TISA: las multinacionales quieren tener derecho de veto sobre los Estados

Menos conocidas que las negociaciones sobre el tratado comercial trasatlántico (TAFTA), de las negociaciones sobre el acuerdo de comercio de servicios (TISA) no se derivan consecuencias menores. El acuerdo TISA, siglas de Trade in Services Agreement, se está negociando con gran secretismo entre la Unión Europea, Estados Unidos y una veintena de países, de Canadá a China. El objetivo es llevar a cabo una nueva liberalización, en el ámbito de los servicios, y evitar el bloqueo de la Organización Mundial de Comercio para conseguir ir un paso más allá en la desregulación.

Las últimas revelaciones de WikiLeaks, publicadas este 24 de mayo –en colaboración con sus socios (Mediapart y Libération en Francia, L'Espresso en Italia y Publico.es en España)– arrojan algo más de luz sobre lo que se trama en estas negociaciones. Lo que se desprende es aterrador: supone el desarme democrático frente al poder del dinero.

Numerosos documentos hechos públicos por WikiLeaks (disponibles en este enlace) datan de octubre y de noviembre de 2015, de hace apenas unos meses. Tras su lectura, en ocasiones tediosa, surge una pregunta: ¿quiénes son estos negociadores, que avanzan en la sombra, tratando de imponer importantes cambios al amparo de un lenguaje farragoso, técnica y jurídicamente hablando? ¿Hasta ese punto son insensibles a lo que les rodea? En los debates que llevan a cabo, parecen ignorar las angustias y las expectativas de la opinión pública, así como las promesas de los Gobiernos y repetidas de cumbre internacional en cumbre internacional, tanto en lo que a la protección del medio ambiente o a la evasión fiscal se refieren.

Los documentos de WikiLeaks ponen de manifiesto cómo la intención de los negociadores no ya es la de conseguir un nuevo abaratamiento de los aranceles o un acuerdo sobre las normas, sino que quieren construir un mundo uniforme, donde la libertad para obtener beneficios no tendrá límites frente a los Estados –que en todos los textos figuran como “las partes”, como si se tratase de un vulgar contrato comercial-, renunciando a cualquier poder de imponer y de regular.

Con el acuerdo TISA, los grandes grupos económicos no sólo serán los únicos no sometidos a gravámenes, sino que además se pueden convertir en irresponsables en el sentido estricto del término. En estos textos legales, todo está pensado para eximirles de cualquier obligación social, medioambiental e incluso prudencial y se les permite reescribir la ley en función de sus intereses, para evitar acción legal alguna, por pequeña que sea.

A modo de preámbulo a todas estas negociaciones, Estados Unidos presentó en octubre de 2015 diferentes propuestas sobre las “nuevas disciplinas y sus mejoras”, dirigidas a convertirse en el marco general a este acuerdo sobre servicios. Estas propuestas, que se inspiran en el acuerdo sobre el tratado transatlántico, está dirigidas a liberalizar todavía más todos los sectores, suprimir las obligaciones a las que eventualmente pueden estar sometidas las multinacionales.

De este modo, Estados Unidos propone acabar con las obligaciones locales. En el marco del acuerdo TISA, los países deberían renunciar a cualquier ley que conlleva la implantación local, que vincula los contratos a la creación de empleo local, a transferencias de tecnologías, a esfuerzos de investigación y de desarrollo sobre el terreno, a la utilización de productos industriales nacionales.

“Las disposiciones de este texto limitan la posibilidad de los países en vías de desarrollo a la hora de encaminarse por la misma senda que numerosos países desarrollados”, alertan los autores de una extensa nota difundida por WikiLeaks. Los países desarrollados, empezando por Estados Unidos, señalan, han tomado medidas para proteger a sus industrias locales, para darles tiempo a desarrollarse, manteniéndolas a salvo de la competencia mundial.

Todavía es así en numerosos países desarrollados. Muchos de ellos recogen en los contratos públicos –y por ende pagados con el dinero de los ciudadanos– la obligatoriedad de recurrir a pymes, a trabajadores locales o, incluso, a asociaciones. Todas estas disposiciones, a menudo plasmadas en forma de ley, con el TISA desaparecerían. Lo mismo sucedería con los programas audiovisuales o radiofónicos locales, cuya emisión es obligatoria en numerosos países para proteger o difundir una lengua o cultura nacional o regional.

Cuando internet ya ha hecho saltar por los aires los límites geográficos nacionales, la ausencia de cualquier raigambre local, exigida en el TISA, corre el riesgo de echar por tierra las tentativas de regulación puestas en marcha tras la crisis financiera de 2008, sobre todo en los servicios financieros. La nota difundida en WikiLeaks recuerda oportunamente lo sucedido con el banco IceSave, en Islandia. La entidad bancaria británica se desarrollo en ese país con presencia únicamente a través de internet. En 2008, en unas semanas, se hundió, causando un importante embrollo jurídico y diplomático entre Gran Bretaña e Islandia y dejando en la ruina a clientes, sin posibilidad de acudir a la Justicia para conseguir que ésta reparase el daño ocasionado.

