Sindicatos y patronal pactan un alza salarial de hasta el 3% y sueldos mínimos de 1.000 euros en los convenios

Sindicatos y patronal han alcanzado un preacuerdo que establece el marco salarial para los trabajadores hasta 2020. Tras seis meses de negociaciones que siguieron a las que fracasaron el año pasadofracasaron el año pasado, empresas y trabajadores vuelven a tener un paraguas al que acogerse al negociar sus condiciones laborales. El texto, que cada una de las organizaciones someterá este semana a ratificación, ofrece un aumento salarial que podrá llegar al 3% en el mejor de los casos: “en torno al 2%” como parte fija y un 1% variable que cada convenio hará depender de los conceptos que elijan las partes, bien sea la productividad, los resultados de la compañía, el absentismo injustificado o cualquier otro, siempre que se trate de “un indicador cuantificado, medible y conocido” por trabajadores y empresa.

Ese aumento fijo supera el 1,5% que, como máximo, establecía la anterior edición del acuerdo, firmado en 2015 y con validez hasta 2016. Al igual que excede a las subidas medias incorporadas a los convenios firmados en las empresas en lo que va de año, que no superan el 1,59%. También sobrepasa la previsión de inflación del Gobierno para este año, del 1,5%, al igual que los cálculos para 2019 –1,8%– y 2020 –1,9%–, según las cifras del Programa de Estabilidad enviado a Bruselas. Aunque la realidad económica puede dar al traste con esa ventaja si los precios continúan subiendo al ritmo en que lo han hecho hasta ahora. En mayo el IPC ya ha escalado hasta el 2%, aupado por el alza del crudo.

La subida salarial ha sido aplaudida por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, puesto que, según dijo, redundará en mayores ingresos en cotizaciones para una Seguridad Social lastrada con un déficit histórico. Los sindicatos han presentado el acuerdo como un “revulsivo para recuperar los salarios, particularmente los más bajos”.

El alza del 1% variable dependerá de la situación de cada empresa. El presidente de la CEOE, Juan Rosell, suele apuntar que un 40% de las empresas sufren pérdidas. Los datos más recientes que publica la Agencia Tributaria se remontan a 2015. Entonces, con la recuperación aún incipiente, el 45,3% de las 1.483 empresas que declaraban en concepto de impuesto de sociedades tenía beneficios.

Pero desde ese año, las ganancias empresariales no han dejado de subir. De hecho, el aumento de los salarios pactados en los últimos años y el que se ofrece ahora a modo de orientación hasta 2020 quedan lejos de la mejora de los resultados contables de las empresas. En 2017, las bases imponibles del impuesto de sociedades crecieron un 11,7% respecto al año anterior, y en 2016 un 11,11% en comparación con 2015. El ascenso de las bases declaradas por las grandes empresas fue incluso superior, casi un 14%.

Las mayores bases imponibles son la consecuencia, a su vez, de la mejora del resultado contable de las empresas, que fue en 2017 de 217.563 millones de euros, un 9,16% por encima del ejercicio precedente.

Por el contrario, la renta bruta de los hogares se elevó mucho menos, un 3,3% en 2016 y un 4,2% en 2017, de acuerdo con los informes de recaudación de la Agencia Tributaria. Si se utilizan los datos de la Contabilidad Nacional, el panorama resultante es similar. Mientras la remuneración de los asalariados creció un 3,3% en 2017, el excedente bruto de explotación se elevó un 4,8%. El primer parámetro incluye salarios y cotizaciones sociales, mientras que el segundo se utiliza como equivalente de la rentabilidad de las empresas y comprende también intereses y otras rentas. Mientras, los costes laborales unitarios cayeron una décima en 2017 y según las previsiones del Gobierno incluidas en el Programa de Estabilidad, crecerán sólo 1% este año, un 1,4% en 2019 y un 1,5% en 2020.

Hasta 2020

En cualquier caso, los sindicatos han conseguido sacar adelante el punto frente al que la patronal tenía más reticencias: que el salario mínimo de los convenios colectivos sea de 1.000 euros mensuales –14.000 euros al año– en 2020. El acuerdo no es muy preciso al respecto, sólo establece que el aumento deberá hacerse “de manera progresiva” y “gradual” en cada convenio según vayan renovándose, pero no indica plazos ni cantidades en esos intervalos. “Lo hemos dejado abierto porque es el asunto que más conflicto ha causado en la negociación”, explican a infoLibre fuentes sindicales.

Otro tanto puede decirse de la recuperación del poder adquisitivo perdido. El acuerdo no habla de cláusulas de revisión salarial, que ya desaparecieron en el acuerdo de 2015 y la patronal considera trasnochadas. En su lugar, se proponen “mecanismos de revisión salarial”, basados en unos indicadores que, de nuevo, se dejan a la elección de los negociadores de cada convenio.

