El tratado entre la UE y Turquía sobre refugiados, a punto de naufragar medio año después

Siguiendo el plan activado el 29 de marzo de este año, los 28 sellaron con Turquía un pacto que sacudiría las conciencias de los ciudadanos europeos. Todos los inmigrantes que cruzaran irregularmente las fronteras griegas dos días después de la firma de este acuerdo serían deportados a Turquía. La decisión se produjo después de que Europa viera durante un año un éxodo masivo de ciudadanos de Oriente Medio sin precedentes. Grecia fue la puerta de entrada de 856.723 inmigrantes durante el 2015, según ACNUR. Como contrapartida a las masivas deportaciones que se preveían después del tratado, la Unión Europea se comprometió a recolocar en sus países el mismo número de sirios que fueran deportados. Seis meses después de la firma de este acuerdo que pretendía reducir el flujo migratorio que trascurría en las aguas del mar Egeo, el propio tratado podría estar naufragando.

Los flujos migratorios se han reducido un 90% desde la firma del tratado, una de las metas que quería conseguir la Unión Europea. Con las fronteras griegas selladas después del cierre de la ruta balcánica en febrero, Grecia sigue albergando a más de 60.000 refugiados. Un número que incrementa poco a poco porque las llegadas, a pesar de los esfuerzos de los europeos para crear una Europa más hermética, persisten. Las autoridades griegas informaron el pasado martes 4 de octubre que se habían registrado en un solo día 280 nuevas llegadas, una cifra que empieza a normalizarse desde finales de agosto. ACNUR alertó sobre este incremento en agosto y especialmente en septiembre. En uno de sus informes destacaba que entre el 12 y el 18 de septiembre, 731 personas habían zarpado desde las costas turcas rumbo a Grecia de forma irregular, 682 más que la semana anterior.

Menos deportaciones de las deseadas

A los 14.000 refugiados que se encuentran atrapados en las islas del Egeo se les restringe la libertad de movimiento, no pueden llegar a la Grecia continental, porque desde las islas deben ser deportados al país vecino. El acuerdo garantizaba las deportaciones a Turquía convirtiendo la silueta de las costas de las islas en los barrotes de una prisión. La deportación se debía producir después de dar cauce a las peticiones de asilo, tramitadas desde los centros de detención y registro de las islas que albergan refugiados. Estos procedimientos legales están ralentizando la implementación del acuerdo. Los deseos de los firmantes de devolver de inmediato a los solicitantes de asilo no se pueden satisfacer. Primero deben dar cauce a los trámites de asilo, aunque se hayan convertido en una mera formalidad después de marzo. Alrededor de 1.000 sirios –3.000 han solicitado ya protección general en suelo griego a las islas después del tratado– han visto sus reclamaciones rechazadas y están apelando esa decisión, según datos del 28 de septiembre de la Comisión Europea. 

Sólo 578 personas han sido enviadas a Turquía desde la implementación del tratado. Por ello, las islas se han ido congestionando a lo largo de estos meses. Los procedimientos legales se procesan con extrema lentitud. Giorgos Kyritsis, portavoz del gobierno griego para la crisis de refugiados, explica a Esglobal que les hace falta personal, sobretodo intérpretes para hacer las entrevistas a los solicitantes de asilo. Asimismo, subraya que “Grecia tiene ciertas limitaciones, estamos conciliando con la crisis de refugiados y por otra con las estrictas medidas del tercer rescate”. Según fuentes oficiales, el Servicio de Asilo Europeo (EASO), que es el organismo responsable de hacer la primera criba de los refugiados, solo ha enviado 28 de los 400 oficiales a las islas que había prometido.

Las islas griegas dejaran de ser progresivamente una prisión para inmigrantes

Sobre las islas griegas recae la presión de un tratado que no ha conseguido impedir que las balsas llenas de familias sigan arrastrándose sobre la arena de las playas helenas. Alrededor de 14.000 migrantes se alojan en instalaciones de las islas griegas diseñados para dar cabida a solo 7.450 personas. La tensión en estos territorios fronterizos crece. Por un lado, debido a las precarias condiciones de los campos que albergan refugiados, que exceden de su capacidad máxima, así como por el temor realista de los refugiados a ser deportados. "He observado durante mucho tiempo los peligros que conlleva este tratado, que significa, en esencia, el encarcelamiento de personas en la isla, y esto no puede seguir así”, expresó recientemente el alcalde de Lesbos, Spyros Galinos, en unas declaraciones a Euronews.

