En 2002 fue el Gobierno español el que abanderó la causa. José María Aznar llegó ese año a la cumbre de líderes europeos celebrada en Sevilla con una propuesta muy clara: luchar contra el "desafío" de la inmigración ilegal. Planteó entonces algo que ahora suena familiar: la colaboración de países terceros. Pero en aquel entonces sólo Tony Blair se puso de su parte. Países como Francia, Suecia o Irlanda y organizaciones como Amnistía Internacional ya cuestionaron entonces el plan de los ejecutivos español y británico. Hoy, 22 años después, es nuestro país el que se desmarca claramente de un plan que esta vez llega de la propia Unión Europea y que se debatirá, otra vez, en una cumbre europea. Tendrá lugar en Bruselas, este jueves y este viernes.
Fue la propia presidenta de la Comisión la que hizo saltar la polémica este martes. En una carta enviada a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, Ursula von der Leyen propuso avanzar en un enfoque común sobre retornos basados en lo que denominó formas "innovadoras" para luchar contra la migración ilegal, "uno de los problemas más acuciantes" para los Veintisiete. Pero no se quedó ahí. La conservadora alemana apuntó directamente a un modelo concreto que las organizaciones de derechos humanos siempre han criticado: el desarrollado por la italiana Giorgia Meloni. A juicio de Von der Leyen, Europa debería "sacar lecciones prácticas" de lo que la ultra acaba de poner en marcha.
¿En qué consiste? El plan se remonta a noviembre de 2023. En aquel momento, Meloni anunció que había llegado a un acuerdo con Albania, país vecino pero externo a la Unión Europea, para que este permitiera la creación de dos centros de retención para los migrantes y solicitantes de asilo llegados a las costas italianas. La diferenciación de los términos es importante. Toda persona que cruce la frontera es detenido y enviado a ese país. Y no importa si se trata de un migrante que huye de la pobreza o de un solicitante de asilo con derecho a una protección internacional. La respuesta es la misma. Y empezó a darse este martes, cuando zarpó el primer barco con 16 migrantes a bordo, la mayoría de Egipto y Bangladés.
Reino Unido trató de hacer lo mismo. Poco después del anuncio de Meloni, su ministro del Interior, James Cleverly, y el de Exteriores de Ruanda, Vincent Biruta, firmaron en Kigali un tratado que permitía el envío al país africano de los migrantes que entrasen en territorio británico de manera ilegal. Pero el proyecto duró muy poco. Keir Starmer acabó con él nada más llegar a Downing Street. "Estaba muerto y enterrado incluso antes de empezar. Nunca fue disuasivo (...), no estoy dispuesto a continuar con medidas engañosas", dijo. El Tribunal Supremo británico, además, declaró que esas devoluciones eran ilegales, básicamente porque existía la posibilidad de que los migrantes fueran devueltos a sus países de origen, donde podían terminar sufriendo persecución o trato inhumano. En resumen: podían ser beneficiarios de una protección internacional que ni siquiera estaba siendo valorada antes de ser expulsados. Como pasa ahora en Italia.
Contra la Convención de Ginebra
Por eso el aplauso de Von der Leyen a estos planes es tan criticado por las organizaciones de derechos humanos. "Lo que plantea consiste en que unas personas que pueden tener necesidades específicas van a ser detenidas automáticamente para ser trasladadas a centros donde se les privará de libertad. La detención automática ya es ilegal, pero además es que lo serán en un tercer país que no se sabe si respetará las garantías para acceder a los procedimientos de protección internacional", denuncia Verónica Barroso, de Amnistía Internacional. "Esto no tiene ningún anclaje legal", añade el director de CEAR, Mauricio Valiente.
Ambos son claros: la idea contraviene la Convención de Ginebra de 1951 que establece, específicamente, que ningún estado podrá expulsar o devolver a ningún refugiado a aquellos territorios donde "su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas". El problema es que para establecer eso es necesario un examen individual que estos proyectos que empiezan a extenderse por la Unión no contemplan en ningún caso. Y eso tampoco "respeta el marco legislativo primario de la Unión Europea ni la carta de derechos fundamentales de la Unión", lamenta Barroso.
