El Gobierno ha puesto en marcha toda la maquinaria precisa para evitar que los menores accedan a contenido pornográfico con sólo pulsar un botón. Lo hace con una firme convicción: el porno "distorsiona" la percepción de los niños y adolescentes respecto a la sexualidad, conlleva un "grave riesgo de adicción", puede propiciar "comportamientos inapropiados" y "normaliza la violencia contra las mujeres". Es la base a partir de la que este martes se aprobará, según ha detallado el diario El País, un plan integral que marca la hoja de ruta para poner coto al porno consumido por menores y que incluye una ley para regular su acceso, una estrategia entre ministerios y un pacto de Estado. A falta de conocer la letra pequeña, existe una pieza clave que no termina de encontrar su encaje: la educación sexual.
Las expertas consultadas aplauden la iniciativa anunciada. Coinciden en que toda herramienta para regular el acceso al porno por parte de menores, dada su dimensión, es un avance. Escenificada la celebración inicial, aparecen los matices. "Es muy positivo poner en marcha medidas que obliguen a las plataformas que se están lucrando con la pornografía a regular sus contenidos, pero la educación afectivo sexual es la gran asignatura pendiente", sostiene Carmela del Moral, responsable de Políticas de Infancia en Save the Children España. "Tenemos una dinámica social que consiste en poner la tirita cuando ya está la herida, en lugar de intentar no gastar en tiritas", diagnostica la coeducadora Marian Moreno, quien se apresura en aclarar que si bien la medida anunciada es "excelente", lo cierto es que "el problema se nos ha ido de las manos".
"Vamos a crear una nueva normativa cuando tenemos una generación, infancia y adolescencia, educada en la pornografía" y que por tanto se está formando en base a la idea de que "la sexualidad es violencia, sumisión y poder", añade la docente. Y de ahí la importancia de la educación.
El porno como aprendizaje
El informe de Save the Children (Des)información sexual: pornografía y adolescencia, publicado en 2020, señala que el 40% de las personas encuestadas reconoce la pornografía como fuente de aprendizaje afectivo sexual, frente a un 26% que apunta al centro educativo. Un 48% de los participantes en el estudio estima que la pornografía es un espacio válido de información. Los menores toman nota de aquello que ven en las pantallas y lo asumen como una suerte de aprendizaje que reproducirán después en su intimidad. Y no existe prácticamente ningún contrapeso en las escuelas.
Sobre el papel, la educación afectivo-sexual debe vertebrar la formación en las aulas. Así lo mandata, principalmente, la Ley de Educación, que adopta un enfoque de "igualdad de género a través de la coeducación" y que incluye de "manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo sexual". También la Ley de Salud Sexual y Reproductiva dedica, en su capítulo tercero, medidas en el ámbito de la educación y la sensibilización. Referencias similares son las que anidan en la Ley de Garantía de la Libertad Sexual y en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia.
Las cosas están claras en el plano de lo teórico, pero la realidad en los pasillos de las escuelas ni siquiera roza lo que mandata la legislación. Sucede incluso que quienes pretenden hacer de la educación sexual una realidad, se encuentran con un entramado de resistencias. Lo sabe bien Marian Moreno, autora del programa pionero Skolae en Navarra. A pesar del reconocimiento internacional unánime –la Unesco le otorgó un premio hace cinco años–, la iniciativa fue objeto de una persecución continuada por parte de sectores conservadores y ultracatólicos. Y aunque el proyecto finalmente salió victorioso, el coste fue enorme y la ofensiva se materializó en años de procesos judiciales.
"El papel lo aguanta todo", pero el conflicto aparece cuando llega el momento de aterrizar la teoría en los pupitres, clama Moreno. A juicio de la docente, si hay algo que no se está cumpliendo en las escuelas es la educación en igualdad. "No está sistematizada, no está generalizada, ni se está obligando al cumplimiento de las leyes". Aquellos que tratan de poner los mimbres para tejer un cambio de paradigma, se topa con toda una estructura que no tolera cambio alguno. "Quien quiere coeducar, se enfrenta a denuncias, presiones y señalamientos", enuncia la profesora, por lo que la responsabilidad no debe ser una cuestión de compromiso individual.
