La parálisis económica provocada por la pandemia destruyó 800.000 puestos de trabajo en marzo y abril, según revela el descenso en el número de afiliados a la Seguridad Social. Un 4,1% del empleo, por tanto, desapareció en dos meses de confinamiento y cierre de empresas. De ellos, 158.000 corresponden a la Comunidad de Madrid, zona cero del coronavirus. Aunque el daño se ha repartido de forma desigual entre sus municipios, en muchos la pandemia ha causado auténticos destrozos. De hecho, en el 70% la pérdida de empleo ha superado esa media nacional del 4,1%. Un 20% de los municipios más que la duplican. En Fuenlabrada la destrucción de puestos de trabajo alcanza el 7,8%; en Arroyomolinos, el 8,3%; en Parla, el 6,5% y en San Sebastián de los Reyes, el 6,1%. Todas las grandes ciudades que rodean la capital han sufrido más que ella –4,7%–, desde Alcalá de Henares hasta Pinto, pasando por Torrejón de Ardoz o Móstoles y Getafe, que han superado el 5%.
Un poco más lejos, la pandemia se ha llevado por delante el 9,4% del empleo en Brunete y el 8% en Chinchón o el 9,8% en Soto Real. Y en otros municipios más pequeños, y más dependientes del turismo, la pérdida de puestos de trabajos se mide con doble dígito: nada menos que un 17,1% en Patones o un 12,5% en Rascafría. El récord, no obstante, se lo lleva Valverde de Alcalá, un pueblo de sólo 430 habitantes en el este de la Comunidad que ha perdido a 16 de sus 57 ocupados, un 28%.
La foto que dejan las cifras del paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tampoco es mucho más favorecedora: casi la mitad de los municipios –un 40,5%– sufrió un aumento del desempleo superior al 15% en dos meses. En 23 de ellos, el número de parados se disparó por encima del 20%, de nuevo por encima de la media nacional de destrucción de empleo, que alcanzó el 18%. La diferencia entre las cifras de caída de la ocupación y paro registrado se explica porque no todos los que pierden su trabajo se inscriben en las oficinas de los servicios de empleo, y otros tampoco siguen buscando, pasan a ser inactivos, o se jubilan.
En Móstoles el paro registrado creció un 13% en abril, cinco puntos porcentuales por encima de la media nacional. “Tenemos todos los elementos para que el bofetón haya sido importante”, resume Gabriel Ortega Sanz, concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento mostoleño. La ciudad, de casi 210.000 habitantes, es una de las grandes del cinturón sur de la Comunidad y sufre con ellas el mismo “desequilibrio territorial estructural”, asegura Ortega Sanz. También ha padecido el desmontaje de la industria común a toda la zona: están rodeadas de polígonos industriales nacidos en los 80 y dedicados al almacenaje y la distribución, mientras que las actividades de mayor valor añadido, describe el edil, se van a la capital. El 70% de sus empresas son pequeños comercios, y microempresas. Hostelería y ladrillo, resume. La renta disponible por habitante es de 20.147 euros –en la capital se eleva hasta 30.096, según datos del INE–, como resultado de todo lo anterior y de otras especificidades laborales. “El 40% de las trabajadoras domésticas de la capital y del noroeste de la Comunidad residen en Móstoles, Leganés y Fuenlabrada”, cita el concejal un informe de CCOO. Los servicios sociales del Ayuntamiento atienden a unos 25.000 usuarios después de que la pandemia haya disparado un 138% la presión asistencial sobre ellos.
En Collado Villalba, situado en la otra punta de la Comunidad, en la sierra noroeste, el paro se disparó aún más en marzo y abril, un 18,76%. Con 63.680 habitantes, en el municipio abundan las segundas residencias de propietarios procedentes de la capital y la dependencia económica de la hostelería es aún mayor. Porque también en Collado Villalba los polígonos industriales están copados por empresas mayoristas de la construcción y la alimentación. La única industria del municipio, Material Auxiliar de Electrificaciones (MADE), luego rebautizada como Forjenor y que provee de piezas metálicas a factorías automovilísticas, llegó a tener más de 2.000 trabajadores en los años 80, de los que ahora sólo quedan 176, cuenta el concejal Gonzalo Díaz. Comprada por el grupo alemán Hay en 2014, éste pasó cuatro años después a manos de un conglomerado japonés, Musashi. La factoría está parada como consecuencia de un ERTE y el miedo al cierre es tan real como el que ha terminado con Nissan en Barcelona.
