Conseguir un trabajo estable y para toda la vida es un objetivo que suele fijarse, en la mayoría de los casos, pasando por una oposición. Es el plan que había trazado Elisa González cuando, después de varias décadas como interina de integración social en la Comunidad de Madrid, decidió presentarse a un proceso de estabilización en junio de este año. Cuenta que tras aprobar el examen, se les solicitó que aportasen los certificados que avalan sus años de trabajo. Después de presentarlos, descubrió –en la publicación de las listas de admitidos– que esa experiencia no se había contabilizado por un error en la emisión de los certificados de servicios prestados que expide la administración madrileña. “Llevo 11 años trabajando en el mismo centro y mi antigüedad en los papeles es cero”.
Los integradores sociales trabajan con alumnos con necesidades especiales en centros públicos. Su trabajo se centra en dar apoyo a jóvenes y niños con algún tipo de discapacidad que acuden a centros no adaptados. “Hay desde discapacidades motoras, hasta niños que no son capaces de comunicarse oralmente, con autismo o con problemas de socialización”, apunta. La paradoja es que trabajadoras como Elisa cobran trienios por antigüedad, pero sobre el papel, ahora mismo, no tienen experiencia profesional que les ayude a subir su media para conseguir una plaza definitiva. "Trabajamos con niños muy sensibles, muchas veces si faltamos un día se alteran o lo pasan mal porque somos su persona de referencia", explica.
Su aventura burocrática comenzó en la fase de concurso del proceso de oposición: “Nos llegó un certificado donde ponía Técnico I, pero no se especifica la especialidad de integrador social. Lo adjuntamos con nuestros cursos y resultó que no era válido y que tampoco podíamos reclamar”, puntualiza. El error, explican desde el sindicato CGT, está en la expedición de los certificados y en el método con que se han calculado sus notas: "Hay gente con el certificado sin errores, que no tiene méritos y gente con el certificado mal que si tiene puntos en los méritos”. Por el momento, han podido solicitar de nuevo sus certificados corregidos, pero la administración ya no les permite incluirlos en sus solicitudes.
En el caso de Laura Martínez, que lleva empleada en la administración educativa madrileña desde 2011, el proceso fue similar. “Hago el examen, apruebo y luego me dicen que incluya méritos para la fase de concurso. Cuando salen las listas y las consulto, veo que tengo cero puntos de experiencia y que no hay plazo para subsanar errores”, concluye. "Lo que estamos pidiendo es que nos den un plazo de alegaciones antes de que la lista oficial sea publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid", apunta Martínez.
En la respuesta escrita que Función Pública les ha dado a algunas de las afectadas, argumentan que los cauces legales del proceso se han respetado y que "las propias personas interesadas que han ido remitiendo quejas o reclamaciones al respecto, reconocen que los certificados presentados para su valoración no recogían expresamente la categoría profesional". Sobre el error en los documentos, concretan que no les consta que haya existido ninguna incidencia en la expedición de los certificados de servicios prestados que emite la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.
Acabar con la temporalidad
Los procesos de estabilización que lanzan las comunidades se ponen en marcha para cumplir con la Ley 20/2021, que busca reducir la temporalidad en el empleo público en España. En el caso de los integradores sociales de la comunidad de Madrid, el error afecta a más de 600 trabajadores, de acuerdo con el sindicato CGT. "Mandamos cientos de escritos por registros, a función pública y al tribuna. La respuesta fue silencio", explica González. La alternativa que se les ofrece ahora mismo, puntualiza Martínez, es acudir directamente a una demanda judicial en un plazo de dos meses.
Ese es el proceso en el que se encuentra Olga Rodríguez. Explica que tras siete años en centros de la Comunidad de Madrid, en su apartado de experiencia previa en las listas aparece a cero. "No queremos pasar por encima de otros compañeros, solo que se nos reconozca nuestro trabajo tras años como interinos. Queremos que el proceso sea transparente, nada mas", concluye. Rodríguez cuenta que tienen como plazo para demandar hasta el 28 de diciembre y que lo harán tras haber agotado todas las vías: "Tratamos de llamar, de explicar el error a la administración, pero fue inútil". Su abogado, Guillermo Media, explica que aún están poniendo en marcha el proceso: "Vamos a intentar que a mi clienta se la bareme adecuadamente y pedir, como medida cautelar, la paralización del proceso", concluye.
Las consecuencias de no poder sumar sus puntos de experiencia llevará a muchos interinos a perder su puesto actual y volver a las bolsas de trabajo. "Hay muchos más candidatos que puestos, así que mucha gente se quedará sin trabajo pese a tener años de experiencia", explican desde CGT. "Mi idea era estabilizarme después de media vida trabajando, buscar un centro cerca de mi domicilio", concluye González. La estabilidad, de nuevo, parece que tendrá que esperar.
Conseguir un trabajo estable y para toda la vida es un objetivo que suele fijarse, en la mayoría de los casos, pasando por una oposición. Es el plan que había trazado Elisa González cuando, después de varias décadas como interina de integración social en la Comunidad de Madrid, decidió presentarse a un proceso de estabilización en junio de este año. Cuenta que tras aprobar el examen, se les solicitó que aportasen los certificados que avalan sus años de trabajo. Después de presentarlos, descubrió –en la publicación de las listas de admitidos– que esa experiencia no se había contabilizado por un error en la emisión de los certificados de servicios prestados que expide la administración madrileña. “Llevo 11 años trabajando en el mismo centro y mi antigüedad en los papeles es cero”.