La educación sexual "tiene que ser obligatoria", pero además es necesario impulsar una formación rigurosa entre el profesorado, desarrollar inspecciones regulares y que las "autoridades protejan" a los docentes. "Es agotador tener constantemente miedo a que te caiga una denuncia", reconoce Moreno, quien identifica las resistencias como consecuencia de una "historia muy oscura como país, donde la religión ha marcado el rumbo identificando la sexualidad como reproducción o pecado". Existe todavía "una parte de la población tremendamente nostálgica de tiempos pasados" que batalla por expulsar la educación sexual de las clases.
En ese sentido, Carmela del Moral cree que todavía hay un gran trabajo por delante a la hora de derribar mitos en torno a la educación sexual y concederle el valor pedagógico que realmente tiene. Se trata de "educación reglada y de contenidos adaptados por edades", porque "si no empiezas a educar a los cinco años, a los quince ya no hay conversación". Nada de ello va en detrimento de que "cada familia pueda educar en los valores que considere", enfatiza la experta, quien insiste en que la educación sexual se concreta en cuestiones tan fundamentales como tener las herramientas para saber identificar abusos sexuales.
Es precisamente el conocimiento previo, desde las etapas más tempranas, lo que hará realmente efectiva cualquier medida restrictiva a futuro. "Lo ideal es que los menores no accedan a la pornografía, pero si se saltan las barreras, al menos que sepan interpretar lo que están viendo", completa Del Moral. "Si tienen las herramientas para hacerlo, no lo van a tomar como la única verdad, tendrán pensamiento crítico para analizarlo y saber que no es lo normal".
Pasos previos
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No es que la iniciativa ahora planteada emerja en terreno yermo. Sin ir más lejos, el pasado mes de diciembre la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) presentó una herramienta de verificación de edad para limitar el acceso de menores a contenido pornográfico y violento en internet. Un mes antes, una investigación del Centro Reino Sofía concluía que uno de cada cuatro jóvenes ha visto porno por primera vez antes de los doce años y un 12% lo consume a diario.
A nivel legislativo, la Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada hace catorce años, obliga también a incluir instrumentos de verificación de edad a las plataformas de intercambio de vídeos, además de impulsar mecanismos de control parental para evitar el acceso a contenidos nocivos, si bien su articulado sólo afecta a las plataformas ubicadas o con actividad en suelo español.
El acceso temprano a la pornografía también preocupa a Europa. La Ley de Servicios Digitales entra en vigor íntegramente el próximo 17 de febrero y su objetivo es ofrecer mayores garantías a los usuarios de la Unión Europea. Se trata fundamentalmente de extrapolar las reglas del mundo físico, al mundo digital. Sobre el porno, obliga a las webs a rediseñar sus sistemas para garantizar un alto nivel de privacidad y seguridad capaz de prevenir el acceso a contenido pornográfico por parte de menores, una vez más mediante herramientas que verifiquen la edad de los usuarios.
El Gobierno ha puesto en marcha toda la maquinaria precisa para evitar que los menores accedan a contenido pornográfico con sólo pulsar un botón. Lo hace con una firme convicción: el porno "distorsiona" la percepción de los niños y adolescentes respecto a la sexualidad, conlleva un "grave riesgo de adicción", puede propiciar "comportamientos inapropiados" y "normaliza la violencia contra las mujeres". Es la base a partir de la que este martes se aprobará, según ha detallado el diario El País, un plan integral que marca la hoja de ruta para poner coto al porno consumido por menores y que incluye una ley para regular su acceso, una estrategia entre ministerios y un pacto de Estado. A falta de conocer la letra pequeña, existe una pieza clave que no termina de encontrar su encaje: la educación sexual.