Qué es la ley europea para la reparación de la naturaleza y por qué el PP trata de frenarla
El primer intento del Partido Popular Europeo (PPE) para acabar con la Ley de Restauración Natural en la Eurocámara ha fracasado por la mínima, pero aún queda un largo camino para que la norma vea la luz y podría quedarse en un cajón si los conservadores siguen batallándola. Este reglamento propone que el 20% de las tierras y aguas de la UE tengan políticas de recuperación de aquí a 2030, una acción indispensable para reparar territorios dañados por el cambio climático o la acción humana. En este momento, el 81% de los hábitats del continente están degradados y 1.667 especies están en peligro de extinción, y sin esta norma muchos de estos espacios empeorarán hasta ser irrecuperables, según sus defensores.
Luis Suárez, coordinador de conservación de la organización WWF en España, explica que la Ley de Restauración Natural sería "un punto de inflexión" porque se trataría del primer documento con rango de ley dedicado a proteger la naturaleza que se publica desde que echó a andar el Green Deal en 2020. Con esta regulación, la Unión Europea iría más allá de simplemente proteger los ecosistemas que ya tiene en buenas condiciones, como hace con la Red Natura 2000, y lograría recuperar aquellos que ya están dañados y son de menor interés.
La reparación natural consiste en aumentar la presencia de naturaleza y animales en terrenos o aguas que han perdido diversidad. Por ejemplo, en bosques arrasados por incendios, en zonas áridas donde ya no llueve o en caladeros donde apenas queden peces tras años de pesca intensiva. Para recuperar estos espacios se pueden plantar árboles que se regeneren mejor tras el paso de las llamas, inyectar agua en los acuíferos subterráneos o crear zonas restringidas a la pesca. Las políticas de regeneración natural también consisten en eliminar especies invasoras, construir espacios verdes en ciudades o eliminar barreras obsoletas en los ríos para que no cerrar el paso a los animales.
España sería uno de los grandes beneficiados de esta normativa porque el 56% de sus hábitats tiene un estado de conservación "pobre", pero no están perdidos por completo, por lo que trabajar sobre ellos permitiría recuperarlos rápidamente. "Es uno de los países que con más posibilidades para invertir y recuperar biodiversidad" opina Luís Suárez. "Otros están más degradados y necesitan mucho trabajo, pero aquí obtendríamos resultados a corto plazo", añade. De hecho, solo el 17% de los hábitats de España tienen un estado de conservación "malo", mientras que la media de la Unión Europea es del 33%.
Deli Saavdera, director de Paisajes de la organización Rewilding Europe, añade que no solo se lograría mejorar estos ecosistemas, sino que aumentar la masa forestal es imprescindible para reducir el dióxido de carbono de la atmósfera y ralentizar el cambio climático. "Las dos tareas principales de este siglo son acabar con las emisiones y retirar CO₂, y para lo segundo necesitamos naturaleza", explica el biólogo.
La urgencia que plantean los expertos contrasta con la posición que ha tomado el Partido Popular Europeo (PPE) en Bruselas, que desde comienzos de mayo trata de acabar con la Ley de Restauración Natural durante su tramitación, pese a que científicos, legisladores e incluso empresarios apoyan el reglamento.
El Parlamento Europeo prepara estos días su propuesta de ley de la reparación de los ecosistemas para negociarla en otoño con el Consejo y la Comisión, en la llamada negociación de trílogos. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, el pleno del Parlamento debe aprobar por mayoría un texto que llevar a la mesa, y el PPE y la extrema derecha intentan ahora en ese organismo boicotear el documento para que no salga adelante o que salga de una manera descafeinada. La primera estrategia era forzar este jueves una votación de enmienda a la totalidad de la propuesta que hizo la Comisión hace un año para la normativa, que de salir adelante hubiese puesto fin definitivamente a la Ley de Restauración Natural. Sin embargo, los votos de los socialistas, la izquierda, los verdes y parte de los liberales, bastaron para empatar la votación y salvar el proceso por la mínima en la Comisión de Medioambiente de la Eurocámara.