En el núcleo urbano de Collado el ánimo tampoco es festivo. Antes de la pandemia ya habían bajado la persiana en el centro del pueblo unos 16 comercios, explica Díaz, tras el proyecto municipal de trasladar el mercadillo del pueblo al polígono industrial. A su alrededor crecían un buen número de tiendas que ahora, con la desescalada, puede que tengan un motivo más para no volver a abrir, advierte el edil.
En Arganda del Rey, situada en el sureste de la Comunidad, el paisaje se repite: tiene el segundo polígono industrial de mayor extensión tras el de Cobo Calleja –famoso por ser el punto de distribución mayorista de los comercios regentados por ciudadanos chinos en Madrid– pero, al igual que en Móstoles y Collado Villalba, está ocupado principalmente por pequeñas y medianas empresas de la construcción y los servicios. “Como la mayoría no son sector esencial, han tenido que cerrar, así que el municipio ha resultado muy afectado”, lamenta su alcalde, Guillermo Hita (PSOE), quien también preside la Federación de Municipios de Madrid. Con 55.390 habitantes, Arganda tiene una tasa de 221,31 extranjeros por cada 1.000 habitantes, la más alta de estos tres municipios y casi el doble que Móstoles, y una renta disponible per cápita de 20.421 euros, de las más bajas de la Comunidad, destaca Hita. El paro aumentó un 13% en los dos meses de paralización económica.
“Lo primero debe ser que nos dejen gastar el dinero del superávit”“
“Parece que los ayuntamientos han desaparecido de la gestión de la pandemia, cuando deberían ser fundamentales: es el primer sitio al que se dirigen los ciudadanos si tienen problemas”, protesta Gabriel Ortega desde Móstoles, “pero sólo se habla de las comunidades autónomas”. Guillermo Hita reconoce que, aunque los ayuntamientos no tienen competencias directas en empleo, “sí que están acostumbrados a hacer lo que hay que hacer”. De hecho, los tres municipios están aplicando medidas similares para estimular la reactivación económica y proteger los puestos de trabajo. Han bonificado el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y reducido el IBI este año y el próximo. En Collado Villalba, por ejemplo, un 50% este ejercicio y un 25% en 2021. El problema, apunta el concejal Gonzalo Díaz, es que de las 500 empresas que lo pagan en el municipio, las seis primeras son grandes firmas de la distribución, desde Carrefour hasta Mediamarkt, que se han llevado 400.000 de los 600.000 euros bonificados. “Por un lado, es pegarse un tiro fiscal en el pie y, por otro, la ayuda no llega a los que más lo necesitan, los pequeños empresarios, los que más empleo crean dentro del municipio”, lamenta.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha pedido al Gobierno un fondo de 7.725 millones de euros no reembolsables para impulsar la recuperación tras la pandemia. También que permita a los consistorios disponer de los muchos millones de euros que tienen ahorrados de ejercicios anteriores, el superávit que la llamada Ley Montoro no les permite tocar excepto para pagar la deuda municipal y las denominadas inversiones financieramente sostenibles. Según sus cálculos, en ochos años consecutivos, han acumulado un remanente de casi 43.000 millones de euros.
La FEMP también quiere que el Gobierno autorice a los municipios a gastar en áreas como empleo o educación, pese a no tener competencias directas, para desarrollar “políticas propias o complementarias de otras estatales o autonómicas”. Y que no se consideren subvenciones las prestaciones sociales a personas y familias en situación o riesgo de emergencia social. Además, los ayuntamientos pretenden recuperar los contratos temporales de inserción, una figura creada en 2001 y derogada en 2006, con la que las administraciones públicas podían emplear a parados para hacer “obras y servicios de interés general y social”. En estos contratos el SEPE pagaba las cotizaciones a la Seguridad Social. Finalmente, con el superávit acumulado los municipios plantean sufragar gastos sociales extraordinarios y los gastos de personal necesarios para prestar servicios de limpieza, seguridad o desinfección dirigidos a “atender a la población más vulnerable”.
