Ángela Rodríguez (Pontevedra, 1989), recibe a infoLibre con cierto agotamiento, taza de café en mano, después de haber citado a los medios de comunicación para diseccionar en clave de género los recién pactados Presupuestos Generales de 2023. Las cuentas, reconoce, quizá podrían ser mejores, pero traen buenas noticias para las mujeres: igualdad logra la cifra histórica de 573 millones de euros para desarrollar sus políticas. La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género celebra los avances, pero no pierde de vista los muchos retos que debe afrontar su departamento. Algunos, echan raíces en las mismas entrañas del sistema. Y para muestra, el bramido misógino que escenificó un grupo de residentes del colegio mayor Elías Ahuja y que prueba que todavía queda un largo recorrido para hacer de la igualdad un valor irrenunciable para la sociedad en su conjunto.
Dice que son unos buenos Presupuestos, pero que podrían ser mejores. ¿Qué es prioritario para este Gobierno: los tanques o las guarderías?
Es evidente que nosotras preferiríamos más escuelas infantiles que tanques. Además, como feministas siempre hemos defendido que el pacifismo debería de ser la principal hoja de ruta de este Gobierno. Pero estos son unos buenos presupuestos para la ciudadanía y especialmente para las mujeres y yo creo que es importante tener presente que no hay ni un solo euro del gasto en Defensa que haya ido en detrimento del gasto en políticas sociales. Esa es la mejor noticia con la que nos tenemos que quedar.
¿Analizar los baches a la conciliación implica mirar a los hombres, a las empresas o al Estado?
La conciliación y la reorganización de la economía de los cuidados tiene que pasar por un gran acuerdo de país. Es imposible que cambiemos el modelo económico si no hay una implicación de todas las partes. Siempre pongo el ejemplo de cómo hemos asumido que hacer una transición ecológica y convertir nuestra economía en una economía verde y limpia ha implicado no solo cambios por parte del Gobierno, sino también de las empresas, a través de medidas de ahorro energético, y también de las familias, que ahora reciclan o apagan la calefacción. La conciliación la tenemos que percibir de la misma manera. Tiene que haber un esfuerzo por parte del Gobierno de corresponsabilizarnos de esas horas de trabajo que habitualmente asumen las mujeres, tiene que haber un esfuerzo por parte de los hombres, que hasta ahora no se han hecho cargo de esas tareas, y por supuesto tiene que haber un esfuerzo por parte de las empresas, que van a tener que cambiar su política de conciliación y flexibilización de la jornada laboral y adaptarse a una nueva etapa.
¿Qué le parece la propuesta del Partido Socialista de Madrid sobre abrir escuelas doce horas al día durante once meses al año?
No es una mala propuesta, pero no es suficiente para solventar el problema de la conciliación. Sé que es una propuesta que ha sido muy criticada, pero creo que esas críticas no han tenido siempre presente una mirada de clase. Muchas madres de clase trabajadora la única solución que tienen a su alcance en este momento es dejar a sus hijos en el colegio de siete de la mañana a siete de la tarde. La conciliación no puede depender del dinero que tengas en la cuenta bancaria y por tanto creemos que tiene que haber un esfuerzo por ofrecer alternativas para que las familias puedan conciliar su vida familiar con su vida laboral y su vida personal. Creo que hay que diversificar las medidas para la conciliación y la propuesta del PSOE de Madrid aunque creo que es positiva no es suficiente.
Tenemos que encontrar una forma de trabajar que sea compatible con cuidar y con vivir
Hace unos días se han debatido enmiendas a la totalidad de la ‘ley trans’, una norma muy cuestionada por una parte del feminismo. ¿Tienen pensado sentarse con este sector crítico?
El Ministerio de Igualdad y el Gobierno de España mantiene una defensa firme de los derechos humanos. No nos vamos a reunir con quienes vulneran esos derechos humanos. Lo que se está defendiendo en este momento por algunas voces es transfobia, es una vulneración de los derechos humanos y está causando muchísimo sufrimiento en la comunidad LGTBI. Nuestra tarea es conseguir que los derechos se garanticen por ley cuanto antes y estar centrados en esta materia. Como Gobierno creo que lo más importante es que cumplamos con la ley y protejamos los derechos humanos de las personas trans, una tarea que es además constitucional.
