Greenpeace valora cerrar sus divisiones en Estados Unidos si el juez confirma la multa de 660 millones
La ONG más reconocida del mundo se enfrenta a la bancarrota. Un jurado de Dakota del Norte, en Estados Unidos, sentenció este miércoles a Greenpeace a pagar más de 660 millones de dólares (609 millones de euros) a la energética Energy Transfer por participar en una protesta que paralizó la construcción de un oleoducto. La cuantía ha sido una sorpresa para la organización y supondría la quiebra de Greenpeace si el juez confirma la sentencia, aunque la organización adelanta a infoLibre que la matriz de la ONG estaría blindada porque la sede se encuentra en Países Bajos. Sin embargo, las dos divisiones de la organización en Estados Unidos tendrían que cerrar.
Daniel Simons, abogado de Greenpeace International, explica que se han enfrentado a un juicio desigual donde la compañía tenía todas las de ganar, pero no contaban con que la multa fuese la más alta posible, el doble de lo que reclamaba por daños Energy Transfer. La ONG todavía tiene la opción de apelar a la Corte Suprema de Dakota del Norte y después a la Corte Suprema Federal, en Washington, pero Simons reconoce que las posibilidades son "poco prometedoras".
"En el peor de los casos —que se confirme la sentencia y que no prosperen las apelaciones— Greenpeace International no acataría la sentencia y la energética tendrá que reclamar el embargo a un tribunal de Países Bajos, donde tendrían pocas probabilidades de ganar. Nuestro escenario principal es que no habrá cambios en la matriz de Greenpeace. Sin embargo, Greenpeace Fund y Greenpeace Inc. —las divisiones americanas— tendrían que declararse en bancarrota", explica Simons. Aunque añade que no tirarán la toalla en ese país: "Buscaremos la manera de seguir trabajando, siempre habrá un Greenpeace en Estados Unidos".
El tribunal popular, formado por nueve vecinos del Condado de Morton, ha condenado a la organización a pagar 667 millones de dólares, de los que 300 corresponden a la compensación que reclamaba la energética, y otros 367 millones a una multa coercitiva. Según explica el abogado de la ONG, este castigo añadido es habitual en Estados Unidos, una forma de evitar que un condenado vuelva a causar daño a la sociedad, aunque en este caso es una anomalía porque se dirige contra una organización ambiental. El coste se divide entre las tres organizaciones a las que demandó la compañía: 131 millones y 404 para las organizaciones estadounidenses, y 132 millones para Green Peace International.
La organización verde llevaba meses advirtiendo de que una multa que rondase los 300 millones ya supondría la quiebra de la ONG, pero no esperaban que llegase a rozar los 700 millones, una cantidad inimaginable para los ecologistas. Según sus últimas cuentas de 2023, la organización matriz tiene unos ahorros de 50,02 millones de dólares, por lo que no tiene manera de afrontar esa hipotética deuda.
Por ahora, solo se conoce la propuesta de sanción y el veredicto del jurado, y se espera que la semana que viene el juez que dirige el caso emita la sentencia definitiva, que se espera que sea similar al veredicto popular. Como adelanta Daniel Simons, tienen pocas esperanzas en su apelación a las cortes supremas, porque la de Dakota pertenece a un Estado muy conservador y ligado a los combustibles fósiles, y el tribunal de Washington tiene una mayoría republicana sobre los demócratas de seis a tres, con tres jueces elegidos por Donald Trump. Kelcy Warren, presidente ejecutivo de Energy Transfer, ha sido durante la última década uno de los grandes contribuyentes de la campaña electoral de Trump, y el presidente tiene una guerra abierta contra las organizaciones ambientales.
La injerencia política y social han sido una constante desde el comienzo del juicio contra Greenpeace, que había reclamado sin éxito mover la disputa a otro tribunal alejado de la zona donde se sucedieron las protestas. "No creo que sea un veredicto político, pero creo que no se han tenido en cuenta los hechos", opina Simon. "La empresa ha apelado a los sentimientos de una comunidad rural pequeña, donde viven 30.000 personas que sufrieron protestas durante casi un año y donde llegaron a haber 100.000 manifestantes. Había mucha rabia entre los vecinos, es comprensible. Además, el gas y el petróleo son la piedra angular de la economía local y muchos de los ciudadanos del jurado trabajan en este sector o tienen familiares allí. Era imposible tener un juicio justo", comenta el abogado.
También fue desestimada la petición de la prensa para poder ver el juicio en directo, aunque un colectivo de abogados llamado Trial Monitors ha seguido desde dentro la disputa para apoyar a la ONG. Tras conocer la sentencia, este grupo emitió un comunicado donde calificaba el juicio de "profundamente defectuoso con múltiples violaciones procesales", como "un jurado claramente sesgado a favor de Energy Transfer, con muchos miembros trabajando en la industria de los combustibles fósiles", e incluso algunos de ellos declararon públicamente que no podían ser imparciales.
"En mis seis décadas de práctica legal, nunca he presenciado un juicio tan injusto como el que se ha llevado a cabo contra Greenpeace. Y la ley que se aplique en este caso puede afectar cualquier manifestación, religiosa o política. Va mucho más allá del movimiento ambientalista", declaró Marty Garbus, uno de los abogados que supervisó el juicio.
Greenpeace busca amparo en la Unión Europea
En vista de que la dificultad del juicio, a comienzos de febrero la ONG decidió emplear por primera vez en la Unión Europea la nueva directiva conocida como Anti-SLAAP, llamada así porque combate las llamadas Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública (SLAAP, por sus siglas en inglés). Esta directiva busca proteger a entidades civiles o personas que reciben ataques legales de grandes empresas extranjeras con el objetivo de enterrarlas en litigios y evitar que puedan ejercer el activismo.
Amparándose en esta legislación, adoptada el año pasado, Greenpeace demandó en febrero desde Ámsterdam a Energy Transfer por prácticas legales abusivas, y reclama a la compañía cubrir todos los costes judiciales del caso de Dakota del Norte, incluyendo la posible multa. Sin embargo, solo pueden reclamar los costes de la matriz, Greenpeace International, que es la que está afincada en Países Bajos, y como mucho recuperarían 132 millones de dólares. Las divisiones americanas no están amparadas por la directiva.
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El juicio gira en torno a unas protestas de diferentes grupos activistas en 2016 y 2017 contra la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte que atravesaba la reserva indígena india Standing Rock, sobre la que el Gobierno federal había aprobado un paso de servidumbre. Esta comunidad lideró unas manifestaciones en las que participaron más de 100.000 personas y a las que acudieron Greenpeace o Earth First!, entre otras organizaciones.
La petrolera y gasista tuvo que paralizar temporalmente la construcción y decidió llevar a juicio a Greenpeace, a la que acusó de incitar a la protesta, difamar a la empresa y promover la violencia en las manifestaciones, aunque la gran mayoría de las actuaciones fueron pacíficas. También acusaron a la ONG de financiar a los manifestantes y a la reserva para agitar las protestas. Greenpeace contesta que ellos participaron mínimamente en las concentraciones, pero que la empresa ha utilizado la situación como pretexto para atacar a un referente del activismo.
De hecho, esta no es la primera vez que la ONG se enfrenta a Energy Transfer. En 2019, el Tribunal de Distrito de Dakota del Norte ya desestimó una demanda similar contra Greenpeace y otras organizaciones basándose en la ley de corrupción y crimen organizado.
