Juana Rivas ha conseguido evitar, de manera temporal, que su hijo regrese con su padre, Francesco Arcuri, a Italia. A última hora de este martes, y tras escuchar al menor de diez años en dependencias policiales, una jueza de guardia ha acordado la suspensión provisional de la orden de la justicia italiana para que el menor vuelva con la expareja de Rivas, quien tiene la custodia del niño. La magistrada se ha inhibido en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, que deberá ahora decidir si le corresponde asumir el procedimiento ya que en el mismo ya constaba una denuncia por malos tratos presentada por la madre.
Arcuri está actualmente incurso en un procedimiento por maltrato en suelo italiano, por lo que los abogados de la madre de Maracena (Granada) alegaban la "clara situación de riesgo" en la que se encuentra el menor al lado de su padre y por eso pedían protección internacional por amenazas contra su vida.
Un proceso civil por la custodia
Hay, actualmente, dos procesos judiciales abiertos en Italia: uno civil y otro penal. En marzo de 2024, la Corte Suprema italiana anuló una sentencia previa, emitida por el Tribunal de apelación de la ciudad italiana de Cagliari, responsable de acordar la custodia del pequeño para el padre y de su hermano mayor para la madre. Los magistrados rectificaron, al entender que se habían quebrantado formalidades y no se había prestado suficiente atención al interés de los hermanos que fueron separados tras esa decisión, según explicaba el despacho legal de Juana Rivas, Aránguez Abogados.
Los magistrados deciden entonces volver a deliberar sobre la custodia del pequeño, pues el mayor acaba de cumplir los dieciocho y reside con su madre. La decisión sobre la custodia todavía está pendiente de resolución.
Un proceso penal por maltrato: golpes, insultos y severos castigos
A ese proceso civil se suma otro, esta vez penal. El 14 de noviembre de 2024 la Fiscalía de Cagliari presenta un escrito de procedimiento contra Francesco Arcuri, al que ha podido acceder este periódico, por presuntamente "maltratar física y psicológicamente, de forma habitual, a sus dos hijos". La institución reconocía que el pequeño se encontraba en una situación de peligro y acusaba al exmarido de Juana Rivas de haber sometido a sus hijos "habitualmente a violencia física, vejaciones, insultos y amenazas".
Arcuri generaba en sus hijos, según el escrito, "graves estados de ansia y temor por su seguridad", como consecuencia de los golpes en "distintas partes del cuerpo", los "severos castigos" a los que les sometía –por ejemplo "encerrarlos durante horas en una habitación sin comida u obligarlos a dormir en el suelo"– y los insultos –"diciéndoles que eran gusanos asquerosos como su madre, que no valían nada" o llamándoles "hijos de puta, gilipollas, capullos y otros calificativos similares", a veces "escupiéndoles a la cara"–.
La Fiscalía acredita, mediante informes médicos, la existencia de lesiones producto del maltrato físico. Entre ellas, cita un "trauma contusivo en la muñeca izquierda" por haberle "tirado con fuerza al suelo", varias "esquimosis en las piernas" al cogerle "con fuerza por las piernas y arrastrarlo" o una "leve lumbalgia y podalgia izquierda" tras haberlo "cogido por las axilas" en mitad de una escalera y "lanzándolo hasta el suelo".
La policía española ve riesgo alto
Ante el evidente riesgo contra el pequeño, el equipo legal de Juana Rivas hace un llamamiento a principios de diciembre: considera que la valoración de la Fiscalía de Cagliari es más que suficiente para imponer medidas cautelares que permitan proteger al menor. El chico debía declarar ante los jueces el 6 de diciembre, como parte del procedimiento para determinar su custodia. Pero si la Fiscalía había descrito semanas antes un ambiente de violencia, entonces se hacía evidente que la declaración del menor estaría condicionada y su integridad en riesgo.
Una percepción compartida por su hermano mayor, quien en diciembre emite un vídeo en el que se expresa tajante: "Conozco a mi padre y sé que no es capaz de controlar su impulsividad y su ira. Mi hermano está en gran peligro". El pequeño, a pesar de los esfuerzos de su familia, seguiría conviviendo con su padre.
Hasta que llegan las navidades. El menor llega a España el 22 de diciembre para pasar la Navidad con su familia materna. Es entonces cuando Juana Rivas y su hijo mayor denuncian a Francesco Arcuri por coacción de testigo. Aseguran que días antes de la declaración del 6 de diciembre ante los magistrados italianos por el asunto de la custodia, el padre obligó a su hijo a manifestar que "tenía una mala relación con su madre y hermano mayor, y que quería seguir viviendo con su padre al que tiene gran estima", según relata la denuncia. "Ante esta situación, el menor se vio obligado a mentir".