Carmen Calvo cree que esta ley puede poner en riesgo toda la legislación de igualdad.
Es falso, es un bulo. La ley trans está redactada con la seguridad jurídica necesaria para proteger los derechos de toda la ciudadanía y además no hay que olvidar que cuando hablamos del colectivo LGTBI y del colectivo trans también estamos protegiendo los derechos de las mujeres. Pensar que proteger los derechos de las personas LGTBI es no proteger los derechos de las mujeres es profundamente contradictorio. Yo esperaría más rigor a la hora de tener debates políticos que pueden ser legítimos, porque se están planteando argumentos que son falsos.
Hay comunidades cuyos comités clínicos rechazan hasta un 20% de las peticiones de interrupción del embarazo a partir de la semana 22, pero la reforma de la ley del aborto no aborda esta cuestión. ¿No es un problema?
Sí, desde luego es uno de los elementos que nos gustaría poder trabajar en el trámite parlamentario, si bien es cierto que tenemos limitaciones en términos competenciales en esta materia. Es cierto que uno de los consensos fundamentales que existía en este Gobierno a la hora de modificar la actual Ley del aborto tenía que ver con no tocar el acuerdo del 2010 relativo a los plazos y por tanto creo que este tendrá que ser un acuerdo que se vuelva a dar en la Cámara, también para que otros partidos políticos que participaron en el 2010 de este acuerdo, como el PNV o ERC, puedan tener una voz autorizada en esta materia. Requiere de mucho consenso social y creo que debe de trabajarse en el trámite parlamentario.
¿Es la ley del aborto suficiente para acabar con los vientres de alquiler?
La nueva ley del aborto dice una cosa que hasta ahora no se había dicho en España: que los vientres de alquiler son una forma de violencia contra las mujeres. Es muy importante que esto se asuma. Y además establece medidas para perseguir a las agencias que promueven esta forma de violencia. A nosotras nos hubiera gustado ir más allá, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, nos hubiera gustado que fuera posible derogar la instrucción que permite inscribir a los niños y niñas que llegan a través de esta forma de violencia contra las mujeres, pero no tuvimos acuerdo en el Gobierno para hacerlo. Quizás pueda hacerse durante el trámite parlamentario. En cualquier, caso es importante recordar que la gestación por sustitución es una técnica humana de reproducción asistida que está prohibida en nuestro país desde el año 2006.
¿Cuándo tendremos una ley contra la trata?
Esta pregunta debe de ser para el Ministerio de Justicia. Igualdad tiene su borrador de trata redactado desde las navidades del 2021 y desde entonces hemos estado esperando una respuesta, pero no hemos dejado de trabajar. Hemos aprobado un modelo de acreditación para las víctimas un plan de inserción y un plan operativo para coordinar todas las competencias que el Gobierno tiene en materia de trata. Creemos que es urgente, que no podemos seguir diciendo que queremos abolir la prostitución sin ocuparnos de proteger a las víctimas de todas las formas de violencia que hay vinculadas a la trata y a la explotación sexual. La persecución de la impunidad tiene que ser compatible con la protección de las víctimas y si no somos capaces de asumir esto como una tarea de Estado, probablemente estemos generando víctimas de primera y de segunda. Ahora bien, no es suficiente con el Código Penal. Es igual de importante perseguir a quienes la cometen, prevenir que no suceda y proteger a sus víctimas. Estos tres elementos tienen que estar siempre presentes y lo que nos estamos encontrando en este momento encima de la mesa tiene carencias en este sentido.
No podemos seguir diciendo que queremos abolir la prostitución sin ocuparnos de proteger a las víctimas
Usted se ha reconocido proderechos [de personas que trabajan en la prostitución], ¿qué tiene que aportar su postura en el seno de un Gobierno que se declara abolicionista?
