Fue alcalde de Móstoles por el PSOE, el municipio más grande de Madrid después de la capital. Se fajó en la oposición, desde donde se opuso a la venta de viviendas sociales a fondos buitre. De 2015 a 2018 estuvo al frente de la Corporación, cargo que dejó voluntariamente para recalar a comienzos de este año en el Ministerio de Transportes. José Luis Ábalos le convirtió en el cargo más alto del Gobierno con competencias en vivienda. Y David Lucas (Madrid, 1968) se mueve rápido estos días para que triunfe el Plan 20.000, la construcción de dos decenas de miles de alquileres asequibles en suelos que pertenecen al Estado. Lucas recibe a infoLibre en su despacho del ministerio.
PREGUNTA: ¿Es la okupación un problema en España?
RESPUESTA: El mayor problema que yo veo es la cantidad de gente que no tiene vivienda, no la okupación. Eso nos preocupa, garantizar viviendas dignas a precios asequibles. ¿Que hay circunstancias puntuales y se produce okupación de casas, mafias organizadas? Sí, por qué no. Pero me consta que el Ministerio de Justicia, Interior y la Fiscalía General del Estado se actúan para corregir esta situación.
P: ¿Cuál es la situación actual del acceso a la vivienda en España, en esta segunda ola de covid-19?
R: Hemos tomado una serie de medidas estos meses que han funcionado bien: paralización de los desahucios, prórroga automática de los contratos, moratorias y aplazamientos de las rentas, ayudas a través del Plan Estatal de Vivienda... Los últimos datos sobre alzamientos dicen que han caído más de un 90%. Y en paralelo, buscamos establecer acciones estructurales para garantizar este derecho constitucional: oferta pública de vivienda y protección de los parques públicos.
P: El límite para frenar los desahucios es el 31 enero de 2021. ¿Postergarán la fecha para que no se disparen?
R: El 30 de septiembre cumplía el plazo y lo ampliamos. Hay tiempo suficiente para valorar cómo evoluciona la pandemia.
P: El Banco de España acaba de presentar un informe sobre el comportamiento del mercado de la vivienda entre 2014 y 2019 que apunta a varios problemas: menos créditos para hipotecas, sueldos más bajos que hace 10 años, precios de alquileres en auge en determinadas zonas...informe sobre el comportamiento del mercado de la vivienda entre 2014 y 2019
R: Trabajamos en dos vías: incrementar las ayudas al alquiler y, sobre todo, aumentar la oferta pública de viviendas sociales. Tenemos un parque muy exiguo: solo el 2,5% de las viviendas en España son arrendamientos públicos asequibles, muy lejos de la media europea (9,5%) o del 30% que tiene Holanda. Soy consciente de que hay Comunidades Autónomas y ayuntamientos que trabajan en esa línea. No hemos sido capaces de resolver esto en los últimos 40 años.
P: ¿Cómo puede el ministerio hacer que se construyan alquileres sociales si la mayoría de las competencias en Vivienda recaen en administraciones autonómicas y locales?
R: Contamos con tres líneas de actuación dentro de lo que llamamos Plan 20.000: primero, que los recursos del Plan Estatal de Vivienda no son solo para ayudas al alquiler sino también para construir pisos sociales. Más de 3.000 viviendas están ejecutándose. Segundo, estamos trabajando con la Entidad Estatal de Suelo, Sepes, para que los suelos en manos del Estado, principalmente suelos del Ministerio de Defensa. Y tercero, como sucedió ayer [por el jueves 8 de octubre] en Barcelona: acuerdos con ayuntamientos para construir 3.600 viviendas sociales a precio asequible. El Ayuntamiento de Barcelona nos ha abierto la puerta en este sentido para futuros convenios. Impulsamos más de 20.000 viviendas.
P: ¿Incluidas las de la 'Operación Campamento' [un proyecto inmobiliario que lleva 15 años tratando de ver la luz] al sur de Madrid?
R: Sí. En total habrá 11.600 viviendas, de las que el 60% serán públicas. Hemos empezado a trabajar con el Ayuntamiento de Madrid y con el Ministerio de Defensa. Vamos a dar un impulso a la operación. El parque público total en España es de 290.000: solamente el Estado impulsa más de 20.000. Vamos en la dirección correcta.
P: Se dice que los promotores están menos interesados en construir alquileres sociales, por la menor rentabilidad. ¿Lo están constatando?
R: Definamos cuál es esa rentabilidad. Al hablar de viviendas sociales, el Estado pone el suelo, el Estado pone la urbanización y, bajo nuestra fórmula del derecho a superficie, los promotores ponen la edificación y la gestión de ese derecho durante X años. ¿Rentabilidades que favorecen la especulación, del 30% o 40%? Eso no se va a dar, pero sí se va a garantizar una rentabilidad lógica dentro de márgenes aceptables. Lo que tenemos claro es que las viviendas estarán debajo del precio de mercado.
P: Si no hay connivencia con las Comunidades Autónomas o los promotores no se interesan, ¿podría agravarse la situación?
R: Tenemos que asegurar que los derechos de superficie tengan la rentabilidad necesaria, no solo social sino también económica. La rentabilidad tiene que ser aceptable y no estamos inventando la rueda: en otros países esto ya se hace. No entendería que en España no se hiciera.
P: ¿Y aplicar el punto 2.9.3 del pacto de Gobierno, que contempla frenar subidas abusivas de alquileres en determinadas zonas?
R: Respeto absoluto por los pactos. Lo que sí diré: de marzo a hoy se ha producido una enorme distorsión en el mercado por efecto del covid-19, pero nos faltan datos sobre cómo se ha comportado la vivienda en las áreas más tensionadas, de cómo han funcionado los acuerdos entre arrendadores y arrendatarios, de cuántos pisos turísticos han pasado al alquiler tradicional... Necesitamos una radiografía clara de la situación. A partir de ahí, obraremos en consecuencia.
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P: ¿Qué le parece la nueva Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid, que apuesta por sustituir las licencias municipales por "declaraciones responsables"?
R: Soy muy respetuoso con las legislaciones de las autonomías. Solo digo que la acción que nosotros llevamos a cabo se fundamenta en torno a la función social de la vivienda, compaginada con el derecho a la propiedad. Abogamos por la protección de los parques públicos de vivienda, del suelo público y con no vender pisos sociales a fondos buitre. Cualquier otra opción al margen de esas realidades, ni las comparto, ni las visualizo ni las voy a defender.
Vengo de un ayuntamiento, las licencias urbanísticas son importantes... pero es que hay consistorios que tardan tres meses en concederlas y otros dos años.
Fue alcalde de Móstoles por el PSOE, el municipio más grande de Madrid después de la capital. Se fajó en la oposición, desde donde se opuso a la venta de viviendas sociales a fondos buitre. De 2015 a 2018 estuvo al frente de la Corporación, cargo que dejó voluntariamente para recalar a comienzos de este año en el Ministerio de Transportes. José Luis Ábalos le convirtió en el cargo más alto del Gobierno con competencias en vivienda. Y David Lucas (Madrid, 1968) se mueve rápido estos días para que triunfe el Plan 20.000, la construcción de dos decenas de miles de alquileres asequibles en suelos que pertenecen al Estado. Lucas recibe a infoLibre en su despacho del ministerio.