PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD
El presupuesto de Ayuso aflora 29 millones en intereses de deuda con hospitales de gestión privada
PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD
El presupuesto de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para 2022 asciende a 8.783 millones de euros, un 8,3% más que la partida asignada en el anterior, el de 2019, prorrogado durante los dos ejercicios siguientes por falta de apoyo en la Asamblea y diferencias con Ciudadanos, entonces socios de gobierno del PP. Sin embargo, una de sus partidas, la de gastos financieros, ha aumentado mucho más, 60 veces más. Ha pasado de 573.179 euros en 2019 a 34,45 millones de euros en los presupuestos del próximo ejercicio. Según explica la propia consejería en la memoria de las cuentas, el crecimiento exponencial de esa partida se debe a la inclusión en ella de los intereses financieros de la deuda que Sanidad mantiene con las empresas concesionarias de los siete hospitales de gestión mixta público-privada: Puerta de Hierro, Henares, Sureste, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina y Tajo.
En efecto, según puede comprobarse en los presupuestos de la consejería, los gastos financieros por el pago a las concesionarias de estos siete centros se elevan a 29,16 millones de euros. Se trata de los hospitales que fueron creados siguiendo el modelo PFI (iniciativa de financiación privada, por sus siglas en inglés): son propiedad de constructoras y fondos de inversión, que gestionan la actividad no sanitaria de los centros –restaurante, lavandería, logística, mantenimiento–. La sanitaria, incluido el personal, es responsabilidad de la Comunidad de Madrid. Será así durante los 30 años establecidos en las concesiones. Hasta 2035.
A cambio de la construcción y de la gestión del edificio, el departamento de Enrique Ruiz Escudero paga a las concesionarias un “arrendamiento operativo” que para los siete hospitales sumará un total de 166,28 millones de euros en 2022. Es la misma cantidad consignada en los anteriores presupuestos.
Pero entre ambas cuentas hay una diferencia fundamental. En las de 2019 y ejercicios anteriores no existen gastos financieros relacionados con los siete hospitales de gestión mixta. Sólo se consigna una partida, la de arrendamiento operativo, que incluye el canon pagado por Sanidad a la empresa concesionaria. En el presupuesto de 2022, por primera vez, al arrendamiento operativo se le han añadido los gastos financieros –es decir, los intereses de la deuda de la consejería con las concesionarias–, así como dos nuevos conceptos: adquisición de bienes muebles e inmuebles en pago aplazado, que figuran como “inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios”. Hasta ahora, en cambio, en una misma partida se apuntaban capital e intereses.
infoLibre ha preguntado a Sanidad el motivo de que aflore este extraordinario volumen de gastos financieros, así como a qué cuantía de deuda corresponden y cuál es tipo de interés que se aplica. La consejería no ha contestado a esas tres cuestiones, pese a los reiterados intentos de este periódico por obtener una explicación. Sólo señala que debido a “un cambio de normativa contable” se han modificado las partidas presupuestarias, reduciéndose el importe del arrendamiento operativo y “dotándose” los dos nuevos subconceptos antes apuntados: gastos financieros y las inversiones nuevas para adquirir en pago aplazado bienes muebles e inmuebles.
Los expertos consultados por este periódico explican que ese “cambio de normativa contable” debe atribuirse a una instrucción de la Intervención de la Comunidad de Madrid para que se apuntaran adecuadamente los pagos a las concesionarias de los hospitales. Es decir, no es que los gastos financieros de Sanidad hayan aumentado de un ejercicio a otro, sino que su verdadero montante estaba oculto en la partida del arrendamiento operativo de las concesionarias. En 2019, el medio millón de euros en intereses que la consejería reconocía en sus cuentas sólo correspondían a los que debía pagar por el arrendamiento financiero de unos aceleradores lineales suministrados a diversos hospitales de la red pública.
Aun así, los casi 30 millones de euros de gastos financieros reconocidos en el presupuesto de 2022 es una cantidad considerable que, con el coste medio de la deuda de la Comunidad de Madrid en el segundo trimestre de este año, el 1,83%, correspondería a una deuda con los siete hospitales de gestión mixta de 1.882 millones de euros, no a los 166,28 millones apuntados en las cuentas de la consejería. Para que se abonaran esos intereses por la cantidad que les pagará en 2022, el tipo tendría que ser muy elevado, en el nivel de la usura, aseguran los expertos consultados. Sanidad tampoco ha querido aclarar estas contradicciones sobre las que le ha preguntado infoLibre.
Lo que Sanidad paga por cada hospital y a quién
De los siete hospitales de gestión mixta, el más caro es el Puerta de Hierro, al que Sanidad debe pagarle cada año un total de 58,54 millones de euros, de los cuales 7,83 millones corresponden a intereses, 7,34 millones se destinarán a comprar bienes inmuebles y 587.358 euros a comprar bienes muebles. El hospital es propiedad del grupo de inversión canadiense Brookfield, que lo adquirió en septiembre de 2019 al fondo de inversión holandés DIF Capital Partners. Este, a su vez, se había hecho con el 64% de las acciones tras comprar en 2016 un 20% a Sacyr. La constructora, a través de su filial Sufi, fue la edificadora del centro como parte de una UTE en la que también figuraban Dragados –del grupo ACS– y Bovis Lend Lease.