Lo que sí logró este jueves el bloque conservador es entorpecer las votaciones –se tuvieron que votar prácticamente de manera individual 2.400 enmiendas– y no dio tiempo a celebrar la votación del texto final, que se ha pospuesto al 27 de junio. El texto que saga de ahí será el que vaya al pleno del Parlamento a mediados de julio. El PP junto a los diputados de extrema derecha de ECR (donde está Vox) y de Identidad y Democracia (La Liga de Italia y el Frente Nacional de Marine Le Pen) también logró este jueves sacar adelante decenas de enmiendas que podrán convertir la propuesta legislativa en un documento sin ambición.
"Aún tenemos que revisar la documentación, pero algunos compromisos se han perdido y el informe se está quedando pobre", opina César Luena, eurodiputado del PSOE y ponente de la Ley de Restauración Natural. "Si tiene más enmiendas de los negacionistas que texto de los progresistas, no sé si merece la pena llevarlo al pleno o volver a negociarlo de nuevo, pero antes tenemos que sentarnos los cuatro grupos a discutirlo", añade.
El PPE ha puesto esta legislación en el punto de mira porque quiere convertir el cambio climático en el escenario de batalla de cara a las elecciones europeas de 2024 y de los futuros comicios nacionales, como las generales del 23 de junio en España. De esta manera, la derecha pretende capitalizar el descontento de los votantes conservadores y de la población rural hacia las regulaciones verdes, y para ello describe la Ley de Restauración Natural como un peligro para los agricultores y la seguridad alimentaria de la Unión Europea.
El PPE ha puesto el foco en unos pocos puntos de la ley para justificar su salida de las negociaciones, que hasta el mes de mayo eran fluidas con el bloque progresista. Señala, por ejemplo, una recomendación que hacía la Comisión en su propuesta del año pasado de reducir un 10% las tierras cultivables, un objetivo voluntario que el Parlamento ha eliminado de su propuesta para evitar malentendidos.
César Luena cree que lo que buscan los conservadores y la extrema derecha es crear una falsa dicotomía entre defender a los agricultores o proteger el medioambiente. "Es una batalla electoral, e incluso interna dentro del Partido Popular entre Weber y Ursula", afirma. Se refiere al líder del PPE, Manfred Weber, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (PPE). El primero ha abierto la puerta a los líderes nacionales a pactar con la extrema derecha, mientras la segunda ha mostrado cierta afinidad con los socialistas durante su mandato.
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Decenas de científicos también han denunciado en las últimas semanas que los argumentos del PPE no tienen fundamento y solo suponen un retroceso de la política climática. Más de 150 expertos firmaron una carta a comienzos de junio en la que defendían que la ley tenía incluso un beneficio económico para el continente. "Ahora estamos pagando tres veces las consecuencias del cambio climático en el campo. Primero en subvenciones a la agricultura, luego para costear los daños que sufre y después para restaurar el ecosistema. Esta ley iría directamente al tercer paso", opina Deli Saavdera, uno de los firmantes.
Más de un centenar de empresas también reclamaron esta semana que la ley salga adelante, entre ellas Ikea, Inditex o Iberdrola. "Cuando la naturaleza está bajo presión, nuestros sistemas alimentarios también lo están. Por ejemplo: el aumento de las temperaturas reducirá la superficie apta para el cultivo del café hasta en un 50% de aquí a 2050 si no intervenimos", dijo Bart Vandewaetere, ejecutivo de Nestlé.
Meter en un cajón la norma sería mandaría además una señal pésima a los gobiernos del resto del mundo, ya que la ley europea sería la primera de este tipo y abriría la senda a que otros países implementasen medidas similares. De hecho, los expertos temen que si la legislación no sale adelante se acabe de facto con el acuerdo alcanzado durante la Conferencia de la ONU de Biodiversidad celebrada en Montreal del pasado diciembre, donde se fijó un objetivo de restaurar el 30% de las tierras y aguas del planeta en 2030.
