Los abusos a menores más allá de la guerra política: certezas e incógnitas tras la comparecencia de Oltra

Los posibles casos de abusos a menores tutelados por la Comunitat Valenciana se han convertido en un quebradero de cabeza para el gobierno de Ximo Puig. Este martes, la vicepresidenta y consellera de Igualtat del Consell de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, compareció a petición propia en la Diputación Permanente de las Corts para dar cuenta sobre las sospechas que alienta la oposición sobre su gestión desde hace meses. La investigación sobre abusos no solo salpica a su gobierno sino a la esfera personal de la propia Oltra, y la oposición no ha dudado en hacer de los abusos a menores un arma arrojadiza contra el tripartito. Más allá de la batalla política, esto es lo que se conoce hasta ahora del caso así como los interrogantes que siguen abiertos:

Una condena por abuso sexual: algo falló en el sistema de protección

El detonante se produjo tras la confirmación de un caso de abuso sexual dentro de uno de los centros de protección de la comunidad. En el año 2017, una joven de entonces quince años sufre abusos en las instalaciones donde se halla acogida por parte de un educador, Luis Ramírez, exmarido de Mónica Oltra. La víctima, ahora mayor de edad, lleva el caso a los tribunales y en marzo de 2021 la Audiencia Provincial de Valencia condena al educador por un delito de abuso sexual continuado, con una pena de cinco años de prisión. La condena llegó después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ordenara repetir el juicio con el propósito de valorar dos informes que cuestionaban el testimonio de la víctima. La Audiencia confirmó la resolución condenatoria y seis meses después sería el propio Tribunal Superior de Justicia el que la ratificaría. El proceso judicial deslizó que durante los abusos algo en el sistema de protección falló: la víctima no fue creída por los responsables del centro.

Según ha confirmado la justicia valenciana, el agresor acudió entre dos y diez veces a la habitación donde la menor solía permanecer aislada como forma de castigo, momento en el que se producían los abusos. La víctima reclama ahora una indemnización a la Administración Pública por haber obviado la violencia sufrida pese a haber dado la voz de alarma. Lo hace asesorada por José Luis Roberto, un letrado que es además líder del partido de extrema derecha España 2000 y ha sido el principal encargado de señalar a la consellera valenciana por supuestamente encubrir los abusos. Roberto fue también uno de los ultras que acosaron a la vicepresidenta y a su familia a las puertas de su casa, hace cinco años. 

Investigación en curso contra cuatro trabajadores

En paralelo, la Audiencia Provincial de Valencia ordenó a finales de diciembre la reapertura de la investigación judicial contra cuatro trabajadores de la Conselleria de Igualtat por presuntamente haber desprotegido a la menor. Esta decisión surge precisamente tras la ratificación de la condena al educador. Hasta el día de hoy, las pesquisas siguen en curso.

En noviembre, además, el Partido Popular llevó al Parlamento Europeo una petición para que la Comisión Europea investigase la existencia de supuestos casos de abusos generalizados en la red de protección y tutela de menores de la Comunitat Valenciana.

Las conclusiones del informe del Síndic de Greuges

La petición formulada por los conservadores en el ámbito europeo se agarra a un informe elaborado por el Síndic de Greuges. El equivalente valenciano al Defensor del Pueblo inició una investigación sobre los protocolos para detectar la violencia sexual en los centros de protección, sus resultados y los fallos en su aplicación. El texto final recoge un total de 175 casos de menores tutelados que han sufrido alguna forma de violencia sexual entre 2020 y 2021 y que fueron atendidos por la Administración. Entre ellos, 127 se encontraban en acogimiento residencial y 48 en acogimiento familiar. La inmensa mayoría, el 72,6%, eran mujeres. 

El pasado 13 de enero, la institución dio por concluida su investigación y cerró la queja abierta contra la Conselleria de Igualtat, a instancias del Partido Popular, al considerar que el departamento había aceptado todas las recomendaciones planteadas. Entre las sugerencias, el Síndic llamó a la elaboración de una estrategia autonómica de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.

Los posibles abusos, en datos irrefutables

Sobre el informe del Síndic de Greuges se pronunció este mismo martes Mónica Oltra. "No hay 175 menores atendidos por abusos sexuales en un año", matizó la consellera. Al contrario, enfatizó, lo que revela el documento oficial es que en un año se produjeron 175 atenciones a menores que habían sido abusados, en su mayoría, previamente a entrar en el sistema de protección. "No es que sean menores tutelados abusados, sino que están tutelados por haber sido abusados. Esa es la diferencia", aclaró la vicepresidenta.