El fondo holandés DIF también es el dueño del hospital Infanta Leonor, que lo había comprado en 2019 a Pralesa Concesiones y otros accionistas minoritarios, entre los que se encontraba el Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, condenado por las tarjetas black de Cajamadrid.
Estas empresas formaron una UTE con Begar, la constructora de José Luis Ulibarri, implicado en el caso Gürtel, para hacerse con el contrato que levantó el hospital vallecano. Con el fondo DIF, Sanidad tiene comprometido un pago anual de 22,07 millones de euros, de los que 4,44 millones son intereses, 3,79 millones más corresponden a adquisiciones de bienes inmuebles y 199.888 euros a las de bienes muebles.
Sacyr también está detrás de las concesiones del Infanta Cristina de Parla y del Hospital del Henares, en Coslada. Al primero, Sanidad debe pagarle al año 16,93 millones de euros, de los que 3,31 millones son intereses, 2,7 millones son compras de bienes inmuebles y 308.824 euros, compras de bienes muebles. Para el Hospital del Henares, el compromiso es de 18,02 millones de euros, con unos intereses de 4,01 millones, 3,32 millones para comprar bienes inmuebles y 293.831 euros para muebles.
Al fondo británico Aberdeen, dueño del Hospital del Sureste, en Arganda del Rey, la consejería le pagará 14,3 millones de euros. De esa cantidad, 3,22 millones son intereses, 2,73 millones son compras de bienes inmuebles y 170.749 euros, de bienes muebles. Aberdeen lo compró a OHL y Globalvia entre 2016 y 2017
El Hospital del Tajo fue obra de Constructora Hispánica, otra firma implicada en el caso Gürtel. La empresa fue adquirida por el grupo Essentium en 2009. Desde entonces se denomina Assignia Infraestructuras. Sanidad debe abonarle 12,7 millones de euros, de los cuales 2,07 millones son intereses, 1,76 millones son para adquirir bienes inmuebles y 102.015 para bienes muebles.
Finalmente, el Hospital Infanta Sofía, de San Sebastián de los Reyes, fue construido y gestionado por Acciona hasta diciembre de 2020, cuando lo vendió al fondo de inversión francés Meridiam, dejando una participación minoritaria en manos de su propia firma de inversiones, Bestinver. Sanidad debe ingresarle cada año por ese motivo un total de 23,7 millones de euros, de los cuales 4,24 millones corresponden a intereses, 3,63 millones a adquisición de bienes inmuebles y 187.846 euros a la de bienes muebles.
Además de estos hospitales de gestión mixta, la Comunidad de Madrid mantiene otros en los que se ha cedido también la gestión sanitaria. El Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, el de Villalba y el Infanta Helena de Valdemoro pertenecen a este modelo, que gestiona Quirón Salud. También corre a su cargo la Fundación Jiménez Díaz, mediante un convenio. Finalmente, Ribera Salud es la responsable de gestionar el Hospital de Torrejón.
Polémica de gestión y contable
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La polémica ha acompañado durante años a los diferentes modelos de gestión privada de los hospitales madrileños, por sus costes y eficiencia. En 2018, un informe de la Cámara de Cuentas autonómica desveló que la Comunidad de Madrid tenía una deuda de 722,3 millones de euros con cinco de estos hospitales: los cuatro gestionados por Quirón Salud y el de Torrejón. Hace poco más de un mes El País publicaba que Bruselas había obligado a la Comunidad de Madrid a aflorar esa deuda, que hasta el 31 de diciembre de 2019 había crecido hasta alcanzar los 944 millones de euros. Según el último informe anual de Fresenius, la multinacional dueña de Quirón Salud, la deuda asciende a 1.250 millones por la asistencia médica a pacientes de la sanidad pública en ejercicios anteriores.
Pero lo que Quirón Salud no cobra por un lado lo recibe por otro. Como publicó infoLibre, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso le ha pagado en algo más de año y medio casi 500 millones (453.963.911 euros) mediante las llamadas convalidaciones de gastos, una figura que permite saltarse los procedimientos administrativos. En total, mediante estas convalidaciones a multitud de empresas, la Comunidad de Madrid ha sumado 804 millones de euros sólo desde enero de 2020 y hasta octubre. Se trata de un mecanismo que permite regularizar pagos por servicios cuya prestación se haya encomendado a una empresa en circunstancias muy excepcionales y sin cumplir los trámites obligados.
Casi al mismo tiempo este periódico publicó también las cuentas del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) de 2020, tal y como habían sido enviadas para su aprobación en el consejo de administración. En ellas, y por primera vez en años, se reflejaba un superávit récord de 821,3 millones de euros. Justo en el año de la pandemia. Ese año también crecieron las provisiones –una reserva para afrontar pagos derivados de riesgos futuros– hasta alcanzar los 837,12 millones de euros.
