Bolsonaro lleva a cabo una ofensiva generalizada contra los indígenas en Brasil

“Cada día, un poco más, el indio es un ser humano como nosotros”. La sentencia la soltó el 24 de enero Jair Bolsonaro, durante su habitual emisión semanal en directo en Facebook. No es su primera declaración racista en alusión a los indígenas. En 2004, los llamó “apestosos”. En 1990, lamentó que el Ejército brasileño, al igual que su homólogo estadounidense, no hubiera podido “diezmar a los indígenas”.

Pero este anuncio es una prueba de un cambio de estrategia. Los ataques racistas se esconden ahora tras un discurso de promoción del desarrollo, porque Jair Bolsonaro busca sobre todo abrir la explotación de los territorios indígenas a la industria. El 5 de febrero presentó un proyecto de ley que autoriza la explotación minera, de gas, de petróleo y agrícola, así como la construcción de infraestructuras hidroeléctricas. La noticia desató las protestas especialmente porque no hay previsto veto ninguno de los indígenas (excepto para la extracción artesanal de oro). Sin embargo, la Constitución garantiza que, aunque los territorios indígenas son tierras pertenecientes al Estado federal, son para uso exclusivo de los pueblos indígenas.

Según la Apib (Asociación de Pueblos Indígenas del Brasil), el proyecto está al servicio del desarrollo económico de los pueblos indígenas y promueve “los intereses económicos de los que apoyan al Gobierno de Bolsonaro, aunque ello implique una total falta de respeto por el derecho nacional e internacional”. Si se aprueba el proyecto de ley se podría, por ejemplo, realizar un estudio de impacto ambiental a distancia.

Para Felipe Milanez, profesor de la UFBA (Universidad Federal de Bahía), “aunque se encuentre un resquicio legal, el proyecto no debe aprobarse”. De hecho, el presidente de la Asamblea afirmó el pasado mes de septiembre que nunca incluiría en el orden del día un proyecto de este tipo y, además, la cuestión tiene una gran capacidad de movilización. De hecho, explicó Bolsonaro, el problema no es la obvia inconstitucionalidad, sino “la presión que el proyecto va a recibir por parte de los ecologistas”. “Si pudiera, los confinaría a todos al Amazonas, ya que aman tanto el medio ambiente”, añadió.

La idea de este proyecto de ley, explica Felipe Milánez, es sobre todo enviar el siguiente mensaje: “El presidente nos apoya, podemos empezar las inversiones, luego se regularizarán”. Esto fomenta las invasiones de los territorios indígenas, que han ido en aumento desde que Jair Bolsonaro llegó al poder.

En el terreno, los buscadores de oro y los traficantes de madera también lo utilizan para presionar a los indígenas, apoyados por una minoría de indígenas que apoyan al presidente. “Por un lado, el Gobierno está interrumpiendo el sistema de salud indígena... por otro, deja entrever posibles royalties", se lamenta Felipe Milánez. “Se han quedado atrás, especialmente por los incendios en el Amazonas que han atraído la atención internacional”.

Desde principios de año, en la frontera paraguaya, 3.000 indígenas se han visto privados de ayuda alimentaria, mientras que el Gobierno intenta desmantelar el sistema de salud indígena, ya debilitado por el fin del programa “Mais Médicos” decretado en enero pasado.

El proyecto de ley también puede tener un impacto en los “aislados”, los indígenas que nunca han tenido contacto con el Estado brasileño, o que han roto el contacto con él. El texto prohíbe las actividades en los territorios indígenas en las que se haya registrado su presencia, pero corresponde a la Funai (el organismo encargado de proteger a los indios) establecer esos límites. Sin embargo, la Funai está en problemas, paralizada por los juegos de poder, los graves recortes presupuestarios y la desorganización. Aunque la organización se ha debilitado durante varios años, Jair Bolsonaro ha subido de nivel.

Así, un misionero evangélico, Ricardo Dias, está ahora a cargo de la protección de los aislados, uno de los puestos más delicados de la Funai. Entre 1997 y 2007, trabajó para New Tribes Mission, una organización norteamericana que busca evangelizar a los nativos. Asegura que su mandato será “técnico” y que “no tratará de evangelizar a nadie”, pero no es convincente, ni siquiera en el seno de la Funai, cuyos trabajadores han publicado una carta abierta denunciando los riesgos asociados a su nombramiento.

Porque, como en el pasado, las consecuencias de los contactos no deseados y no preparados pueden ser desastrosas. La relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas denuncia “una decisión peligrosa que puede generar un potencial genocidio para las poblaciones aisladas”.

New Tribes Mission, ahora rebautizada “Ethnos360”, ya es responsable de la muerte de un tercio del pueblo Zo'é, diezmado en la década de 1980 por las enfermedades traídas por estos misioneros. Además, después de este asunto, la Funai cambió sus reglas y Brasil se convirtió en pionero en la política de gestión de los aislados. La idea central era respetar el derecho a la libre determinación de los aislados y no promover ninguna acción que fomentara el contacto.

Esa política había influido en los países vecinos, y lograr invertir ese concepto sería una victoria estratégica para los fundamentalistas. Una grabación telefónica difundida el 13 de febrero por The Intercept muestra el lobby organizado por los misioneros para colocar a Ricardo Dias. El hijo del presidente de New Tribes Mission explica: “Vamos a colocar un nuevo presidente en el Departamento de personas aisladas... para cambiar formalmente esta política [de prohibir los misioneros]”. Este nombramiento representa “un paso atrás de un siglo”, denuncia Felipe Milanez.

Para el investigador, que lleva más de una década estudiándolos, “estos misioneros están locos por Dios”. Para ellos, el regreso de Cristo sólo se producirá cuando todos los pueblos del mundo se conviertan. Pero los aislados son un desafío desalentador, escondidos en lugares de difícil acceso donde está prohibido entrar sin permiso de la Funai.

Ricardo Dias tiene ahora acceso al sistema de vigilancia de los aislados y también es responsable de autorizar las visitas. “Detrás de un aparente discurso social, los misioneros son capaces de cualquier cosa, matar o morir, para convertir. Pero necesitan financiación y aliados”, dice Milánez. Estos celosos misioneros son un regalo del cielo para los explotadores de la selva, a quienes molesta la presencia de los indígenas.

Estos poderosos grupos de presión han intentado durante los últimos tres años imponer un líder de la Funai de su cuerda. Un pastor y un general se han sucedido al frente de la organización, pero “aunque eran muy conservadores, no eran lo suficientemente radicales a sus ojos”, dice Felipe Milánez. Por lo tanto, Bolsonaro ha nombrado a alguien cercano a Nabhan García, uno de los representantes más extremistas del lobby agrícola y ahora miembro del Gobierno.

Pero fue decisiva la intervención de Damares Alves, ministro de Familia, Mujeres y Derechos Humanos, para el nombramiento de Ricardo Dias, sellando con ello la alianza entre los grupos de presión extremistas y los misioneros. Permitió a los misioneros obtener un puesto en el Gobierno, mientras que hasta hace poco eran odiados por los evangélicos “clásicos”, muy influyentes en Bolsonaro.

Esto se explica porque la ministra, que es pastora, es muy cercana a la organización misionera Jocum (Juventud con una Misión, expulsada en 2003 de un territorio indígena por hacer proselitismo) y participa en la AMTB (Asociación de Misiones Transculturales de Brasil), que también incluye la New Tribes Mission. “Esta cita no viene sola, otras citas más discretas son igual de nefastas. Este es un complejo y sofisticado proyecto de genocidio, no una simple postura política”, juzga Felipe Milanez.

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Traducción: Mariola Moreno

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