Por el momento, las entidades locales saneadas sólo han obtenido 67 millones de euros del llamado Fondo de Impulso Económico, que la FEMP quiere ampliar para cubrir servicios sociales. Otros 274,61 millones se destinarán a dotar de liquidez a los ayuntamientos con problemas financieros.
“A Móstoles le han caído 643.000 euros de los 300 millones que el Gobierno ha liberado a los ayuntamientos y que se podrán gastar en inversiones sociales”, explica Gabriel Ortega, quien los califica de “insuficientes”. A Collado Villalba le llegarán 246.000 euros, añade Gonzalo Díaz. “Lo primero debe ser que nos dejen gastar el dinero del superávit, que algunos ayuntamientos tienen depositados un banco”, reclama por su parte Guillermo Hita, contrario a subir impuestos en plena crisis económica.
Collado Villalba, por ejemplo, tiene 15 millones de euros de remanente de tesorería, asegura Gonzalo Díaz. En Móstoles, sólo en los dos últimos ejercicios, el superávit asciende a 14 millones, precisa Gabriel Ortega. “Si pudiéramos gastar aunque sólo fuera la mitad, sería una transformación revolucionaria, porque siete millones es más que el presupuesto de la Concejalía y un poco menos que la de Servicios Sociales”, destaca. El superávit de Arganda del Rey alcanza los cuatro millones de euros, aporta Guillermo Hita. Los tres suman 33 millones.
Sin derechos de participación en los ingresos autonómicos
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Además, la Federación de Municipios de Madrid, continúa el alcalde socialista, ha pedido a la Comunidad un fondo de contingencia, también con partidas no reembolsables, pero aún no ha recibido respuesta. Porque, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, los municipios de Madrid carecen de derechos de participación en los ingresos autonómicos. No están incluidos en su Estatuto de Autonomía. En Cataluña, por el contrario, la Generalitat concede ayudas directas a los municipios. “Aquí eso no existe, sólo hemos tenido el Plan Prisma”, indica el Gabriel Ortega, un esquema de 700 millones de euros que a partir de 2011 fue sustituido por el Plan de Inversión Regional. “Pero en Móstoles llevamos cinco años esperando al Plan Prisma”, se queja. A su juicio, en España hay un “enorme vacío” en materia de financiación local, –“en Madrid no ha habido tiempo en 25 años para aprobar una ley al respecto”– por lo que los fondos destinados a los ayuntamientos “quedan a discrecionalidad del color político”, denuncia.
Mientras esperan los millones del Gobierno, de las comunidades autónomas e incluso de la UE, los alcaldes están negociando pactos locales por el empleo con los sindicatos y las patronales de sus municipios. Medidas sociales, de reactivación económica y promoción empresarial, así como fiscales, están sobre la mesa de las pequeñas competencias locales. Desde eximir del pago de cuotas a los autónomos hasta eliminar la tasa de ocupación de las terrazas durante un par de ejercicios. Gonzalo Díaz advierte de que no son soluciones “muy imaginativas”. Gabriel Ortega piensa más en el largo plazo: “El problema en Móstoles es que no hay un modelo de ciudad”. A continuación, menciona un proyecto de “reindustrialización verde” que proporcionaría empleos de más calidad, otro a fin de desarrollar la asistencia domiciliaria para los mayores de 65 años, también inversiones en rehabilitación energética de viviendas o la remunicipalización de servicios que han sido subcontratados con empresas privadas.
Pero sin financiación suficiente, y con la caída de ingresos tributarios que se avecina por culpa de la paralización económica, el temor de todos es que los ayuntamientos vayan a colapsar “justo cuando hay más necesidades de inversión que nunca”.