Una quincena de países a favor
Aun así, hasta una quincena de países de la UE han incluso dejado por escrito que estos planes también forman parte de sus hojas de ruta. Lo hicieron antes de la carta de Von der Leyen, poco después de la firma del nuevo Pacto de Migración y Asilo cuya "letra pequeña" ya permite la "aceleración de los procedimientos de expulsión, aunque sea colectiva", critica Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València.
También fue en forma de misiva, el pasado mes de mayo. En ella, Dinamarca, República Checa, Bulgaria, Estonia, Grecia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumania y Finlandia recogían precisamente el término empleado ahora por Von der Leyen: "fórmulas innovadoras". "Alentamos el establecimiento de asociaciones integrales, mutuamente beneficiosas y duraderas con países socios clave a lo largo de las rutas migratorias", concretaron en su petición al Ejecutivo comunitario. Y aludieron concretamente a la posibilidad de enviar a los migrantes y solicitantes de asilo a centros en terceros países considerados previamente seguros fuera de la UE. "No hay ninguno que pueda catalogarse como tal si no existen esos exámenes individuales", considera en cambio Barroso.
En ese momento España ya se desmarcó, una posición que el Gobierno reiteró este martes. Lo hizo la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que aseguró que nuestro país está "en contra" de la creación de este tipo de centros. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones añadieron a infoLibre que la posición sigue siendo la apuesta por las "vías de migración regulares y seguras". "España defiende la perspectiva humanitaria como parte intrínseca de su política migratoria", aseguraron desde el departamento de Elma Saiz.
"España está dando una respuesta coherente porque nunca ha apostado por una externalización de fronteras tan dura", considera De Lucas, que recuerda que eso no significa que el Ejecutivo no haya llevado a cabo políticas cuestionables en este sentido. Y recuerda, concretamente, los acuerdos bilaterales firmados con países como Mauritania a cambio de un control migratorio en países de origen y tránsito, una fórmula que, han criticado siempre las organizaciones, tampoco funciona. "Llevamos 30 años aplicando estas políticas y el resultado nunca ha sido una disminución de las llegadas. Las personas se desplazan igual", sostiene Valiente.
Von der Leyen se abre a crear centros de deportación para migrantes fuera de la UE
A su juicio, la nueva apuesta de Von der Leyen no es más que otra respuesta a la "evolución" de derechización global de la Unión Europea, un tránisto cuya resistencia, considera, tiene que liderar el Gobierno de Pedro Sánchez. "España tiene una oportunidad para ser la principal oposición a estos retrocesos", sentencia.
Un nuevo proyecto en Ciudad Real
Precisamente este martes, el Ministerio de Inclusión reconoció que el Ejecutivo está estudiando construir un centro para migrantes en el aeropuerto de Ciudad Real, "cuyo uso actualmente es marginal, para algunos vuelos privados". "Se trataría de un centro de carácter temporal para atender la acogida de las personas llegadas a las costas y derivadas desde Canarias, Baleares y otros puntos de llegada en Península como Murcia, Almería o Alicante", explicaron fuentes del Ejecutivo.
Según el alcalde de la ciudad, el proyecto podría llegar a acoger hasta a 3.000 personas, pero el Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha criticado que no hayan sido informados y que, además, el plan consista, resumen a este periódico, en "hacinar" a los migrantes "en barracones". "Hay recursos para tratarlos mucho mejor", sentencian.
En 2002 fue el Gobierno español el que abanderó la causa. José María Aznar llegó ese año a la cumbre de líderes europeos celebrada en Sevilla con una propuesta muy clara: luchar contra el "desafío" de la inmigración ilegal. Planteó entonces algo que ahora suena familiar: la colaboración de países terceros. Pero en aquel entonces sólo Tony Blair se puso de su parte. Países como Francia, Suecia o Irlanda y organizaciones como Amnistía Internacional ya cuestionaron entonces el plan de los ejecutivos español y británico. Hoy, 22 años después, es nuestro país el que se desmarca claramente de un plan que esta vez llega de la propia Unión Europea y que se debatirá, otra vez, en una cumbre europea. Tendrá lugar en Bruselas, este jueves y este viernes.