Los precios alimentarios han crecido un 15,4% en enero, respecto al mismo mes de 2022. Este porcentaje, desorbitado, es ligeramente inferior de lo que estimaba el INE hace un par de semanas, que era de 15,7%. Esa mínima rebaja de 0,3 puntos cabe atribuirla a la rebaja del IVA en los productos básicos. Toda la cesta de la compra se ha visto afectada por la inflación, provocada esencialmente por el terremoto en los mercados energéticos provocado por la invasión de Ucrania entre primavera y verano. La oleada ha llegado en los últimos meses a los supermercados.
“La razón fundamental está en que los componentes de los precios que controlan las empresas con poder de mercado”, explica Juan Laborda, profesor de Economía Financiera en la Universidad Carlos III de Madrid. “Hay literatura reciente y abundante sobre esto en EEUU. Las empresas de distribución están fijando precios por encima de los costes marginales. Son oligopolios con capacidad para hacerlo. Es lo que ya hemos visto con las entidades financieras y con las energéticas”, añade.
El economista añade dos causas más: la especulación en el mercado internacional de las materias primas y un retardo en el impacto de la caída de los precios energéticos en los precios alimentarios. Laborda se lanza a la piscina: “Tengo una tesis: yo creo que la inflación se va a desacelerar muy fuertemente y a final de año volveremos a niveles entre el 2% y el 4%”, explica, como consecuencia de ese impacto en la caída de los precios energéticos. Aunque de momento, esa bajada esté tardando en llegar.
Cuando se menciona el retardo de los precios energéticos, cabe destacar que los productos que están ahora en el supermercado se prepararon cuando los precios seguían altos. Los que se han elaborado en las últimas semanas, están en stock, a la espera de llegar a las estanterías de los supermercados. Estos, que han sufrido costes energéticos y de transporte cada vez más bajos, irán llegando a los supermercados en las próximas semanas y deberían tener precios más bajos. El quid de la cuestión es si los productores y distribuidores de la alimentación lo trasladarán igual de rápido que lo subieron.
“Cuanto más control de mercado, mayor control de precios”, resume Antonio Sanabria, que imparte Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. “El problema de concentración empresarial se ve muy claro en algunos sectores, como el de los lácteos. A esto, el profesor añade otros factores que también influyen, como las sequías que han encarecido el precio del aceite de oliva, o que el precio de la gasolina, que afecta fuertemente a la pesca, siga alto.
Subir rápido, bajar lento: el ejemplo de la banca y las energéticas
Cuando el profesor Laborda explica que el fenómeno de los precios de los alimentos se puede comparar a lo que ha pasado con los bancos, se refiere al fenómeno de subir rápidos los precios cuando toca, pero en el momento de bajarlos, hacerlo lento. Tras la subida de tipos de interés por el Banco Central Europeo, la banca española lo trasladó inmediatamente a los precios de las hipotecas. Sin embargo, a los clientes que tienen cuentas corrientes no se les ha subido la remuneración, pese a que deberían hacerlo. El hecho de que la banca española está muy concentrada, favorece esa posibilidad, algo que, según el profesor Juan Laborda, también pasa en la distribución de alimentación.
Laborda también lo relaciona con el traslado de las empresas energéticas que suministran electricidad y gas a los contratos: cuando subió el gas, el traslado a los nuevos contratos se hizo de manera inmediata. Ahora, que el precio del gas en los mercados internacionales está a niveles de diciembre de 2021, es mucho más difícil encontrar ofertas de luz y de gas a precios de aquellas fechas.
“En la alimentación hay cárteles con capacidad de fijar precios muy por encima de costes marginales. Esto tiene un impacto brutal sobre los precios, que va directo al beneficio. Aquí tiene que haber un organismo regulador fuerte que vele por la libre competencia. Que pongan fuertes multas.
Multas para frenar el monopoly de la comida
Esta situación no es inédita en España. En diciembre, que es el último dato europeo disponible, todos los países de la eurozona tenían una inflación alimentaria por encima del 10%. “Es un problema general en Europa. Esto se ve muy claro cuando juegas al Monopoly”, explica Antonio Sanabria. “Cuando empiezas la partida, todos los jugadores parten de una posición idéntica. Sin embargo, por azar, o los riesgos que asumen, hace que uno acabe dando el nombre del juego, que ostente el monopolio. En la práctica pasa lo mismo. Es la tendencia de concentración del capital”.
“El productor, cuanto más pueda subir los precios, más lo va a hacer, y a la vez se va a agarrar a lo que sea para no bajarlo. La competencia es muy buena para evitar la rigidez a la baja de los precios [el fenómeno explicado de subir rápido, pero bajar lento]. Cuanta más competencia, más está dispuesta la empresa a bajar los precios lo que pueda”, añade Sanabria. La CNMC es el organismo regulador encargado de evitar que esto pase. Es decir, que las empresas en sectores muy concentrados, no puedan acordar precios.
En diciembre, la CNMC anunció la apertura de expedientes sancionadores contra siete empresas distribuidoras de alimentos. Entre las prácticas que investigaba, estaba el intercambio de información comercialmente sensible y posibles acuerdos. La actuación contra los cárteles está entre las prioridades del organismo, por el grave impacto que tiene en los consumidores. El problema de base es lo difícil que resulta detectar estas prácticas.
“Detectar estas posiciones de dominio y de pacto de precios es muy difícil de detectar en la práctica. No vale con sospechar el abuso de mercado, hay que demostrar que se está fijando precios con la competencia”, explica Sanabria, que resalta un ejemplo positivo de control de precios. “Cuando entró en vigor la rebaja del IVA de los productos básicos, las grandes distribuidoras se sintieron observadas. Esto es fácil de cotejar. En este caso, no es tanto el miedo a la multa, sino dañar su imagen de marca”, señala Sanabria.
El profesor Juan Laborda propone tres medidas a largo plazo para evitar que vuelva a pasar: una a nivel global, otra a nivel europeo y otra, en España. La primera, regular los mercados internacionales de materias primas. La segunda, a nivel de continente, trasladar la excepción ibérica al resto de Europa. Estas dos medidas impedirían burbujas en los precios alimentarios y energéticos, respectivamente, como ha ocurrido en 2022 y como ocurrió entre 2005 y 2008. La tercera medida, es de control español: “Deberíamos tener una CNMC con una capacidad punitiva descomunal, con capacidad de multar sobre beneficios desmesurados o incluso de trocear negocios”, remacha el economista.
Los precios alimentarios han crecido un 15,4% en enero, respecto al mismo mes de 2022. Este porcentaje, desorbitado, es ligeramente inferior de lo que estimaba el INE hace un par de semanas, que era de 15,7%. Esa mínima rebaja de 0,3 puntos cabe atribuirla a la rebaja del IVA en los productos básicos. Toda la cesta de la compra se ha visto afectada por la inflación, provocada esencialmente por el terremoto en los mercados energéticos provocado por la invasión de Ucrania entre primavera y verano. La oleada ha llegado en los últimos meses a los supermercados.