La “vuelta a la tortilla” en el sector público: Tragsa hará fijos a 6.000 empleados para cumplir la reforma laboral

“Vamos a darle la vuelta a la tortilla”. El director de Recursos Humanos de Tragsa, Álvaro Aznar, resume con esa frase el “cambio cultural” que va a emprender la empresa pública en los próximos meses para cumplir la reforma laboral. La tortilla es el 62% de trabajadores temporales que emplea la sociedad mercantil, un porcentaje escandaloso para cualquier empresa, pero más aún para una de titularidad estatal. La reforma laboral recién aprobada está obligando a todo el sector público empresarial agrupado en la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) a cambiar en pocos meses lo que ha sido una constante de décadas. No todas las empresas públicas tienen un porcentaje tan elevado de empleados temporales, pero en cualquier caso superan con mucho el 26% que es la tasa media nacional. El objetivo de Tragsa ahora es que ese récord del 62% –67% en la filial, Tragsatec– de su plantilla, integrada por 16.408 personas, sea fija. Y para ello tienen unos plazos: la tortilla debe estar perfecta y en el plato el 31 de diciembre de 2024.

Así, en esos dos años, Tragsa tiene previsto hacer fijos a 3.182 trabajadores en su filial, Tragsatec, y a 2.804 en la matriz del grupo, según han confirmado a infoLibre fuentes sindicales. Un total de 5.986 trabajadores, el 36,5% de la plantilla, van a consolidar sus contratos. Todos tendrán que presentarse a un concurso-oposición –ya han empezado a hacerlo– porque, para acceder a un puesto público, deben respetarse los principios de igualdad, mérito y capacidad. En este caso, se concede un 40% de la puntuación final a la antigüedad y el 60% restante es el resultado de una prueba psicotécnica, un test competencial y una entrevista personal. Antes del 1 de junio deberán haberse publicado todas las ofertas de puestos de trabajo y antes del 31 de diciembre, todas las convocatorias para las pruebas de selección. El compromiso del Gobierno con la UE para todas las administraciones públicas es convertir en fijos a 300.000 empleados temporales.

En un webinar difundido el pasado 8 de febrero, Álvaro Aznar explicó en detalle el procedimiento que la empresa va a seguir para culminar lo que bautiza como “la Gran Estabilización”. Un proceso que debería ser similar en el resto de las empresas de la SEPI. La presentación corre a cargo del presidente de Tragsa, Jesús Casas Grande, quien asegura que el Ministerio de Hacienda y Función Pública les ha confiado el reto de ser los pioneros dentro de la SEPI: “Queremos que seáis los primeros”, dice que le ha instado el Gobierno. Las empresas públicas van a ser el “referente” en materia laboral para el sector privado, abocado al mismo cambio de cultura: “Tenemos que ser ejemplares”, proclama Casas Grande. Por lo que no puede haber “atajos” en el cumplimiento del nuevo “paradigma”, subraya, no sin antes reconocer que hasta ahora se han llevado a cabo “prácticas poco aceptables” en materia de contratación. “Esto es una política de Estado”, así que es necesario “vencer inercias e incomodidades”.

90% de contratos temporales hasta ahora

España es la campeona europea del empleo temporal. Sólo Polonia tiene un porcentaje mayor de trabajadores eventuales. El de los españoles dobla la media de la UE. Desde los años 80 y al menos hasta la aprobación de la reforma laboral, el 90% de los contratos que se registran cada mes en el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) son temporales. Hasta ahora, todos los intentos por cambiar la adicción de las empresas por los contratos eventuales habían sido un fracaso. Los cambios en el Estatuto de los Trabajadores pactados por los sindicatos, la patronal y el Gobierno el pasado diciembre se proponen de nuevo cambiar esa dinámica testaruda del mercado laboral español, obligando a las empresas a utilizar el contrato indefinido como modelo ordinario para emplear a un trabajador y restringiendo el uso del temporal a las sustituciones de otros empleados y a la cobertura de picos de producción. Por tanto, desaparece el contrato por obra y servicio, hasta ahora uno de los reyes del empleo eventual. En 2021 se firmaron casi siete millones de un total de 19,38 millones de contratos, el 36%.

Según el Análisis del personal de sector público estatal no administrativo, que publica el Ministerio de Hacienda y cuya última edición corresponde a 2019, las 139 sociedades mercantiles estatales emplean a 88.199 trabajadores, de los cuales el 37,47% son temporales. Es decir, 11 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Si se cuenta todo el sector público empresarial, la plantilla asciende a 152.131 personas, de las que casi el 24% son temporales. Donde más cuota de eventuales hay es en las 35 fundaciones públicas –Fundación del Teatro Real, Fundación ICO, Fundación Biodiversidad–, el 43,32% de sus 1.856 trabajadores.

