El uso de regasificadoras cae por debajo del 30% y encarece la factura en 400 millones al año
La invasión de Ucrania provocó el corte de la mayoría de los gasoductos que conectaban Europa con Rusia, y los países del centro del continente han tenido problemas para aprovisionarse de gas. España sacó pecho desde el principio de la guerra gracias a su gran infraestructura de siete regasificadoras, unas instalaciones ubicadas en puertos españoles que permiten recibir gas natural por barco y comprarlo a países como Estados Unidos, Qatar o Noruega. Pero los meses más duros de la crisis energética ya han pasado y las regasificadoras españolas siguen trabajando a ritmos muy bajos: de media funcionaron al 29% de su capacidad, según acaba de publicar el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEFFA, por sus siglas en inglés)
Algunos expertos del sector alertan desde hace más de dos décadas que la apuesta masiva de España por las regasificadoras está sobredimensionada frente a la demanda real, y el desequilibrio lo pagan hogares y empresas. Como estas plantas son infraestructuras estratégicas y reguladas, su construcción y operación está remunerada para garantizar un beneficio a sus propietarias —principalmente Enagás— y en 2025 la transferencia será de 448,80 millones de euros, según calcula la CNMC, un dinero que se saca de los peajes incluidos en el recibo del gas.
Según cálculos del IEFFA, las siete plantas españolas han trabajado en los últimos 15 años a una capacidad media del 34%, pese al enorme desembolso que han supuesto. Ana María Jaller-Makarewicz, analista del instituto, opina que cuando se planearon se sobreestimó el papel del gas en España, y ese error lo pagan ahora los consumidores. "Esto viene de lejos, pero además se pensaba que España iba a empezar a rentabilizarlas ahora con la guerra, y no ha ocurrido. Al principio de la invasión subió algo su actividad, pero en 2024 las importaciones de GNL cayeron un 28%, incluso con el invierno frío que hemos tenido", afirma la analista.
"El problema está en que como reciben una remuneración, el promotor tiene garantizada su rentabilidad. De esta manera la demanda que vayan a tener la instalación y su uso no es un factor prioritario en su planificación", añade Jaller-Makarewicz. La CNMC revisó en 2019 la retribución de estas plantas porque era excesiva y estaba encareciendo demasiado la factura, y fijó la retribución financiera en el 5,44%, además de introducir otros cambios para balancear la situación. Enagás fue la principal afectada del cambio porque es titular y cotitular de seis regasificadoras: Barcelona, Cartagena, Huelva, Gijón, Sagunto (75%) y Bilbao (50%). La séptima, Mugardos (A Coruña), es propiedad de Reganosa.
Es indiscutible en el sector que es necesario tener regasificadoras en un país peninsular, pero es que España cuenta en este momento con casi la mitad de la capacidad de regasificación de toda la Unión Europea, además de tener conexiones físicas con Marruecos (cerrada), Argelia y Francia. Incluso con las nuevas regasificadoras que se han planeado por todo Europa de aquí a 2030, España seguirá teniendo más capacidad que ningún otro país al final de la década.
"Saber cuántas son necesarias desde el punto de vista de la seguridad de suministro es difícil", reconoce la experta de IEFFA, "pero sí tenemos claro que España planificó sus regasificadoras basándose en unas previsiones que no se cumplieron", añade. "Cuando hay tanto dinero en juego, es importante hacer una correcta evaluación de cuánta capacidad necesitas".
Incluso ahora, que sería el momento de aprovecharlas, tampoco ha habido un despegue, puesto que la industria española no es capaz de absorber ese gas porque es demasiado caro, y tampoco hay capacidad física para reexportarlo por tubería a Europa, porque solo hay dos conexiones con Francia. Paralelamente, otros países como Alemania, Países Bajos, Italia o Francia han construido y planean construir nuevas regasificadoras para no depender de terceros países.
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Como expone Paco Ramos, de Ecologistas en Acción de Asturias y experto en energía, algunos ya advirtieron que siete regasificadoras eran demasiadas. Barcelona (1969), Huelva (1988) y Cartagena (1989) se construyeron para abastecer a la industria, pero la proliferación de las centrales de ciclo combinado dispararon el consumo de gas alrededor de 2005, y en consecuencia se planificaron Bilbao (2003), Sagunto (2006), Mugardos (2007) y Gijón (2013). Sin embargo, a partir de ahí el crecimiento de la demanda se congeló y la crisis económica dio la puntilla final. Hasta el punto de que en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo que decretar una moratoria para acabar con el crecimiento sin sentido del sector.
"Todo esto viene de la burbuja de las centrales de ciclo combinado de gas, que se pinchó en 2012 y que preveía construir cuatro veces más de lo que ya hay en España (ahora operan unos 60 grupos térmicos). Y con la entrada de la energía fotovoltaica en los próximos años cerrarán todavía más", opina Ramos.
El activista lleva dos décadas peleando contra la apertura de la regasificadora de El Musel, en Gijón, que fue construida en 2012, pero hasta 2023 no entró en funcionamiento porque no había demanda para ella. Aun así, ahora opera al 14% de su capacidad, y ni siquiera está cumpliendo con el cometido que se le dio, reexportar gas al resto de Europa. Ramos afirma que desde que se activó solo ha llevado un cargamento de gas a Croacia. Durante la década que estuvo dormida, Enagás cobró 293 millones en retribuciones financieras y costes de mantenimiento, pero todavía ni se ha empezado a pagar el coste de la obra, otros 387 millones, que se pagarán durante los próximos 50 años.
