De los seguros al matadero y la peluquería: los falsos autónomos no sólo están en Deliveroo

El Ministerio de Empleo presume de haber regularizado a 32.067 falsos autónomos desde agosto de 2018, como parte del Plan Director por un Trabajo Digno que concluyó el pasado junio. De ellos, 8.076 fueron trabajadores de plataformas digitales y de comercio electrónico. No es una cifra pequeña si se tiene en cuenta que las organizaciones de autónomos calculan que en España existen entre 100.000 y 200.000 trabajadores con contratos mercantiles que en realidad deberían ser asalariados con contrato laboral y alta en el Régimen General de la Seguridad Social. Es decir, la Inspección de Trabajo puede haber pillado hasta a un tercio de los falsos autónomos en sólo un año.

El propio Plan Director se basa en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) para aproximarse al número de falsos autónomos existente en España. Unos 165.900, el 5,5% de los 3,04 millones de trabajadores por cuenta propia, declaran que “no pueden influir ni en el contenido ni el orden de las tareas” que realizan. Unos 185.500 aseguran que no han tenido ningún cliente o a lo sumo uno en los últimos 12 meses. Son más, 222.400, los que reconocen que su horario de trabajo lo decide su cliente. Todos ellos, en uno u otro grado, por tanto, cumplen algunos de los requisitos con los que la ley define una relación laboral y que ha precisado después el Tribunal Supremo: la dependencia –trabajan según las directrices del empresario– y la ajenidad –los resultados de su trabajo revierten en el empresario y sus riesgos también recaen en él–.

Mientras arranca un nueva edición del Plan Director, se suceden las sentencias que dilucidan si los repartidores de plataformas como Deliveroo o Glovo son falsos autónomos o no. La última, de un juzgado de lo Social de Madrid con fecha del pasado 22 de julio, declaró laboral la relación que mantenían 537 riders con esta empresa. En junio un juzgado valenciano se pronunció en el mismo sentido con relación a 97 repartidores. Ambas demandas partían de los correspondientes informes de la Inspección de Trabajo.

Según el criterio de estos jueces, los repartidores trabajan con unas condiciones que organiza la empresa, bajo una marca controlada por la empresa y con su aplicación informática. De hecho, se les proporciona un vídeo explicativo de cómo deben realizar la recogida y entrega de los pedidos o cómo deben dirigirse a los clientes, así como una guía de comportamiento. De forma que su margen real de autonomía es limitado, lo mismo que su libertad para rechazar pedidos, pues su negativa puede terminar en despido.

Para Empleo, un falso autónomo no es sólo una forma de reducir fraudulentamente los costes laborales por parte de las empresas, sino también “una lesión a los derechos de los trabajadores”. Además de precarizar el empleo porque se priva a estos trabajadores de protección social, el recurso al falso autónomo supone una competencia desleal para las empresas que sí pagan sus cotizaciones sociales y un fraude a la Seguridad Social. La Unión de Autónomos Uatae calcula que la Seguridad Social deja de ingresar unos 562,3 millones de euros al año por las cotizaciones que eluden las empresas evitando contratar a estos trabajadores.

En cualquier caso, esta huida del Derecho del Trabajo, que es como la denominan los expertos laboralistas, no es nueva, pese a haber recibido tanta atención mediática con los empleos de la economía digital. Casi el mismo interés han conseguido de los inspectores de Trabajo y de los sindicatos los falsos autónomos de las cooperativas del sector cárnico. Las denuncias de CCOO y los informes de la Inspección de Trabajo han permitido obtener un contrato laboral a cerca de 20.000 de estos trabajadores en fraude, empleados como falsos cooperativistas en algunos de los principales grupos de mataderos del país, desde el Grupo Jorge en Aragón hasta Coren en Galicia. El pasado mayo Empleo le retiró a Servicarne, que suministraba trabajadores a esas empresas, la licencia para operar como cooperativa. CCOO asegura que aún quedan unos 2.000 más en otras compañías del sector. Y que, en algunos casos, lo que han hecho los empresarios denunciados es derivar al personal a empresas multiservicios, para pagar salarios por debajo del convenio sectorial. A su juicio, se trata de otro delito: la cesión ilegal de trabajadores.