Más resolutivos se han mostrado los agentes sociales a la hora de garantizar la vigencia de los convenios colectivos, limitada a un año por la reforma laboral de 2012. El fin de la denominada ultraactividad generó una fuerte caída del pulso de la negociación colectiva tras aprobarse la reforma, pero tanto los sindicatos como la patronal terminaron por sortear la ley para mantener vivos los convenios. Ahora se comprometen a resolver cualquier disputa por la caducidad de los convenios mientras se negocia su revisión instando la mediación obligatoria o el arbitraje voluntario.

Lista para negociar con el Gobierno

Pero la mayor parte del preacuerdo lo constituye la lista de asuntos que sindicatos y patronal remiten a la negociación tripartita, con el Gobierno. La ministra de Trabajo ha ofrecido cambiar los puntos de la reforma laboral que previamente hayan pactado los agentes sociales. De momento, éstos le piden que cambie el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la subcontrataciónsubcontratación. Pero no mencionan directamente la equiparación salarial de los empleados de las subcontratas con la plantilla de la empresa principal, que reclamaban CCOO y UGT. Ha sido otro de los puntos calientes de la negociación, aseguran las fuentes sindicales. De forma que el pacto reconoce la subcontratación como un “proceso fundamental de la especialización productiva”, pero al tiempo advierte de que no debe incentivar la “competencia desleal entre las empresas ni el deterioro de las condiciones laborales”. El documento se limita a pedir una “nueva regulación” de ese artículo que “garantice” las condiciones laborales.

La ministra Valerio ya se ha mostrado dispuesta a modificar este punto, uno de los aspectos que ofreció eliminar de la reforma laboral de 2012. “No estamos en 2012, sino que ahora hay un Gobierno que, pensamos, será más equilibrado en las relaciones con los sindicatos”, destacan las mismas fuentes para justificar el carácter “abierto” de la redacción del preacuerdo con la patronal.

También es genérico el capítulo que reclama el recurso a las reducciones de jornada –los antiguos Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE)– como medida de flexibilidad interna que sustituya a los despidos en las empresas con problemas. El preacuerdo ahorra cualquier referencia a la recuperación de las prestaciones por desempleo de la que disfrutaban los trabajadores afectados por un ERTE hasta 2014. En su lugar, los agentes sociales reclaman al Gobierno que no se perjudique “en su protección social ni en su retribución” a los trabajadores que se vean sometidas a esos recortes de jornada, al tiempo que se les permita recibir formación.

Además, le piden al nuevo Ejecutivo que modifique la reforma del sistema de formación para el empleo acometida por el PP en 2015 yque puso en pie de guerra tanto a la CEOE como a los sindicatos. El anterior Gobierno los apartó de la gestión del sistema y ellos no han dejado de reclamar su regreso al órgano de gobernanza. También le exigen cambios en la financiación, que se reanualicen los excedentes que cada ejercicio quedan sin gastar y se permitan nuevos sistemas para financiar los cursos –concursos públicos, y no sólo subvenciones como hasta ahora–.

Para estudiar el absentismo injustificado, sindicatos y patronal quieren que se cree un observatorio que elabore un informe en seis meses. Después, pretenden hacer “pruebas piloto” para evitar las ausencias sin motivo fundado. El absentismo es uno de los caballos de batalla tradicionales de la CEOE, para cuyo control quiere que las mutuas puedan dar las altas a los trabajadores enfermos o accidentados. Los sindicatos se oponen a conceder esa competencia, ahora a cargo de los médicos del sistema nacional de salud. Finalmente, el preacuerdo no incluye mención alguna a las mutuas.

Jubilación forzosa e igualdad salarial

Una decena de convenios sectoriales recogen ya el salario mínimo de 14.000 euros anuales

Ver más

Otra de las peticiones que los agentes sociales elevan al diálogo con el nuevo Gobierno se refiere a la prohibición de la jubilación forzosa que estableció la reforma laboral. Ahora piden que se permita en los convenios para los trabajadores que hayan llegado a la edad ordinaria de jubilación y tengan garantizado el derecho a la pensión completa. Igualmente quieren que si trabajador y empresa alcanzan un acuerdo para rescindir un contrato, el primero tenga acceso a la prestación de desempleo. Hasta ahora sólo la pueden percibir quienes hayan sido despedidos.

Sobre igualdad laboral y salarial, sindicatos y patronal reclaman que se desarrollen los sistemas de atención a la dependencia y la infancia, para que la vida profesional de las mujeres no resulte perjudicada. También que se equiparen los permisos de paternidad y maternidad, y las reducciones de jornada para el cuidado de hijos. Además, pedirán a Trabajo un estudio sobre los sistemas de pluses y complementos salariales, que han resultado ser el factor principal que produce las discriminaciones económicas entre hombres y mujeres dentro de las empresas.

Finalmente, le piden al Gobierno más funciones para el Consejo Nacional de Negociación Colectiva, así como un Plan Director de lucha contra la economía sumergida.