El debate sobre la abolicionismo y el regulacionismo es un debate que en cierta medida está en otros lugares diferentes al de las instituciones. La tarea de un Gobierno no es posicionarse en debates que son legítimos dentro del feminismo sino proponer políticas públicas. Hay un acuerdo en este Gobierno: por un lado hay que perseguir a la industria proxeneta y por otro lado hay que proteger a las mujeres que están en estos contextos. Como feminista, creo que estas mujeres por encima de todo necesitan una casa, papeles y atención psicológica. Cómo se le llama a que esto sea compatible con la persecución de la industria proxeneta no es un debate que me interese en este momento.
¿Qué opinión le merece la proposición contra el proxenetismo del PSOE?
Esta norma es fruto del debate de la Ley de libertad sexual. Nosotras hicimos una propuesta para la persecución del proxenetismo que era muy respetuosa con la protección de las mujeres y creo que la propuesta que está haciendo ahora mismo el Partido Socialista roza el prohibicionismo y puede poner en riesgo la situación de muchísimas mujeres. Confío en que pueda haber un consenso parlamentario que sirva para proteger a las mujeres al mismo tiempo que se persigue a la industria proxeneta. Es posible, nosotras pusimos una redacción encima de la mesa que concitaba el acuerdo parlamentario de muchos grupos, incluso del Partido Popular, y creo que estamos a tiempo de llegar a un acuerdo en este sentido.
¿Y qué opina de la enmienda regulacionista que propuso la CUP?
No la comparto. No creo que en nuestro país estemos en disposición de decir que hay que abordar la situación de la prostitución desde ese punto de vista. Esos debates en este momento tienen muchos matices. Cuando hablamos de prostitución para mí lo más importante es modificar la Ley de Extranjería y hablar de políticas laborales para esas mujeres, pero eso no quiere decir que quiera que existan tramos de IRPF.
Sobre la Ley de Extranjería, ¿el socio de gobierno también está de acuerdo con tocarla?
Es uno de los asuntos en los que tenemos más discrepancias. A mí me gustaría ver en esa parte del Gobierno algo de ese socialismo de Zapatero que no tuvo miedo a hacer regularizaciones masivas.
El PSOE señala a la pornografía como un elemento nocivo que interfiere en la educación sexual. ¿Deben las instituciones intervenir al respecto?
Sin duda. Los datos que tenemos en el Ministerio es que incluso a partir de los ocho años los niños buscan pornografía en internet, probablemente por curiosidad, y lo que se encuentran en muchas ocasiones es una pornografía que reproduce la violencia sexual. Esto nos tiene que hacer pensar cuáles son las carencias que está teniendo esta gente más joven y por qué no tiene otras fuentes de información diferentes. La mejor forma de contrarrestar esta situación es ofrecer esa información alternativa y que un chaval de diez años que quiere saber sobre sexo, algo absolutamente legítimo, en vez de buscar pornografía en internet tenga a un profesor o una profesora en la escuela pública que le hable sobre consentimiento sexual.
¿Qué le dice la escena en el colegio mayor sobre la juventud y la masculinidad?
Es la punta del iceberg. Detrás de eso lo que hay son otras formas de violencia que se legitiman con más facilidad porque han normalizado tratar a las mujeres como objetos sexuales. Lo que ha sucedido nos tiene que hacer reflexionar. Hay chavalas jóvenes a las que les escandalizó y eso es un paso adelante. Pero también sigue habiendo una parte de la juventud que normaliza y blanquea la violencia machista. En parte, porque se normaliza en los medios y en las instituciones públicas, por tanto hay responsabilidades compartidas: en la dirección de ese centro, pero también por supuesto en el Estado o en los partidos políticos que permiten tener a [Juan García] Gallardo de vicepresidente [de la Junta de Castilla y León] diciendo que las mujeres son unas desalmadas. Todo es la misma cadena. El machismo y el patriarcado son una cuestión estructural que lo impregna todo, no podemos analizarlo de manera aislada. Si hay una chavala a la que le parece normal que le digan 'puta ninfómana, sal de la madriguera', probablemente tenga que ver con que haya escuchado en numerosas ocasiones que está bien que se trate así a las mujeres. Para ellas yo esperaría que pudieran tener una educación alternativa que les enseñara a ser sujetos de su sexualidad y no objetos.
Los delitos de odio por orientación sexual aumentaron en un 67% durante 2021. ¿Qué conclusión saca?
