Un teléfono contra la 'violencia intrafamiliar' con dos llamadas al día y el 99% de abortos en la privada
Diciembre de 2018. La entrada de la ultraderecha en las instituciones es ya un hecho: Vox se hace con doce escaños en las elecciones andaluzas. Doce rostros de extrema derecha pasarán a ocupar doce asientos del hemiciclo. Enero de 2019. Las feministas salen a la calle, no solo a las de la comunidad autónoma, sino a las de más de un centenar de ciudades del país. "No vamos a estar calladas ni vamos a transigir", decían decenas de organizaciones feministas que sumaban fuerzas contra el "intolerable retroceso en los derechos de las mujeres que pretende implantar la extrema derecha". Advertían del impacto de los postulados ultra sobre las conquistas del movimiento feminista y lanzaban un aviso ante los pactos que comenzaban a fraguarse en la construcción del nuevo equipo de gobierno.
Han pasado más de tres años y las encuestas hacia las próximas elecciones que tendrán lugar este domingo conceden un lugar privilegiado a Vox. ¿Cómo ha influido el partido de extrema derecha en la legislatura que se cierra? ¿Cuáles son las luces y las sombras de las políticas de igualdad y contra la violencia de género desplegadas en estos años? ¿Cómo es ser mujer en Andalucía?
A vueltas con la violencia intrafamiliar
Pongamos que algunos de los ojos que están ahora mismo leyendo este texto son los de una mujer residente en, por ejemplo, Málaga, que dio el paso de presentar en 2021 una de las 33.956 denuncias por violencia de género registradas en la comunidad. Tan solo un año antes, la misma mujer escuchó en el telediario que dos vecinas de la provincia de Jaén perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas. Sobre la hipotética lectora existe una orden de protección, de las 6.579 adoptadas en 2021. Quizá es una de las dos que el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) considera de riesgo extremo, o de las 157 que están en riesgo alto en la comunidad.
Ahora estamos en marzo de este año. La misma mujer, víctima de violencia machista, lee en los medios de comunicación que el consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre (PP), defiende que el término de violencia intrafamiliar puede ser preferible al de violencia de género. Preguntada al respecto, la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Ciudadanos), reconoce que su compañero "estaba equivocado". La consejera insiste, en conversación con infoLibre, en que "son dos violencias diferentes" y que el discurso que trata de impugnar esa verdad no solo "es peligroso", sino que puede "confundir a las víctimas".
¿Confunde a las víctimas la existencia, entonces, de un teléfono contra la violencia intrafamiliar? La línea comenzó a funcionar en octubre de 2020, en respuesta a uno de los clamores más jaleados por la extrema derecha: el de que la violencia no tiene género. En su primer año de funcionamiento, recibió 727 llamadas, dos al día. El 70,57% de las personas que marcaron los números fueron mujeres, según los datos oficiales. En paralelo, el teléfono diseñado específicamente para atender la violencia machista dio respuesta, en 2021, a 39.588 llamadas: son 108 cada día. Los datos dan cuenta de la dimensión de ambos fenómenos. El teléfono de violencia intrafamiliar "no confunde a las víctimas, porque la violencia intrafamiliar está tipificada", subraya la consejera. Ambas líneas telefónicas, insiste, no son incompatibles, si bien la violencia de género deja "cifras muchísimo más graves".
Carmen Torres preside el colectivo Feministas en Red de Sevilla y forma parte del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. "Lo del teléfono ha dolido mucho", reconoce en conversación con este diario. Achaca su puesta en marcha a "la presión de la extrema derecha" y reprocha tanto al PP como a Ciudadanos haberlo "permitido".
Ana Villaverde, parlamentaria de Adelante Andalucía por la provincia de Granada, cree que el impacto del teléfono es evidente: "Pone en cuestión que la violencia de género se asienta sobre el patriarcado y el machismo de forma estructural", pero además, abunda en conversación con este diario, "no está cumpliendo una función social", pues ya existían teléfonos de atención al menor y a las personas mayores antes de su lanzamiento. "Es claramente una forma de situar en el debate público el cuestionamiento a la violencia de género", critica.
