"Esta ley no va con nosotros": el acoso antiabortista se mantiene pese a ser delito desde hace más de un año

Ya no se concentran de forma masiva, no se agolpan, no la emprenden a gritos frente a las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo. Ahora está todo hábilmente planificado para no generar más ruido del necesario. Los grupos antiabortistas que acosan a las mujeres que quieren ejercer su derecho a la libre interrupción del embarazo echan raíces por todo el país, coordinados y organizados gracias a una estructura global, y lo hacen a pesar de que el acoso frente a las clínicas se encuentra inserto en el Código Penal desde hace más de un año. "Esta ley no va con nosotros", lanzan sin medias tintas a través de su página web.

Este miércoles, los activistas ultracatólicos ocuparon las inmediaciones de clínicas de casi una veintena de ciudades para iniciar su ya tradicional campaña 40 días por la vida. Lo hacen frente a centros privados, pero no sólo: también llaman a hacerlo frente a instalaciones de titularidad pública. Un ejemplo es la Unidad de Atención a la Mujer de Burgos, donde se realizan, entre otras prestaciones, mamografías y servicios de atención a víctimas de violencia de género.

En su página web, cuentan con una serie de instrucciones perfectamente trazadas para coordinar las acciones de sus adeptos. Si aquellas personas que ejercen el acoso frente a las clínicas se encuentran, por ejemplo, con el reproche de las fuerzas de seguridad, los organizadores recomiendan persistir, pero no confrontar. "Sé amable, pero cuestiónalo", sugieren. "Pregunta: por qué, qué estoy haciendo mal, cómo debo actuar". Defienden que las denuncias de mujeres y trabajadoras no son más que opiniones "subjetivas y particulares" y por tanto no son ellas quienes deciden "quién comete o no delitos". E insisten: "Rezar no es acosar".

A la penalización del acoso, en vigor desde abril del año pasado, se refieren como "ley de criminalización de los providas". Pero sobre todo, se enrocan en defender que no va con ellos. "Podemos estar tranquilos", sostienen. Y, en cierto modo, esto último sí es verdad: a pesar de la entrada en el Código Penal, el acoso aún tiene vía libre frente a las clínicas. En cualquier caso, para disipar todo riesgo, los grupos ultras van bien armados: "En casi gran parte de las ciudades tenemos un abogado de apoyo a la campaña".

Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), recalca que "lo tienen perfectamente estudiado para saltarse la ley". Esa capacidad la demuestran en su página web, donde quien quiera puede buscar su ciudad, consultar qué concentraciones hay convocadas y apuntarse a un turno. Lo hacen por turnos para evitar grupos numerosos, ya que cualquier concentración con un número de participantes inferior a veinte, no tiene que ser notificada. En Madrid, por ejemplo, hay apuntadas –a 29 de septiembre– 795 personas repartidas en 54 turnos.

El miércoles, relata García, no serían más de cinco o seis personas frente a la clínica donde trabaja, en Granada. "Lo tienen pautado, tienen horarios y se van relevando", explica. Esta vez, la presidenta de la organización decidió abandonar las instalaciones y recriminarles su presencia allí. "Les dije que por favor se fueran, que estas mujeres lo están pasando mal", sostiene la doctora. "Si lo pasan mal, pues algo de conciencia les queda", replicaron los allí presentes. 

Rabia e impotencia

Los grupos antiabortistas se escudan bajo su carácter supuestamente pacífico. Van a rezar, no a protestar. A salvar vidas, dicen, no a acosar a nadie. "Sentimos rabia e impotencia", subraya la doctora, "las mujeres entran nerviosas, pensando qué habrán hecho".

A través de una encuesta a tres centenares de pacientes elaborada en 2018, ACAI elaboró un estudio en el que concluye que un 89% se siente acosada y un 66,67% amenazada por la presencia de estas personas. Algunos testimonios recabados por la organización recogen la angustia de estas mujeres: "Me han hecho sentir como una asesina, me han dicho que iba a ir al infierno, que estaba matando a mi hijo".

