La auditoría climática a la UE revela el fracaso a la hora de reducir el impacto de la agricultura y la ganadería

La Comisión Europea tiene un problema a la hora de cuantificar y medir los avances de su acción climática; y, específicamente, con la agricultura y la ganadería. Es lo que desprende de la última auditoría del Tribunal de Cuentas europeo sobre los gastos climáticos del club comunitario, que representa prácticamente una enmienda a la totalidad de los cálculos de la Unión Europea. Lo que viene a decir el órgano fiscalizador es que Bruselas no ha gastado el 20% de su presupuesto en luchar contra el cambio climático como proclama, porque muchas de las acciones no han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La brecha sobre lo que se ha vendido y lo que realmente ha aportado, dentro de las cuentas, es de 72.000 millones de euros entre 2014 y 2020.

Dentro de este cálculo, el Tribunal de Cuentas europeo carga –sin rodeos ni embellecedores– contra la gestión de la Comisión Europea del impacto climático de la agricultura y la ganadería de los 27. No solo considera que se han vendido partidas como reductoras de las emisiones cuando no está demostrado que hayan aportado, sino que las políticas no han funcionado. "La mitad del gasto en clima de la UE está relacionado con la agricultura y la ganadería", explica el organismo, pero "las emisiones de GEI procedentes de la agricultura en la UE no han disminuido desde 2010". ¿Qué está pasando?

Por un lado, hay gastos en el sector primario que se incluyen dentro del presupuesto climático, que contabilizan como la "acción climática" de Bruselas, que no están realmente reduciendo emisiones; y, por otro lado, hay prácticas y acciones que se entiende que generalmente ayudan en la lucha que están aportando poco o incluso son contraproducentes.

El Tribunal de Cuentas distingue entre la agricultura ecológica y las prácticas no consideradas "ecológicas" pero que, en criterio de la Comisión Europea, aportan a la mitigación del calentamiento global. En cuanto a lo primero, al presupuesto dedicado específicamente a reverdecer o a ecologizar (greening, en inglés) las prácticas agrícolas, el impacto es "muy incierto, pero probablemente bajo", porque los requisitos que se exigen para recibir el dinero son coincidentes con las prácticas que ya se llevan a cabo. En cuanto a otras medidas que reciben dinero europeo, o bien no se persigue su incumplimiento, o bien su contribución es "insignificante"; se calcula el nivel de sobreestimación en 17.500 millones de euros en los últimos cinco años.

El Tribunal de Cuentas relata una incongruencia que es inherente a cualquier política climática destinada a cambiarlo todo para que todo siga igual. Los pagos directos a agricultores y ganaderos a través de los diversos mecanismos habilitados al respecto, que consumen casi la mitad de los recursos del bloque comunitario (como los de la Política Agraria Común, PAC) incentivan la producción y por tanto las emisiones.

"Sin los pagos directos, las emisiones de GEI de la UE procedentes de la agricultura y la ganadería serían entre un 2,5% y un 4,2% menores", explica el informe, porque simplemente se reduciría el músculo del sector; sin embargo, tampoco es la solución perfecta, porque los estudios estiman que lo que se dejaría de emitir aquí se emitiría en otras latitudes, si no cambia la demanda del mercado con respecto a su alimentación.

El órgano fiscalizador critica que la Comisión Europea mezcla continuamente la mitigación del cambio climático (la acción para reducir emisiones) con la adaptación al cambio climático, las políticas destinadas a que los efectos inevitables del fenómeno causen el menor daño posible. En cuanto a lo segundo, muchos expertos vienen años advirtiendo de que la agricultura, y en especial los imperios intensivos del sur y el Levante español, consumen más agua de la que van a tener, por lo que hay que reestructurar el sector. Es decir, adaptarlo al nuevo escenario.

En ese sentido, el Tribunal de Cuentas europeo critica que si bien las ayudas de la Unión Europea "aumentan la capacidad de las explotaciones para hacer frente a choques negativos del cambio climático", esos mismos pagos directos puede hacer que se mantengan las que son "inviables", frenando "los cambios estructurales que podrían ser necesarios para la adaptación". El órgano fiscalizador, en base a la literatura científica, entiende que adaptarse al cambio climático implicará reducir el tamaño y el número de estos negocios; no subvencionarlos en base a unos presupuestos que, además, son calificados por Bruselas como "climáticos" y "verdes".

La lógica de la Comisión Europea que critica la auditoría es parecida a la que, por el momento, está siguiendo España. El Gobierno plantea una reducción del 52% de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector primario en 2050 pero sin restringir el número de instalaciones, como se cuenta aquí. En cuanto a la ganadería, a partir de 2013, explica el Gobierno en su último informe sobre las emisiones, "se observa un cambio de tendencia al alza ligado al aumento en el uso de fertilizantes inorgánicos y al incremento de la cabaña ganadera, siendo las emisiones del sector en 2019 un +8,0% más altas que en 1990". Transición Ecológica asume que es un sector de difícil mitigación y no aspira a descarbonizarlo por completo.

Por otro lado, los impactos de la agricultura y la ganadería en España son cada vez más evidentes, así como la ausencia de un plan concreto para atajarlos y abordar esos "cambios estructurales" que pide el Tribunal de Cuentas. Algunos planes hidrológicos, como el del Ebro, calculan un aumento de las hectáreas de regadío pese a la evidencia de la disminución paulatina de los recursos hídricos en el país y de las advertencias del IPCC, el panel de expertos de la ONU: el sur de Europa será inevitablemente golpeado por la falta de agua.

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En la Región de Murcia, los efectos de la agricultura y la ganadería intensivas están en el origen del nuevo episodio de anoxia del Mar Menor, estabilizado en las últimas semanas pero que anticipa un verano complicado; y los regantes, impulsados por los políticos de la zona, piden más agua para sus cultivos mientras el Gobierno admite su retraso a la hora de sacar adelante su estrategia de transición. En Doñana (Huelva), otro ecosistema único está en cuidados intensivos por la presión hídrica de los cultivos que extraen el valioso recurso de los acuíferos, y la derecha ha aprobado recientemente una nueva norma para regularizar hectáreas que se quedaron fuera de la anterior ordenación.

Y, por otro lado, como demuestran los datos más recientes de la Comisión Europea, la alimentación es el ámbito de consumo que acumula más de la mitad de todos los impactos ambientales del lado de la demanda. En cuanto al cambio climático, una sustitución del 25% de proteínas animales por vegetales ayudaría a la acción climática un 15%, calcula el estudio presentado hace unas semanas por Alberto Garzón.

En España no hay una transición ni del agua, ni del regadío, ni de la agricultura, ni de la ganadería, denuncian los activistas que llevan fiscalizando años la gestión hídrica y ecológica del país. A juicio del Tribunal de Cuentas europeo, esos cambios "estructurales" deberían abordarse para que el sector primario reduzca una huella que, por el momento, no ha conseguido reducir.