El sindicato de inquilinos ve en el acuerdo sobre alquileres "un punto de partida para avanzar", pero "insuficiente"

El sindicato de inquilinos, uno de los actores en el sector de la vivienda que más han empujado a favor de leyes de control de precios de los alquileres y contra la multipropiedad de los fondos de inversión, da una de cal y otra de arena al acuerdo del Gobierno que desbloquea tanto la ley de vivienda como los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Este acuerdo supone un punto de partida para avanzar en medidas más garantistas, pero es insuficiente", asegura esta organización en un comunicado emitido este miércoles 6 de octubre. 

"Con el nuevo acuerdo del Gobierno, estamos más cerca de dar un nuevo paso: blindar la regulación ya vigente en Catalunya y lograr que se extienda a todo el Estado", reza el texto. Los inquilinos entienden que el acuerdo no ataca la ley catalana aprobada hace un año que, entre otras cosas, establece precios máximos en zonas tensionadas a todos los propietarios, y no solo a los grandes con 10 o más inmuebles en propiedad como han firmado PSOE y Unidas Podemos. "Ahora bien, queda mucho camino por recorrer y la experiencia nos demuestra que aún no hay nada ganado. Hasta que no tengamos un texto legislativo y que vaya más allá de lo acordado, no podremos cantar victoria".

Así, los inquilinos piden al Ejecutivo central "tomar en consideración" cinco propuestas: primero, "blindar la regulación de precios vigente en Catalunya, de la que ya dependen millones de personas"; segundo, que la declaración de zona con mercado de la vivienda tensionada no tenga que proceder de ninguna solicitud realizada por una entidad local o una autonomía sino que sea "automática en todos los municipios en los que hay una situación de mercado tenso" para evitar "desequilibrios territoriales indeseados".

Tercero, que "la bajada de los precios hinchados" sea "obligatoria para el conjunto del mercado del alquiler, y no solo para las empresas con más de 10 viviendas". cuarto, suprimir la disposición filtrada del acuerdo que permite a los grandes tenedores de vivienda "retrasar las bajadas de precio obligatorias hasta 18 meses posteriores a la aprobación de la ley". Y quinto, eliminar igualmente las bonificaciones fiscales planteadas a propietarios de hasta el 90% por bajar voluntariamente los precios. "Esto implicaría una transferencia directa del conjunto de la sociedad a los hogares con ingresos más altos, y no está claro que ayude a bajar precios".

Según el sindicato, hay margen para mejorar la ley: "En los días que vendrán nos jugamos que estas y otras cuestiones entren". "Cabe recordar que la semana pasada la sociedad civil organizada presentamos, junto a nueve partidos (UP, ERC, Junts per Catalunya, Bildu, CUP, Más País, Nueva Canarias, Compromís, BNG) una propuesta de Ley de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada. No tenemos ninguna duda que estos partidos defenderán las líneas que fueron planteadas para que sean recogidas en el nuevo texto legislativo".