¿Qué sucederá en un futuro si una aseguradora suiza o norteamericana, sin filial en el país, vende contratos en Pakistán y tras un desastre, como por ejemplo un terremoto, no quiere o no puede pagar?, se preguntan los autores de la nota. Antes, se podía recurrir a los activos de una filial. Mañana, no habrá nada, concluyen.

“Esta ausencia de presencia local puede tener importantes implicaciones en las leyes sociales pero también en las regulaciones gubernamentales porque para que las leyes sean efectivas deben aplicarse”, insiste la nota. En efecto, sin esa raigambre local, los Gobiernos corren el riesgo de encontrarse sin medio alguno de presión, sin posibilidad de negociar. Por supuesto, existen las cooperaciones judiciales entre países, tratados de extradición. Pero se recurre a estos métodos sólo en caso de delitos, no para causas civiles, aún menos en caso de fraudes o prejuicios ocasionados a clientes. Gracias al TISA, las multinacionales están armando su irresponsabilidad jurídica.

“Modificar o eliminar las reglamentaciones”

Una vez trazado ese marco general –del que no se sabe, a falta de documentos, si es objeto de debate entre los países negociadores del tratado–, los negociadores están revisando los ámbitos de aplicación del TISA. Lo abarca todo: servicios financieros, telecomunicaciones, servicios públicos –objeto de liberalización, por supuesto–, los transportes, pero también profesionales como los contables, profesionales sanitarios (médicos, enfermeras), arquitectos, entre otros. En lo que respecta a estos sectores, los negociadores reclaman la supresión de cualquier reglamentación vinculante, reconocimiento de diploma o trabajo sobre el terreno. Incluso tienen ideas concretas sobre ¡la política de visados de aplicación en los países firmantes del TISA!

Entre los puntos abordados, hay uno que llama especialmente la atención, el de las “normas internas”, en otros términos, las leyes de cada país, plasmadas en un documento titulado “Transparencia”. Al respecto, los representantes de los servicios han puesto en marcha una importante acción de lobby dirigida a los negociadores de TISA. En Estados Unidos, es bien conocido, pero en Europa, aunque la acción de los lobbies es más discreta, también existe. Su fin es el de “modificar o acabar con la reglamentación”.

El texto en proceso de negociación preconiza suprimir todas las normas “más vinculantes de lo necesario para asegurar la calidad del servicio”, dejando vía libre a las multinacionales para actuar contra los Estados, en caso de verse limitados en la búsqueda de beneficios. ¿Qué define cuál es la reglamentación necesaria? Misterio. Las investigaciones de utilidad pública sobre proyectos urbanísticos o industriales en el futuro podrían cuestionarse por ser demasiado extensos o vinculantes. Las obligaciones medioambientales, las autorizaciones de explotación, las licencias, susceptibles de ser llevadas ante la Justicia por controlar la iniciativa privada.

La Federación Norteamericana del Comercio ni siquiera oculta sus intenciones. Ante el Congreso norteamericano, explicó que quería que el acuerdo TISA permitiese abrir mercados internacionales a sus miembros, pero también acabar con las reglamentaciones. “Incluidas las restricciones sobre el tamaño de los establecimientos y las horarios de apertura, que no son necesariamente discriminatorios, pero que molestan a las principales compañías a la hora de conseguir su eficacia económica”, explicó. El objetivo es trabajar “de forma relativamente libre de cualquier reglamentación gubernamental”. La clave está en el “relativamente”.

Las multinacionales no sólo tienen intención de arremeter contra las reglamentaciones en vigor, sino que quieren tener derecho de veto sobre las disposiciones legales que en un futuro puedan aprobar los Estados. El proyecto TISA sobre la transparencia puntualiza el procedimiento que los Gobiernos deberán seguir si quieren ratificar nuevas leyes, para que los intereses extranjeros puedan dejarse oír su voz en la toma de decisiones.

Cualquier nuevo proyecto legislativo, o cualquier reglamentación, deberá publicarse, según el TISA, con la suficiente antelación y con suficientes detalles para que los Gobiernos extranjeros y los grandes grupos económicos sepan que sus intereses comerciales pueden verse afectados. "Los intereses extranjeros deberían tener suficiente tiempo y medios razonables para responder a las reglamentaciones previstas, se dice. Los gobiernos deberían tener en cuenta los comentarios que reciban de estos intereses extranjeros. Por último, debe pasar un determinado tiempo entre el anuncio de la nueva reglamentación y su aplicación. Por supuesto, cualquier grupo que se vea perjudicado puede atacar cualquier eventual disposición legislativa o reglamento.

¿Cómo es posible que Gobiernos, considerados democráticos, acepten la negociaciones de unos textos así? Quién les ha ordenado que renuncien al poder legislativo, para consentir que el poder económico ejerza un derecho de veto? Una vez leídos los documentos revelados por WikiLeaks se entiende mejor por qué los Estados quieren mantener en secreto estas negociaciones.

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Julian Assange, que ha participado en esta investigación, es el fundador y redactor jefe de WikiLeaks.

Traducción: Mariola Moreno