Desarrollo de las leyes
Soledad Pérez, secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista en Andalucía, menciona la reforma de dos leyes andaluzas clave: la legislación contra la violencia de género y la ley de igualdad, modificadas por el anterior gobierno en 2018. La reforma de ambos textos normativos no se ha traducido, lamenta la socialista, en el desarrollo de reglamentos que permitan su impulso. "Tenían que cumplir con la aplicación de las dos leyes, pero no ha ocurrido". Por ejemplo, la Ley de Igualdad permite a la Junta sancionar a las empresas que no cumplan con los postulados de equidad, pero hasta ahora "no se ha abierto ni un solo expediente de régimen sancionador por incumplimiento", señala la socialista, lo que significa que "[Juan Manuel] Moreno Bonilla y la derecha comparten la filosofía de que la desigualdad tiene que salir gratis". Tampoco se ha puesto en marcha un plan "contra la brecha de género", censura Pérez, y de hecho la consejera de Igualdad llegó a reclamar "evidencias científicas" que avalasen la brecha salarial, declaraciones que más tarde rectificaría.
También menciona la modificación de ambas leyes Elena Cortés, miembro del partido Por Andalucía. Por ejemplo, la ley de igualdad consagra los centros municipales de información a la mujer como pieza clave en la red de apoyo y asesoramiento a las andaluzas. La Consejería se jacta de haber apostado por la "consolidación de estos centros", con una "inversión récord superior a los 43 millones de euros" en toda la legislatura. Sin embargo, el número de centros ha pasado de 172 hace cuatro años a los180 actuales, para un total de 785 municipios andaluces. "Ocho centros en cuatro años, del todo insuficiente", subraya Cortés.
A nivel presupuestario, el Instituto Andaluz de la Mujer ha visto como su presupuesto ha crecido un 3% desde el inicio de la legislatura, presume el organismo, pasando de 42 millones en 2018 a 44,2 millones en 2022. Es uno de los avances que el Instituto destaca en su balance de la legislatura [consultar el análisis completo remitido a infoLibre en este enlace]. Soledad Pérez introduce matices: hasta el momento, el Instituto se "financiaba con recursos propios de la Junta", ahora se han introducido los fondos destinados por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que suman 60 millones en cuatro años. Es decir, el incremento presupuestario, clama la socialista, no proviene de una apuesta decidida por el gobierno autonómico, sino que se ha nutrido fundamentalmente de los fondos estatales.
Las trabas al aborto
Imaginemos ahora que otra de las personas que se toman unos minutos en leer estas líneas es una mujer que decide interrumpir su embarazo. Lo más probable es que lo haga en la red privada: el 99,89% de los abortos practicados en la comunidad durante el año 2020 –último con datos oficiales del Ministerio de Sanidad– fueron en hospitales o clínicas privadas. Es la quinta comunidad, por detrás de Extremadura, Murcia, Madrid y Castilla-La Mancha, con la tasa más alta de privatización en lo que respecta a la interrupción voluntaria del embarazo, uno de los principales problemas detectados por el Gobierno y que el Ministerio de Igualdad quiere resolver a través de su reforma de la Ley del Aborto de 2010.
El dato, llamativo de por sí, cobra una relevancia especial cuando confluye con otro: el Gobierno de Andalucía ha destinado un millón de euros anuales a asociaciones antiabortistas. Los Presupuestos de Andalucía han incluido una partida destinada a la implementación de "actuaciones de fomento de la natalidad", correspondiente a la Consejería de Salud y por un importe de un millón. La subvención es, una vez más, una concesión a la extrema derecha, pactada por primera vez para los Presupuestos de 2021. Entre las organizaciones que se han beneficiado, destaca una: Red Madre, conocida por articular campañas antiabortistas y de acoso ante las clínicas de interrupción del embarazo. El Congreso aprobó, recientemente, castigar penalmente a quienes acosen a mujeres frente a las clínicas. Sin el apoyo de Vox ni del PP.