Una muy clara y rotunda: los discursos de odio son gasolina para los delitos de odio, la transfobia es gasolina para que sigan creciendo los delitos de odio. Llevamos unos años en los que se ha dicho de todo contra el colectivo LGTBI. Además, durante bastante tiempo con absoluto silencio por parte de toda la sociedad. Se nos ha vuelto a calificar de enfermos, depravados y caprichosos como si nuestra identidad y nuestra vida fueran algo que hubiéramos elegido y no lo que directamente somos. Esto también nos tiene que hacer reflexionar. Y un mensaje muy claro a quien siga alimentando esos discursos de odio: las personas LGTBI no vamos a desaparecer, hemos existido siempre y vamos a seguir existiendo siempre. El único debate que hay es si se nos reconocen derechos o no. Y no reconocer derechos a una parte de la ciudadanía es una posición muy autoritaria y poco democrática.
La transfobia es gasolina para que sigan creciendo los delitos de odio
¿Cree que ese aumento de los delitos de odio puede reflejar también una mayor concienciación y menos miedo a la hora de denunciar?
Absolutamente. Cuando crecen las denuncias en algún tipo de violencia, probablemente tiene que ver con que hay más violencia revelada. Los datos relativos a la comunidad LGTBI son mucho más escasos que los datos relativos a la violencia machista y esto es una cosa que hay que mejorar, pero es cierto que el hecho de que más gente se atreva a denunciar que está sufriendo un maltrato por parte de otra persona para mí es siempre una buena noticia. Lo contrario a eso sería que viven esa violencia, pero la viven en soledad.
También muchas mujeres denuncian a sus agresores y aún así estos terminan con sus vidas. ¿Qué falla en la protección?
Falla que seguimos siendo una sociedad machista y esto se traduce en que en muchas ocasiones la valoración del riesgo que se hace desde las distintas instancias institucionales que participan en la protección de las mujeres no es lo suficientemente ágil, ni es lo suficientemente acertada. Esto es mejorable con formación, pero también ha habido mejoras en los últimos tiempos. No es una cuestión menor que tengamos un número histórico de llamadas al 016 o de denuncias por violencia de género, porque esto lo que muestra es que cada vez más mujeres están siendo capaces de acercarse a las instituciones, cuando teníamos una cifra de infradenuncia muy preocupante. Mientras seguimos revisando cada uno de los pasos que damos, yo quiero lanzar un mensaje de seguridad: las instituciones funcionan.
Igualdad acaba de estrenar su estadística sobre feminicidios más allá de la pareja o expareja. Una vez consolidado el recuento, ¿cuáles son los próximos pasos?
El recuento de feminicidios ha puesto encima de la mesa una realidad que es preocupante: todos los asesinatos fueron cometidos por conocidos de las asesinadas y además el 67% de ellas eran mayores de 60 años. Siempre hemos pensado en el caso de los feminicidios en el ámbito de la pareja que normalmente sucedían con mujeres mucho más jóvenes, pero lo que nos demuestra esto es que la violencia está presente a lo largo de toda la biografía de las mujeres: cuando eres niña por parte de tu padre, cuando eres adulta por parte de tu pareja y resulta que cuando eres madre o abuela por parte de tu hijo o de tu nieto. Esto es escalofriante y tenemos que pensar medidas específicas para proteger a las mujeres más mayores. Las mujeres mayores, por ejemplo, que ya están en edad de estar en una residencia no pueden acudir a las casas de acogida y esto es un problema. Por eso estamos trabajando con el Imserso para diseñar soluciones.
Cenas populares, mascarillas moradas, proyección de películas… son acciones que llevan a cabo algunas localidades con los fondos del Pacto de Estado para la Violencia de Género. ¿Estaban pensados para estos fines?
