El grupo francés Carrefour, uno de los principales minoristas de alimentación del mundo, firmó el pasado mes de marzo un acuerdo con dos empresas israelíes directamente implicadas en la colonización de los territorios palestinos ocupados. Así lo revela un informe publicado el miércoles 16 de noviembre por la CGT, la Union Syndicale Solidaires, la ONG palestina Al-Haq, la Association France Palestine Solidarité y la Plataforma de ONGs francesas por Palestina.
Según este documento de diecinueve páginas, uno de los socios israelíes de Carrefour es la empresa Yenot Bitan. En la actualidad gestiona cerca de 150 tiendas, al menos tres de las cuales están situadas en los asentamientos de Ariel, Alfei Menashe y Maale Adumim, donde viven cerca de 70.000 colonos (de unos 500.000 en Cisjordania).
El otro socio, Electra Consumer Products, es junto con su empresa matriz, Elco, uno de los principales actores en la estrategia de colonización y participa en particular en las grandes obras (carreteras, túneles...) emprendidas por el gobierno israelí para apoyar la colonización. Una de las filiales de Electra construyó 141 viviendas en el asentamiento de Har Homa, al sur de Jerusalén, y 52 viviendas en el asentamiento de Maale Adumim, en 7.500 metros cuadrados de terreno confiscado a sus propietarios palestinos. Otra filial había suministrado generadores de electricidad al ejército israelí durante la ofensiva de 2014 contra Gaza.
En aplicación de estos acuerdos, las 150 tiendas Yenot Bitan pasarán progresivamente a la marca Carrefour.
Posteriormente, el distribuidor francés abrirá sus propias tiendas de marca para comercializar sus productos. El contrato firmado por Carrefour tiene una duración de veinte años, renovable por otros veinte, y permitirá a la marca francesa beneficiarse de la colonización con la venta de sus productos y también del canon que recibirá de las tiendas franquiciadas.
Durante el consejo de ministros del 24 de julio de 2022, el entonces primer ministro israelí, Yair Lapid, que acaba de ceder sus funciones a Benjamin Netanyahu, celebró abiertamente la llegada de Carrefour a Israel y auguró que el desembarco de la empresa francesa en el país sería un éxito.
Lapid, como al parecer también los dirigentes de Carrefour, ha olvidado, o más bien considera sin importancia, tras décadas de impunidad, el hecho de que la colonización de los territorios palestinos ocupados es ilegal según el derecho internacional.
Por ello, los autores del informe recuerdan que "en el contexto de los conflictos armados, los actores no estatales –incluidas las empresas comerciales– deben respetar las normas aplicables del derecho internacional humanitario". Esto significa que las empresas se enfrentan a acciones legales "por la comisión o complicidad en crímenes de guerra o la responsabilidad civil por daños y perjuicios" de los que pueden ser consideradas responsables.
También significa que existen ciertas "obligaciones para los directivos y el personal" y que pueden estar sometidos "a responsabilidad penal o civil". Ese riesgo también implica la responsabilidad penal individual de los directivos de estas empresas ante el Tribunal Penal Internacional.
“Aunque el Estado de Israel desempeña un papel fundamental en la construcción y expansión de los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén", según el informe, "su mantenimiento y crecimiento no habrían sido posibles sin actores privados como empresas comerciales israelíes y multinacionales". “El papel de estas empresas en el establecimiento, mantenimiento y expansión de los asentamientos israelíes (así como en la ocupación israelí y otras violaciones más amplias) no puede negarse ni subestimarse".
A la atención de los directivos del grupo Carrefour, pero también del gobierno francés, los firmantes del informe recuerdan que, según una resolución de la ONU de 2016, "las empresas deben respetar las normas del derecho internacional humanitario cuando operan en situaciones de conflicto armado, y [...] algunas empresas han permitido y facilitado directa e indirectamente el establecimiento y la expansión de los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado y se han beneficiado de ellos".
Estas consideraciones pueden parecerles obsoletas a los directivos de un grupo que emplea a más de 500.000 personas en todo el mundo, gestiona más de 12.000 tiendas en treinta y nueve países y que registró en 2021 una facturación de 81.200 millones de euros.
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Pero cuando uno se ha fijado el objetivo de ser el líder mundial de la "transición alimentaria para todos", como hace Carrefour, alardeando de solemnes y ambiciosos compromisos en materia de ética y derechos humanos, se corre el riesgo de que se resienta el "vínculo de confianza" que pretende establecer con sus clientes por la discordancia entre las ambiciones proclamadas y la cruda realidad de la colaboración con un régimen que ignora el derecho internacional y que no pierde ocasión de mostrar su desprecio por los derechos humanos.
Traducción de Miguel López