A esa denuncia le acompaña una segunda por violencia de género, motivada por la presencia sorpresiva del italiano durante estas navidades en suelo español. Según relata la madre, su exmarido se desplazó a España inesperadamente, sin previo aviso, aprovechando para enviar de forma continuada mensajes de texto a su expareja. Arcuri le advertía que si "se manifestaran episodios de maltrato psicológico" contra el menor, intervendría "inmediatamente".
Ante estos acontecimientos, Juana Rivas da la voz de alarma. Y la policía avala la existencia de un peligro: un informe policial emitido el 24 de diciembre, al que ha tenido acceso infoLibre, considera que el riesgo de la víctima es alto. Es el segundo nivel más grave del sistema VioGén, el sistema de seguimiento de víctimas, sólo por detrás del riesgo extremo. El informe determina además que "los menores de edad a cargo de la víctima pueden encontrarse en situación de especial vulnerabilidad".
La Fiscalía responde
Así que el 3 de enero Juana Rivas se dirige a la justicia italiana, pidiendo que el menor se quede a su lado. Tan sólo tres días después, la petición es desestimada. El Tribunal de Cagliari decide que el pequeño debe regresar con su padre, a pesar de los presuntos malos tratos. La vuelta era inminente: este mismo miércoles.
Pero la madre granadina se ha aferrado a un último recurso: la justicia española. Sus letrados solicitaban al Juzgado de Primera Instancia número 10 de Granada medidas de protección para el menor, pero este martes el juzgado se declaró incompetente y derivó el caso al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2. La magistrada suplente –la titular se encuentra de vacaciones– informó al equipo legal que "no puede adoptar ninguna medida hasta que el expediente no sea remitido por el anterior juzgado y debidamente examinado".
Con el tiempo corriendo en contra, los letrados se dirigen a la Fiscalía Provincial de Granada para que tome cartas en el asunto y "adopte a la mayor brevedad posible medidas de protección para el menor". Una súplica a la que se suma el Ministerio de Juventud e Infancia. "He escuchado a Daniel, hijo de Juana Rivas, decir que muchas veces piensa que se va a morir. Estamos preocupadas por su seguridad. Su testimonio es desgarrador", afirmaba en redes sociales la ministra, Sira Rego.
Pasadas las 18:00 horas de este martes, el equipo legal emitía un nuevo comunicado "ante la ausencia de sensibilidad del Juzgado de Primera Instancia", cuyos magistrados rechazaron acordar medidas de protección. Así que en ese contexto, su último movimiento pasa por dirigirse al Juzgado de Guardia de Granada. Piden, sencillamente, que el menor sea escuchado.
No es hasta las 21:00 horas que hay una respuesta: la Fiscalía de Granada exige al Juzgado de Guardia tomar declaración urgente al chico para determinar si existe riesgo. La Fiscalía sostiene su petición señalando al Convenio de La Haya, un tratado que permite a los estados, en casos de urgencia, adoptar medidas de protección para velar por el menor que esté en su territorio. Solicita que "ante la inminente entrega" del menor al padre y atendiendo a los hechos relatados por el niño, el juzgado lo cite para explorarlo y determinar si realmente existe una situación de riesgo al volver a Italia.
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Y finalmente, la noche del martes el juzgado confirma que existe tal riesgo y que el menor no debe, por el momento, regresar junto a su padre.
"Manifiesta vivir una auténtica tortura"
"Es absolutamente inadmisible e impresentable que en un Estado Social y Democrático de Derecho un menor manifieste temor por perder su vida y ninguna autoridad judicial se moleste siquiera en escucharlo. Daniel jamás ha sido oído en España por ningún juez, a pesar de los gravísimos hechos que refiere. Recordemos que Daniel tiene casi 11 años (los cumplirá la semana que viene), cuenta con madurez para ser escuchado, es ciudadano español y está en territorio nacional de nuestro país", señalaban desde Aránguez Abogados.
En su escrito, los abogados aseguran que el pequeño "manifiesta vivir una auténtica tortura en la convivencia con su padre: le pega golpes en la cabeza, le lanza al suelo y le da patadas en la barriga, le aprieta fuertemente en el cuello hasta casi ahogarle, le insulta y chilla, rompe objetos y muebles en su presencia, habla muy mal de su madre y dice que quiere matarla y le graba obligándole a mentir sobre la realidad que vive, amenazándole con matarlo (y no volver a ver jamás a su madre y a su hermano), si no dice lo que él le exige". Finalmente, aunque de manera provisional, el menor no tendrá que volver a Italia.
Juana Rivas ha conseguido evitar, de manera temporal, que su hijo regrese con su padre, Francesco Arcuri, a Italia. A última hora de este martes, y tras escuchar al menor de diez años en dependencias policiales, una jueza de guardia ha acordado la suspensión provisional de la orden de la justicia italiana para que el menor vuelva con la expareja de Rivas, quien tiene la custodia del niño. La magistrada se ha inhibido en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, que deberá ahora decidir si le corresponde asumir el procedimiento ya que en el mismo ya constaba una denuncia por malos tratos presentada por la madre.