Es evidente que no. En los últimos cinco años el Pacto de Estado se ha desplegado como la gran primera política pública contra la violencia de género y estamos todos aprendiendo. Ha tenido muchos éxitos pero también ha tenido errores. Ahora es el momento de presentar una evaluación y cambiar las cosas que no han funcionado bien. El Ministerio de Igualdad está pactando con las comunidades este catálogo de políticas de referencia para que el dinero del Pacto de Estado se gaste en las cosas que creemos que son importantes, como psicólogas y psicólogos que ayuden a la recuperación de las víctimas, campañas de sensibilización que, a diferencia de las que hacen la Comunidad de Madrid, vayan dirigidas a decirle a los agresores que no agredan. Hay cosas que sabemos hacer bien, estos cinco años ya nos han enseñado mucho y lo que tenemos que hacer es reorientar ese gasto
¿Irene Montero y el equipo del Ministerio de Igualdad son víctimas de violencia política?
Sí, sin duda. Estamos siendo testigos de una oleada de violencia contra muchas formas de feminismo, pero particularmente contra el Ministerio de Igualdad. Es una forma de violencia política que se está recrudeciendo. Cada vez los bulos son más grandes y las consecuencias de intentar desarticular esos bulos son más violentas también. A mí me importa mucho la reflexión que hace la feminista Mikki Kendall de que la violencia contra las mujeres es una industria y creo que hay quien se está beneficiando de la violencia política que se ejerce contra el Ministerio de Igualdad. Hay quien sube vídeos a YouTube insultándonos o contando bulos y gana dinero por ello y hay quien tiene más visibilidad política inventándose cosas o insultándonos. Esto debe de ser analizado. Los organismos internacionales llevan mucho tiempo diciendo que la violencia política es un problema en muchos países, pensamos que esto no puede suceder en España pero la realidad es que está sucediendo. Hoy es contra el Ministerio, pero mañana puede ser contra cualquiera.
Estamos siendo testigos de una oleada de violencia contra muchas formas de feminismo, pero particularmente contra el Ministerio de Igualdad
¿Teme los efectos de un Gobierno de la ultraderecha en las políticas de igualdad?
Irene Montero: "Si algo defendemos las feministas es la paz y el fin de los conflictos armados"
No me cabe duda de que la agenda de un Gobierno de ultraderecha en España sería el reverso del Ministerio de Igualdad. Por eso creo que somos el centro de sus ataques, porque representamos la antítesis. Estoy segura de que querrían hacer leyes que recuperasen la protección de la familia natural y que eliminaran las libertades para las mujeres. No es casualidad que elijan la idea de familia y la idea de libertad sexual para pelear en ese campo de batalla con nosotras, porque ese es el terreno de juego de la ultraderecha: intentar hacer que las mujeres no ocupemos otro lugar que el de madres cuidadoras en el ámbito privado del hogar. Cada vez que una mujer se atreve a salir de ese ámbito es cuando más sufre violencia: quien sale a la calle, al mercado laboral, quien es capaz de decir que quiere disfrutar sexualmente… ya no digamos quien lo hace desde un Gobierno. Y a partir de ahí la violencia es cada vez más bestia. Por eso creo que debemos pelear más derechos, porque como dijo la ministra, a estos fascistas se les para con derechos.
Frente a la ultraderecha, parece que el proyecto de Yolanda Díaz se presenta como la alternativa de la izquierda. Usted compartió recorrido con ella, desde Galicia hasta Madrid. ¿Le ilusiona su proyecto?
Yolanda Díaz va a ser una magnífica candidata a la presidencia del Gobierno. Estoy segura de que va a haber un espacio compartido con ella, no podría ser de otra forma y yo como gallega no me imagino otra cosa.
Ángela Rodríguez (Pontevedra, 1989), recibe a infoLibre con cierto agotamiento, taza de café en mano, después de haber citado a los medios de comunicación para diseccionar en clave de género los recién pactados Presupuestos Generales de 2023. Las cuentas, reconoce, quizá podrían ser mejores, pero traen buenas noticias para las mujeres: igualdad logra la cifra histórica de 573 millones de euros para desarrollar sus políticas. La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género celebra los avances, pero no pierde de vista los muchos retos que debe afrontar su departamento. Algunos, echan raíces en las mismas entrañas del sistema. Y para muestra, el bramido misógino que escenificó un grupo de residentes del colegio mayor Elías Ahuja y que prueba que todavía queda un largo recorrido para hacer de la igualdad un valor irrenunciable para la sociedad en su conjunto.