En la SEPI, que agrupa a 15 empresas participadas de forma mayoritaria –desde Navantia y Tragsa hasta la Agencia Efe y el Hipódromo de la Zarzuela– y a nueve con participaciones minoritarias –Red Eléctrica, Hispasat, Enagás–, trabajan 79.118 personas, de las cuales 55.059 pertenecen a Correos. De estos últimos, el 29% son temporales.

Finalmente, en los llamados medios propios instrumentales de la Administración, como Tragsa, Ineco o Isdefe, que sólo trabajan con los encargos que les hacen las administraciones públicas, las cifras son dispares: en Ineco no superan el 50% y en Isdefe son mucho menores, un 20,6%. Entre 2019 y 2021, la plantilla de Tragsa ha crecido un 19,75%, pero sus temporales han aumentado mucho más, casi un 34%. En Tragsatec el alza ha sido de un 42,25% en dos años.

Además de la reforma laboral, las empresas públicas deben adaptarse a la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, que establece en un 8% la tasa de empleos temporales a la que debe reducirse la actual, el 32%, cuando llegue el 31 de diciembre de 2024. Ese porcentaje es, para los responsables de Recursos Humanos de Tragsa, “impensable”. Su objetivo, según explica Álvaro Aznar en el webinar, se quedará en un 25%-30% para la matriz Tragsa y en un 30-35% para la filial Tragsatec.

En todo caso, el cambio en los hábitos de contratación necesita de un giro previo en la gestión, que a partir de ahora deberá ser “más horizontal y transversal, más de funciones o áreas y menos de encargos”, plantea.

Miedo al ERE

Si es así, quizá se evite uno de los peligros que los sindicatos ven acechando en el futuro. Los empleados públicos concursan y obtienen su plaza fija, lo que no quiere decir que sean funcionarios: pueden ser despedidos como cualquier trabajador del sector privado. Cuando se acabe el encargo para el que han sido contratados, se quedarán en la calle con una indemnización de 20 días, en lugar de los 12 que corresponden a los temporales. La reforma laboral recién aprobada deroga la disposición de la anterior de 2012 que permitía los despidos colectivos en las administraciones públicas. Pero los sindicatos consultados no las tienen todas consigo y temen que, cuando vuelva una crisis y las finanzas del Estado necesiten recortes, la falta de encargos a los medios propios instrumentales se solucione de nuevo recurriendo a los ERE.

En 2013, Tragsa presentó a los sindicatos el que por entonces fue el mayor despido colectivo en una empresa pública, pensando en principio para 1.639 trabajadores. Tuvo un recorrido muy accidentado, que incluyó su anulación por la Audiencia Nacional y la posterior rehabilitación por el Tribunal Supremo. Para cuando finalmente se ejecutó, en diciembre de 2015, la cifra de despedidos quedó reducida a 555. Pero al mismo tiempo, la plantilla de temporales se disparaba: la empresa llegó incluso a ofrecer contratos temporales a los mismos trabajadores que había despedido.

El Gobierno se gastará al menos 133 millones en ‘subcontratar’ la tramitación de los fondos de la UE

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Hoy, en cambio, Tragsa presume de llevar cuatro años seguidos con beneficios. En 2021 alcanzó su cifra récord: ganó 24,9 millones de euros tras facturar 1.808 millones y abona dividendos a las administraciones que forman parte su junta general de accionistas: además de la SEPI y el Estado, todas las comunidades autónomas, 37 diputaciones, los cabildos canarios y los consells baleares.

Aumento de temporales por los fondos de la UE

Esa tendencia hacia la contratación temporal va a ser una inercia difícil de vencer en Tragsa y en otros medios propios. Al igual que Ineco e Isdefe, suman un buen número de encargos para gestionar los fondos de recuperación de la UE. En total, al menos 133 millones de euros cobrarán entre las tres empresas para ayudar a las administraciones a tramitar ayudas. La cifra para ejecutar proyectos financiados por esos fondos es muy superior. Y la reforma laboral les permite emplear a trabajadores temporales para llevar a cabo todos esos contratos. “La disposición adicional quinta [de la reforma laboral] se ha hecho pensando en nosotros”, repite en un par de ocasiones en el webinar el director de Recursos Humanos de Tragsa. infoLibre ha preguntado a Tragsa, a Ineco, a la SEPI y al Ministerio de Hacienda qué volumen de empleo temporal van a suponer esos nuevos contratos, sin obtener una respuesta. Pero no será pequeño. En 2021 Tragsa recibió 92 encomiendas para ejecutar proyectos del Plan de Recuperación. De momento, Ineco ha firmado 18 encargos sólo para tramitar expedientes y desarrollar labores de apoyo y asistencia técnica, mientras que Isdefe tiene otros 11.

Como contrapartida del vuelco laboral que van a dar las empresas públicas, cabe destacar un ahorro: en cotizaciones sociales. Las que pagan tanto las empresas como los trabajadores por desempleo son mayores para los contratos temporales que para los indefinidos. Por los primeros se paga un 8,3% del salario bruto y por los segundos, un 7,05%.