"Esa subvención parte de la Consejería de Salud", sostiene Rocío Ruiz, preguntada al respecto. "Las mujeres tienen libertad y el derecho al aborto se puede ejercer o no", zanja. La oposición, sin embargo, no hace la misma lectura. "Son las mismas asociaciones que van a rezar a las puertas de las clínicas", reprocha Soledad Pérez, "no buscan ayudar a las mujeres, sino dificultar su acceso" a la interrupción voluntaria del embarazo. "La Junta de Andalucía ha estado subvencionando un delito: el de coacción a las mujeres que en libertad querían abortar", carga Elena Cortés. Ana Villaverde añade otro dato: María Trinidad Lechuga, antiabortista ligada al obispado de Córdoba, fue nombrada coordinadora de la estrategia de salud sexual y reproductiva de la Junta de Andalucía. Con el apoyo de Vox. Todo ello viene a marcar "una línea clara de la Consejería de Salud" en este caso, sostiene la parlamentaria, quien también recuerda que no se ha hecho "nada para garantizar el aborto en la sanidad pública" y que en la provincia de Jaén ni siquiera "existen clínicas conveniadas y en la sanidad pública no se practica", obligando a desplazamientos forzados a toda mujer que quiera ejercer su derecho.
Mientras las ayudas a grupos antiabortistas crecen, las subvenciones a las organizaciones de mujeres languidecen. El Gobierno de Moreno Bonilla dejó en 2020 sin fondos a más de un centenar de organizaciones feministas que sí habían sido preseleccionadas para recibir un subsidio público, pero que finalmente vieron cómo se desvanecían "241 proyectos que se quedaron sin financiación". Aquello dio como resultado el Tren de la Dignidad, una movilización de miles de mujeres en todo el territorio andaluz. "El Tercer Sector hemos tenido que aguantar discriminación y hemos tenido que ver cómo nos maltrataban", lamenta Carmen Torres. "Se presuponía la subvención, pero entonces dieron marcha atrás", rememora. Un volantazo que la feminista encuadra, una vez más, en satisfacer a la extrema derecha y sus discursos falaces sobre "los chiringuitos". Aun así, Torres es indulgente con la consejera: "Ha tenido voluntad, lo hemos visto, pero ha estado con las manos atadas por la presión que Vox ejerce".
La batalla de lo simbólico
La cruzada de Vox contra la igualdad tiene efectos materiales para las mujeres, pero la extrema derecha también ha ganado batallas en el terreno de lo simbólico. Algunos de los tantos que se ha anotado en esta legislatura son puramente semánticos. Por ejemplo, Vox logró un cuestionamiento de las políticas de género en noviembre de 2020, con un acuerdo con PP y Cs que incluye la realización de una "auditoría" de los informes de impacto de género, para valorar su coste y si logran o no sus objetivos. Los dos partidos de gobierno lo justificaban diciendo que no hay nada malo en comprobar y fiscalizar. Pero la carga profunda del acuerdo, que se alinea con el desprecio de Vox a las políticas con perspectiva de género, quedaba al descubierto con la forma del partido de Abascal de venderlo: "Auditar los inútiles informes de impacto de género".
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Rocío Ruiz justifica la decisión: "Hacemos auditorías para todo. Se trata de mecanismos de control, de evaluación de impacto que no tienen coste". En cualquier caso, añade, los informes oficiales sobre el impacto de género en los presupuestos avalan la necesidad de blindar una perspectiva de género. "Les guste o no a los señores de Vox", añade.
Entre los lectores de este reportaje, contenido en la serie Andalucía en datos, datos y datos, podría encontrarse una profesora de algún colegio andaluz. O una madre cuyos hijos se enfrentan a una etapa clave de socialización y comienzan a entender las relaciones afectivas. Ambas tuvieron conocimiento, hace cosa de un año, de la aprobación en el Parlamento de Andalucía de una moción para "impulsar la supervisión de los libros de texto y los materiales complementarios con el objeto de eliminar el llamado lenguaje inclusivo". La moción salió adelante con los votos de PP, Cs y Vox.
"Hay una batalla muy fuerte en lo simbólico, a veces se ha traducido en medidas concretas, pero sobre todo ha supuesto reabrir debates asentados", sostiene Villaverde. La eliminación del lenguaje inclusivo "bajo la excusa de la economía en el lenguaje", se traduce, en realidad, en "un paso atrás en la batalla cultural simbólica: lo que no se nombra no existe". Entra en escena aquí el veto parental, una apuesta de la extrema derecha que finalmente no llegó a ejecutarse en suelo andaluz, pero que sí sembró el temor, opina la parlamentaria de Adelante Andalucía, entre el profesorado. "La mera posibilidad de que se pusiera en marcha desincentiva a los docentes, se genera un clima de miedo", lamenta. Quizá más de uno se piense dos veces si merece la pena impartir contenido decididamente feminista en las aulas.