Aseguradoras

Incluso una actividad tan tradicional y sometida a una gran supervisión como los seguros es un “nicho importante” de falsos autónomos, admite Fernando Escudero, responsable del sector en la Federación de Servicios de CCOO. Tras una denuncia del sindicato contra cinco agencias exclusivas de Santalucía Seguros, desde Andalucía y Extremadura hasta las dos Castillas, la Inspección de Trabajo ha obligado a la de Valencia a firmar contratos laborales y gestionar el alta en el Régimen General de la Seguridad Social a 26 agentes comerciales. Cuando CCOO cursó la denuncia la cifra de falsos autónomos se elevaba a 49. “Son un personal con un alto nivel de rotación, si no cumplen objetivos, se deshacen de ellos”, explica Escudero a infoLibre.

El año pasado otra aseguradora, Divina Pastora, contrató como asalariados a toda su plantilla de comerciales, que hasta ese momento trabajaban como autónomos. Según hizo público la propia empresa, la medida le costó un millón de euros, una cantidad que, no obstante, quedará compensada por la “establidad” ganada en su red de ventas. “Queremos que nuestros vendedores tengan los mismos derechos que cualquier otro de los trabajadores de este grupo. Trabajan cada día en la calle y los días que no conseguían venta les ocasionaban una inestabilidad familiar que a nadie nos gustaría tener en nuestras casas”, justificó el presidente de Divina Pastora en la presentación de los resultados del grupo.

En Mapfre y Pelayo, sin embargo, se procede a la inversa. Las empresas ofrecen a sus empleados cambiar su contrato laboral por uno mercantil, con su cartera de clientes y un local con la marca, indica el dirigente de CCOO. Tras ser despedidos por no alcanzar unos objetivos cada vez más exigentes, muchos de estos antiguos empleados de Mapfre se han organizado y denunciado ante la Inspección de Trabajo que eran falsos autónomos. Según aparece citado en el Plan Director por un Trabajo Digno, al menos 32.800 autónomos declaran que comenzaron como tales “porque su anterior empleador les pidió que trabajan por cuenta propia”.

Hasta en los grandes medios de comunicación

En los medios de comunicación el recurso a los falsos autónomos también es antiguo. Al periódico El Mundo le costó dos millones de euros regularizar la situación de una docena de sus fotógrafos, algunos de los cuales habían trabajado como falsos autónomos durante más de una década e incluso más de dos. La historia comienza en 2008, cuando los primeros ocho denunciaron a la empresa, Unidad Editorial, a partir del momento en que ésta dejó de encargarles trabajos y los sustituyó por otros colaboradores. La última sentencia, de momento, es de abril de este mismo año. En este tiempo, todos los tribunales han dado la razón a los fotógrafos, reconociendo que “se encontraban disponibles las 24 horas”, no podían realizar trabajos para otros medios de comunicación y estaban sujetos a las órdenes del periódico. Unidad Editorial ha tenido que afrontar también varias multas por negarse a cumplir las sentencias que le obligaban a contratar a los fotógrafos e incluso por tomar represalias contra ellos, trasladándoles al departamento de preimpresión y prohibiéndoles hacer fotos.

