria no supere los 81 euros, la bonificación será de dos euros al día durante dos años, 2,66 euros si es una mujer. Para el resto de los grupos de cotización, de ingenieros técnicos a peones y menores de 18 años, el descuento deberá resultar en una cuota inferior a 88,15 euros al mes o cuatro euros por jornada real trabajada; o inferior a 58,77 euros o 2,68 euros por jornada si el beneficiado es una mujer.

Cambios en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil

El Ejecutivo quiere cambiar el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, uno de los programas estrella del anterior Gobierno. La iniciativa, diseñada y financiada por la Unión Europea, beneficiará a partir de ahora a todos los parados menores de 30 años. Hasta el momento, asistía a los menores de 25 años y a quienes, entre los 25 y los 30 años, tuvieran una discapacidad igual o superior al 33%. Igualmente se suprime la limitación que permitía el acceso de los parados de 25 a 30 años mientras que la tasa de desempleo en ese intervalo de edad no bajase del 20%. En la última Encuesta de Población Activa (EPA) de 2018, la tasa se situaba ya en el 19,67%, por lo que, si no se cambiaba la ley, este grupo dejaba de beneficiarse del sistema.

Además, dejarán de causar baja automática en el sistema los inscritos que rechacen alguna de las medidas –cursos, cualificación profesional, un empleo– que se les ofrezcan. Y se concentra la coordinación y seguimiento del programa juvenil en el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, donde están representados, además de la Administración del Estado y las comunidades autónomas, los sindicatos y la patronal. Hasta ahora esa función la desempeñaba la Conferencia Sectorial de Empleo, donde sólo se sientan comunidades autónomas y Administración del Estado.

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La eficacia del Sistema de Garantía Juvenil ha sido puesta en entredicho desde su puesta en marcha, en 2014, por los sindicatos y las instituciones. Tanto la Comisión Europea, en octubre de 2016, como el Tribunal de Cuentas de la UE en abril de 2017 advirtieron de que no estaba “a la altura de las expectativas iniciales”. Por ejemplo, sólo el 29,6% de los inscritos consiguieron un empleo gracias a él en 2016: 120.081 menores de 29 años que estuvieron dados de alta en la Seguridad Social en algún momento durante ese ejercicio. Según las cifras que maneja el organismo público, en 2015 únicamente 3.051 contratos indefinidos se beneficiaron de los incentivos incluidos en el sistema. En 2016 se elevaron a 14.774.

Dotado de 6.400 millones de euros hasta 2020, el Sistema Nacional de Garantía Juvenil consiste en que cada país de la UE debe garantizar a los menores de 29 años “una buena oferta de empleo adecuada a su formación, capacitación y experiencia, o una oferta de formación para encontrar un puesto de trabajo en el futuro”, bien sea un curso, ciclos de Formación Profesional, un contrato en prácticas o de aprendiz. Y la oferta debe hacerse en un plazo de cuatro meses tras terminar los estudios o quedarse en el paro. En estos momentos los jóvenes inscritos superan el millón, pero los resultados nunca han sido satisfactorios ni para los sindicatos ni para el propio Gobierno, que ha intentado mejorarlo a lo largo de los últimos años.

Finalmente, el Ejecutivo ha prorrogado un año más las bonificaciones el 50% de las cuotas a la Seguridad Social que pagan las empresas del sector turístico que sigan activas durante la temporada baja, los meses de febrero, marzo y noviembre, manteniendo en alta a sus trabajadores fijos-discontinuos. Se trata de una medida que fue incluida en la reforma laboral de 2012 que ha sido prorrogada cada año desde entonces.