El Gobierno estudia si Badalona (PP) debe devolver el millón que recibió para su zona de bajas emisiones

Xavier García Albiol, el político del PP que logró recuperar la alcaldía de Badalona el pasado mayo, ha reabierto la pugna sobre las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), poniendo de nuevo la salud de los ciudadanos a merced de una lucha política. El alcalde catalán anunció el lunes que su municipio pospondrá la entrada en vigor de las restricciones al tráfico contaminante hasta enero de 2027, pese a que el sistema estaba ya preparado para empezar a funcionar el 1 de enero de 2024. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, respondió el martes que la disputa acabará "probablemente" con la reclamación de los casi dos millones de euros de fondos europeos que financiaron la construcción de la zona e incluso podría llegar a los tribunales. 

En realidad, será el Ministerio de Transportes el que a partir de ahora tendrá que tomar las riendas de este caso, ya que es este el que se ha encargado de distribuir hasta ahora 1.500 millones de euros a los municipios para implantar estas ZBE a cargo de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por ahora, Transportes reconoce que no ha iniciado ninguna reclamación formal de fondos europeos a ayuntamientos por retirar actuaciones financiadas con dinero europeo. 

Según explican desde este ministerio, las ayudas de Bruselas funcionan mediante un sistema de hitos de calendario y es en cada revisión cuando se estudia si realmente cada alcalde está empleando el dinero en lo que prometió. Por ejemplo, Badalona ya recibió un adelanto en noviembre de 2022 de 1.157.542 euros (de un total adjudicado de 1,93 millones) para instalar una ZBE, reformar del intercambiador del Campus de Can Ruti y mejorar en la eficiencia de su red de autobuses. El ayuntamiento catalán cumplió con su primer hito el 15 de junio de 2022 bajo el gobierno del PSC, pero será en la próxima comprobación de los fondos, el 31 de diciembre de 2023, cuando se le reclamará la cantidad adelantada para la construcción de la ZBE (1,08 millones de euros) por no ponerla en marcha en la fecha acordada, el 1 de enero de 2024. 

La otra vía que planteó Teresa Ribera este martes es denunciar directamente ante un tribunal Contencioso Administrativo a los ayuntamientos que tomen esta deriva por el impacto sobre la salud que tienen estas decisiones sobre los vecinos. "No es razonable que las administraciones se puedan sancionar entre sí, pero si se produce un incumplimiento flagrante podemos acudir a un tribunal contencioso. Aunque es una opción que lógicamente es el último recurso", dijo en una entrevista en Catalunya Radio. "No lo descarto [la vía judicial]", añadió después. En Badalona, el Instituto de Salud Global calcula que cada año mueren 300 personas por su exposición a la contaminación. En toda España, la OMS calcula que fallecen 12.000 personas cada año. 

Albiol contestó después advirtiendo a la ministra que "no amenace" porque "es una medida que beneficia a los vecinos que menos recursos tienen". "No todo el mundo puede gastarse 30.000 o 40.000 euros en un coche eléctrico", añadió el alcalde de Badalona, quien aseguró que está "comprometido con el cambio climático y el medio ambiente". De hecho, pidió una reunión a Ribera para discutir sobre el plan verde de su Ayuntamiento.  

Desde Greenpeace, afirman que el argumento de que el coche eléctrico es demasiado caro es una falacia, ya que el objetivo de la zona de bajas emisiones es favorecer el transporte público y promover caminar y el uso de la bicicleta. "Entre el 60% y el 80% del espacio público de la ciudad se destina a calzadas y aparcamientos, pese a que la mayoría de la población no tiene coche. Y precisamente son las clases humildes las que más usan el transporte público", opina Cristina Arjona, responsable de Movilidad de los ecologistas. La portavoz también pide que no se haga política con la salud de la gente con estas medidas "revanchistas" en ayuntamientos que acaban de cambiar de color. 

El caso de Badalona es característico porque allí ya está instalado el sistema de cámaras y carteles para restringir el acceso de vehículos, pero en España hay otros 18 ayuntamientos que ni siquiera han iniciado el procedimiento de tramitación de la norma que establece la ZBE, pese a que 151 ciudades españolas estaban obligadas a tener una desde el pasado 1 de enero. 

Un total de 120 ciudades están en proceso de tener zona de bajas emisiones y otras 17 ni se lo plantean

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Son Aranjuez (Madrid), Arganda del Rey (Madrid), Arona (Tenerife), Barakaldo (Bizkaia), Calvià (Mallorca), Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Coslada (Madrid), El Puerto de Santa María (Cádiz), Ferrol (A Coruña), Granadilla de Abona (Tenerife), Mijas (Málaga), Motril (Granada), Orihuela (Alicante), San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Telde (Gran Canaria), Tres Cantos (Madrid), Valdemoro (Madrid). 

InfoLibre ha contactado con algunos de ellos y los motivos son diversos, aunque ninguno alega motivaciones políticas para no avanzar en la implantación de las restricciones. Tres Cantos explica que este año es el primero que superan los 50.000 habitantes, la condición que obliga a tener una ZBE; Ferrol que está haciendo unas obras a gran escala en la ciudad y que después aplicará las restricciones; Valdemoro que han sufrido retrasos administrativos; mientras que Barakaldo ha rechazado dar explicaciones. 

La pugna política que explica la decisión tomada por García Albiol en Badalona también se ha repetido en los últimos tres meses con los carriles bici y la pelea entre quién debe dominar el espacio público: el coche o el peatón. Valencia, Valladolid, Elche, Gijón, Logroño y Palma de Mallorca ya han retirado algunos de sus carriles bici para dar más espacio al coche en la ciudad. La diferencia con Badalona es que por ahora no se ha demostrado que fuesen construidos con dinero de los fondos europeos, por lo que el Gobierno central no puede pelear estas decisiones. Por otra parte, la Ley de cambio Climático establece que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deben tomar "medidas para facilitar los desplazamientos a pie o en bicicleta", pero no establece un número mínimo de kilómetros.