La ley y sus lagunas

El acoso sistemático frente a las clínicas llegó al poder legislativo a través de la reforma penal que, a propuesta del Partido Socialista, buscaba poner fin a este tipo de ataques. La modificación del Código Penal introduce un nuevo delito, el acoso mediante "actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos" con la finalidad de obstaculizar el ejercicio del derecho al aborto, así como los mismos actos contra los profesionales de las clínicas. Los tribunales tienen además la potestad de imponer la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años.

Tal y como explica el jurista José Antonio Bosch en su libro El aborto en España. Guía jurídica práctica de la interrupción voluntaria del embarazo (Aranzadi, 2023), "asumiendo el legislador la dificultad de la denuncia de la víctima en este tipo de delitos", la reforma regula "la no necesidad de la denuncia de la persona agraviada" para su persecución. Sin embargo, afina el abogado, "el que no se requiera denuncia para la persecución no evita a la mujer su participación procesal" y es "evidente que, salvo confesión directa del investigado, la posible condena requiere de la acreditación del menoscabo sufrido por en la libertad de la mujer lo cual implica la necesidad" de que declare. Y la experiencia de las últimas dos décadas demuestra que "la mujer acosada no quiere perder su intimidad garantizada en el acto médico durante la tramitación de un proceso judicial público".

Es esta una de las fallas detectadas por los expertos, pero no la única. El simple concepto de acoso tiene difícil encaje, pues requiere de "insistencia, repetición y cierta frecuencia", circunstancias que no siempre se producen, pues los activistas ultra tienden a rotar en sus ataques. 

Pero la mayor laguna que ponen de relieve los profesionales es una: la ausencia de las denominadas zonas seguras. El preámbulo de la ley considera imprescindible "garantizar una zona de seguridad alrededor de los centros sanitarios que facilitan la interrupción voluntaria del embarazo", con el fin de "garantizar la intimidad de las mujeres, su libertad y seguridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación". Esas zonas se quedaron ahí, en el papel y sin concretar la fórmula que podría implementarlas. El PNV introdujo una enmienda a la reforma en la que proponía castigar la participación en concentraciones a menos de 150 metros de las clínicas, pero decayó en el trámite parlamentario.

Donostia, un caso paradigmático

La directora de la clínica Askabide de Donostia, Naroa Iturri, reconoce que la ley "ha sido bienvenida, pero tiene muchos resquicios por dónde pueden agarrarse". Pero es precisamente ahí, en suelo vasco, donde van consiguiendo ponerle freno. El año pasado, la clínica decidió llamar a la Ertzaintza para hacer cumplir la ley e identificar a quienes se manifestaban. Acompañadas por la intervención del Gobierno vasco –se trata de una clínica concertada– y los grupos parlamentarios, la clínica fue ganando batallas. "Fuimos denunciando y ganando juicios", clama Iturri. 

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Se consigue una orden de alejamiento: prohibido concentrarse a menos de cien metros de las puertas del centro. "El año pasado se ponían en una esquinita, tenían derecho a hacerlo, pero no delante de la clínica porque coacciona a las mujeres y condiciona a las trabajadoras", sostiene la directora del centro. Este año, todavía no han hecho acto de presencia.

Iturri reconoce que la victoria es agridulce y lamenta el coste. Con una ley pensada para amparar y proteger a las mujeres, no termina de comprender por qué librarse del acoso todavía depende de los recursos y la capacidad de pelear de cada clínica. "Este proceso es un monstruo", exclama. "Esta gente tiene mucho poder en cuanto a abogados", pero además "terminas de trabajar y tienes que ir a poner una denuncia, presentarte en juicios… no siempre es lo más fácil". 

Francisca García añade que, además de la tesón de las clínicas y las mujeres que decidieron denunciar, el otro ingrediente reside en la interpretación judicial: "Se consiguió porque un juez dijo que para prevenir este tipo de actos, era importante definir zonas de seguridad", agrega. García recuerda que su organización lleva a sus espaldas una "larga historia" de reuniones con líderes políticos y representantes institucionales, hasta ahora sin resultados. La última fue con el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, en junio. "Nos dijo que iba a trazar medidas para prevenir este tipo de acciones, pero no se ha hecho nada".