Por otra parte, estas islas también han visto crecer el número de manifestaciones xenófobas. El alcalde de la célebre isla griega alertó en esta misma entrevista sobre el peligro de que la extrema derecha ponga remedio a la saturación de las islas. “No sólo existe una gran cantidad de malestar entre los refugiados, sino también entre la comunidad local. También hay voces extremas que están tratando de revolverlo”, comentó. Por todo ello, concluyó la necesidad de descongestionar las islas “tan pronto como sea posible, de inmediato”. Ante las islas convertidas en una olla a presión, el Gobierno central ha optado por trasladar a los migrantes a la parte continental. Según fuentes del Ministerio de Políticas de Migración, se llevará a cabo en fases con la transferencia de un pequeño número de personas y todas ellas deberán haber visto sus solicitudes de asilo aceptadas. Ello empieza a poner en duda la vigencia de la espina dorsal del tratado: devolver a todo inmigrante que llegue a Grecia desde Turquía de forma irregular.

La eterna enemistad entre Grecia y Turquía

A lo largo de estos meses, las autoridades griegas y turcas han tenido que colaborar estrechamente para sincronizar deportaciones, facilitar información sobre el tránsito en el Egeo y el estado de las costas turcas. Una nota de prensa emitida el pasado junio por la Comisión Europea recordaba que “las patrullas continuas por parte de las autoridades turcas y griegas son un factor importante en la prevención de los migrantes que cruzan el mar Egeo”. Sin embargo, la cooperación que exige el acuerdo entre ambos países es todo un reto. Estos dos territorios comparten una historia de desencuentros. Desde la caída del Imperio Otomano en 1823, la relación entre los dos estados ha estado marcada por varias disputas territoriales, incluso después que ambos se unieran a la OTAN el 1952. Buena parte del desacuerdo llegó el 1974, después que Grecia intentara integrar Chipre dentro de sus fronteras, lo que culminó con la ocupación turca del norte de la isla.

Lo que se disputa es la soberanía del mar Egeo y los derechos que nacen de la propiedad de sus aguas, parte de sus islas, su espacio aéreo y su plataforma continental. La pelea por este territorio que contiene más de 2.400 islas, mayoritariamente griegas, ha estado a punto de hacer estallar un conflicto armado dos veces, en el 1987 y el 1996. Las diferencias están aún por resolver aunque se encuentren en un relativo periodo de paz. Como muestra de ello, durante un encuentro con dirigentes locales turcos que tuvo lugar el pasado 29 de septiembre, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró que el Tratado de Lausana (1923), que delimitó las actuales fronteras griegas y turcas, "fue presentado como una victoria" y obligó a Turquía a "ceder islas a tiro de piedra" de sus costas. Estas declaraciones causaron rápidamente un terremoto a Grecia. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, no tardó en reunirse con el Consejo de Seguridad y de Política Exterior. El jefe del Gobierno afirmó en un comunicado tras el encuentro que "la crítica al Tratado de Lausana, que estableció clara y definitivamente las relaciones greco-turcas y el régimen que rige el mar Egeo y sus islas, constituye un peligro para las relaciones bilaterales y para la región".

El comunicado de Erdogan encendió todas las alarmas en el país vecino sin que, por el momento, se hayan paralizado las devoluciones programadas a Turquía. Según el profesor griego de universidad Sotiris Roussos, especialista en las relaciones entre Grecia y Oriente Medio, la contundente declaración del primer ministro turco puede ser principalmente de “consumo doméstico”. Según él, el presidente y líder del partido Justicia y Desarrollo (AKP) intentaría reforzar su retórica nacionalista. En este sentido, cuando declaró abiertamente su descontento con el Tratado de Lausana, Erdogan no se olvidó de recalcar que en caso de que los autores del golpe contra Turquía el julio pasado hubieran tomado el poder, las relaciones entre el Estado y otros países se hubiera deteriorado. No obstante, Roussos no descarta la proyección internacional que tienen estas declaraciones. A su parecer, de alguna forma Erdogan “reta los bordes de la Unión Europea en tanto que amenazan las fronteras de un estado miembro” en un momento en el que Turquía está preocupada por la emancipación de los territorios kurdos en Siria y debe jugar fuerte para avanzar su proceso de integración a la Unión Europea.

