Los repartidores de ‘El Mundo’ llevan 17 meses sin cobrar en protesta por un recorte del 52% en sus retribuciones

Los repartidores de El Mundo en la Comunidad de Madrid llevan 17 meses distribuyendo los ejemplares del periódico sin cobrar. No aceptan la rebaja de las condiciones económicas que les anunció el año pasado Dima-Gelesa, la empresa para la que trabajan estos 42 transportistas, todos ellos autónomos dependientes –o Trade, aquellos cuya facturación depende en un mínimo del 75% de un único cliente–. Al tiempo, batallan en los tribunales contra cuatro empresas del sector para defender la vigencia de los contratos que firmaron en 1997 y 2007 con una de ellas, Interpress, donde se establecían sus emolumentos y ciertas garantías laborales. El devenir de estas cuatro firmas ilustra muy bien la crisis de la prensa escrita en España. En abril de 2014 Interpress, propiedad de Acciona, renunció a distribuir El Mundo y cedió el contrato a Dima-Gelesa, creada en 2009 por la unión de las distribuidoras de los grupos Vocento, Zeta, Unidad Editorial Unidad Editorialy PrisaPrisa. Éstas ya habían dejado Dima antes, en mayo de 2013, en manos de Boyacá, la compañía que ejerce prácticamente un monopolio en el menguante sector de la distribución de prensa en España.

Los repartidores de El Mundo y otras publicaciones de Unidad Editorial –Marca, Expansión, Telva– no han abandonado el trabajo para no incumplir los contratos con Dima-Gelesa, lo que supondría su despido, aseguran. Pero han presentado tres demandas en los juzgados de lo Social: contra la modificación de sus condiciones laborales, contra la subrogación de los contratos entre Interpress y Dima-Gelesa y para reclamar las cantidades que esta última les adeuda. Este juicio se celebrará el próximo 14 de septiembre. Según fuentes de los repartidores, a cada uno de ellos Dima les debe 170.000 euros.

Los transportistas fueron contratados laborales desde el primer número de El Mundo –que nació el 23 de octubre de 1989– hasta 1997, cuando se convirtieron en autónomos y constituyeron una cooperativa, Redisma. Fue con esta sociedad con la que Interpress firmó el primer contrato, cuyas condiciones se ratificaron en 2007. Entre ellas, esgrimen los repartidores, una cláusula que en caso de rescisión unilateral obligaba a la nueva empresa que se hiciera cargo de la distribución de El Mundo a subrogarse “íntegra y automáticamente” del contrato firmado por Interpress con los transportistas.

Es lo que ocurrió en marzo de 2014. Dima-Gelesa firmó entonces un acuerdo con la Asociación de Repartidores de Prensa de la Comunidad de Madrid que establecía una tarifa de 4.300 euros al mes por transportista. Esa cantidad es la que Dima quiso aplicar a Interpress, en lugar de los 7.800 euros fijos y 1.200 variables que establecía el contrato de esta última con los repartidores de El Mundo. Así que Interpress renunció al contrato de El Mundo e instó la subrogación por parte de Dima. Que ésta rechazó. Además, resaltan los repartidores, el contrato fijaba una indemnización, en caso de que se incumpliera esta garantía. Según revelaron las partes durante el juicio celebrado el pasado 18 de mayo, los repartidores deberían ser compensados con 47 millones de euros. El contrato también preveía que Unidad Editorial asumiera el contrato con los transportistas en caso de que Interpress lo extinguiera de forma unilateral. Finalmente, establecía que cualquier conflicto entre los firmantes se resolvería mediante un “arbitraje obligatorio” en lugar de acudir a los tribunales.

Subrogación nula y graves pérdidas económicas

Tanto Dima-Gelesa como Boyacá han declinado hacer comentario alguno a infoLibre sobre el litigio. Pero en el juicio del pasado 18 de mayo sus abogados dejaron clara su posición. Rechazan que los contratos de 1997 y 2007 sigan vigentes, así como la existencia de una subrogación. Para Dima, sólo hay una nueva relación contractual, por lo que no se modifican las condiciones económicas de los repartidores, sino que se aplican a los transportistas de El Mundo las mismas tarifas que la empresa acordó con la asociación profesional de Madrid. Tampoco reconoce Dima a los 42 repartidores su condición de autónomos dependientes. La empresa sostiene, además, que los transportistas deben abstenerse de continuar repartiendo El MundoEl Mundo. “[Trabajando sin cobrar] intentan mantener unas condiciones económicas que ya no están vigentes y eludir los efectos del acuerdo firmado por la asociación de repartidores de la que son miembros”, defendió el abogado de Dima.

