Abogados de activistas saharauis exigen a España que asuma su responsabilidad con ellos

Varios abogados de victimas saharauis denunciaron este martes en la Eurocámara las "detenciones, tortura y violencia" por parte de la Policía marroquí contra los activistas, y criticaron que la comunidad internacional parece amprar "la ilegalidad" para "no resolver el conflicto" saharaui, recalcando la especial responsabilidad de España como antigua potencial colonial.

"Cada uno de ellos representa la vulneración de los derechos de este pueblo y la situación de ilegalidad en la que la comunidad internacional parece estar colaborando para no resolver el conflicto", denunció Inés Miranda, abogada de la activista saharaui Aminatou Haidar. La letrada insistió en la necesidad de "reconocer el derecho fundamental de todos los pueblos, que es el derecho a la libre determinación", y lamentó que la visita del Rey de Marruecos a los territorios ocupados con motivo del 40 aniversario de la Marcha Verde "ha conllevado detenciones y exigencias de manifestaciones de júbilo que no se han producido por parte de la población saharaui".

El secretario general de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara occidental, Felipe Briones, también denunció "la represión" y "la falsa de los juicios a los activistas saharauis", e incidió en la especial responsabilidad de proteger a los activistas de España.

"La total responsabilidad respecto a la protección jurisdiccional de los derechos de los ciudadanos saharauis y de arropar a la población para que pueda ejercer ese libre derecho a la libre determinación correspondió y sigue correspondiendo al Estado español", recalcó Briones. Además, subrayó que la legislación internacional y española reconoce que la presencia de Marruecos en el Sáhara occidental "es ilegal".

Javier Canivell, coordinador de CEAR Euskadi y abogado del joven activista Hassanna Aalia, que ha sido condenado dos veces por el mismo caso, lamentó que el Ministerio del Interior español le haya denegado este año la protección internacional que solicitó "sin cuestionar la sentencia del Tribunal Militar Permanente de Rabat" del año 2013, cuando "ha sido cuestionada unánimemente" por los organismos internacionales y los observadores que participaron en el juicio, incluido el relator de la ONU sobre tortura, que han denunciado la excepcionalidad del tribunal militar, "actas policiales falseadas", testimonios obtenidos "bajo tortura" y sin recurso de apelación.

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Hassana Aalia, que llegó a España en 2011 para estudiar con una beca en Bilbao, fue condenado a cadena perpetua por un tribunal militar marroquí en 2013 –mientras estaba en España– por participar en el campamento saharaui de protesta pacífica Gdeim Izik. Organismos y entidades nacionales e internacionales han denunciado que el procedimiento judicial no contó con las suficientes garantías.

Canivell denunció que la decisión del Gobierno español "le pone en peligro de devolución" sabiendo que "a buen seguro sufriría" nuevas torturas tras recordar que desde los 17 años este activista ha sufrido "detenciones, tortura y violencia" de la policía marroquí y con ello incumple "las obligaciones" como signatario de la Convención de Ginebra, al tiempo que confió en que la Audiencia Nacional resuelva pronto el recurso contencioso administrativo que interpusieron. "Entiendo que no tendrá una resolución muy demorada en el tiempo ya", opinó.

Por su parte, la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López, reclamó al Gobierno español que "asuma su responsabilidad en el Sáhara Occidental" y presione a Marruecos para que "cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas" y así "el pueblo saharaui pueda ejercer su legítimo derecho a la autodeterminación", al tiempo que defendió la necesidad de visibilizar el conflicto y que la Eurocámara se comprometa también a respaldar el cumplimiento de las resoluciones de la ONU.