Para Turquía, el problema del Egeo no termina con Grecia, sino con las tropas de la OTAN que patrullan en aguas turcas y griegas con el objetivo de “hacer frente al tráfico ilegal de personas”. Los términos de esta misión de la OTAN que tocaba las sensibilidades territoriales entre ambos países del Egeo se acordaron el pasado 25 de febrero, bajo el consentimiento de los dos. Para aliviar tensiones, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dejó claro en un principio que “los griegos y los turcos no operaran ni en las aguas territoriales ni en el espacio aéreo del otro”. Aunque el febrero pasado los turcos aceptaron dicha intervención, el pasado setiembre requirieron a la OTAN la retirada de dichas tropas debido “a la drástica reducción de llegada de migrantes a Grecia”. Sin embargo este no era el único motivo, los turcos añadieron que la presencia de estos buques de guerra en aguas disputadas genera aún más tensiones entre Grecia y Turquía.

Fin del tratado sin Turquía más cerca de la integración europea

Turquía decidió cargar con el peso de la crisis migratoria refugiados porque la Unión Europea le ofrecía a cambio algo con lo que había soñado desde hacía años: dar más pasos para integrarse en la Unión Europea. Turquía es un candidato a la adhesión comunitaria desde 2005, pero a corto plazo parece una meta poco razonable. Hay tensiones que deben resolverse, como por ejemplo el conflicto en la isla de Chipre o la defensa de los derechos humanos en Turquía. El retroceso de los derechos y libertades en Turquía preocupa especialmente a los europeos después del golpe de estado del pasado julio, que se saldó con 20.000 detenciones y más de 100.000 purgados de sus empleos. Inmediatamente después de la intentona del pasado verano, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, expresaba en una entrevista publicada en un periódico austríaco su preocupación por el desarrollo político en Turquía remarcando que cualquier paso hacia la restauración de la pena de muerte, medida que Ankara contempla, llevaría a la ruptura de las negociaciones.

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Los europeos no son los únicos que amenazan con romper el acuerdo de marzo. Erdogan ha alertado en varias ocasiones que él también está dispuesto a abandonar el pacto si los europeos no otorgan visados a los ciudadanos turcos. Al hilo del tratado entre la Unión Europea y Turquía, la UE se comprometía a “dar cumplimiento de la hoja de ruta de la liberalización de visados” con el objetivo de “levantar los requisitos de visado para los ciudadanos turcos a finales de junio el año 2016”. Los europeos, por su parte, no han cedido ya que la entrada en vigor de la exención de visados depende, en gran parte, de la reforma de la Ley Antiterrorista, para ponerla en línea con los estándares europeos.

Ankara se ha negado a modificar la normativa. El dirigente turco quiere ganar la batalla lanzando un ultimátum. "Octubre es un mes importante en las relaciones con la UE. La libertad de visados debe entrar en vigor este mes. Pero la actitud de la UE es de no querer cumplir con la palabra dada a Turquía. Ellos sabrán. Las relaciones son de un bando que hace promesas y otro bando que cumple las suyas", denunció Erdogan en un reciente discurso recogido por el diario Hürriyet.

Al margen de los debates políticos en las altas esferas, los principales afectados por el acuerdo viven en sus propias carnes el incumplimiento del tratado. El acuerdo no podría existir sin la asunción de que Turquía, que acoge a tres millones de refugiados, es un país seguro para ellos, motivo por el cual los europeos acordaron ceder seis billones de euros a sus socios para garantizar los estándares de vida mínimos de aquellos que no podían llegar a suelo europeo o fueran devueltos. En contraste, Turquía ni siquiera les ofrece la protección internacional que requieren. Diversos informes de Amnistía Internacional demuestran que a finales de 2015 y principios de 2016 refugiados fueron devueltos a Afganistán, Irak y Siria. Estos datos son una muestra de la debilidad de las bases y los términos de un acuerdo cuyas tensiones políticas pueden hacerlo naufragar más pronto de lo esperado.