Según explicó, la rebaja de las tarifas es consecuencia ineludible de la mala situación del sector. Y de la propia empresa, que perdió más de 15 millones de euros en 2013 y presentó preconcurso de acreedores el 15 de enero de 2014. Lo levantó cuatro meses después. “Hay una causa económica clara [para rebajar las retribuciones a los repartidores]”, argumentó el letrado, “por la desproporción inusitada entre el servicio y las tarifas de los transportistas”, tres veces más altas que las del resto de España, resaltó.

Por su parte, el abogado de Logintegral, filial logística de Unidad Editorial, desechó por “incomprensible” la “pretensión” de los repartidores de convertir a la editora de El Mundo en garante de sus contratos con las otras empresas. Además, aseguró que Logintegral “sigue pagando [a Dima-Gelesa], como siempre, los 9.000 euros de antes”.

El juez no entra en el fondo del asunto

El titular del Juzgado de lo Social número 18 de Madrid falló el pasado 3 de junio sobre este litigio instando a las partes a acudir al arbitraje obligatorio establecido en los contratos, por lo que ni siquiera entró en el fondo del asunto. Fuentes de los repartidores explican que las empresas se han negado a nombrar árbitro en la Fundación SIMA para hacer cumplir la sentencia. De hecho, tampoco reconocen como válido otro acuerdo anterior en el SIMA, firmado en 2012 y que ratificaba la vigencia del contrato de 2007.

Así, el conflicto continúa empantanado en los tribunales –Interpress también ha demandado en el Juzgado de lo Mercantil número 11 a Dima-Gelesa– y en la calle, donde los repartidores se han unido a los trabajadores de Coca-Cola en sus reivindicaciones.

Tampoco ha querido ofrecer su posición oficial a este periódico la Asociación de Repartidores de Madrid que, no obstante, apoya a los transportistas de El Mundo y rechaza una decisión unilateral en el litigio.

Un sector en declive

“Antes nos dejaban periódicos y revistas siete u ocho furgonetas en cada quiosco, ahora ni llegan a tres”, lamenta por su parte Rafael Artacho, presidente de la Asociación de Vendedores de Prensa de la Comunidad de Madrid. El hundimiento de las ventas de periódicos está pasando factura a todos los peldaños del sector. La prensa española ha perdido un 30% de sus ventas durante la crisis, asegura AEDE, la patronal de los editores, y unos 4,8 millones de lectores, de acuerdo con el Estudio General de Medios (EGM). Lo que se ha traducido en el despido de casi 12.000 periodistas desde 2008, según los cálculos de la Asociación de la Prensa de Madrid. También ha provocado el cierre de 25.000 quioscos, una tercera parte de los que había en 2007.

La caída de las ventas es también el motor detrás de la aparente voracidad de Boyacá, que en los últimos años se ha hecho con las distribuidoras de prensa de casi toda España. Al menos es el argumento que la empresa gallega presentó ante la Comisión Nacional de la Competencia tras la compra de Dima en 2013. A su juicio, la operación era “la única forma de evitar el continuo deterioro económico de las empresas adquiridas en un sector maduro y en declive y, por consiguiente, el cierre de puntos de venta”.

Sin embargo, en ese dictamen la CNMC reconoce la “posición privilegiada” de Boyacá en la distribución de publicaciones periódicas, así como la “situación de dependencia que se crea entre los editores vendedores y Boyacá a través de los contratos de distribución exclusiva” que firma. La CNMC cree que esos acuerdos pueden generar “efectos restrictivos de la competencia no amparados por las supuestas eficiencias derivadas” de ellos, unas ventajas que el organismo regulador no se cree por “genéricas e indeterminadas”. Tampoco acepta el argumento sobre la crisis del sector editorial, que “no basta para evitar o compensar los posibles efectos perjudiciales para la competencia efectiva” que se derivan de la operación.

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Boyacá, destaca el dictamen, “ejerce el control sobre las principales distribuidoras de prensa diaria” en muchas de las provincias de España, en las que “no existen alternativas”. También es el “único distribuidor significativo de revistas y coleccionables”.

Como resultado, la “posición negociadora de terceros editores [Boyacá tiene acuerdos de distribución exclusiva con los principales grupos: Prisa, Vocento, Unidad Editorial…] se deteriora”. Y la “dependencia” de los vendedores de prensa respecto de la empresa gallega permite a ésta “endurecer las condiciones” que aplica a los quiosqueros, apunta la CNMC. Es decir, ni éstos ni los repartidores pueden negociar sus condiciones económicas más que con Boyacá y sus filiales repartidas por toda España.

Pero la resolución final de la CNMC fue salomónica: aprobó la operación, aunque impuso a Boyacá una serie de condiciones que debe respetar durante cinco años. Eso sí, esa lista de limitaciones reproduce la “propuesta de compromisos” que la propia empresa investigada aportó al procedimiento.