Oltra recalcó que se trata de 175 chicos y chicas derivados y atendidos por un servicio público especializado que da respuesta a aquellas situaciones en las que haya podido existir violencia sexual, pero también a los casos en los que se hayan observado conductas sexuales "inapropiadas o desajustadas" respecto a la edad. El servicio, completó la dirigente valenciana, ha atendido en un año a tres tipos de perfiles: el primero, menores que se acogen al sistema de protección por sufrir abusos; el segundo, jóvenes que una vez dentro del sistema se "sienten con la seguridad" necesaria para "confiar a los profesionales hechos que han ocurrido con anterioridad", lo que técnicamente se conoce como revelación. El tercer perfil atiende a aquellos menores que presenten una "conducta sexual desajustada para su edad", situación que requiere de una atención especializada en educación afectivo sexual para corregir esa conducta. También se atiende a los menores que presenten conductas de riesgo o que hayan podido tener conductas contrarias a la libertad sexual de otras personas menores de edad. 

A la Administración pública le corresponde "cuidar y tratar de reparar el mal", enfatizó la consellera, mientras que a la Justicia le compete "determinar si esos casos son realmente abusos sexuales" y por tanto constitutivos de delito. El informe del Síndic versa "sobre las atenciones realizadas, que no necesariamente son abusos perpetrados", remachó.

Del total de 175 casos recopilados, 58 corresponden al primer perfil, menores que pasaron a la tutela de la Administración precisamente tras haber sido víctimas de abusos, mientras que 73 encajan en la revelación posterior a la tutela. Es decir, el 74,85% de los casos tienen que ver con abusos previos a la entrada en el sistema, según los datos facilitados por Mónica Oltra. Doce de los expedientes reseñados corresponden al tercer perfil, jóvenes cuyas conductas sexuales requerían de actuaciones especializadas en educación afectivo sexual. Seis de los casos fueron atendidos tras detectar posibles abusos durante las visitas al domicilio familiar o en el entorno, y siete por hechos ocurridos en diversos lugares, como pueden ser campamentos, actividades deportivas o en pareja. Otros diez equivalen a abusos entre iguales, personas menores de edad. Ninguno de los casos, destacó la consellera, atañe a profesionales del sistema de protección.

Situación actual: refuerzo de los mecanismos de protección

Mónica Oltra dedicó buena parte de su intervención a dar cuenta de los protocolos que existen en la comunidad para prevenir, detectar y actuar ante posibles casos de abuso contra los menores que se encuentran bajo tutela de la Administración.

En 2017, comenzó la consellera, se dio la instrucción de comunicar a la autoridad competente y al Ministerio Fiscal cualquier sospecha de una situación que pueda constitutir un delito contra la libertad e indemnidad sexual de los menores. "Una vez comunicada, la Fiscalía determina si hay indicios de delitos", subrayó la dirigente de Compromís.

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En 2020 la Generalitat reforzó esta instrucción con un protocolo para comunicar hechos o incidentes relevantes en los propios centros de protección de la comunidad. El objetivo no era otro que trasladar cualquier comunicación hecha por los jóvenes de posibles abusos sexuales dentro de las instalaciones en los que se hallan protegidos. Posteriormente, se trasladó un oficio de la directora general de Infancia y Adolescencia a los responsables de los centros para reiterar las pautas de actuación básicas en casos de sospecha de abuso o agresión sexual a menores tuteladas, enfatizó Oltra.

Además, en 2019 se formalizó un protocolo de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública por el que, en caso de detectar cualquier indicio o manifestación de posibles abusos sexuales, la víctima debería ser trasladada a los recursos sanitarios con el fin de atenderla de manera inmediata y activar un protocolo que estudie el caso.

En junio de 2020, una instrucción pedía establecer un procedimiento para la derivación, seguimiento e intervención al Servicio de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Abusos Sexuales y Agresores. Es el llamado SAANA, el mismo que ha recopilado los datos de las 175 atenciones en su primer año de funcionamiento. Oltra puso el acento no solo en las formalidades que existen sobre el papel, sino en los profesionales que sostienen el sistema: "Tenemos los mecanismos y las personas formadas para prestar estos servicios, sostenidos con fondos públicos y de carácter universal", presumió la vicepresidenta.