Sánchez mantiene en sus Presupuestos los descuentos fiscales a las empresas cuyo control pidió en la oposición

El proyecto de Ley de Presupuestos del Estado prevé unos beneficios fiscales de 37.237 millones de euros para este año. Es decir, calcula que el fisco dejará de ingresar esa cantidad por las deducciones y exenciones de las que se benefician tanto empresas como particulares y que deben revertir en el logro de determinados objetivos de política económica y social. Los incentivos se aplican tanto al IRPF como al impuesto sobre sociedades, al IVA, a los impuestos especiales y al de patrimonio, entre otras figuras tributarias. Incluyen desde las bonificaciones a empresas navieras en Canarias hasta los tipos reducidos de las socimis (las sociedades de inversión en alquileres), el régimen especial de las entidades sin ánimo de lucro o los incentivos al mecenazgo.

La cantidad calculada por el Gobierno para el ejercicio en curso aumenta un 6,9% respecto a la de 2018. La mayor parte de los beneficios fiscales corresponden al IVA, el 34,8%, que además crecen un 4,2% respecto a la cifra que se dejó de recaudar el año pasado. Para el IRPF se han presupuestado 9.129,38 millones, un 18,4% del capítulo. Y para el impuesto sobre sociedades se calcula que las empresas se ahorrarán 3.461 millones, un 0,2% más de la cantidad presupuestada inicialmente, pero un 2,7% por debajo de la que terminó perdiéndose para las arcas de Hacienda en 2018.

Los beneficios fiscales del impuesto sobre sociedades han caído desde 2015, cuando alcanzaron el máximo de la crisis, 3.949 millones de euros. En 2017, el Gobierno del PP las dejó en su mínimo, 2.127,32 millones, para dispararlos un 62,3% el año siguiente, según consta en las Memorias de Beneficios Fiscales que se adjuntan a cada proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Cuando estaba en la oposición, el PSOE presentó una proposición no de ley en el Congreso donde pedía incluir el presupuesto de beneficios fiscales en la evaluación que debe hacer la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el gasto de las administraciones públicas. Así debería verificarse, decían los socialistas, si estos incentivos son la mejor alternativa para conseguir los fines económicos y sociales perseguidos, sobre todo teniendo en cuenta el recorte de ingresos que implican, en plena lucha contra el déficit. “Además, queremos sabe si hay beneficios fiscales que son una puerta abierta a la evasión fiscal”, aseguró en febrero de 2018 la diputada Patricia Blanquer en la Comisión de Hacienda y Función Pública. La proposición no de ley fue aprobada con sólo una abstención.

Entonces el PSOE esgrimió un informe del Tribunal de Cuentas que fiscalizaba las actuaciones de la Agencia Tributaria sobre los beneficios fiscales de 2015, un total de 40.719 millones de euros, la mayor cifra de los últimos cinco años. Según lamentaba el tribunal, sólo 219 de los 353 beneficios fiscales existentes habían sido cuantificados en la memoria de ese ejercicio. Por tanto, el Presupuesto “no refleja la disminución de la capacidad recaudatoria que se produce”, subrayaba. Además, el Tribunal de Cuentas descubrió “desviaciones relevantes entre las estimaciones y las cuantías reales de los beneficios analizados”. Y criticaba que la creación de los descuentos fiscales “no se encuentra precedida de estudios sobre los objetivos concretos de política económica y social que se espera lograr con ellos, ni se establecen indicadores para evaluar el grado de cumplimiento de esos objetivos”. Tampoco, añadía el informe, tienen una duración temporal definida, ni un periodo para la consecución de los objetivos que se persiguen. Finalmente, no se evalúa si estos incentivos “son la forma más eficiente” de conseguir dichos fines de política social o económica, advertía el tribunal.

También en el programa electoral 

Unos meses más tarde, en mayo, no sólo el PSOE, sino también Unidos Podemos, Ciudadanos y Compromís se unieron de nuevo en el Congreso para pedir mayor control sobre los beneficios fiscales. En otra proposición no de ley exigían al Gobierno que publicara el nombre de las empresas con facturación superior a los 10 millones de euros que se benefician de estos descuentos fiscales, así como las cantidades que Hacienda deja de recaudar por este concepto. También pedían que se fijara un límite anual para los incentivos fiscales y que las memorias económicas que acompañan a cada ley o decreto-ley con beneficios tributarios incluidos incluyera tanto su efecto recaudatorio como su impacto en la actividad económica o social.

De hecho, el PSOE incorporó a su último programa electoral el compromiso de revisar todos los incentivos y regímenes especiales según un “criterio de coste/beneficio y equidad” y de hacer público el nombre de los beneficiarios “para explicitar los casos en que son las mayores empresas las que los acaparan”.

Sin embargo, en sus primeros Presupuestos una vez llegado el PSOE al Gobierno, la previsión de beneficios fiscales para el impuesto sobre sociedades se mantiene casi inalterada respecto al ejercicio anterior. Este año los incentivos representarán el 11,2% de la recaudación por el impuesto que grava los beneficios de las empresas, cifrada en 27.569 millones de euros. Una cantidad que aún está un 38,5% por debajo de los ingresos de 2007, pese a que los beneficios corporativos ya han recuperado el nivel precrisis. En 2018, la merma en la recaudación por culpa de estos descuentos fiscales equivalía al 12,5%, sólo un punto y tres décimas más que en el ejercicio en curso.

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Tampoco ha variado mucho el reparto de los descuentos fiscales según la política de gasto. Las más incentivadas son el comercio, el turismo y las pymes, seguidas de los servicios sociales y la promoción social, por un lado, y de la investigación y el desarrollo (I+D), por otro. No obstante, este año el Ejecutivo ha aumentado los destinados a este último capítulo, un 57,4%, hasta alcanzar los 490,69 millones de euros, al tiempo que ha recortado los beneficios en servicios sociales y protección social un 17% –458,38 millones– y un 1,7% los dedicados a comercio, turismo y pymes –543,57 millones–.

En cualquier caso, la mayor parte de los beneficios fiscales, 1.617 millones de euros son los englobados en el epígrafe “sin clasificar”. Sólo ellos representan casi la mitad –el 46,7%– de los que se concederán este año. Creado por el Gobierno del PP en 2018, es un cajón de sastre en el que se han metido todos las exenciones y deducciones que “no tienen acomodo alguno” en el resto de las políticas de gasto. Desde los tipos reducidos del 1% que se aplican las sicav, del 19% las socimis y del 10% las entidades sin fines de lucro, hasta la bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla o para las cooperativas agrarias.

Por ejemplo, este año las socimis se ahorrarán en su factura fiscal 239 millones de euros, mientras que por el régimen especial de que gozan las entidades sin fines lucrativos Hacienda dejará de recaudar otros 295 millones. Por donaciones, las empresas se descontarán 127 millones de euros en el impuesto sobre sociedades. Por ajustes y por reducciones en la base imponible, las empresas recortarán sus ingresos al fisco en 1.505 millones de euros.