Adiós a las banderas arcoíris y a las concejalías LGTBI: la ultraderecha da los primeros pasos contra el colectivo

La constitución de los ayuntamientos tras las elecciones del 28M ha quedado marcada por la consolidación de los pactos que han ido fraguando la derecha y la extrema derecha. Bajo los cimientos de los acuerdos han quedado sepultados los derechos de todo un colectivo: las personas LGTBI. A las puertas del Orgullo, municipios de todo el mapa son testigo de un retroceso sin precedentes en las últimas décadas. 

Las alianzas entre el Partido Popular y Vox son ya una realidad en ciudades como Valladolid, Burgos, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Huelva, Gijón (Asturias), Elche (Alicante), Molina del Segura (Murcia), Torrijos (Toledo) o Náquera (València), entre otras. Pero la ola reaccionaria no afecta sólo a los ayuntamientos donde la extrema derecha ha conseguido entrar, sino que tiene ecos también allí donde los conservadores llevan el timón. En Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez Almeida dan pasos para integrar políticas reaccionarias contra la comunidad LGTBI. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció este mismo miércoles una reforma de la ley trans autonómica, mientras que el alcalde de la capital ha decidido un año más no reunirse con los colectivos LGTBI a las puertas del Orgullo, ni desplegar la bandera arcoíris de la fachada municipal. En la campaña institucional diseñada por el equipo consistorial, ni rastro de los colores ni de las siglas del colectivo.

Otro de los ataques que se han ido sucediendo en los últimos días se produce en el mismo corazón de las instituciones, en el motor de la gestión de las políticas públicas: las concejalías. La dinámica ha sido la siguiente: terminar con los departamentos de igualdad, feminismo y LGTBI, para sustituirlos por otros relativos a la familia. 

En Orihuela (Alicante), la Concejalía de Igualdad desaparece para dar paso a la de Familia, mientras que la de Bienestar Social, Igualdad LGTBI y Desarrollo Social, pierde la práctica totalidad de su nomenclatura y se queda solamente en Bienestar Social. En Castellón, el nuevo Gobierno del Partido Popular ha decidido que los departamentos de Feminismo y LGTBI son prescindibles.

La insistencia de la derecha a la hora de recuperar la idea de familia tradicional no es inocua, sino que supone la impugnación de otros modelos basados en la diversidad. Las consecuencias pueden ser demoledoras, como ya se comienza a entrever en otros países europeos. En la provincia italiana de Padua, más de una treintena de familias compuestas por dos madres ya han recibido una notificación del juzgado en la que se les comunica que se podrían modificar las partidas de nacimiento de sus hijos para eliminar la referencia de la madre no biológica como segundo progenitor. La orden proviene directamente del Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni.

Además de dinamitar concejalías, la ultraderecha ha podido llevar a la práctica en los últimos días uno de sus principales empeños: la retirada de la bandera arcoíris de las instituciones. En Náquera (València), el pacto entre PP y Vox conformado por una veintena de medidas, contempla la prohibición de colocar este símbolo en los edificios municipales. El pretexto: cumplir la "ley de las banderas" para promocionar "los valores constitucionales". Por este motivo, razonan las dos partes del acuerdo , no se colocarán "banderas LGTBI en balcones y fachadas de instalaciones municipales". 

La pugna contra la presencia de las banderas LGTBI en las instituciones viene en realidad de lejos y tiene un gran artífice: Abogados Cristianos. La organización ultracatólica ha ido actuando, a golpe de querella, contra quienes optaban por colgar la enseña en estas fechas. Lo ha hecho apoyándose sobre una sentencia del Tribunal Supremo que condenaba al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por colgar en 2016, frente a su sede, la bandera nacional de Canarias. La sentencia concluía que este acto contravino el ordenamiento jurídico porque "no es la bandera oficial". Aquella resolución judicial sentó doctrina y la entidad ultracatólica no tardó en usarla para su batalla en los tribunales contra el símbolo del colectivo. El año pasado, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) matizaba este dictamen y discrepaba con que pudiera ser válido en todos los supuestos: "La mera utilización de los colores arcoíris y su colocación en el balcón municipal no vulnera la ley de banderas", concluían los magistrados.

Pero la ofensiva ultra que comenzó en el seno de organizaciones como Abogados Cristianos se extiende ahora a los ayuntamientos. En Vegas del Genil (Granada), el Gobierno de PP y Vox ha retirado las banderas LGTBI y trans que colgaban en el balcón consistorial; mientras en Toledo se ha apostado por romper con la tradición de colocar la enseña arcoíris tras la entrada de PP y Vox en el Ayuntamiento. En Torrijos (Toledo), el Gobierno ha decidido desplazar la bandera que ya ondeaba en la fachada, conmemorando la celebración del Orgullo, para instalarla en un edificio no oficial. "La eliminación de la bandera LGTBI del Ayuntamiento es un acto simbólico que alimenta el odio, la discriminación y el prejuicio hacia la comunidad LGTBI, y que puede tener un impacto negativo en la vida de muchas personas", lamenta la organización LGTBI Torrijos.

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Este mismo viernes, la diputada de Vox en Aragón desde 2019, Marta Fernández, se ha convertido en la nueva presidenta de las Cortes autonómicas, gracias a un acuerdo entre el PP y la extrema derecha. La nueva presidenta es uno de los muchos ejemplos del ideario que anida en las filas del partido de Santiago Abascal. Entre sus dardos, no faltan los ataques al colectivo LGTBI, al que tacha de "lobby gay". 

Fernández ha elogiado la enorme lona que su partido colgó en el corazón del madrileño barrio de Goya, donde están representados diversos símbolos depositados en una papelera. Entre ellos, la bandera LGTBI. La ultra también compartió en sus redes sociales la ilustración de una familia –formada por un padre, una madre y dos hijos– resguardándose bajo un paraguas de la bandera arcoíris y de un tiempo a esta parte se ha dedicado a compartir bulos sobre "las consecuencias catastróficas" de la ley trans. Una norma que, por cierto, el líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, ya se ha comprometido a modificar. "Es mucho más fácil cambiarse legalmente de sexo que aprobar la selectividad, que sacarse el carnet de conducir", decía el jefe de la oposición a principios de junio.

Esta regresión generalizada allá donde Vox ha arañado poder, tiene además consecuencias en las calles. Las entidades y grupos ultra se saben legitimados para reforzar su ofensiva, reproduciendo discursos de odio y ataques al colectivo sin un reproche contundente desde la política institucional. A mediados de junio, Abogados Cristianos presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla) por la instalación de una exposición reivindicativa con motivo del Orgullo, pero también por la colocación de la bandera arcoíris ubicada en una rotonda y la fachada del edificio consistorial. Y en la residencia universitaria Livensa Living Málaga, los estudiantes amanecieron este miércoles con carteles que advierten de una "epidemia homosexual" y que ofrecen "20 euros por cada enfermo capturado". Junio es presentado, en el panfleto, como el "mes de la caza".