En la Cadena Ser, en cambio, no ha habido denuncias de momento. Excepto las anónimas que algunos falsos autónomos han dejado en el buzón ad hoc creado en el Ministerio de Trabajoad hoc. Hasta tres distintas ha presentado uno de ellos, que prefiere guardar el anonimato y que lleva cinco años con un contrato mercantil en la emisora del grupo Prisa. “Pero los hay que suman más de 10 y de 15 años trabajando en estas condiciones”, apunta. Aunque no puede precisar cuántos falsos autónomos puede haber en la cadena, asegura que incluso existe una “lista fantasma” de todos ellos con un orden de prioridad para su eventual conversión en asalariados. Según explica, está completamente “normalizada” la idea de que en la Ser se pasa de “becario a autónomo” –ése fue su caso–, tanto por parte de los becarios como de la empresa.

Pese a que factura cada tres meses a la emisora “como si fuera un tertuliano”, su trabajo es idéntico al de sus compañeros asalariados: tiene su mesa, su silla, su ordenador y su cuenta de usuario, le organizan las vacaciones junto con los demás… Sólo que por una cantidad inferior a la que cobran ellos y él mismo tiene que hacer frente a sus cotizaciones a la Seguridad Social. En 2017, una inspección obligó a la Ser a deshacerse de hasta unos 80 becarios a algunos de los cuales llevaba años manteniendo como tales ilegalmente. Pero Trabajo no ha actuado hasta ahora contra las decenas de falsos autónomos de la cadena.

Aunque hay un precedente de demanda judicial. En julio de 2011 fue despedido el periodista Carlos Carnicero, que entonces llevaba 17 años con un contrato mercantil. Pese a que el juzgado de lo Social dio la razón a la empresa, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como después el Tribunal Supremo fallaron a favor del periodista. En una sentencia de febrero de 2014, el Alto Tribunal determinó que la colaboración de Carnicero en diversos programas de la emisora de forma continuada y regular, remunerada con una misma cantidad fija, mensual, conformaba una relación laboral, no mercantil. Una vez más, el Supremo reitera que el trabajo de este falso autónomo se realizaba siempre bajo las directrices y previo encargo del empresario.

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La aparición de las cadenas de clínicas dentales ha dado un vuelco a la profesión de dentista. De ser profesionales inmejorablemente instalados en sus propios despachos a demandar a Vitaldent o Sanitas Dental por explotación laboral. Tanto los colegios de odontólogos como la propia Seguridad Social han denunciar a ambas cadenas por emplear a falsos autónomos. Según informó en su día El Mundo, Sanitas Dental dejó de ingresar 1,3 millones de euros por los 55 falsos autónomos que trabajaban en siete de sus clínicas de la Comunidad Valenciana. En ellas, sólo los administrativos, auxiliares y directores formaban parte de la plantilla; los dentistas eran trabajadores por cuenta propia. En el caso de Vitaldent, un juzgado de Valencia multó con 160.000 euros a una clínica de Xàtiva por mantener como trabajadores por cuenta propia a 13 odontólogos.

También ha actuado la Seguridad Social contra los llamados centros médicos de medicina libre, donde considera que los facultativos mantienen una relación laboral encubierta. Según Diario Médico, unos 25.000 profesionales trabajan como autónomos en España. Las clínicas les ceden la consulta y el material, así como enfermeras y secretarias a cambio de un porcentaje de lo que facturan a aseguradoras o centros privados. La Plataforma de Centros Médicos de Medicina Libre (Pacenmed), integrada por unas 200 de estas clínicas, presentaron el año pasado una queja ante la Comisión Europea por el “acoso” a que las somete la Seguridad Social, cuyas multas, asegura, han provocado el concurso de acreedores de muchas de ellas.

Que la huida del Derecho del Trabajo tiene menos que ver con los nuevos empleos tecnológicos que con la búsqueda de la competitividad basada en el empleo precario lo demuestra el hecho de que hasta en las peluquerías se han colado los falsos autónomos. Se utiliza el llamado “alquiler de sillón”. La cadena pone la marca –y el sillón o tocador–, pero todo lo demás corre cargo del peluquero o peluquera, que abona a la empresa una cantidad por alquilar ese puesto y que, al menos en teoría, debería aportar su propia clientela.